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Fri, 14 Feb 2025 13:42:40 +0000

Ley N° 7452/25: Paraguay publica nueva ley marco para los Contratos de Participación Público Privada

¿Qué plantea esta norma para impulsar la inversión privada y el desarrollo de futuros Proyectos PPP?

Redacción Lexlatin Fri, 14/02/2025 - 09:42

Autor del artículo de opinión

Martín Carlevaro y Larissa Recalde*

Paraguay ha dado un paso significativo con la promulgación de la Ley N° 7452/25, “De Modernización del Régimen de Promoción de la Inversión en Infraestructura Pública y Ampliación y Mejoramiento de los Bienes y Servicios a cargo del Estado”, que establece un nuevo marco para los Proyectos de Participación Público-Privada. Esta ley, que deroga la legislación anterior regulada por la Ley N° 5102/13, representa un avance crucial para atraer inversión privada y mejorar los servicios públicos en el país, incorporando al régimen normativo diversas modificaciones.

En ese sentido, la Ley N° 7452/25 no es simplemente una actualización de la normativa anterior; es un cambio de paradigma que busca dinamizar la inversión en infraestructura, a través de una mayor participación del sector privado. A continuación, resaltamos aquellas que consideramos clave para impulsar la inversión privada y el desarrollo de futuros Proyectos PPP.

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Ampliación de los compromisos financieros del Estado

Una de las modificaciones más relevantes es el aumento del espacio fiscal para Proyectos PPP, que pasa del 2 % al 4 % del Producto Interno Bruto (PIB). La Ley N° 7452/25, en su artículo 12, amplía el margen fiscal disponible para Proyectos de PPP. Esta modificación establece un límite del 4 % de pagos firmes y contingentes cuantificables netos de los activos o ingresos fiscales que se puedan generar en los respectivos contratos, calculado a valor presente.

Este aumento del espacio fiscal permite la implementación de nuevos Proyectos PPP, más allá de los que se encuentran hoy en proceso, superando las limitaciones existentes y posibilitando al Estado comprometer una mayor proporción de recursos. Es importante señalar que los proyectos PPP autofinanciables, es decir, aquellos que se repagan con los ingresos generados por tarifas de s y no requieren aportes estatales, no consumen espacio fiscal. Sin embargo, en Paraguay, la escasez de proyectos con estas características resalta la relevancia del aumento del espacio fiscal mencionado.

La modificación a la ley de PPP no solo amplía el límite del compromiso estatal en proyectos de infraestructura, sino que también aumenta el porcentaje máximo de ingresos anuales comprometidos a estos proyectos, de 0.4 % a 0.8 % del PIB del año anterior. Dado que los proyectos en curso alcanzan el 0.3 %, este aumento refleja una clara apuesta del gobierno por impulsar nuevas iniciativas que requieran subsidios o financiamiento estatal, tanto para la inversión inicial (CAPEX) como para los costos operativos a largo plazo (OPEX).

Otra modificación relevante es la ampliación del “tope” de participación estatal en proyectos originados por iniciativa privada, elevándolo del 10% de la inversión inicial al 25 % del costo total del proyecto (es decir que no se limita al capex). El incremento de la posible participación estatal viene a incentivar una mayor participación de inversores privados en proyectos de infraestructura social (u otros) que no son autofinanciables con los pagos de los s.

En otras palabras, la ampliación del margen de espacio fiscal, el incremento de la proporción de pagos anuales comprometidos y el aumento de la participación estatal en proyectos originados por el sector privado establecen un nuevo panorama para la inversión y el desarrollo nacional. Sin embargo, este nuevo escenario plantea un desafío para el Estado: la gestión y obtención de recursos públicos. Comprometer fondos públicos en proyectos a largo plazo, especialmente a través de pagos fijos o contingentes, implica asumir un riesgo financiero considerable. No obstante, una gestión de riesgos y un análisis adecuado de los proyectos de inversión presentados pueden mitigar estos riesgos.

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Incorporación del Derecho de Tanteo para el proponente de una iniciativa privada

La Ley N° 7452/25 introduce un cambio significativo al otorgar, en el artículo 49, un "derecho de tanteo" al proponente de una iniciativa privada durante la fase de evaluación de ofertas en la licitación del proyecto. Este derecho le permite igualar la mejor oferta presentada, siempre y cuando su propuesta original no haya sido significativamente más costosa.

Es importante recordar que la legislación anterior (Ley N° 5102/13) ya reconocía una serie de derechos a los proponentes de iniciativas privadas en el proceso de licitación. Sin embargo, la incorporación del derecho de tanteo representa un avance importante al brindar a los proponentes la oportunidad de “defender” su proyecto frente a otras ofertas.

Este derecho reconoce y recompensa la iniciativa y la inversión del proponente en el desarrollo del proyecto. Al hacerlo, se busca fomentar la presentación de iniciativas privadas para proyectos PPP de modo de reducir el déficit de infraestructura que existe hoy en Paraguay. En estos casos, los análisis y estudios previos, que suelen ser costosos, complejos y altamente técnicos, corren a cargo del proponente privado. Esto ahorra al Estado tiempo, esfuerzo y gastos relacionados con la fase preliminar del proyecto.

En otras palabras, el "derecho de tanteo" no solo protege la inversión del proponente privado, sino que también incentiva la presentación de iniciativas innovadoras, agilizando el proceso de desarrollo de Proyectos PPP.

Nuevos derechos para los Financistas

La Ley N° 7452/25 ratifica el régimen de constitución de garantías vinculadas al financiamiento, no obstante, uno de los derechos más relevantes es la posibilidad de tomar el control de la Sociedad de Objeto Específico (SOE) en caso de incumplimiento grave del Contrato PPP (“step in rights”). Esta figura representa una herramienta fundamental para mitigar los riesgos asociados a la financiación de proyectos complejos y de largo plazo, al tiempo que contribuye a garantizar la continuidad de la operación y la prestación de los servicios públicos.

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Perspectivas y conclusiones

La Ley N° 7452/25 sienta las bases para una nueva etapa de los Proyectos PPP en Paraguay, y si bien la nueva ley representa un avance significativo, su éxito dependerá de una implementación efectiva y transparente. Es fundamental que se establezcan reglamentaciones claras y se garantice la seguridad jurídica para los inversionistas y financistas. Además, es importante que el Estado fortalezca su capacidad de gestión y supervisión de los Proyectos PPP para asegurar que se cumplan los objetivos de desarrollo y atracción de la inversión privada. La reglamentación será crucial para comprender la aplicación práctica de la ley y cómo impactará en el desarrollo de proyectos de infraestructura y servicios públicos.

*Martín Carlevaro es socio y Larissa Recalde es asociada sénior, ambos de Berkemeyer.

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Decreto N° 1467/24 de Paraguay 5z6cq La contratación de proyectos de infraestructura luego de los cambios a la Ley de APP

Fri, 31 May 2024 21:15:36 +0000

Decreto N° 1467/24 de Paraguay: La contratación de proyectos de infraestructura luego de los cambios a la Ley de APP

A pesar de las mejoras que introduce la norma que reglamenta la llamada Ley APP, el país tiene algunos desafíos por delante en relación con este tipo de proyectos.

Redacción Lexlatin Fri, 31/05/2024 - 17:15

En abril pasado, Paraguay promulgó el decreto No. 1467/24 que reglamenta la Ley de Alianza Público-Privada (APP) o Ley 5102/13, el tercero que se dicta desde que entró en vigencia la ley. Con este se deroga el decreto N° 4183/2020 y se espera que se agilicen los procesos de contratación relacionados con la participación público-privada en proyectos de infraestructura pública al optimizar el sistema de evaluación de ofertas.

Se espera, además, que con este decreto se promueva aún más el interés de las empresas privadas y se impulse el pipeline de proyectos de participación público-privada (PPP) en el país.

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Antecedentes

La llamada Ley APP fue dictada en 2013 y se reglamentó en 2014. Un año después aparecieron los primeros proyectos licitados, las rutas 2 y 7 y el aeropuerto de Asunción, de acuerdo con Martín Carlevaro, socio a cargo del área de infraestructura y energía de BKM | Berkemeyer, despacho que asistió a los dos consorcios participantes en estos proyectos y que tenían a Sacyr como líder.

Aunque con el decreto de 2020 se esperaba una real activación de proyectos, esto no fue así. En el panorama actual, de acuerdo con el especialista, Paraguay ha tomado la decisión política de impulsar este tipo de iniciativas.

Entre los desafíos macro que enfrenta Paraguay para planificar la infraestructura pública, Carlevaro menciona que hace falta un organismo rector independiente como ProInversión (Perú), apolítico y transversal para cualquier sector.

En lo micro, observa grandes problemas por expropiaciones de terrenos, necesarios para construir algunos proyectos, no solo APP, sino también obra pública tradicional, y hay un desafío en cuanto a la actualización de la propiedad de los terrenos en el registro de inmuebles, de manera que no haya un solapamiento de títulos.

"Quizá deberían priorizarse otro tipo de proyectos, tomando en cuenta que el país también necesita infraestructura de salud y educación, agua (potabilización y tratamiento de aguas residuales), sin descuidar el sector transporte", menciona.

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Menos burocracia

En entrevista, Martín Carlevaro profundiza sobre los cambios que introduce el decreto No. 1467/24, en relación con la gestión de los proyectos de (PPP) y sus implicaciones. Entre los principales cambios, destaca:

Se acortaron los plazos de los procesos de contratación en una APP, lo que facilita el proceso istrativo de aprobación de proyectos, aprobación de ofertas, de pliegos, de contratos PPP, entre otros.
Desapareció la Secretaría Técnica de Planificación, que actuaba como un Ministerio. Esta institución dependía directamente de la Presidencia de la República y quedó subsumida dentro del Ministerio de Hacienda, que ahora se llama Ministerio de Economía y Finanzas, específicamente en la Dirección General de Inversión Pública (DGIP).
Antes los proyectos tenían que tener el visto bueno del Ministerio de Obras Públicas, de Hacienda y la STP.
Se fija la posibilidad de que se presenten las ofertas técnica y económica en un solo sobre, lo que tiene lógica porque se daban procesos larguísimos, de hasta dos años, para terminar de adjudicar a una sola empresa que presentaba una oferta.
La etapa de precalificación ahora es obligatoria y no facultativa.
Ahora también se permite que un único oferente se pueda adjudicar el proyecto, cosa que, con el decreto anterior, no se podía.

Además de lo burocrático y técnico, ¿qué otras áreas se benefician con los cambios?

Martín Carlevaro.- Creo que se acortaron también los plazos de las iniciativas privadas y esto es otra forma de originar proyectos de APP. Es decir, cuando el sector privado trae la idea, la prefactibilidad, la factibilidad, en general, esos procesos también se han demorado mucho.

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¿Hay algún proyecto que se esté desarrollando e implementando con este decreto">

La ruta 1, que ya tuvo precalificación el año pasado. En diciembre se dictó la resolución que aprueba a los cinco precalificados, cinco consorcios, dos liderados por brasileños, tres liderados por españoles, todos con algún socio local paraguayo.

Y ese proyecto justamente no se estaba abriendo a diálogo competitivo porque ahora existe también, no solamente la precalificación, sino lo que se llama diálogo competitivo, donde los precalificados van a leer el borrador de pliego y de contrato para hacer algunas sugerencias, mejoras y demás. El Estado está en su derecho, por supuesto, de corregir algunas cuestiones y rechazar otras. Y luego de terminada esta etapa se llamará a presentación de ofertas, lo que sería la licitación pública internacional propiamente dicha.

Ahora, gracias a que se dictó este decreto, ya está liberado el camino para empezar el diálogo competitivo en este proyecto, que es un PPP a 30 años y va a ser muy similar, en cuanto a su estructuración y distribución de riesgos, al proyecto anterior de las rutas 2 y 7. Ese es el único proyecto que está realmente avanzado.

¿El hecho de que pueda existir la figura de un solo postor, de un solo sobre, pudiera hacer que se descuide la fiscalización y vigilancia?

La Ley APP de Paraguay no permite faltas a la transparencia, compliance y demás. En el pliego se establecen requisitos muy estrictos en cuanto a esto. Por ejemplo, para darnos una idea, uno de los seis grupos precalificados para la ruta 1 fue descalificado. La normativa de Paraguay es bastante estricta y estas modificaciones no van a generar problemas, sino al revés, generan beneficios, por lo menos desde el punto de vista de la velocidad del procedimiento. La precalificación es todavía más estricta de lo que era el sobre uno.

El decreto de 2020 establecía que tenía que haber más de una oferta y se dieron cuenta de que era un exceso de reglamentación establecer eso porque la ley no establecía ese límite. Me parece que es acertado lo que hicieron. Y, además, aún si hubiese un solo oferente, que no va a suceder porque los proyectos de Paraguay han generado mucho interés, a diferencia de lo que sucedía hace seis o siete años, cuando el país no tenía track record, que no era de grado de inversión. Bueno, ahora tampoco lo es, pero ya estamos a un pasito de serlo.

Entonces, en ese momento sí podía pasar que hubiese una sola oferta, pero ya no va a suceder. Que no haya ninguna oferta es muy difícil porque Paraguay atrae mucho interés de los prestamistas, de los sponsors, de europeos, estadounidenses, canadienses, brasileros, argentinos. Me parece a lugar que exista la posibilidad de un solo oferente, siempre y cuando se controle bien todo el cumplimiento normativo.

Energías renovables y APP

¿Cómo dialogan el decreto que reglamenta la Ley APP y el decreto que reglamenta la Ley de Energías Renovables, en vigor desde principios de este año?

Esta es una pregunta que últimamente me la están haciendo bastante los clientes y potenciales clientes.

La Ley de Energías Renovables, que se dictó en el pasado y se acaba de reglamentar, tiene un problema y es que establece una licencia máxima con un plazo de 15 años y en esos 15 años están los dos o tres años del periodo de construcción del parque fotovoltaico, suponiendo que hablemos de un proyecto de energía solar. Si fueran dos años, entonces queda 13 años de operación en un país donde las tarifas son muy bajas, sin saber si le van a renovar la licencia a los 15 años porque finalmente es discrecional del Estado y la autoridad de aplicación, en este caso el Ministerio de Obras Públicas.

Entonces van a fijar una tarifa muy alta para la energía para recuperar la inversión en ese plazo.

Es difícil que políticamente se decidan adjudicar proyectos solares, donde además sobra la energía todavía, solo que en ocho o nueve años vamos a tener un problema de potencia de energía en Paraguay, por lo que es fundamental que empiecen a aparecer estos proyectos nuevos de generación para ampliar la matriz energética y, además, diversificarla.

Eso va a generar una rigidez y un obstáculo bastante grande, creo que lo que tendrían que hacer básicamente es modificar la Ley de Energías Renovables y ampliar ese plazo mínimo a 20 o 25 años de licencia. En Paraguay no hay viento, pero sí hay muy buena radiación solar. Proyectos solares son los que se vienen en Paraguay, ya se anunciaron varias licitaciones para este año bajo esta nueva normativa.

¿El nuevo decreto beneficia proyectos como las mini hidros?

De hecho, la Ley de Renovables excluye de su aplicación a las mini hidros, que se mantienen en una ley del 2006, que se iba a derogar con esta nueva Ley de Renovables. Tenía lógica derogarla, pero no, decidieron mantenerla y solamente la van a aplicar en la práctica para las mini hidros.

Justamente están por dictar en el Congreso una ley que va a modificar sustancialmente esa ley del 2006 (la Ley 3009, Ley de generación de energía por parte del sector privado), que hasta ahora no se aplicó a ningún proyecto, salvo uno, quizás el de biomasa de Paracel, una papelera muy grande de Paraguay, que veremos si en algún momento ve la luz. Así que es posible que por ese lado tengamos buenas noticias, ojalá con plazos lógicos para la amortización de la inversión, pero yo creo que con la Ley de Renovables actual se han tirado un tiro en el pie, perdón por la expresión, porque no van a poder con estas tarifas tan bajas que tiene Paraguay atraer privados que hagan ofertas.

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¿Pero tal vez el plan regulatorio es justamente recuperar soberanía sobre el recurso agua con las mini hidros?

La ley APP no es solamente para proyectos de transporte ni para infraestructura social, también es para generación eléctrica, lo dice textualmente la ley.

De hecho, más allá estamos viendo desarrollos para energías renovables bajo la Ley APP, que tiene la virtud de no tener la limitante de los 15 años, pero hay que ver si finalmente se va a aplicar o no o si se decide que todos los proyectos de renovables se estructuren bajo la nueva ley de renovables. Para mí sería un error, por esto es que te decía, a los 15 años perfectamente podría aplicarse como modalidad de contratación la APP y firmarse un contrato de PPP. Podría aplicarse la ley de renovables a una APP de generación eléctrica renovable. Hay que hacer conversar las dos leyes, los dos reglamentos y sacar proyectos que no tengan el problema del plazo de 15 años, que va a hacer inviable cualquier proyecto de renovable en Paraguay.

Y en cuanto a las mini hidros, como decía antes, van por otra ley que también podría perfectamente conversar con la Ley APP y tener proyectos de mini hidros por APP con los 30 años de plazo máximo.

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