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Guía sobre protección de datos personales en América Latina 2l6l5 ¿A qué riesgos se enfrentan las empresas?

Wed, 21 May 2025 17:59:07 +0000

Guía sobre protección de datos personales en América Latina: ¿A qué riesgos se enfrentan las empresas?

Compliance Latam publicó la Guía Comparada sobre Protección de Datos Personales, una herramienta colaborativa que mapea en profundidad desafíos y aprendizajes de diferentes jurisdicciones de la región.

Rocío Mellas Wed, 21/05/2025 - 13:59

Con el objetivo de crear un punto de partida para analizar la implementación de políticas de protección de datos en la región, la plataforma Compliance Latam publicó la Guía Comparada sobre Protección de Datos Personales. El documento, que reúne los principales estándares, avances legislativos y desafíos regulatorios de múltiples jurisdicciones latinoamericanas, demuestra que la privacidad, el cumplimiento y la competitividad no están en esferas separadas, sino que complementan como pilares de una gestión empresarial sostenible y responsable.

Según el informe, el reto de las empresas que operan en América Latina es transversal: traducir el cumplimiento normativo en valor de negocio y hacerlo parte del ADN organizacional.

“La guía nació como respuesta a las necesidades de los equipos legales y de cumplimiento, y fue creada por firmas líderes de la región que forman parte de la red Compliance Latam. El disparador inicial fue identificar los avances normativos en materia de protección de datos para luego brindar una mirada integral en cada una de las jurisdicciones. Esto lo hicimos con el mismo espíritu que convoca a la red: crear valor para nuestros clientes mediante la colaboración activa de todos los integrantes”, comparte Rodrigo Albagli, socio del despacho chileno Albagli Zaliasnik.

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Estándares desiguales, enforcement debilitado y un denominador común: llevar la privacidad al corazón de la cultura organizacional

Pese a las diferencias institucionales entre los países estudiados, hay un denominador común en el que todos coinciden: la protección de la privacidad como un derecho fundamental.

“En todas las jurisdicciones se reconoce que los datos personales deben ser tratados de acuerdo con principios clave como legalidad, transparencia, minimización de datos y confidencialidad. Asimismo, reconocen la importancia de los derechos de los titulares, como el , rectificación, cancelación y oposición (ARCO). Estos principios buscan garantizar que el tratamiento de datos sea siempre adecuado, relevante y proporcional al propósito para el que fueron recolectados y que los individuos tengan control sobre sus propios datos”, señala Marlyn Narkis, socia del despacho panameño MDU Legal.

Ahora bien, podría decirse que la principal brecha no está en el diseño de las leyes, sino en su implementación.

Yoab Bitran, director del grupo de Compliance de Albagli Zaliasnik, advierte que la región arrastra un problema estructural: falta de enforcement.

“Si bien varios países cuentan con nuevas regulaciones en línea con mejores estándares globales, tenemos muy pocos casos y muy pocas sanciones. Lo que genera cambios es la aplicación más que la promulgación; sin aplicación, no hay cambio real”, remarca el experto.

En ese sentido, destaca que la institucionalidad es un activo que diferencia a países como Chile, Uruguay o Costa Rica, que muestran mayor previsibilidad jurídica.

“Por regla general, el compliance solo puede avanzar cuando existe Estado de derecho, institucionalidad y libertad. Por lo tanto, existe una correlación tácita: aquellos países que tienen mayores dificultades en estas materias, son los que están más atrasados en términos de compliance”, explica.

En el caso puntual de Chile, el abogado reconoce que el avance normativo es un modelo para toda la región, pero que el país trasandino no escapa a la realidad de otros países en cuanto a su aplicación.

“Las propias autoridades encargadas de fiscalizar y perseguir infracciones o delitos han solicitado mayores recursos, tanto humanos como económicos, para poder llevar a cabo su labor. En cuanto a institucionalidad y entorno de negocios, Chile sigue manteniendo cierto nivel de liderazgo regional y continúa liderando en la mayoría de los rankings”, comenta Bitran.

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Compliance más allá de las fronteras

Según Marcelo Coimbra, socio fundador del despacho brasileño FCR Law, la Guía Comparada sobre Protección de Datos Personales permite anticipar riesgos, tomar decisiones fundamentadas y adaptar políticas de compliance a múltiples jurisdicciones.

“Para las compañías con operaciones transnacionales, contar con esta referencia comparativa facilita no solo la expansión, sino también una gestión proactiva del cumplimiento normativo en un entorno legal desafiante y diverso. La expansión regional solo es viable si hay gestión proactiva del cumplimiento, y esa es la base de la seguridad jurídica que exigen los inversores y las empresas globales”, afirma.

Leon Weinstok, director del despacho costarricense BLP, añade que “el desafío es lograr un modelo eficiente de protección de datos que respete los derechos de las personas, que dialogue con estándares internacionales y que sea aplicable a la realidad operativa de cada país”.

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Cultura organizacional, la gran aliada

Los de la red Compliance Latam coinciden en que el verdadero desafío no es legal, sino cultural. Entonces, ¿cuál es el rol de las firmas legales a la hora de acompañar la implementación de programas de cumplimiento?

Esteban Dávila, asociado sénior del despacho ecuatoriano Bustamante Fabara, sostiene que el rol de los despachos jurídicos debe ser estratégico, no solo normativo.

“Nuestra función es traducir la protección de datos en reputación, competitividad y confianza. Por eso, debemos enfocarnos en traducir normas en valor empresarial, impulsar el liderazgo desde la alta dirección, diseñar un programa de gobernanza de datos pragmático y promover una cultura de datos”, considera.

Desde su experiencia, Dávila cree que los estudios jurídicos deben explicar cómo la protección de datos personales no sólo mitiga riesgos legales, sino que también fortalece la reputación y confianza del mercado, genera ventajas competitivas sostenibles y alinea la gestión de datos con objetivos comerciales.

“Los estudios jurídicos debemos sensibilizar y capacitar al C-level, posicionando la privacidad como un tema estratégico. Esto implica, por ejemplo, participar en comités de gobierno corporativo, presentar análisis de impacto legal alineados con KPIs del negocio y mostrar precedentes regulatorios que evidencien la responsabilidad directa de los altos ejecutivos”, recomienda.

Salvador Bartolomé, socio del despacho español Bartolomé & Briones, coincide en que las firmas legales tienen un rol clave como facilitadores y promotores de una cultura de cumplimiento normativo y de protección de datos dentro de las organizaciones.

Para el experto, el rol de los estudios jurídicos implica tender un puente entre lo real y lo legal: “La labor de las firmas legales no solo debe limitarse al asesoramiento legal, sino que debe tener en cuenta aspectos prácticos, organizativos y estratégicos propios de cada organización, necesarios a fin de asegurar que se cumpla con la normativa vigente, facilitando la aplicación práctica de las políticas de cumplimiento y protección de datos”.

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¿Por qué los datos personales ya no son un activo invisible?

En la economía digital, los datos personales son más que datos, son capital reputacional, riesgo regulatorio y ventaja competitiva.

“El compromiso de la alta dirección no es opcional, pero sigue siendo uno de los puntos más débiles del ecosistema empresarial en América Latina. Sensibilizar, formar y convencer al liderazgo ejecutivo es parte de la tarea de los equipos legales y de compliance”, refuerza Yoab Bitran.

Queda claro: si la privacidad no entra en la agenda estratégica, difícilmente logrará consolidarse como valor corporativo.

Para conocer más sobre este tema y acceder a la Guía Comparada sobre Protección de Datos Personales, haz clic aquí.

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Suspensión de la FA 5k5m4g ¿Qué efectos tendrá que Trump haya suspendido la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero?

Fri, 04 Apr 2025 14:32:27 +0000

Suspensión de la FA: ¿Qué efectos tendrá que Trump haya suspendido la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero?

Aunque la orden ejecutiva de Trump suspende la actuación del Departamento de Justicia, la SEC podrá seguir aplicando la FA.

Jesús Hurtado Fri, 04/04/2025 - 10:32

Pocos días después de su regreso a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva suspendiendo la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero o FA, siglas en inglés de Foreign Corrupt Practices Act, una normativa que, en su opinión, ha frenado la competitividad de las empresas estadounidenses y sustenta la pérdida de espacio de éstas en el comercio internacional.

La suspensión, que estará en vigencia por 180 días y puede ser prorrogada por un período similar, autoriza, además, a la fiscal general Pamela Bondi a revisar todas las investigaciones y acciones de cumplimiento existentes, así como estudiar las acciones pasadas para determinar si se requieren medidas correctivas en esos casos.

Pese al revuelo que ha causado esta decisión, los expertos coinciden en señalar que las incidencias de la suspensión podrían ser menores, tomando en cuenta que la cultura de cumplimiento impuesta en las organizaciones a partir de la FA forma ya parte de la cultura corporativa, sin olvidar que existen otros mecanismos sancionatorios para persuadir a las compañías de evitar caer en una práctica del soborno.

Te sugerimos esto: Latinoamérica en el plan de aranceles recíprocos de Donald Trump, ¿qué anunció el presidente de Estados Unidos para la región?

Surge una referencia

Creada en 1977 por el Congreso de los Estados Unidos, la FA es promulgada a raíz del caso Watergate, escándalo que, más allá de las repercusiones políticas, dejó al descubierto que más de 400 compañías registradas en EE. UU. habían pagado más de 300 millones de dólares en sobornos y otros actos de corrupción a oficiales de gobierno y autoridades de países extranjeros.

La norma es parte de una política legislativa estadounidense con capacidad de incidencia extraterritorial, cuyo propósito central es ilegalizar los pagos realizados por personas y entidades de esa nación a funcionarios de gobiernos extranjeros, con el objetivo de obtener o conservar un contrato.

Específicamente, la FA prohíbe el uso deliberado de cualquier medio de comercio interestatal para promover todo tipo de oferta, pago, promesa de pago o autorización de pago —en dinero o cualquier objeto de valor— a un funcionario extranjero, aunque sea a través de terceros, a fin de obtener ventajas y prebendas que ayuden a conseguir o mantener un negocio a una corporación estadounidense y sus filiales, independientemente de la ubicación de sus operaciones y nacionalidad de los empleados.

En 1998 se hizo una enmienda que permitió ampliar el rango de acción de la normativa, que, desde entonces, es aplicable a empresas y personas extranjeras que, directamente o a través de agentes, cometan una acción que fomente un pago corrupto dentro del territorio de Estados Unidos, así como aquellas compañías cuyos valores cotizan en ese país.

Considerada como pionera en la materia, la FA es tenida entre las legislaciones anticorrupción más eficaces del mundo, siendo reconocida como el punto de partida para la construcción de las políticas gubernamentales contra la corrupción en muchas naciones del planeta y eje para el establecimiento de las estrategias corporativas de compliance.

Debes conocer: Anticorrupción, digitalización y reformas laboral y fiscal: La agenda legislativa 2025 de Paraguay

Dos visiones

En su afán por devolver a EE. UU. su antiguo protagonismo como máximo actor del comercio mundial, Donald Trump asegura que la FA ha truncado el actuar de las empresas de su país, siendo una de las razones para que éste haya cedido terreno ante las nuevas potencias mundiales, China, India y Rusia entre ellas.

“Esto va a significar muchos más negocios para Estados Unidos", dijo Trump al firmar la orden ejecutiva, en la cual se señala que la aplicación excesiva de la FA contra ciudadanos y empresas estadounidenses por “prácticas comerciales rutinarias en otras naciones” obstaculiza la competitividad económica estadounidense y, por lo tanto, interfiere en la seguridad nacional.

“No creemos que la competitividad de las empresas estadounidenses se haya visto perjudicada por la aplicación de la FA. Dada la amplitud del concepto de sujeto obligado de esta normativa, los tribunales americanos han tenido competencia incluso sobre individuos no estadounidenses”, afirma Tomás Kubick, socio de la oficina del despacho español Cuatrecasas en Santiago de Chile.

En concordancia con otros especialistas que han expresado su opinión al respecto, Kubick señala que, más allá de haber sentado un precedente anticorrupción, la norma ha sido un estándar aplicado transversalmente a empresas tanto estadounidenses como extranjeras en proporciones más o menos similares, de acuerdo con los datos disponibles.

“Incluso, la aplicación de esta norma puede considerarse como una garantía para las empresas estadounidenses de que están compitiendo en igualdad de condiciones con empresas de otra nacionalidad, dado que en la mayoría de las cadenas logísticas de dichas entidades existen elementos estadounidenses que permiten la aplicación de la ley”.

Información relacionada: Leyes de delitos económicos, Karin y de protección de datos: ¿Qué están haciendo las empresas para acoplar sus programas de cumplimiento a la nueva normativa de Chile?

Cambios, pero no tantos

La orden ejecutiva firmada por Trump ordena a la Fiscal General realizar tres acciones específicas:

Abstenerse de iniciar nuevas investigaciones o medidas de aplicación de la FA por parte del Departamento de Justicia (DOJ), excepto en los casos que se determine necesario.
Revisar las investigaciones en curso y restablecer los límites adecuados en la aplicación de la FA.
Emitir directrices actualizadas para promover la autoridad del Presidente para conducir los asuntos exteriores y priorizar los intereses y la competitividad económica estadounidense con respecto a otras naciones.

En teoría, estos parámetros parecen representar un cambio significativo en la política anticorrupción de EE. UU., pues podrían reforzar la discrecionalidad en la aplicación de la FA o establecer prioridades para su aplicación, por ejemplo, según el sector de la empresa o el país donde actúa.

No obstante que pudieran surgir nuevas líneas, aún no están del todo claros los alcances de esta medida, que pudieran ser más cosméticos que de fondo, en función de la arraigada cultura de cumplimiento que hay en las corporaciones estadounidenses en general.

“Difícilmente estas compañías eliminarán, por la sola suspensión de la FA, los controles internos ya implementados que regulan, por ejemplo, la gestión de recursos financieros, la interacción con funcionarios públicos y el actuar de terceras partes intermediarias”, apunta Tomás Ovalle, asociado de Cuatrecasas – Santiago.

Tienes que leer: 'Overcompliance': La ley que controla el financiamiento de las ONG en Venezuela

Un retroceso

Según el Banco Mundial, cada año en el mundo se pagan 1.000 billones de dólares en sobornos, monto equivalente al 5 % del PIB global y provoca pérdidas de hasta el 25 % del gasto público del planeta, datos que sustentaron las voces de alarma que se hicieron escuchar luego de que el presidente Trump firmó la orden ejecutiva para suspender la aplicación de la FA.

Aunque los especialistas de Cuatrecasas no creen que la medida signifique un retroceso en la lucha contra la corrupción, sí estiman que marca un retroceso en las estrategias para consolidar la transparencia en la gestión empresarial.

“Cuando un país que tiene la influencia de EE. UU. renuncia a perseguir este tipo de prácticas, la señal es negativa y va contra lo que están haciendo las jurisdicciones locales”, dice Kubick.

Trae a colación la contradicción que significa esta orden en el contexto latino, por ejemplo, Chile se encuentra en pleno proceso de implementación de la recién creada Ley de Delitos Económicos, además, está tramitando un proyecto de ley para sancionar a personas jurídicas chilenas por cohecho internacional, mientras que EE. UU. renuncia a sancionar prácticas corruptas extranjeras.

No obstante, en medio del shock causado por el anuncio, hay señales de que no todo está perdido. Los fiscales del Departamento de Justicia, por ejemplo, han hecho público su compromiso de mantener la lucha contra corrupción, algo que también han expresado muchas trasnacionales no solo estadounidenses.

La Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en inglés), por su parte, actualizó recientemente su estándar anticorrupción (ISO 37:001), reafirmando la importancia de la cultura del compliance en las organizaciones.

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Aplicación a medias

El amplio radio de acción de la FA tiene dos grandes vertientes: por un lado, alcanza a cualquier entidad bajo las leyes de EE. UU. con domicilio principal en ese país y sus subsidiarias en cualquier lugar, mientras que por otra parte tiene incidencia en toda empresa emisora acciones o títulos de deuda en EE. UU. Esto significa que su acción institucional se fundamenta en dos grandes pilares: El Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés).

Según los datos manejados por la Universidad de Stanford, en la última década el DOJ ha llevado voz cantante en cuanto a la aplicación de la FA, siendo responsable por 61 % de 334 registrados en ese período. A la SEC, por su parte, le ha correspondido actuar en el 39 % de ellos.

Ahora bien, la orden ejecutiva explícitamente limita las actuaciones que involucren al Departamento de Justicia, pero no así a al SEC, que seguirá teniendo las mismas competencias que desde 1977.

Ovalle cree que, si a esto se suma que la Fiscal General puede autorizar el inicio de nuevas investigaciones en esta materia si lo creyera necesario, y que muchas jurisdicciones ya castigan prácticas corruptas, es poco probable que las empresas interpreten esta suspensión como un “período de gracia” para sobornar a funcionarios públicos extranjeros sin repercusiones.

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Repercusiones en Latam

En medio de la avalancha de consecuencias que las decisiones tomadas por Trump están teniendo en el quehacer mundial, la suspensión de la FA no pareciera tener mayores efectos en América Latina, en atención a las legislaciones vigentes en la mayoría de las jurisdicciones de la región, lo cual, de entrada, es un disuasivo para cometer el tipo de delitos que sanciona la norma.

Adicionalmente, las corporaciones están cada vez más claras en que quizás el mayor riesgo al que se enfrentan al infringir las norma es la pérdida de su reputación (los casos Siemens y Odebrecht son buenos ejemplos), lo que hace necesario mantener el apego a las normas de cumplimiento.

No menos importante es tener en cuenta que la pérdida de la reputación puede significar para sus finanzas, tomando en cuenta que los capitalistas de cualquier signo están prestando cada vez más atención normativa del compliance, pudiendo ser una traba de peso para conseguir el capital necesario para mantener o desarrollar el negocio.

“El desarrollo sostenible y sustentable del negocio, un gobierno corporativo sano y la reputación corporativa valen tanto o más que las potenciales multas, y ante un caso de corrupción, son los primeros que se ven afectados”, dice Tomás Kubick.

Para enterarse: El cambio de paradigma que impulsa la Ley de Delitos Económicos: Empresas enfrentarán duras sanciones y desafíos culturales

Hay alternativas

Aunque los analistas creen que podrían existir algunas empresas que interpreten la suspensión de la FA como una reducción de los incentivos para evitar prácticas corruptas, consideran que estos casos son marginales y estarían relacionados básicamente a pequeñas y medianas empresas ubicadas en países sin una legislación específica que guarden alguna vinculación a EE. UU.

De cualquier manera, más allá de la FA y las normas nacionales, existen varios mecanismos que fungen de freno para disuadir a las empresas a saltarse los parámetros legales, entre las que se pueden nombrar las siguientes:

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, vigente desde diciembre 2005.
Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada por Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en febrero de 1999.
Convención Interamericana contra la Corrupción, adoptada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), vigente desde marzo de 1997.
Convención de la Unión Africana para Prevenir y Combatir la Corrupción, vigente desde agosto de 2006.
Norma ISO 37:001, vigente desde 2016 y actualizada en 2025.
UK Bribery Act, que cubre muchas de las conductas contempladas en la FA, pero para compañías con vinculación con el Reino Unido.

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Leyes de delitos económicos 4h46a Karin y de protección de datos: ¿Qué están haciendo las empresas para acoplar sus programas de cumplimiento a la nueva normativa de Chile?

Fri, 10 Jan 2025 18:00:00 +0000

Leyes de delitos económicos, Karin y de protección de datos: ¿Qué están haciendo las empresas para acoplar sus programas de cumplimiento a la nueva normativa de Chile?

La adopción de una política de compliance es absolutamente indispensable para la prevención de riesgos, de acuerdo con especialistas.

Ingrid Rojas Fri, 10/01/2025 - 14:00

Chile es reconocido en América Latina por sus avances en materia de compliance. Francisca Franzani, socia de DLA Piper - Chile, señala que el país ha aumentado el compromiso con la adopción de programas de cumplimiento en comparación con otros de la región, siendo, en efecto, uno de los pocos en contar con una Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica.

“Chile ha seguido los estándares internacionales de Europa y Estados Unidos, lo que le ha permitido posicionarse dentro de América como un país con estándares altos de cumplimiento y, en efecto, tener índices de corrupción más bajos que otros países de la región”, dice la abogada.

Para Cristián Conejero Roos, socio director de Cuatrecasas Santiago, en comparación con otros países de la región, el país se distingue por su enfoque proactivo y estructurado en materia de cumplimiento, promovido por un sólido marco regulatorio que rige tanto a nivel público como privado.

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“Esto ha llevado a una mejora en la transparencia, a una gestión de riesgos más eficiente y preventiva, lo que redunda en una mayor reputación empresarial, posicionando a nuestro país como líder regional en la adopción de este tipo de programas”, asegura el abogado al destacar que se ha avanzado significativamente en temas ambientales, de prevención, cumplimiento tributario, laborales y protección de datos, lo que ha implicado adecuar políticas y protocolos al interior de las empresas y una constante necesidad, por parte de estas, de conocer e integrar las nuevas reglas del juego.

La más reciente encuesta de Miller & Chevalier, con apoyo de firmas de la región, da cuenta de una mejora en la percepción de los ciudadanos sobre el procesamiento de delincuentes involucrados en casos de corrupción y del creciente esfuerzo de las empresas para prevenir el flagelo a través de programas de cumplimiento, seguros de que este se convierte en un obstáculo para hacer negocios. El informe cita los casos de Corpesca y Convenios, que hacen patente la necesidad de contar con programas de compliance efectivos para combatir la corrupción.

Para Franzani, los programas de cumplimiento se han convertido, en cierto sentido, como mandatorios para las empresas, no solo en referencia a modelos de cumplimiento relacionados con la Ley de Delitos Económicos, sino también en materia de datos personales, protección al consumidor, libre competencia y laboral.

Agrega que para los directorios ha cambiado la importancia de la prevención y de contar con programas de cumplimiento, por lo que desde una gobernanza de “tone from the top” ha sido más fácil la adopción de estas medidas de control.

“Si bien no siempre se encuentra aparejada una sanción a las empresas por no contar con un programa de cumplimiento, hoy en nuestro país es algo latente, que agrega valor y que es absolutamente indispensable para la prevención de riesgos”, agrega.

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Las acciones en esta dirección continúan y, tal como comenta Conejero Roos, hay hitos muy relevantes y variados en cuanto a aprobación de leyes en el país, como la Ley de Delitos Económicos sobre las empresas, que entró en plena vigencia el año pasado y que pone foco en el cumplimiento normativo, la prevención de irregularidades y la adecuada cultura de gobernanza. Esto ha impulsado las acciones de empresas y sus directorios para que revisen y actualicen sus protocolos y funcionamiento para cumplir con los nuevos estándares establecidos.

En materia laboral han entrado en vigencia la Ley N° 21.651, que reduce la jornada de trabajo semanal de 45 a 44 horas en 2024 y a 40 horas en 2028, y la Ley N° 21.643, conocida como Ley Karin, que exige a las empresas implementar un protocolo de prevención de acoso y violencia laboral, así como un procedimiento de investigación y sanción, que —de acuerdo con Conejero Roos— han impactado tanto al sector legal como a las empresas, promoviendo la adopción de nuevos procesos y protocolos en materia de transparencia y eficacia, así como en una necesidad de la especialización para afrontar adecuadamente su implementación en el entorno laboral.

A las leyes mencionadas se suman la nueva normativa tributaria, la Ley N° 21.713, el tratado para evitar la doble tributación con Estados Unidos y la nueva ley de protección de datos, que desde sus diversas complejidades y especificidades, impactan en los procesos de gestión y funcionamiento de las empresas, señala el especialista.

Motivo de preocupación

Varias son las preocupaciones esbozadas por los clientes de las firmas legales en relación con las normativas que han entrado en vigencia en Chile. De hecho, ha aumentado la demanda de asesorías en relación con la implementación de modelos de prevención de delitos y la adaptación a la nueva normativa tributaria y de protección de datos.

Franzani las resume así:

La Ley de Delitos Económicos y los cambios en el régimen de responsabilidad penal empresarial, como el endurecimiento de las sanciones para el C-Level de las compañías y el incremento de los riesgos para las personas jurídicas debido a los nuevos delitos incorporados en la ley.
Las modificaciones introducidas por la Ley Karin, que establecen un nuevo estándar en aspectos críticos para las empresas, como la convivencia y el clima laboral.
La actualización en la protección de datos personales, donde —considera— el estándar de cumplimiento sigue rezagado en comparación con muchas legislaciones de la región y el mundo.

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“Afortunadamente, estas preocupaciones han comenzado a abordarse mediante la implementación de programas de cumplimiento transversales, diseñados para fortalecer las prácticas de gobierno corporativo y promover un desarrollo empresarial sostenible. En este contexto, hemos tenido un progreso significativo en el cumplimiento de las recomendaciones de organismos internacionales”, expresa la abogada de DLA Piper - Chile.

A modo de ejemplo, el socio director de Cuatrecasas en Chile señala que los clientes deben entender cuáles de los nuevos delitos económicos son aplicables a su operación empresarial y las consecuencias de estos, ya que muchas veces no hay claridad por la diferencia subyacente entre la responsabilidad istrativa y penal, mientras que, en el caso del tratado para evitar la doble tributación suscrito entre Estados Unidos y Chile, las empresas deben evaluar las condiciones de sustancia para acceder a sus beneficios y reorganizar operaciones para evitar la elusión fiscal y garantizar que las reestructuraciones no sean impugnadas.

Refuerza que con la nueva ley de protección de datos personales las empresas deben comenzar a identificar sus brechas en la seguridad de cómo gestionar este tipo de información y trazar un plan de cumplimiento, por lo que no solo lo ve como una cuestión de cumplimiento legal, sino también una oportunidad para mejorar la confianza y competitividad a través del manejo ético y responsable de los datos.

“Todas estas medidas, que buscan adecuar nuestro cuerpo legal a los requerimientos propios de los tiempos que corren, presentan un gran cambio para generar un entorno regulatorio más robusto y transparente que favorezca la inversión, que sin duda van en línea con las recomendaciones de la OCDE”, explica Conejero Roos al itir que todavía queda por avanzar.

Resaltar la posición privilegiada de Cuatrecasas para asesorar a sus clientes en las particularidades de estas leyes que, en su gran mayoría, siguen modelos europeos o recogen buenas prácticas internacionales con las que el despacho está muy familiarizado para conocer la normativa, entender su implicancia práctica, identificando y mitigando riesgos específicos en los más variados sectores, con base en experiencias pasadas.

Franzani coincide con su colega al señalar que hoy las firmas full service tienen una ventaja comparativa en el mercado a raíz de la incorporación de todas estas regulaciones, que requieren de distintas especializaciones.

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Perspectivas

Este año comienza la cuenta regresiva del mandato del presidente chileno Gabriel Boric, cuyo gobierno ha reforzado el cumplimiento con la aprobación de un paquete de leyes como las de cumplimiento tributario, delitos económicos, Karin y de datos personales. ¿Qué esperan las firmas legales para los próximos años?

Cristián Conejero Roos, socio director de la oficina de Cuatrecasas en Santiago de Chile, cree que en los próximos años se seguirá fortaleciendo la senda hacia la construcción de un entorno regulatorio más robusto y transparente, lo que incluye avances en materias como la transición energética y la simplificación de procesos regulatorios.

Espera que el gobierno introduzca y avance en proyectos de ley para mejorar la eficiencia y transparencia en sectores estratégicos, entre los que destaca la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, cuyo objetivo es reducir los tiempos de tramitación de permisos para el desarrollo de proyectos estratégicos, lo que -sin duda- facilitará significativamente el crecimiento del portafolio de proyectos a nivel país que puedan entrar en fase de ejecución.

Además, prevé que se priorice la implementación de la Ley de Protección de Datos Personales, cuyo proceso legislativo culminó muy recientemente, por lo que piensa que las empresas deberán estar atentas a los nuevos requisitos y comenzar a preparar sus estructuras internas para cumplir con esta normativa, que incluye la creación de nuevos procedimientos para la gestión de datos, la respuesta a incidentes de seguridad, así como también la capacitación continua de su personal para asegurar que todos los niveles de la organización estén alineados.

“Creemos firmemente que la proactividad en la adaptación a las nuevas leyes disminuirá los riesgos legales y fortalecerá la reputación y competitividad en un mercado cambiante como el actual”, manifiesta el abogado.

Para Franzani, la nueva legislación probablemente amplíe el alcance del cumplimiento hacia nuevas áreas, adoptando un enfoque centrado en la prevención de riesgos, que se refleja en los cambios que se espera introduzca la Unidad de Análisis Financiero, particularmente en lo relacionado con la persecución de la corrupción y el lavado de activos, ajustes que cobran especial relevancia ante la incorporación de nuevos actores al mercado, como las empresas fintech. También anticipan avances significativos en el compliance en el sector público.

“Estamos atravesando un periodo de ajuste en el que tomar decisiones acertadas no solo genera beneficios a corto plazo, sino que también se convierte en un elemento estratégico para las empresas. Muchas organizaciones están en pleno proceso de implementación de programas de cumplimiento y adaptándose a nuevas formas de organizar el trabajo. El gran desafío será observar cómo la autoridad responde a estos cambios legislativos, destacando la prevención como la primera línea de defensa”, resaltó.

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Fri, 04 Oct 2024 17:26:19 +0000

Responsabilidad penal de la persona jurídica; ¿cómo debe actuar un comprador diligente en una operación M&A?

Con la Ley de Delitos Económicos las figuras por las que puede responder penalmente la persona jurídica ya no son unas pocas cuestiones eminentemente penales, como puede ser el lavado de activos, sino que son cientos de tipos penales en las más variadas áreas.

Redacción Lexlatin Fri, 04/10/2024 - 13:26

Autor del artículo de opinión

Tomás Kubick

En 2009, fruto de los compromisos de Chile para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se dictó la Ley 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas. A partir de ese momento, la empresa, como entidad participante de la actividad jurídico-económica del país, se vio obligada a gestionar los riesgos penales que su actividad podía producir, pero limitado a situaciones especialmente graves e inusuales, como el cohecho, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, entre otros.

Si bien, desde un inicio, la Ley 20.393 contemplaba que la responsabilidad penal podía transmitirse en caso de transformación, fusión, absorción, división o disolución voluntaria. Desde una perspectiva práctica, las operaciones de M&A no se vieron impactadas de manera importante, y la revisión de los programas de cumplimiento, durante el proceso de due diligence, por regla general, o no se hacía o no pasaba de la constatación de la existencia de una modelo de prevención que hubiese elaborado la empresa a ser adquirida, esto con las formalidades que mandataba la ley para su efectividad.

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Creemos que lo anterior se debió a diversos motivos. Entre ellos, destaca la escasa jurisprudencia penal en la aplicación de la Ley 20.393, además de el hecho de que esos modelos de cumplimiento eran facultativos y tenían por objeto eximir de responsabilidad penal a la persona jurídica en el improbable caso de que se le atribuyera la comisión de un delito.

La gravedad de las conductas reguladas por esa ley permitía sostener que un vendedor, al menos, debía saber de la existencia de ese tipo de conductas, impidiendo cualquier limitación contractual de su responsabilidad, basado en su actuar con un estándar de culpa grave o, derechamente, dolo, como habitualmente se efectúa en este tipo de operaciones, a través de montos máximos o mínimos de indemnización y reglas especiales de prescripción.

A partir de que se dictó la Ley 21.595 (la denominada Ley de Delitos Económicos), este panorama cambió. Las figuras por las que puede responder penalmente la persona jurídica ya no son unas pocas cuestiones eminentemente penales, como puede ser el lavado de activos, sino que son cientos de tipos penales en las más variadas áreas, desde la corrupción hasta el maltrato animal, pasando por delitos medioambientales, tributarios, de mercado de valores, de aduanas, entre muchos otros.

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Este cambio impone un desafío fundamental a la hora de desarrollar el proceso de adquisición de una empresa, dada la extensión de conductas punibles para la empresa, que se extienden a todo o casi todo su actuar. En este escenario, incluso un vendedor diligente podría no estar enterado de la comisión de eventuales delitos, especialmente si consideramos que hasta un tercero no relacionado patrimonialmente podría atribuirle responsabilidad a esa persona jurídica.

De este modo, aun cuando la existencia de un adecuado programa de cumplimiento sigue siendo facultativo, el riesgo de no contar con ese tipo de programas ha cambiado radicalmente: hoy existe un riesgo patente de que la adquisición de una persona jurídica (o la compra de los activos con los que una persona jurídica desarrolla su negocio) implique la adquisición de una potencial sanción.

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Si bajo el régimen inicial de la Ley 20.393 la adquisición de una empresa importaba un riesgo acotado de que la entidad fuera responsable, penalmente, y que cualquier limitación contractual de responsabilidad no pudiera operar por la culpa grave o el dolo del vendedor, actualmente, ese escenario es completamente distinto.

Frente a esta problemática, surge la pregunta de cómo debe actuar un comprador diligente, en el entendido de que, si bien es deseable, no es práctico realizar un due diligence forense para cada una de las conductas típicas contenidas en la Ley 20.393.

Somos de la opinión que hoy, más que nunca, el due diligence, en materia de compliance y programas de cumplimiento, va a pasar de ser un apéndice inservible a un elemento central en el estudio de una empresa frente a una eventual adquisición.

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Dicha debida diligencia tiene que centrarse no solo en el cumplimiento de los requisitos formales de este tipo de programas, sino que debe extenderse a la matriz de riesgo, a comprender los riesgos penales identificados por la empresa adquirida y la metodología para abordar dichos riesgos, considerando la forma de determinar el riesgo inherente de las conductas, las medidas de mitigación y la determinación del riesgo residual existente en la compañía para las distintas conductas. También debe incluir políticas, procedimientos y controles dispuestos por la empresa para gestionar los riesgos penales. Todo este análisis tiene que ser realizado con un foco donde prime el fondo por sobre la forma, entendiendo la racionalidad de las decisiones y políticas adoptadas, así como su adecuada gestión a los riesgos producidos.

Esta es la única fórmula que permite a un comprador tener la tranquilidad de que —frente a la existencia de la comisión de delitos por parte de la persona jurídica adquirida— podrá optar a una defensa adecuada y, eventualmente, a la eximente de responsabilidad.

Por su parte, si quien desee enajenar su empresa o proponer un proceso de fusión no cuenta con un adecuado programa de cumplimiento penal, pondrá un mayor riesgo a esa adquisición, se expondrá a una disminución del precio de venta o a verse obligado a entregar garantías adicionales en el contrato de compraventa o bien, en un caso más extremo, pondrá en riesgo el cierre mismo de la operación, si es que el potencial comprador se disuade de adquirir con motivo del riesgo penal.

*Tomás Kubick es socio mercantil de Cuatrecasas - Chile.

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El esfuerzo legislativo en Panamá para mantenerse fuera de la lista del GAFI 1d3743

Tue, 11 Jun 2024 21:37:12 +0000

El esfuerzo legislativo en Panamá para mantenerse fuera de la lista del GAFI

Eyra Perdomo, vicepresidenta de cumplimiento de Morgan & Morgan, habla del trabajo hecho para alcanzar el objetivo y de los beneficios que esto representa para el país.

Redacción Lexlatin Tue, 11/06/2024 - 17:37

Luego de más de cuatro años de trabajo intenso, en octubre de 2023 Panamá salió de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), tras haber fortalecido su sistema de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo y de haber adoptado normas y acciones en favor de la transparencia.

Para la nación centroamericana, que alberga uno de los más importantes centros financieros de América Latina, esta noticia constituyó un hito, pues favorece su economía, la inversión extranjera y el a financiamiento, entre otros beneficios.

Eyra Perdomo

"La salida de Panamá de la lista ha sido muy positiva para la economía de nuestro país. El impacto en la creación de la Superintendencia de Sujetos No Financieros y el reforzamiento de los otros entes reguladores del país ha sido trascendental", comenta Eyra Perdomo, vicepresidenta de cumplimiento de Morgan & Morgan.

En entrevista, Perdomo habló sobre la experiencia de llevar al país a este punto y de lo que ha significado no solo fortalecer los organismos reguladores del sector financiero, sino trabajar, con el apoyo del sector privado, en estandarizar al sector no financiero, así como de las reformas legales que debieron hacerse para alcanzar el objetivo. También hace referencia a la Ley de Transparencia Corporativa de Estados Unidos y a la Ley de compañías de Belice y lo que representan para las empresas panameñas.

Birmania Brown

Para Birmania Brown, gerente de cumplimiento y riesgos de MMG Trust, compañía fiduciaria de Morgan & Morgan, ahora el reto es sostener lo que se ha avanzado en los últimos años para evitar que Panamá vuelva ingresar a la lista del GAFI.

"Panamá ha trabajado vigorosamente en la implementación de importantes medidas regulatorias y técnicas para fortalecer su sistema de prevención y cumplir con sus compromisos internacionales en materia de transparencia, lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El objetivo ahora es que ese compromiso sea sostenible en el tiempo", refiere Brown.

Si bien considera importante la adopción de tecnológica por su impacto en la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo por parte del sector privado, advierte acerca del desafío que significa la proliferación de activos virtuales.

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Internalizar el cumplimiento

-¿Cuáles son las principales medidas adoptadas por Panamá en materia de cumplimiento y prevención desde su salida de la lista gris del GAFI en comparación con la situación previa en junio de 2019?

Eyra Perdomo: Las principales medidas que nos diferencian del Panamá de antes de junio de 2019 son:

El reforzamiento de la legislación en materia de prevención a través de modificaciones sustanciales a la legislación existente (para igualarla a los estándares de GAFI) y también mediante la promulgación de nuevas piezas legales para dar cumplimiento al Plan de Acción relacionado con la salida de las listas sancionatorias. En el área de los sujetos regulados no financieros, por ejemplo, se promulgaron más de 10 marcos legales entre 2020 y 2023. En cumplimiento con la Recomendación No.1 del GAFI, la República de Panamá llevó a cabo diferentes evaluaciones de riesgo (nacionales, sectoriales y en materia de terrorismo) de manera que, tal como lo indica la Recomendación No.1, se identifiquen los riesgos y se puedan asignar recursos (incluyendo supervisiones) de una manera más efectiva.
La implementación del Sistema Único y Privado de Registro de Beneficiarios nos ha permitido demostrar que los sujetos obligados no financieros, particularmente los que fungen como agentes residentes, tienen identificados a los beneficiarios finales de las personas jurídicas a las que prestan sus servicios. Esto ha permitido el oportuno, de conformidad con la Recomendación 24 y su Nota Interpretativa, a las autoridades competentes a esta información, resultando en un incremento significativo en las asistencias técnicas relacionadas con las solicitudes internacionales por delitos fiscales.

Más sobre el país: Panamá: Los retos que deberá enfrentar el nuevo gobierno de José Raúl Mulino

-¿Qué impacto ha tenido la modificación de las normativas de prevención y la creación de entidades como la Superintendencia de Sujetos no Financieros en el panorama de cumplimiento en Panamá?

Eyra Perdomo: Particularmente la Superintendencia de Sujetos No Financieros, con la cooperación del sector privado, ha sido pieza clave en la salida de Panamá de esta lista. A diferencia del sector financiero panameño y sus entes reguladores, que llevan años siendo regulados, supervisados y monitoreados en temas de prevención; en el sector no financiero (Superintendencia y sujetos regulados) nos enfrentamos al gran reto de alcanzar un estándar ya implantado, a pasos agigantados, en corto tiempo y pasando por una pandemia.

El mayor desafío para nuestro sector fue la implementación de la Ley 129 de 2020, que crea el Sistema Único y Privado de Registro de Beneficiarios. Esta ejecución implicó recursos de todo tipo, humanos, tecnológicos, incluyendo capacitaciones y una sinergia completa con los diferentes equipos de la Superintendencia de Sujetos no Financieros.

Actualmente tenemos un sistema más maduro, más informado y más consciente de su papel, no solo en la lucha contra los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva; sino también de cualquier otro acto criminal tipificado en nuestro Código Penal. De esta manera son muchas las empresas que han incluido en sus programas de cumplimiento controles como políticas de denuncias anónimas, debida diligencia a proveedores, auditorías internas y externas, etc.

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-¿Cuál ha sido el papel de la Superintendencia de Sujetos no Financieros en la movilización y capacitación a nivel nacional en temas de prevención y cumplimiento?

Eyra Perdomo: La ley 124 de 2020 le da el nivel de Superintendencia a la antes Intendencia de Sujetos No Financieros. Formalmente esta ley creó la Superintendencia de Sujetos No Financieros el 7 de enero de 2020 y en octubre del mismo año esta institución puso a andar el plan de acción, junto con otras autoridades del país, para sacar a Panamá de la lista.

La Superintendencia asumió la gran responsabilidad de llevar a cumplimiento a todos los sujetos no financieros, quienes, a pesar de ya tener alguna regulación en materia de prevención, tenían un camino muy complicado para alcanzar el estándar deseado en tiempo récord. El organismo fue dotado de personal idóneo, buscó las colaboraciones necesarias (nacionales e internacionales), se acercó al sector privado y empezó a trabajar, en principio, modificando el régimen de prevención, creó (y sigue creando) guías de implementación para cada legislación de importancia, como, por ejemplo, la Guía de Identificación del Beneficiario Final y en materia de provisión de servicios nominales y, además, capacitando a todos los sujetos regulados no financieros.

Para ello la Superintendencia empezó por brindar capacitaciones a través de diferentes métodos: presenciales o virtuales, generales o sectoriales e, inclusive, se ha movilizado por todo el país para asistir a los abogados que fungen como agentes residentes en Panamá para que cumplieran con sus registros ante la Unidad de Análisis Financiero, ante la propia Superintendencia y de los beneficiarios finales en la plataforma de Registro Único de Beneficiarios.

Desde nuestra posición vemos con mucha satisfacción cómo las capacitaciones van de la mano con los nuevos requerimientos, cómo se mantiene constancia (cuatro veces al mes o más) y cómo se han vuelto más técnicas y exigentes para nosotros como sujetos regulados.

-¿Cómo ha evolucionado el sistema de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas en Panamá y cuál ha sido su contribución al fortalecimiento del cumplimiento?

Eyra Perdomo: En cuanto al Registro de Beneficiarios Finales, cabe destacar que desde 2015 los agentes residentes en Panamá tienen la obligación de identificar y verificar a los beneficiarios finales de las personas jurídicas a las que prestan sus servicios.

La ley 129 de 2020 vino a establecer un Sistema Único de Registro de Beneficiarios, de manera que la información básica de la sociedad y la de los beneficiarios finales que ya mantenían los agentes residentes fuese incluida en esta base de datos para garantizar el oportuno a las autoridades competentes. Esta materia se ha mantenido en constante evolución. Su reglamentación, que inició con el Decreto Ejecutivo 13 de 2022, ha ido variando y adaptándose a nuevas necesidades. El Decreto Ejecutivo No. 2 de 2023 hizo algunos cambios en materia del beneficiario final, perfeccionando algunas definiciones y aclarando los criterios de identificación.

La Superintendencia de Sujetos No Financieros ha iniciado con su fase 2, que implica un perfeccionamiento de la plataforma en todo sentido, tecnológicamente, en materia de seguridad y en materia de cumplimiento, al requerir la actualización de la información en el Sistema y nueva información que los agentes residentes debemos incluir. Sobre esto último, en marzo del presente año se promulgó el Acuerdo JD-01-2024 que requiere a los agentes residentes, antes del 22 de noviembre de este año, identificar a las personas jurídicas a las que se les presta servicios nominales y el criterio utilizado para identificar al beneficiario final.

La Resolución No. S-023-2024 detalla una nueva clasificación de las personas jurídicas incluidas en el Sistema Único de Registro y aprueba la nueva versión del Manual de para la actualización y captura de datos. Como podemos ver, la Superintendencia de Sujetos No Financieros y el sector abogados se encuentran totalmente comprometidos con mantener la información adecuada, precisa y actualizada para que las autoridades competentes puedan cooperar internacionalmente o iniciar los procesos correspondientes.

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-¿Qué cambios significativos se han observado en las sanciones impuestas a los sujetos obligados no financieros en Panamá desde 2019?

Eyra Perdomo: Los cambios más significativos tienen que ver con el monto de las multas y la “certeza del castigo”. En cuanto al aspecto pecuniario, los sujetos regulados no financieros incumplidores enfrentan multas de hasta 5 millones de dólares, dependiendo de la gravedad de la falta, la reincidencia, magnitud del daño y el tamaño del sujeto obligado.

En materia de Registro de Beneficiarios Finales, a un gran número de personas jurídicas se les han suspendido sus derechos corporativos a causa de que su agente residente no se registró ante las autoridades competentes y/o no hizo el registro de los beneficiarios finales.

Y en cuanto al aspecto activo de la Superintendencia, basta revisar los listados de sanciones impuestas (ya ejecutoriadas) y las que están por ejecutar (19). Pasamos de 5 sanciones pecuniarias entre 2017 y 2019 a 72 entre 2020 y lo que va del 2024.

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La normativa de EE. UU. y Belice

-¿Cómo ha afectado la Ley de Transparencia Corporativa (CTA, por sus siglas en inglés) de EE. UU. a las empresas panameñas que hacen negocios en Estados Unidos? ¿Cuáles son sus recomendaciones para compañías nacionales que deseen entablar operaciones con EE. UU. sin verse afectadas por la CTA?

Eyra Perdomo: Las personas jurídicas panameñas estarán sujetas a los requisitos de la CTA siempre que estén registradas para hacer negocios en los Estados Unidos mediante la presentación de un documento ante un secretario de Estado u oficina equivalente bajo la ley de un Estado o tribu indígena. De esta manera, las personas jurídicas panameñas en esta situación deben registrar su información a través de la página https://boiefiling.fincen.gov/. Según el FinCEN, este sistema es bastante amigable. Sin embargo, se puede también buscar asistencia con proveedores de servicios corporativos en los Estados Unidos para que preparen el reporte y lo registren a su nombre.

-¿Cuál es el procedimiento para la restauración de empresas en Belice después de la implementación de la nueva Ley de compañías y cómo está siendo gestionado por el Registro de Compañías y Asuntos Corporativos de Belice?

Eyra Perdomo: El proceso de restauración en Belice se está dando, para aquellas entidades que lo necesitan, de manera fluida y ordenada. El procedimiento está marcado en la nueva ley de compañías de Belice y en Morgan & Morgan ya hemos asistido a algunos clientes con el mismo. Por parte del Registro de Compañías y Asuntos Corporativos de Belice, que ahora cuenta con una plataforma más moderna, el proceso continúa sin afectar las operaciones diarias de la jurisdicción, permitiéndole mantener su posición en la región.

-¿Qué significa el precedente de Belice para el sector corporativo caribeño en términos de cumplimiento y prevención de la inclusión en listas discriminatorias?

Eyra Perdomo: Las acciones de las autoridades de Belice para mantenerse fuera de las listas discriminatorias, sin duda, pueden servir como precedente para el sector corporativo de algunas jurisdicciones caribeñas. Sin embargo, es una realidad que algunas jurisdicciones del Caribe, como Belice, Bahamas e Islas Vírgenes Británicas, tienen una larga trayectoria en la implementación de los estándares internacionales como resultado de incansables esfuerzos a lo largo de los años. En el caso de las Islas Vírgenes Británicas, ya se han anunciado acciones para actualizar el régimen de prevención.

-¿Cómo se compara el proceso de suspensión y cancelación de personas jurídicas en Panamá con las acciones tomadas por el Registro de Compañías y Asuntos Corporativos de Belice?

Eyra Perdomo: Ambas jurisdicciones han optado por una limpieza a través de leyes que obliguen a las personas jurídicas a proveer, a través de su agente residente, información de debida diligencia y cumplir con ciertos requisitos o, de lo contrario, enfrentar la “inactivación”. Belice aprovechó su nueva ley de compañías para requerir a las empresas que buscaban ser re-registradas para seguir vigentes, no solo información corporativa básica, sino también información de debida diligencia de sus participantes. Panamá, con su régimen de prevención y la implementación del Registro Único de Beneficiarios, también procede a suspender a las personas jurídicas que no cumplan con registrarse en este sistema y a aquellas que mantengan un agente residente que no se registre ante las autoridades. Como consecuencia, toda persona jurídica suspendida que no sea reactivada dentro del periodo 12 meses posteriores será cancelada definitivamente por el Registro Público de Panamá y, como consecuencia, dicha persona jurídica se entenderá disuelta de manera definitiva, con todos los efectos jurídicos que ello conlleva. Solamente entre 2019 y 2022 el Registro Público de Panamá suspendió 52 % de las personas jurídicas en el mismo a través del Decreto Ejecutivo No. 905 de 2019, cifra que ha ido aumentando en los últimos años.

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El riesgo de los criptoactivos

10. ¿Cuáles son las principales tendencias en materia de cumplimiento que podrían ayudar a Panamá a mantenerse fuera de listas discriminatorias en el futuro, considerando su experiencia pasada y las lecciones aprendidas de otras jurisdicciones como Belice?

Birmania Brown: Para que el compromiso sea sostenible en el tiempo es necesario continuar en la misma dirección, a la vez que se aborden las nuevas realidades y riesgos emergentes, más aún, de cara a la quinta ronda de evaluaciones mutuas de GAFI que inicia en 2024 (y culmina en 2030), y cuyo enfoque priorizará la evaluación de forma aún más intensificada de la eficacia y resultados de las medidas adoptadas en cada país para abordar sus riesgos, ahora desde una perspectiva sectorizada (sector financiero y actividades no financieras vulnerables).

Entre los principales desafíos emergentes está la proliferación de activos virtuales. De allí que entre las estrategias para seguir fortaleciendo su sistema de prevención y asegurar la integridad del sistema financiero, Panamá trabaja actualmente en la identificación y evaluación de riesgos asociados a los activos virtuales y proveedores de este tipo de servicios con miras a desarrollar una regulación.

Otro elemento que será evaluado durante la quinta ronda de evaluaciones es la capacidad de investigación de las Unidades de Inteligencia Financiera y el Ministerio Público para rastrear y cooperar de forma ágil en el intercambio de información que conduzca a la recuperación oportuna y adecuada gestión de activos derivados de actividades ilícitas o que sean utilizados como instrumento para su realización. En este sentido, cobra relevancia que el país cuente con un marco jurídico de recuperación de activos eficiente y en armonía con los instrumentos internacionales, pero también es necesaria la integración de sistemas tecnológicos avanzados que faciliten el análisis de datos. Esa transformación tecnológica también está impactando la forma en que el sector privado gestiona sus riesgos y el cumplimiento normativo.

Herramientas como la analítica predictiva a partir de Big Data permiten a las organizaciones analizar de forma más rápida y eficiente grandes volúmenes de información para detectar con precisión patrones, operaciones inusuales y generar insumos valiosos para la toma de decisiones. La inteligencia artificial aplicada al aprendizaje automático y automatización inteligente de procesos también puede ayudar a las organizaciones a optimizar recursos, abordar proactivamente la gestión integral de riesgos y adaptarse de forma más rápida a los desafíos que plantean los constantes cambios regulatorios del panorama actual, lo que finalmente resulta en un elemento diferenciador y una ventaja competitiva.

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Lloreda Camacho y Veirano incorporan nuevos socios 6l6863 nace la firma multidisciplinaria iitos

Mon, 31 Jul 2023 18:36:02 +0000

Lloreda Camacho y Veirano incorporan nuevos socios, nace la firma multidisciplinaria iitos

Abre iitos, una nueva firma enfocada en capital de riesgo.

Cecilia Diaz Mon, 31/07/2023 - 14:36

Lloreda Camacho ficha a socio para práctica de resolución de conflictos e insolvencia

La firma colombiana Lloreda Camacho & Co. fichó a Christian Pérez como nuevo socio del departamento de resolución de conflictos e insolvencia. Pérez ha centrado su práctica en litigio y arbitraje.

Con más de 13 años de experiencia, Christian Pérez ha participado en diversos casos que incluyen demandas colectivas, seguros y reaseguros, responsabilidad civil contractual y extracontractual, responsabilidad médica, defensa por responsabilidad de productos defectuosos y competencia desleal.

Cristian Pérez cuenta con dos posgrados, uno en Derecho Comercial y otro en Seguros. Adicionalmente, tiene una maestría en Derecho de la Universidad de Georgetown (Estados Unidos).

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Veirano Advogados refuerza área de cumplimiento e investigaciones

Veirano Advogados incorporó a Pedro Simões como nuevo socio para expandir su práctica de White-collar defense y compliace & investigations.

Simões aporta su experiencia profesional en derecho criminal. Ha defendido empresas brasileñas y extranjeras en casos relacionados con delitos de mercados de capitales, contra la istración pública, delitos fiscales y ambientales. La práctica se Simões tiene especial enfoque en la prevención del lavado de capitales, defendiendo a clientes frente a las autoridades brasileñas.

En el área de cumplimiento, Simões ha asesorado a empresas en la implementación de programas de compliance en los que se abordan temas como la prevención del lavado de dinero, corrupción, fraude y gestión de datos personales.

Simões coordinó algunas de las investigaciones internas en el marco de la operación “Lava Jato”, de la que se derivaron varios due diligences en los sectores de energía, educación, ciencias de la vida, mercados de lujo, mercados de arte, construcción, entre otros.

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iitos, firma multidisciplinaria para capital de riesgo,

inversión y emprendimiento en Costa Rica

Con un enfoque desarrollo e innovación, nace la firma multidisciplinaria iitos para atender temas relacionados con capital de riesgo, inversiones de alto impacto y el ecosistema emprendedor.

El equipo de socios que lidera esta nueva firma son: Federico Golcher (estrategia y finanzas), Freddy Fachler, José Miguel Alfaro, Sophia Murillo y Conrad Kopper (área legal).

S.E.E.D (fundada en el 2009) fue la firma boutique antecesora de iitos. S.E.E.D nació en Costa Rica con el objeto de asesorar a clientes en materia de capital de riesgo e inversiones. Sin embargo, con el propósito de aprovechar nuevas oportunidades de negocio y ejecutar un plan de expansión de servicios, surge iitos con presencia en Estados Unidos, México, Centroamérica, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú y Argentina.

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El mercado de venta de cemento en Perú se ha convertido en una jungla 3a203c

Wed, 22 Mar 2023 14:00:00 +0000

El mercado de venta de cemento en Perú se ha convertido en una jungla

Sancionar con multas las conductas reñidas con la competencia y la buena fe comercial no alcanza para desincentivar su ocurrencia.

Rosa Ramos Wed, 22/03/2023 - 10:00

Autor del artículo de opinión

Guilliana Paredes Fiestas*

El mercado de venta de cemento a las ferreterías en el Perú está caracterizado por tener episodios marcados de infracciones a las reglas que rigen la libre competencia por parte de las empresas líderes en el sector. El pensamiento racional nos lleva a concluir que, una vez sancionada una conducta, la probabilidad de que ocurra nuevamente en el mismo mercado en un periodo cercano de tiempo debería ser baja, pero ocurre lo contrario.

Según un reporte elaborado por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), en 2022 el mercado de cemento estuvo geográficamente delimitado por la presencia de plantas en zonas estratégicas del país dirigidas, principalmente, por cuatro empresas. ¿Por qué? Porque la inversión económica que se requiere para operar una planta y transportar el cemento es significativa, así que lo más razonable ha sido concentrar los esfuerzos comerciales en zonas aledañas a sus plantas, donde han ganado una cuota importante del mercado.

Si bien deberían existir numerosas empresas de cemento en el Perú (236, según el Ministerio de la Producción), no todas cuentan con una planta ni forman parte de un grupo económico que incluye una empresa de transporte, ventajas competitivas o fortalezas estructurales. Al contrario, gran parte de la competencia de las empresas líderes se enfoca en la importación de cemento.

De interés: ChatGPT: ¿Cómo aprovechar su efecto transformador sin que nos controle?

Es previsible que un mercado con características como estas sea objeto de investigaciones por el Indecopi. En esta línea, dicha autoridad descubrió que, entre julio 2007 y noviembre de 2008, una de las empresas con posición de dominio en las ventas de cemento portland en Lima, Ica, Ayacucho, Ancash, Huancavelica, Huánuco, Pasco y Junín acordó con sus distribuidores dejar de suministrar a toda aquella ferretería que también comercializara cemento de su competidor con la finalidad de mantener su liderazgo en estas zonas.

Debemos recordar que cada empresa es libre de contratar con quien mejor le parezca; sin embargo, cuando tu éxito te ha llevado a ostentar una cuota importante del mercado, el ejercicio de dicha libertad de manera desproporcionada al punto de afectar a los consumidores, inclusive potencialmente, se convierte en contingente. Ciertamente, en ningún momento se ha establecido que las libertades de un agente económico con posición de dominio desaparezcan o se reduzcan, sino que el legislador ha dejado claro que se espera un liderazgo ético que promueva la competencia como catalizador de innovación y beneficio social.

La ilegalidad de una conducta como esta no nace con la sola posición de dominio, sino con el efecto exclusorio que genera en el mercado, perpetuando el liderazgo de las empresas que participan en dicho acuerdo por razones distintas a la buena fe comercial en afectación del mercado y de los consumidores. Dicho de otra forma, en el Perú no se castiga el éxito comercial ni financiero, sino las consecuencias negativas que provienen del abuso del poder aunado a dicho éxito.

Este caso fue sancionado en las dos instancias istrativas y confirmado en sede judicial mediante una sentencia emitida en 2019. Pero, ¿aprendieron la lección las cementeras? No. A finales de 2022, Indecopi (en primera instancia) detectó nuevamente una infracción a la libre competencia en el mercado de cemento portland gris, esta vez, en las regiones de Arequipa, Puno, Tacna, Cusco, Madre de Dios y Moquegua, donde una empresa distinta a la del caso anterior abusó de su posición dominante, en conjunto con una empresa de transporte de su mismo grupo empresarial, entre 2014 y 2019, a fin de evitar que las ferreterías de la zona comercializaran cemento de la competencia, causando un efecto nocivo en el mercado con efecto exclusorio.

Más allá de los cuestionamientos procesales que siempre rondan a este tipo de casos, queda claro que sancionar con multas las conductas reñidas con la competencia y la buena fe comercial no alcanza para desincentivar su ocurrencia.

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Estos dos casos nos deberían hacer reflexionar sobre por qué las empresas líderes en mercados complejos apuestan una y otra vez por asumir el riesgo de implementar una política comercial agresiva de bloqueo hacia su competidor, pese a las ventajas estructurales con las que cuentan, que las investigaciones de la autoridad istrativa son constantes y que dicha entidad goza de una alta tasa de pronunciamientos confirmados en sede judicial en libre competencia.

En The price-fixer: compliance tales from the other side, Andreas Stephan lista las razones que podrían explicar por qué se infringen las leyes que rigen la libre competencia (para el caso de los cárteles) y, por ende, dónde radican los retos de un buen sistema preventivo. Así, en dicha lista encontramos que algunas de estas son la ignorancia de la ley, el o frecuente y legítimo entre competidores, hacer negocios en un entorno de crisis constante, la arrogancia de los gerentes y la existencia de empleados desconectados de la organización.

Si bien con los programas de cumplimiento exigidos por Indecopi se puede gestionar la mayor parte de las razones citadas por Stephan, su éxito depende de que se cuente con un verdadero compromiso empresarial de fomento de la competencia como una variable de éxito en el mercado; de lo contrario, iniciaremos una ola de creación de burocracia inútil que encarecerá los productos y servicios en perjuicio de los consumidores.

Entonces, ¿acaso la autoridad de competencia debe estar más cerca de los gerentes o tomadores de decisión en mercados concentrados? ¿O no es suficiente con un procedimiento istrativo sancionador sin una política pública integral que fomente la competencia desde un punto de vista empresarial y no solo legal en el Perú?

Para leer: ¿Por qué seguimos conmemorando el 8M el Día Internacional de la Mujer?

La razón detrás de que el mercado del cemento sea una jungla en el Perú no se encuentra en la ley ni en la ausencia de multas. Para saber en dónde, deberíamos empezar por preguntarle a la autoridad que, a diferencia de otras en el mismo rubro, se encuentra dentro de una entidad que no solo protege a la competencia y a los consumidores, sino también vela por el respeto a la propiedad intelectual, la simplificación istrativa y el procedimiento concursal.

No debemos perder de vista que, aunque los programas de cumplimiento son la tendencia a nivel internacional, aún existe espacio para dotar al procedimiento de represión de conductas anticompetitivas de más celeridad, de evolucionar de una dirección dentro de una entidad que forma parte del Poder Ejecutivo a un organismo dedicado a velar por la competencia y los consumidores (nada más), de incentivar el dictado de derecho de la competencia en todas las cátedras de estudios de negocios y mercadotecnia y de promover la innovación en aquellos mercados donde existen posiciones dominantes. En suma, ejecutar una verdadera política pública de fomento de la competencia en el Perú.

Mi objetivo no es desmerecer el trabajo del Indecopi, sino fomentar la discusión del real efecto disuasorio de una multa en sede istrativa que puede ser totalmente revisada por el Poder Judicial y un llamado a no depositar todas nuestras esperanzas en los programas de cumplimiento especializados en la materia.

*Consultora legal en regulación y cumplimiento de las normas de libre competencia.

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Pandora Papers y la importancia de la debida diligencia 6n6c4z

Mon, 11 Oct 2021 19:02:45 +0000

Pandora Papers y la importancia de la debida diligencia

La empresa asociada a una organización establecida en un paraíso fiscal puede sufrir impactos, no solo en su imagen.

Marisol Marín Mon, 11/10/2021 - 15:02

Autor del artículo de opinión

Eduardo de Avelar Lamy

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) publicó recientemente una lista de propietarios de empresas establecidas en paraísos fiscales. Según los datos reportados, al menos 35 líderes mundiales y más de 300 funcionarios públicos de alto rango tienen empresas offshore en países considerados de alto riesgo fiscal, es decir, que ciertas lagunas en su legislación podrían permitir la reducción de impuestos por medios ilícitos.

Llama la atención que muchas de las personas mencionadas en la investigación cuentan con ingresos millonarios, son figuras públicas o personas que ocupan cargos políticos y están involucrados en decisiones estructurales de ciertos países. El caso Pandora Papers, sin duda, proporciona una valiosa lección desde el punto de vista de la gestión de riesgos corporativos.

Te invitamos a leer: ¿Cómo identificar un paraíso fiscal?

Conceptos clave

Desde el punto de vista del compliance, antes de entrar al fondo del asunto, es importante definir algunos conceptos para las y los lectores:

Los paraísos fiscales se encuentran en países o estados en los que la carga tributaria es muy pequeña o nula y permiten a las empresas mantener la confidencialidad de su constitución corporativa.
A su vez, una empresa cuyas actividades tienen lugar "más allá de la costa", concepto comúnmente conocido como offshore, y ha sido establecida fuera del domicilio fiscal de su gerente, en la mayoría de los casos, refiere a una estructura creada con el fin de proteger los activos contra la inestabilidad del mercado en los países de origen de sus socios o inversores.
En ese sentido, la persona que busca la evasión fiscal puede utilizar, como herramienta, la creación de una sociedad con ventajas fiscales en un paraíso de este tipo. De este modo, la autoridad tributaria de su domicilio de recaudación tendrá dificultades para mapear sus operaciones y multarla por los impuestos adeudados, esto es porque, precisamente, estas figuras pueden mantener oculta la participación dentro de las organizaciones.
En principio, garantizar una recaudación tributaria muy inferior a la que tendría en su país de domicilio fiscal puede constituir un fraude al sistema tributario de su país de origen.

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Las empresas que cuentan con mecanismos internos de gestión de riesgos, como controles de integridad (due diligence) y un programa de cumplimiento estructurado, por regla general, aplican una contención de riesgos corporativos para evitar cualquier negociación con organizaciones ubicadas en paraísos fiscales.

El motivo de las comprobaciones de cumplimiento preventivo y las rutinas de evasión de negociaciones es que, con frecuencia, estas empresas se eligen para cometer delitos como blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y, por supuesto, evasión fiscal. Debido a que los registros de las empresas en los paraísos fiscales contienen menos información que la que se necesita para istrar empresas en un país con una carga fiscal normal, resulta fácil utilizar a las offshore como sede para la comisión de tales delitos. Cuanto menor sea la transparencia exigida será más fácil ocultar actos contrarios a la ley.

Por ello, la empresa asociada a una organización establecida en un paraíso fiscal puede sufrir importantes impactos, no solo en su imagen, sino también en términos económicos y legales. Si una de estas empresas ubicadas en paraísos fiscales comienza a ser investigada, es posible que los socios comerciales y los clientes también entren en la mira de las autoridades, en paralelo, sus operaciones también podrían ser cuestionadas.

En este sentido, aunque la empresa no tenga absolutamente ninguna acción irregular, el mero hecho de tener una organización incorporada en un paraíso fiscal como socio comercial puede llevar a sus directores a una investigación criminal o, peor aún, a una acción criminal.

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Figuras públicas

El caso Pandora Papers trae otro importante detonante: la facilidad para ocultar la participación accionaria hace que la apertura de sociedades offshore sea extremadamente interesante para figuras públicas y personas políticamente expuestas que son, por sí mismas, contrapartes de riesgo extremadamente alto desde el punto de vista del cumplimiento.

Además del riesgo inherente, se puede identificar otro muy relevante cuando se trata de gestionar el riesgo corporativo: la empresa que negocia con offshore puede estar tratando con una organización que tiene, en su estructura, a una persona pública o políticamente expuesta.

Recordemos que entre los 35 es públicos que tienen sucursales en paraísos fiscales se encuentra el presidente de Azerbaiyán, el primer ministro de la República Checa; el presidente de Chipre; un exprimer ministro inglés; los presidentes de Ucrania y Rusia, y altos cargos públicos escalonados de diferentes países.

El riesgo de mantener una relación cercana —especialmente empresarial— con personas políticamente expuestas o figuras públicas es el aumento exponencial de la exposición a delitos de corrupción (principalmente en la modalidad pública, pero también en la versión privada en países que lo prevén). Las empresas cuyas estructuras corporativas cuentan con personas públicas tienen más probabilidades de verse involucradas en situaciones de soborno y pagos de facilitación.

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Al existir una diligencia eficaz, cierta agilidad y, sobre todo, claridad de propósito, no es necesario que las organizaciones corran el riesgo de abrir las cajas de Pandora.

* Eduardo de Avelar Lamy es socio del bufete de abogados Lamy & Faraco Lamy y presidente del Comité de Cumplimiento de la OAB/SC.

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Eluchans Abogados abre área de cumplimiento y anuncia incorporaciones en Chile 55v54

Tue, 05 Oct 2021 11:38:23 +0000

Eluchans Abogados abre área de cumplimiento y anuncia incorporaciones en Chile

Edmundo Eluchans Aninat lidera la nueva oficina, para ello fue nombrado consultor.

Ingrid Rojas1 Tue, 05/10/2021 - 07:38

El estudio chileno Eluchans Abogados amplió su oferta de servicios al abrir el área de cumplimiento. Según comunicó la firma, esta ha venido cobrando cada vez mayor relevancia.

Edmundo Eluchans Aninat, quien cuenta con casi 20 años de carrera y retornó al despacho después de 10 años, lidera el área, con la posición de consultor (of counsel).

El despacho informó que a través de la nueva práctica brindará asesorías integrales a sus clientes en materias de cumplimiento penal, laboral, corporativo y derecho del consumidor.

“Además de asumir el desafío de impulsar la expansión de estos servicios, Eluchans Aninat contribuirá a reforzar la práctica de la oficina en asuntos relacionados con sociedades anónimas y mercado de valores, esto por su experiencia como abogado interno del Grupo Quiñenco por más de ocho años”, refirió en un comunicado.

Por su parte, el abogado espera contribuir en la generación de nuevos modelos de negocio para atender las necesidades de los clientes en el adecuado cumplimiento de las leyes, regulaciones y normativas, algunas internas, que inciden en su actividad, considerando la interacción con autoridades sectoriales, entidades fiscalizadoras y terceros en general. El tema se ha convertido en un asunto sensible en el mundo corporativo actual.

Refuerza equipo corporativo

Eluchans Abogados también anunció el fortalecimiento de su equipo corporativo con la reincorporación de Cristina Saffie, abogada por la Universidad de Chile (2013), con experiencia en derecho corporativo, inmobiliario y istrativo, y de José Francisco Scarneo, egresado de la Pontificia Universidad Católica de Chile (2013), con diplomados en la Universidad de Los Andes y Boston College, Massachusetts (2014), y especialista en fusiones adquisiciones, inmobiliario e infraestructura.

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Ambos ocupan el cargo de asociados, al igual que María Catalina Correa y Juan Eluchans, quienes acaban de integrarse al despacho. Correa también egresó de la Pontificia Universidad Católica de Chile (2020) y estudió en la Universidad de Maastricht (2018), Países Bajos, un programa de intercambio académico. La abogada se enfoca en family offices.

Eluchans, nieto de Edmundo Eluchans Malherbe, el fundador de la firma, obtuvo su título con honores en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde es ayudante en la cátedra de Derecho Civil. Se especializa en litigios y arbitrajes.

Eluchans Abogados tiene sus orígenes en Estudio Urenda, fundado en 1914 en Valparaíso. Con la incorporación de Carlos y Beltrán, hijos del fundador Carlos Urenda Trigo y de su yerno Eluchans Malherbe, se transformó en Estudio Urenda y Eluchans. Luego de dos divisiones, en 1976 nació Edmundo Eluchans & Cía., que pasó a llamarse Eluchans Abogados. Hoy atiende a clientes en más de 15 áreas de práctica. A finales de 2020 anunció la integración de la firma local Shen y Cía y la promoción a socio de Fernando Lathrop Aubert.

Más de Edmundo Eluchans Aninat

Combina sus labores en el despacho con su trabajo permanente como oficial de cumplimiento legal de Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV), electo por tres años en abril de 2020.

Trabajó en Eluchans Abogados entre 2004 y 2011.

Es abogado por la Universidad de los Andes, con maestrías en Derecho Internacional en American University, Washington College of Law y en istración de Empresas (MBA) en American University, Kogod School of Business.

Se desempeñó como fiscal de CSAV y como abogado de la Fiscalía de Quiñenco.

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