eutanasia en Latinoamérica 6i5v22

Derecho a la eutanasia 343c5k Colombia y Ecuador son los países de Latinoamérica más avanzados

Fri, 30 May 2025 12:26:45 +0000

Derecho a la eutanasia: Colombia y Ecuador son los países de Latinoamérica más avanzados

La mayoría de los países latinoamericanos tienen prohibiciones estrictas y carecen de debates legislativos activos sobre el tema.

Rocío Mellas Fri, 30/05/2025 - 08:26

Dónde, cuándo y cómo, esa es la cuestión. Mientras que este 27 de mayo Francia avanzó con la despenalización de la eutanasia para enfermedades dolorosas e incurables, el derecho a una muerte digna sigue siendo un tema tabú para muchas jurisdicciones latinoamericanas. Ya sea por la tradición judeo-cristiana, por cuestiones éticas o por falta de un marco legal robusto, la decisión de ponerle fin a la vida en condiciones irreversibles o de sufrimiento extremo sigue siendo aspiracional para muchas personas. Simplemente no se puede.

En la región, cuesta debatir sobre el poder de decisión individual en dos casos extremos: la vida y la muerte, el aborto y la eutanasia. Así como la legislación sobre el aborto llevó muchos años y reveses en países como Argentina, y aún tiene muchas trabas en su vecino Chile, el derecho a una muerte digna está transitando un camino similar, sinuoso.

Todavía no hay consenso ni siquiera sobre cómo nombrarlo: eutanasia, muerte digna, derecho a morir dignamente, suicidio asistido o adecuación del esfuerzo terapéutico.

Colombia es el país latinoamericano más avanzado en términos de marco regulatorio: el derecho a una muerte digna está contemplado en la Constitución y la eutanasia ha sido descriminalizada el siglo pasado.

“En mayo de 2022, la Corte Constitucional de Colombia despenalizó el suicidio médicamente asistido para personas con lesiones o enfermedades graves o incurables, extendiendo la posibilidad de que sea el paciente quien ejecute la acción de poner fin a su vida, cuando antes sólo un médico podía hacerlo”, indica la plataforma global de datos y estadísticas Statista.

Sin embargo, más allá de que es pionera en la región, Colombia también atraviesa sus propios laberintos legales: en marzo de este año se archivó el proyecto que regulaba la eutanasia por falta de mayoría en el Congreso -y es la decimoséptima vez que pasa.

“A pesar de que la eutanasia es legal en Colombia desde 1997 y de que todas las personas tenemos derecho a decidir sobre el final de nuestra vida para morir dignamente, existen muchas barreras para ejercer este derecho”, explicó Carlos Lozada, representante a la Cámara por el Partido Liberal y ponente del proyecto de ley.

No te lo pierdas: América Latina, la ruta legal hacia el derecho a la muerte digna

El fallo histórico de Ecuador que permitió reconocer el derecho a la muerte asistida

Ecuador despenalizó la eutanasia en febrero de 2024 y se convirtió en el segundo país latinoamericano en legalizar el procedimiento en casos de enfermedades incurables y sufrimiento intolerable.

El caso que incentivó el debate público y permitió el fallo histórico fue el de Paola Roldán, diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa. A pesar de su incansable lucha para que Ecuador avanzara con la legalización de la eutanasia, la mujer falleció sin poder acceder al proceso.

“Varias veces pensé que no lograría ver los frutos de esta demanda, como quien planta un árbol para que alguien más se siente bajo su sombra”, había dicho pocos meses antes de morir.

Con la Sentencia No. 67-23-IN/24 la Corte Constitucional determinó que la sanción por homicidio no podría aplicarse al médico que realiza un procedimiento de eutanasia activa, en aras de preservar los derechos de una vida digna, poco después, en abril (2024), el Ministerio de Salud expidió el el reglamento que regula los procedimientos de eutanasia. La primera eutanasia legal se llevó a cabo este mes de mayo, en una paciente joven con cáncer avanzado.

“La eutanasia activa se permite únicamente si el paciente —o su representante legal, en caso de incapacidad—, expresa su consentimiento libre, inequívoco e informado. Para poder solicitar una eutanasia, la persona debe acreditar sufrimientos intensos causados por una enfermedad grave e incurable o una lesión corporal grave e irreversible. El reglamento, en este sentido, establece definiciones técnicas, requisitos clínicos, procedimientos istrativos, y crea Comités Interdisciplinarios encargados de revisar y autorizar las solicitudes de eutanasia. El reglamento es aplicable exclusivamente a la eutanasia activa, es decir, aquella realizada por profesionales de la salud dentro del sistema nacional de salud”, detalla Xavier Palacios Abad, asociado senior de Bustamante Fabara.

Hoy día, Ecuador no cuenta con ninguna ley, reglamento ni fallo judicial que regule o despenalice el suicidio asistido.

“Se entiende por suicidio asistido al acto en el que una persona provoca su propia muerte con apoyo externo, por ejemplo, con la provisión de fármacos de un tercero. A diferencia de la eutanasia, este acto permanece prohibido y, dependiendo del caso, podría encuadrarse penalmente como homicidio conforme al artículo 144 del COIP. Por tanto, la eutanasia activa cuenta con una regulación clara y limitada, mientras que el suicidio asistido se encuentra al margen del marco legal y se considera una conducta ilícita”, señala Luis Rivadeneira Pinargote, asociado intermedio del despacho ecuatoriano.

Para ambos abogados hubo un antes y después en la legislación ecuatoriana tras la Sentencia 67-23-IN/24 de la Corte Constitucional.

“En este fallo, la Corte analizó la tensión entre el derecho a la vida -entendido en su dimensión biológica- y los derechos a la vida digna y al libre desarrollo de la personalidad. El pronunciamiento judicial concluyó que no se le puede imponer a una persona la obligación de seguir viviendo en condiciones de sufrimiento extremo, siempre y cuando el paciente haya expresado su voluntad inequívoca de acceder a una muerte asistida médicamente”, resume Palacios Abad.

Los expertos en derecho regulatorio consideran que en el contexto ecuatoriano actual no es necesario regular el suicidio asistido a corto o mediano plazo.

“El suicidio asistido es un tema delicado y altamente controversial, que involucra dilemas éticos, médicos y jurídicos. El país ya ha dado un paso importante al permitir la eutanasia activa bajo condiciones estrictas, mediante intervención médica, control institucional y salvaguardas éticas. Como la eutanasia activa garantiza el respeto a la dignidad humana sin delegar en el paciente la ejecución directa del acto final, reduce riesgos como la presión externa, el abandono terapéutico o una automedicación insegura”, opina Rivadeneira Pinargote.

“Si ya existe una vía médica debidamente regulada para casos de sufrimiento irreversible, resulta mucho más prudente y humanamente cuidadoso fortalecer este marco antes que abrir la puerta a formas como el suicidio asistido, que podrían generar mayores dilemas clínicos y jurídicos. En ese sentido, el enfoque actual basado en la eutanasia activa, que se encuentra supervisada por profesionales de la salud y comités interdisciplinarios para cada caso, ofrece una vía más ética, segura y respetuosa con la autonomía del paciente, sin dejar de proteger los valores esenciales del sistema de salud y del Estado de derecho”, comparte Palacios Abad.

Te tomará menos de un minuto: suscríbete a nuestros boletines temáticos

¿Qué sucede en otros países de la región?

🇦🇷 Argentina: la eutanasia no es legal, pero existe una Ley de Muerte Digna que regula los derechos del paciente.

🇧🇷 Brasil: a pesar de que se han presentado varios proyectos de ley para despenalizar la eutanasia, aún sigue siendo tipificada como homicidio.

🇨🇺 Cuba: la Asamblea Nacional reconoció el derecho a una muerte digna en diciembre de 2023, pero la aplicación efectiva de la eutanasia depende de una ley específica que aún debe ser elaborada por el Ministerio de Salud.

🇨🇱 Chile: la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley sobre eutanasia y cuidados paliativos en 2021 y el debate fue reactivado en el Senado en noviembre de 2024, tras tres años de estancamiento. El presidente Gabriel Boric solicitó su tramitación urgente.

🇲🇽 México: la eutanasia, el suicidio asistido y el homicidio por piedad están prohibidos. Sin embargo, existe la ley del buen morir, que permite dejar de prolongar la vida de un paciente cuando solo es sostenida por medios artificiales.

🇺🇾 Uruguay: un proyecto de ley para legislar la eutanasia fue archivado en la legislatura pasada por falta de acuerdos en el Senado. No obstante, tiene el respaldo de varios partidos políticos y altas probabilidades de ser aprobado. La Iglesia Católica del Uruguay consideró que despenalizar el proceso sería un error y pidió reglamentar los cuidados paliativos.

El resto de los países latinoamericanos tienen prohibiciones estrictas sobre la práctica de la eutanasia y carecen de debates legislativos activos sobre el tema.

Add new comment

Compartir en RRSS

Para recibir nuestro boletín diario,
¡suscríbete aquí!

Empresas involucradas

Operacion secundaria

Off

Operación Principal

Off

Publicacion desde el portal BR

Off

eutanasia en Latinoamérica, muerte digna, Colombia, Ecuador

Noticia Principal

Bloque de 4 Noticias (debajo de la noticia principal)

Off

Firmas involucradas Sidebar

Bustamante Fabara S.A.S.

Activar Mow Player

América Latina 2k2ej la ruta legal hacia el derecho a la muerte digna

Thu, 09 Dec 2021 18:57:11 +0000

América Latina: la ruta legal hacia el derecho a la muerte digna

Expertos destacan a Colombia como el ejemplo más adelantado. Aquí un panorama sobre los avances y las restricciones, que incluye a Argentina, Ecuador, México y Brasil.

Gabriela Quevedo Thu, 09/12/2021 - 14:57

Autor del artículo de opinión

Aldo Munguía y Luciano Teixeira

“Eutanasia”, “muerte digna”, “derecho a morir dignamente”, “suicidio medicamente asistido” o “adecuación del esfuerzo terapéutico”, en 25 años los códigos latinos no han logrado consensuar un nombre para conceptualizar el derecho de decidir sobre cuándo y cómo morir.

En la historia moderna de la región, las batallas ganadas y semiganadas por legalizar la eutanasia se cuentan con las manos. Pero la realidad es diversa: Colombia, desde 1997, lo tiene regulado; además, hay países, como Argentina, que están acelerando el debate legislativo y casos contrarios, como México y Ecuador, que restringen la eutanasia con penas para quienes asistan el suicidio. El caso de México es particular porque bajo la Ley de Voluntad Anticipada se ite la solicitud de no ser sometido a tratamientos médicos que prolonguen la vida, siempre que se padezca una enfermedad terminal.

Los expertos consultados por LexLatin coinciden en que la regulación colombiana es el ejemplo más avanzado e importante de los últimos años. Como referencia, este año, en julio, la Corte Constitucional concedió por primera vez el derecho a morir dignamente a una ciudadana que no contaba con un diagnóstico de enfermedad terminal.

Colombia

Martha Sepúlveda, colombiana, de 51 años, es la mujer que logró, junto con el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLAB) de Colombia, en una primera instancia que la Corte ordenara al Instituto Colombiano del Dolor (Incodol) a garantizar su eutanasia. Sepúlveda fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa mas no terminal.

En entrevista para LexLatin, el abogado de Sepúlveda, Lucas Correa, reflexiona sobre el caso. Cabe mencionar que el antecedente inmediato de la decisión de la Corte fue que, 36 horas antes de la fecha en que se llevaría a cabo su procedimiento de muerte digna, un juez le notificó el impedimento de su derecho, es decir, canceló el procedimiento.

No dejes de leer: Los derechos humanos en la nueva oleada del transhumanismo

Correa redondea lo que ocurrió: pese a que Colombia es el país más avanzado en el derecho a la muerte digna, con 11 sentencias a favor por parte de la Corte Constitucional, aún hay obstáculos de las instituciones del gobierno que imposibilitan un pleno a esta decisión. Sucede que aún no hay una ley que lo regule.

“Que no exista una ley de muerte digna o eutanasia en Colombia no quiere decir que no se pueda practicar, sí se tiene el derecho y los ciudadanos pueden hacerlo. El derecho a morir dignamente en Colombia fue reconocido por la Corte Constitucional en un grupo de sentencias como un derecho fundamental”, detalla el director de investigaciones de DescLab.

El caso de Sepúlveda ejemplifica las trabas estructurales para hacer efectivo este derecho fundamental. La notificación que recibió tres días antes de la fecha acordada para aplicarse, de manera asistida, el fármaco que acabaría con su vida tenía como fundamento que su enfermedad no era terminal. Pero esta decisión, menciona Correa, fue ilegal, ya que “el permiso” que garantizaba el acto provenía de una sentencia de la Corte Constitucional, una sentencia ganada a favor de Martha Sepúlveda.

Correa asegura que el Ministerio de Salud tuvo que ver con la cancelación del procedimiento. Siete días después de la cancelación un juez reaprobó la eutanasia y esta vez, como medida de protección, la paciente decidió no revelar los detalles de la hora y el día en que la llevaría a cabo.

Aunque el caso ha sido representativo por su alcance mediático y porque derribó la barrera de la ‘enfermedad terminal’, aún hay un camino largo por recorrer en la legislación colombiana con respecto al Derecho a morir dignamente. Por ejemplo, el suicidio médicamente asistido sigue siendo ilegal: al personal de la salud que ayude a un paciente a morir inyectándole o suministrándole algún tipo de fármaco se le puede acusar de inducción al suicidio, un ilícito que amerita una pena en prisión de 16 a 36 meses, según el artículo 107 del Código Penal colombiano.

Correa explica que el derecho a la muerte digna debe contemplar no solo la posibilidad de que un paciente se suministre a sí mismo el fármaco que ocasiona su muerte, sino también al suicidio médicamente asistido que, además, requiere del acompañamiento especializado para tener una muerte no dolorosa y consciente. Este derecho también implica una adecuación del tratamiento médico, por lo que los pacientes pueden iniciar o no, suspender o continuar su tratamiento, sea cual sea su decisión. Es decir, “decidir libremente”.

Correa señala que este caso es paradigmático, pues después de la suspensión inicial del procedimiento, han habido otros casos en los que el gobierno colombiano han echado atrás la eutanasia de los pacientes porque estos no están en etapa terminal de alguna enfermedad.

Pero, indica, poco a poco estas objeciones han sido retiradas.

“La siguiente semana la Corte va a revisar estos casos y dará las órdenes precisas al Ministerio de Salud para que deje de vulnerar derechos, deje de obstaculizar el ejercicio de derechos y, por el contrario, cumpla las órdenes judiciales”, dice Correa.

México

La Ley de Voluntad Anticipada entró en vigencia en 2008 en la Ciudad de México y, a partir de entonces, otras 13 entidades del país adoptaron su esencia para implementarla en sus territorios. Estas normas permiten, de manera preventiva, decidir sobre procedimientos para tratar padecimientos graves o terminales. Su objetivo, como lo señala la misma ley, es “proteger la dignidad de la persona”.

Esta Ley, señala Walter Arellano, doctor en Derecho Civil y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es lo más cercano que se tiene en la legislación nacional a un proceso de eutanasia o del derecho a una muerte digna. Sin embargo, advierte, “aún es inaccesible”.

Te recomendamos leer: El coronavirus, el Estado y los derechos sociales

“La Ley de Voluntad Anticipada es muy restrictiva. Solo tiene aplicación en algunos estados del país, por lo que de alguna manera está limitada. Se permite a un paciente adelantarse al tipo de tratamiento que va a querer recibir y se limita a la decisión de no continuar con el tratamiento, pero solo cuando está en etapa terminal”, subraya el especialista en entrevista para LexLatin.

Arellano señala que esta ley es una forma de eutanasia pasiva en la que se decide, de forma anticipada, el tratamiento que se quiere aceptar en caso de tener algún tipo de enfermedad terminal. Como trámite burocrático, en la Ciudad de México, se presenta ante un notario público, acudiendo con un par de representantes y dos testigos, además de cubrir el costo y, claro, estar en pleno “uso de las facultades mentales”.

Para Arrellano, es necesario replantear el debate de una ley de eutanasia para tener un sistema más activo, que permita decisiones de los pacientes para poder tener una muerte digna. En ese sentido el profesor de la UNAM destaca que en México está tipificada como un delito la figura del suicidio asistido, es decir, ningún médico podría, como en Colombia, aplicar algún medicamento o asesorar a un paciente para terminar con su vida.

“Se trata de un problema bioético, es una manifestación digna que no puede coexistir en un momento como este, en donde el Estado no puede decidir sobre nuestra corporeidad”, remarca Arellano.

En octubre, el partido político oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) presentó una iniciativa ante el Congreso para despenalizar completamente la eutanasia y construir una ley que regule esta práctica como un derecho. La iniciativa, que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, se refiere a la eutanasia como una conducta activa, intencionalmente dirigida que tiene por fin terminar con la vida de una persona que tiene una enfermedad grave e irreversible.

En la #sesiónpresencial de hoy en el @Congreso_CdMex presenté una #iniciativa para la despenalización absoluta de la eutanasia en CDMX #NazarioNorberto #Morena @GPMorenaCdMex pic.twitter.com/fcDQK95hv0
— Nazario Norberto S. (@NazarioNorberto) October 12, 2021

Argentina o el camino hacia la eutanasia

Hace apenas unas semanas, el Congreso argentino recibió el proyecto de ley de eutanasia que, entre otras cosas, contempla la posibilidad de que tanto menores de edad como adultos puedan ejercer su derecho a una muerte digna, sea con un procedimiento de eutanasia, suicidio médicamente asistido o con la modificación del tratamiento que reciben.

En Argentina, hasta ahora, solo son legales el a cuidados paliativos y la adecuación del esfuerzo terapéutico, señala Dinah Magnante, magíster en Ética Biomédica. Magnante, además, se ha encargado de impulsar la discusión sobre la eutanasia en el país sudamericano.

La especialista, quien ha tenido a la iniciativa de ley presentada ante la Cámara de Diputados, indica que el proyecto abre la puerta a dos posibilidades hasta ahora ilegales: por una parte, se permitiría el suministro de la inyección letal de un médico a un paciente, es decir, la eutanasia propiamente y, por otra, el suicidio médicamente asistido, cuando el propio paciente se inyecta el medicamento para terminar con su vida.

Más allá de las presiones de la Iglesia Católica en Argentina, Magnante señala que no hay obstáculos legales que inhiban una ley de eutanasia nacional.

“Va a ser importante la discusión, estoy segura de que la ley va a salir, no hay ningún tipo de impedimento, tampoco constitucional. No tenemos en el Código Penal el delito de homicidio piadoso, por lo que no sería necesario si quiera abrogar nada”, señala Magnante en entrevista.

Los proyectos de una ley de muerte digna que incluyan la eutanasia han recibido la aceptación del oficialismo argentino y de la oposición más radical, por lo que la unificación de los criterios facilitaría el camino legal para la regulación de este tipo de procedimientos.

Puede interesarte: Liberar las patentes de las vacunas: argumentos a favor y en contra

El punto más controversial de la iniciativa es la creación de comités conformados por especialistas que tendrán el papel de evaluar y, por tanto, otorgar o negar el procedimiento de eutanasia a los pacientes que la soliciten. En opinión de Magnante, estos podrían entorpecer el al derecho a la muerte digna porque no se sabe si los profesionales estarán de acuerdo con la eutanasia en sí misma o bajo qué criterios se aceptará o negará el a la muerte digna.

A pesar de ello, para la abogada especialista, el proyecto de ley abrirá la discusión de un modelo de muerte digna garantizado para los argentinos.

“Me parece que presentar estos proyectos es la forma más adecuada de abrir el debate, en lugar de judicializar los casos, así nadie tiene que exponerse y ver frustrados sus derechos”, asegura.

Brasil

Con el envejecimiento de la población y la búsqueda de una medicina más humanizada, el tema de la eutanasia está cada vez más presente en la agenda brasileña.

Si bien el tema no está en el ordenamiento jurídico, la Constitución de 1988 permite su caracterización como homicidio o ayuda al suicidio. Por tanto, según los especialistas, el consentimiento del paciente o la motivación para reducir el sufrimiento de quienes practican la eutanasia no descartan la ilegalidad del acto, ni eximen de culpa al responsable de la eutanasia.

Las discusiones actuales se centran en ‘el alcance’ de la autonomía del paciente para decidir cómo será su muerte y ya hay algunas resoluciones que abonan a la legalización: el Consejo Federal de Medicina emitió dos de ellas, la primera, la No. 1805/06, es sobre la ortotanasia, con ella se dispone que el médico puede limitar o suspender los procedimientos y tratamientos que prolonguen la vida del enfermo terminal, con una enfermedad grave e incurable, respetando la voluntad de la persona o su representante legal.

La segunda, la resolución No. 1995/2012, reglamentó el llamado testamento vital, una especie de registro del deseo de muerte del paciente en un documento.

El Código de Ética Médica también aborda el tema y prohíbe a los médicos "utilizar, en cualquier caso, medios destinados a acortar la vida del paciente, incluso a petición del paciente o de su tutor legal". De acuerdo con Helena Lobo da Costa, profesora de Derecho Penal de la Universidad de São Paulo (USP), los médicos tienen una serie de reglas éticas sobre cómo proceder en este punto, por lo que no pueden adoptar técnicas inútiles para mantener a la persona con vida a toda costa, a sabiendas de que no tiene posibilidades de una vida autónoma y, a la par, refiere, está el tema del alivio del dolor.

“Hoy en día hablamos cada vez más de la medicina y los cuidados paliativos. Esto, de hecho, está mucho más regulado en el ámbito interno, es decir, en las normas médicas y dentro del ámbito del Consejo Federal de Medicina, incluso más que dentro de nuestra legislación civil y penal. En cierto modo está bien porque son las y los médicos quienes terminan haciendo estos procedimientos”.

Del proyecto de ley redactado por el exministro de Salud Alexandre Padilha, que expone los requisitos que deben observarse sobre la autonomía del paciente, destaca el artículo 10:

"A toda persona capacitada se le garantiza en los términos de esta ley el derecho a planificar, con anticipación, sus decisiones ante posibles hipótesis de lo que pueda ocurrir durante una enfermedad, siguiendo instrucciones de información previa sobre las conductas terapéuticas en el momento de la privación de la voluntad, expresando sus elecciones sobre el consentimiento o rechazo en relación con las pruebas diagnósticas, terapias, procedimientos, medicamentos, tratamientos y otras conductas terapéuticas".

A primera vista, la legislación brasileña no aborda estas situaciones de manera clara y objetiva, sino que la eutanasia constituiría un delito. Sin embargo, no existe disposición específica para esta conducta.

En caso de que se hiciera efectiva, podría aplicarse el artículo 121 del Código Penal, que habla sobre la reducción de la pena:

"Si el autor comete el delito imputado por motivo de valor social o moral relevante o bajo el dominio de la emoción violenta, entonces la provocación injusta de la víctima o del juez puede reducir la pena de una sexta a una tercera parte".

La pena por la comisión del delito de homicidio varía de seis a veinte años de prisión. En caso de eutanasia, puede haber una reducción de ⅙ a ⅓ de la pena.

En febrero de 2018, el senador Pedro Chaves propuso modificar el texto del Código Penal para respaldar la voluntad anticipada de los pacientes pero, a la vez, sancionar a los médicos que practican la eutanasia pasiva y la ortotanasia.

Según el senador, la propuesta podría resolver los conflictos existentes en la relación médico-paciente, en la medida en que “los pacientes podrían participar activamente de las decisiones de su tratamiento". Esta iniciativa encuentra continuidad en el Proyecto de Ley 352/2019, que presentó, en febrero de 2019, el diputado federal Alexandre Padilha (PT-SP), exministro de Salud. Dicha propuesta está en trámite en la Cámara de Diputados.