En la ilegalidad, el juego online mueve más de 200.000 millones de reales por año. Conscientes de la importancia de regular este mercado, los legisladores brasileños promulgaron la Ley N.º 13.576 en diciembre de 2018, para legalización de las apuestas deportivas de cuota fijas y atraer al mercado emergente a las plataformas denominadas bets. A partir de esa regulación, el apostador contó con un mayor incentivo al saber cuánto podía ganar o perder en el momento de la apuesta.
Cinco años después, la Ley N.º 14.790, del 29 de diciembre de 2023, introdujo más cambios: responde a la necesidad de regular el mercado e implementa reglas importantes, como la obligatoriedad de que las empresas obtengan autorización del Ministerio de Hacienda, mediante licencias, con un costo inicial de 30 millones de reales por cinco años.
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Además, se aplica una tasa del 15 % sobre el impuesto a la renta de los premios netos de los apostadores, asegurando la recaudación bajo la auditoría obligatoria de las casas de apuestas de cuota fija. Como resultado de esto, el gobierno brasileño gana con un aumento significativo de ingresos fiscales al controlar un mercado que siempre ha sido dinámico, pero informal.
Otro aspecto destacado es la reciente creación de la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA_MF), que introduce controles estrictos en las transacciones financieras para cumplir con las normas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. A partir del 1 de enero de 2025, la entidad podrá acceder, de forma remota o presencial, a todas las plataformas de apuestas.
De hecho, las empresas extranjeras que antes operaban en Brasil sin tener una sede deberán establecer una subsidiaria nacional, con el Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) y directores domiciliados en Brasil, quienes deberán poseer al menos el 20 % del capital social de la persona jurídica que solicita el permiso de operación.
Las empresas de apuestas estarán obligadas a informar la identificación de quienes apuestan y de los beneficiarios, implementando controles para la protección de los datos de los s, de modo que el riesgo de ataque de hackers a los apostadores se mitigue.
Entre los más de 19 decretos publicados hasta el momento, resuena el del 11 de julio de 2024, la Portaria N.º 1.143 (SPA/MF), que estableció políticas, procedimientos y controles internos de PLD/FTP – un sistema de prevención y combate de delitos como lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
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Este marco detalla cómo el mercado deberá instrumentarse. Por ejemplo, les exige a los jugadores que, además de presentar documentos y registrar una cuenta bancaria, utilicen un sistema de reconocimiento facial, prohibiendo el pago de premios en efectivo para que el beneficiario sea rastreable.
Lo más llamativo, quizás, es que los procedimientos internos deben incluir procesos relevantes en el mercado online para identificar, calificar y clasificar el riesgo de apostadores y s de la plataforma, así como de empleados, socios y proveedores de servicios, garantizando la seguridad y cumpliendo plenamente con el Código de Defensa del Consumidor.
En Brasil, los controles internos deben incluir la notificación de operaciones sospechosas, lo que obliga a las operadoras de apuestas de cuota fija a reportar los movimientos al Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF). Por ello, estas políticas deben estar disponibles en el sitio web del operador de apuestas y comunicarse de manera clara y accesible a empleados, socios y proveedores de servicios, con un nivel de detalle adecuado para las funciones y la sensibilidad de la información.
Otro punto relevante es la obligación impuesta a los operadores de apuestas de mantener sus registros y documentos por un mínimo de cinco años. Con esto, el gobierno brasileño espera ofrecer al apostador una mayor credibilidad y seguridad jurídica, permitiendo campañas publicitarias y asociaciones con clubes deportivos.
Ahora bien, la regularización y la amplia divulgación han generado en los apostadores la esperanza de enriquecerse con una inversión mínima, algo que no es real en este mercado. Según un estudio del Banco Itaú, los brasileños gastaron 68.200 millones de reales en apuestas en 2023, sufriendo una pérdida de 23.900 millones de reales, lo que evidencia que quien pierde es el apostador.
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Como es vox populi, el mercado de apuestas también está compuesto por plataformas fraudulentas que atraen a los apostadores con promesas de altos rendimientos, pero que en lugar de ofrecer un servicio legítimo, se apropian de los fondos apostados a través de resultados manipulados.
De hecho, en el último tiempo, se ha observado el uso de técnicas sofisticadas de ingeniería social: los delincuentes se hacen pasar por representantes de plataformas de apuestas legítimas para engañar a las víctimas. Con la expansión de las apuestas en línea, el uso indebido de datos personales que se utilizan para fraudes bancarios también ha aumentado y los apostadores, al proporcionar sus datos, se convierten en posibles víctimas de delitos virtuales.
Aunque el gobierno recaude cifras significativas, no ha habido un diálogo sobre el costo que pagan los s, dado que el juego online afecta gravemente la salud y estabilidad financiera de las familias. Según el actual ministro de Hacienda, Fernando Haddad, a partir del 11 de octubre de este año, las empresas que no hayan solicitado la autorización previa para operar y regularizarse, modificando su dominio a “bet.br”, tendrán sus sitios retirados de internet.
Con una operación conjunta entre la Secretaría de Premios y Apuestas, Anatel, la Secretaría Nacional del Consumidor y la Policía Federal, se estima que más de 600 empresas serán eliminadas del aire, con esta fuerza conjunta entre el gobierno y otras entidades.
El mercado en Brasil está en plena ebullición y, mediante los decretos y las normas creadas, se busca asegurar un ambiente justo. Sin embargo, queda claro que, como en cualquier mercado de apuestas, la mano fuerte en el juego está con el gobierno y las grandes empresas.
*Fabyola En Rodrigues es socia del área de Investigaciones Corporativas en Demarest, se especializa en Penal Empresarial, Gestión de Crisis y Cumplimiento.
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