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Claus Von Wobeser 6xi36 La tecnología no podrá sustituir al criterio humano en el arbitraje

Mon, 20 Jan 2025 16:58:04 +0000

Claus Von Wobeser: La tecnología no podrá sustituir al criterio humano en el arbitraje

El fundador de una de las firmas más innovadoras de México advierte sobre los riesgos y oportunidades de la tecnología en la resolución de disputas.

Juan Carlos Morris Mon, 20/01/2025 - 12:58

Con más de 40 años resolviendo las disputas más complejas de empresas Fortune 500 y gobiernos internacionales, Claus Von Wobeser no es solo un testigo privilegiado de la evolución del arbitraje internacional: es uno de sus protagonistas más influyentes. La trayectoria del socio fundador de Von Wobeser y Sierra, S.C. ha dejado una huella indeleble en la región. En esta conversación íntima y reveladora, justo en momentos en los que se estrena como presidente honorario y of counsel, uno de los árbitros más reconocidos de mundo nos guía por un viaje fascinante que va desde los días en que un memorial de 30 páginas se dictaba a una secretaria, hasta la era de ChatGPT y la inteligencia artificial. Su perspectiva, forjada entre la tradición y la innovación, revela una verdad fundamental: en el arbitraje internacional, la tecnología más sofisticada solo alcanza su verdadero potencial cuando se combina con el insustituible criterio humano.

Con su amplia experiencia en arbitraje internacional, ¿a qué conclusiones llega de la evolución tecnológica en este campo durante las últimas décadas? ¿Cuál ha sido el cambio más dramático que la tecnología ha introducido en la práctica arbitral?

La evolución tecnológica ha sido espectacular y ya somos muy pocos los que hemos sido testigos de ella desde el inicio.

Empecé mi carrera en 1982: estaba en París, finalizando mi doctorado. En esos momentos tuve el privilegio de ser el primer miembro latinoamericano de la Corte de Arbitraje de ICC y uno de los más jóvenes de toda su historia. En esa época apenas empezaban a implementarse las máquinas de escribir eléctricas, que iban reemplazando poco a poco a las manuales, las de teclado. No había forma de comunicarse diferente a la del Correo Postal: por supuesto, no existía nada ni remotamente parecido a servicios privados de mensajería, como DHL o UPS. Si participabas en un arbitraje internacional tenías que mandar expedientes de un país a otro y esperar unos días a que llegaran, lo que implicaba que el tema de los plazos fuese algo muy complicado de manejar; normalmente tenían que ser plazos muy extensos. Luego llegó el télex y el fax, pero no recuerdo que se hayan usado activamente en el arbitraje.

Eran épocas en las que prácticamente no existía el arbitraje en Latinoamérica, más allá de unos pocos casos brasileños o mexicanos. Lo que encontrabas eran, más que todo, algunos casos de Europa Continental, por ejemplo, empresas sas en disputas con empresas inglesas. Era algo muy artesanal, un memorial de demanda no tenía más de 30 páginas y el abogado lo preparaba dictándole a una secretaria; los abogados habitualmente no escribían a mano. Las audiencias forzosamente tenían que ser presenciales y las transcripciones de una audiencia eran muy diferentes a como son ahora.

Lo que fue una verdadera revolución en el arbitraje fue el correo electrónico, aunque por muchos años seguimos con la costumbre de mandar memoriales tanto en correo electrónico como en físico. ¡Solo hasta la pandemia de 2020 abandonamos por fin el hábito de mandar la copia física!, una señal de lo conservadora y reacia al cambio que suele ser la profesión jurídica. Recuerdo un caso concreto sobre construcción en donde se mandaban cajas enteras de carpetas, más de cien, hasta que llegó el momento en que los árbitros estábamos rodeados de una muralla entera de documentos. Eso sí, al comienzo los abogados no teníamos un computador en cada escritorio; ¡de hecho, había un correo electrónico para toda la firma! La digitalización de los expedientes arbitrales fue, sin duda, un cambio que trajo un impacto positivo al medio ambiente, por la reducción en el uso de papel, y a la eficiencia de los procedimientos, por la velocidad de los intercambios.

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La virtualidad también fue un cambio muy positivo y reciente. Las videoconferencias existían desde hace varios años, pero no era común usarlas. También aquí la pandemia fue un catalizador forzoso del cambio. Recuerdo que antes de la pandemia, cuando fui presidente del Comité de Arbitraje de la IBA, descubrí que la única hora que nos servía para reunirnos telefónicamente con los 20 del Consejo que estaban desperdigados por el mundo -y no interrumpir el sueño de nadie- era a las 6 de la mañana, hora México; 7 de la mañana, hora Nueva York y 11 pm en Nueva Zelanda. Por fortuna, hoy en día ya hay incluso arbitrajes de baja cuantía que se llevan 100% virtuales.

Por último, la tecnología nos ha llevado a una escritura más extensa: hoy los equipos de abogados son más grandes y cada uno de sus integrantes escribe un capítulo de los memoriales; como árbitro ves cómo va cambiando con frecuencia el estilo de escritura en un expediente. La tecnología también hace mucho más fácil la escritura, la edición y la corrección de estilo. Yo les digo mucho a los abogados de mi firma: ¡hay que escribir más corto! Los árbitros no son computadoras; tienen que leerlo todo. Es mejor presentar un memorial corto para que el árbitro lo lea de principio a fin, que obligar al árbitro a usar ChatGPT para hacer un resumen de tu memorial mucho más largo.

Dicho lo anterior, hay que aclarar algo muy importante: si bien la evolución tecnológica ha tenido un impacto importante en el arbitraje, en su esencia no deja de ser el mismo procedimiento de juicio humano que era cuando empecé en 1982.

Hablemos en concreto de la tecnología más revolucionaria de todas, la Inteligencia Artificial. ¿Cómo está impactando la IA en la preparación de casos complejos de arbitraje internacional? ¿Cuáles son las mayores ventajas y los riesgos específicos que enfrenta el arbitraje en los próximos años a partir de la implementación de la IA?

De los cambios tecnológicos, el de la inteligencia artificial es el más complejo de todos. Tenemos que ser muy estrictos en cómo se utiliza: no es la panacea que se imaginan algunos jóvenes. Saberla usar correctamente es el reto de nuestros tiempos.

La presencia de la IA no es del todo nueva en el arbitraje. De hecho, muchas de las tecnologías que hoy reconocemos como IA, como los programas de traducción legal y gestión documental, han estado presentes en nuestra práctica durante la última década, aunque no las identificábamos explícitamente como sistemas de IA. Creo que hay una transformación positiva en términos de la eficiencia de los procedimientos arbitrales, porque nos permite automatizar tareas que anteriormente consumían importantes recursos de tiempo, como la elaboración de resúmenes de escritos y la clasificación de documentación.

Sin embargo, la IA no debe reemplazar nuestro criterio jurídico en aspectos cruciales como el análisis legal, la valoración probatoria y la toma de decisiones. Me preocupan especialmente los riesgos relacionados con la transparencia, imparcialidad y confidencialidad de estos sistemas, particularmente porque su entrenamiento con datos históricos puede perpetuar sesgos y generar resultados inexactos que podrían comprometer la integridad del proceso arbitral.

Ahora que la IA puede generar escritos legales, analizar precedentes e incluso sugerir estrategias, ¿qué preocupaciones éticas ve en su uso? Por ejemplo, ¿debería un equipo legal revelar qué partes de sus escritos o análisis fueron generados por IA? ¿Cómo garantizamos la autenticidad y confiabilidad de los argumentos cuando intervienen estas herramientas?

Mi principal preocupación respecto al uso de la IA en nuestro campo se centra fundamentalmente en la confidencialidad. Si bien reconozco que la IA puede ser una herramienta sumamente útil, debemos ser extremadamente cautelosos con su implementación cuando se trata de información confidencial.

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La naturaleza misma del arbitraje internacional implica el manejo de información altamente sensible y confidencial, lo que impone limitaciones significativas en el uso de la IA. Esto significa que, aunque estas herramientas puedan tener capacidades avanzadas, no podemos utilizarlas para la redacción de documentos o el análisis de casos sin un proceso estricto de supervisión humana ni para la toma de decisiones, especialmente cuando involucran información confidencial. Esta restricción es fundamental para mantener la integridad y la confianza en el proceso arbitral.

Sin embargo, la tecnología promete hacer el arbitraje más rápido y eficiente: análisis automatizado de documentos, plataformas de gestión de casos, herramientas predictivas... Aun así, el arbitraje internacional sigue siendo fundamentalmente un ejercicio de juicio humano. ¿Qué aspectos del proceso deberían automatizarse y cuáles requieren ineludiblemente el criterio y la experiencia personal del árbitro?

Existen aspectos específicos del proceso arbitral que pueden beneficiarse de la automatización, particularmente aquellas tareas rutinarias como la revisión documental, la gestión probatoria, las traducciones y la elaboración de resúmenes de documentos complejos. Esta automatización no solo resulta costo-efectiva, sino que también libera a los abogados para concentrarse en tareas que requieren mayor complejidad intelectual. Sin embargo, siempre insistiré en lo importante que es que cualquier producto generado por la IA sea posteriormente revisado por un profesional legal capacitado.

Por otro lado, hay aspectos del arbitraje que son absolutamente indelegables a la automatización, como el estudio y análisis de cuestiones fácticas y jurídicas, el desarrollo de estrategias legales y la toma de decisiones en cualquier punto del proceso. Después de 40 años en la práctica arbitral, puedo asegurar que la labor fundamental del árbitro permanece inmutable: la IA nunca podrá sustituir al criterio humano. Si bien puede ser una herramienta de apoyo muy valiosa, la interpretación y el análisis siempre requerirán del razonamiento humano, que es insustituible en nuestra profesión. La IA no reemplazará a los árbitros ni a los abogados de parte.

Hay cosas que solo los humanos podemos hacer. Estoy actualmente en dos arbitrajes importantes del Canal de Panamá, que es, sin duda, la obra más grande de la humanidad; ni la Muralla China tiene la misma envergadura. Y, por un interés personal previo a la disputa, sobrevolé toda la zona de expansión del Canal. Ver físicamente la obra de la que se trata tu caso es una experiencia muy pedagógica que te permite entender mejor de qué se trata realmente tu caso, y es una experiencia de la que ninguna máquina será capaz, al menos por ahora.

Hay que ser muy, pero muy cuidadosos, y mucho me temo que van a surgir problemas serios con la IA. Cuando cumplí 50 años de haber entrado a la Escuela Libre de Derecho tuve que hacer un discurso, y no lograba encontrar el tiempo necesario para escribirlo. Le pedí apoyo a ChatGPT y me dio un excelente borrador en cuestión de segundos. ¡Para una cosa así es una herramienta extraordinaria! Pero en el oficio de los abogados hay instancias en las que no puede haber ni un 1% de riesgo de que se presente un expediente con errores o alucinaciones de la IA.

Desde su perspectiva como fundador de una firma líder en innovación, ¿qué inversiones tecnológicas y formativas son imprescindibles hoy en una firma para mantener la competitividad en arbitraje internacional?

Durante las últimas cuatro décadas he sido testigo de una evolución vertiginosa en materia de tecnología y puedo decirles que, al día de hoy, soy un un promotor cauteloso pero entusiasta de la tecnología en Von Wobeser y Sierra.

Permítanme que les cuente una historia que ilustra mi perspectiva en esta materia. La única vez que me ha dado úlcera en la vida fue a mediados de los 80, cuando trabajaba en una firma, por entonces la más grande de México, que se rehusaba a invertir en tecnología para hacer la facturación. No podía creer que un despacho tan grande no quisiera invertir en procesadoras de palabras para sustituir un proceso que era en extremo artesanal y engorroso. En aquel entonces, por cada abogado había cinco personas istrativas en una firma grande. Hoy tenemos una persona de soporte istrativo por cada diez abogados.

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Lo primero que hice cuando abrí mi propia firma en 1986 fue comprar tres procesadores de palabras. No es que yo haya sido o sea un visionario tecnológico, pero sabía que el uso de la tecnología marca una ventaja comparativa brutal en términos de eficiencia.

Hoy somos de las pocas firmas en la región que tienen un chatbot propio. A finales de 2023, Von Wobeser y Sierra lanzó VonBot(R), un asistente legal impulsado por IA que funciona como asistente legal y que es alimentado con información interna de nuestra firma. Además de invertir en el desarrollo del chatbot, acompañados por una firma de Silicon Valley, hemos realizado inversiones relevantes en nuevos servidores que nos permiten operar esta herramienta internamente y preservar la confidencialidad de la información de nuestros clientes. Son inversiones relevantes, en términos de tiempo y dinero, pero te permiten anticiparte a tus competidores y servir mejor a los clientes.

También hemos implementado herramientas esenciales de apoyo para tareas rutinarias, como programas de traducción legal, procesamiento y revisión de documentos, así como generación de resúmenes, aunque siempre manteniendo la supervisión humana de nuestros abogados. Nuestra estructura incluye un Comité de Innovación y Tecnología dedicado a asegurar que nuestros profesionales cuenten con las herramientas tecnológicas necesarias. Al mismo tiempo, educamos a nuestros abogados más jóvenes para que entiendan que una herramienta de IA generativa facilita el trabajo, pero no sustituye la intervención humana.

En el contexto mexicano, nos enorgullece mantener un nivel tecnológico equiparable al de las firmas internacionales, posiblemente beneficiados por nuestra proximidad geográfica con Estados Unidos. Un ejemplo concreto de nuestra apuesta por la innovación es nuestra participación en el programa piloto de JusAI, de Jus Mundi, una herramienta que ha demostrado ser excepcionalmente útil para nuestro trabajo en arbitraje y que continúa evolucionando constantemente. Esta experiencia confirma nuestra convicción de que la inversión en tecnología y formación es imprescindible para mantenerse a la vanguardia del arbitraje internacional.

¿Considera que las nuevas tecnologías están democratizando el al arbitraje internacional o, por el contrario, están creando nuevas barreras?

La relación entre las nuevas tecnologías y la democratización del arbitraje es compleja y presenta dos caras. Por un lado, reconozco que el objetivo fundamental de estas tecnologías es positivo y, efectivamente, hasta cierto punto están contribuyendo a democratizar el al arbitraje internacional. Sin embargo, me preocupa una realidad emergente: muchas de estas herramientas de IA tienen costos significativos asociados a sus licencias. Esto podría crear una situación problemática donde solo un grupo selecto de despachos con recursos sustanciales pueda permitirse acceder a estas tecnologías avanzadas, generando, paradójicamente, una nueva barrera de entrada al campo del arbitraje internacional.

¿Cree que es necesaria una regulación específica para el uso de tecnologías en el arbitraje internacional? ¿Qué aspectos deberían contemplarse en dichas normativas?

Ya contamos con un marco regulatorio de soft law para el uso de tecnologías en nuestra práctica. La Cámara de Comercio Internacional (ICC) ha realizado una labor excepcional en este sentido, desarrollando diversos Reportes de la Comisión de Arbitraje y ADR centrados en el uso de tecnologías de la información. Esta evolución comenzó en 2004 con el Informe "Issues to be Considered when Using Information Technology in International Arbitration", que fue posteriormente actualizado en 2017, y más recientemente en 2022 con la publicación del "Leveraging Technology for Fair, Effective and Efficient International Arbitration Proceedings".

Un avance significativo en esta materia se dio en abril de este año, cuando el Centro de Arbitramento y Mediación de Silicon Valley (SVAMC) publicó sus directrices específicas para el uso de la IA en el arbitraje internacional, abordando aspectos cruciales como la confidencialidad, el deber de revelación del uso de IA y la importancia de no delegar la toma de decisiones a estos sistemas. No obstante, es fundamental reconocer que estos instrumentos regulatorios deberán someterse a revisiones y modificaciones periódicas para mantenerse alineados con la rápida evolución tecnológica que experimentamos.

Como referencia internacional del arbitraje, ¿qué tan preparado ve al ecosistema legal mexicano para la revolución tecnológica en el arbitraje internacional? ¿Están nuestras instituciones arbitrales a la altura de sus pares globales en adopción tecnológica?

El ecosistema legal mexicano se encuentra bien posicionado para hacer frente a la revolución tecnológica en el arbitraje. Esto se debe principalmente a que los casos de mayor envergadura en México se manejan a través de instituciones internacionales de primer nivel como la Cámara de Comercio Internacional (ICC), la Corte de Arbitraje Internacional de Londres (LCIA), el (Centro Internacional para la Resolución de Disputas (ICDR) y la Corte Permanente de Arbitraje (PCA)

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En cuanto a nuestras instituciones locales como el Centro de Arbitraje de México (CAM) y la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), estas operan principalmente en el ámbito nacional y tienden a seguir las pautas tecnológicas establecidas por las instituciones arbitrales internacionales. Este modelo de adopción les permite mantenerse actualizadas y beneficiarse de las mejores prácticas ya probadas en el contexto internacional.

¿Qué consejos daría a los abogados de la nueva generación? ¿Cómo pueden aprovechar al máximo las nuevas herramientas tecnológicas sin perder de vista las habilidades fundamentales que, en su experiencia, hacen a un árbitro o a un abogado de parte verdaderamente excepcional?

Mi consejo fundamental para las nuevas generaciones que pretenden dedicarse al arbitraje se centra en mantener siempre presente la esencia de nuestra labor. Es crucial recordar que las partes seleccionan a un árbitro por ciertas razones fundamentales: su experiencia, conocimientos especializados, formación académica y dominio de la materia. Estos elementos son insustituibles y constituyen el núcleo de nuestra profesión. Y deben saber que la presión en el arbitraje es tremenda. Es una rama fascinante, pero muy exigente. En todo caso, no cambiaría mi carrera por nada y amo lo que hago.

Y ya lo he dicho: la tecnología y la IA deben verse como herramientas de apoyo que permiten optimizar y agilizar tareas rutinarias, pero nunca como un sustituto del juicio humano. La labor esencial del árbitro permanece inmutable, tal como lo era hace cuatro o cinco décadas cuando no contábamos con la tecnología actual. Los elementos de juicio y persuasión que caracterizan a un árbitro excepcional no pueden ser replicados por las máquinas. La IA puede ser un valioso aliado, pero la interpretación y el análisis siempre requerirán del cerebro humano, manteniendo la esencia de nuestra profesión intacta a pesar de los avances tecnológicos.

Hoy en día no existen sustitutos para el estudio, la dedicación y la integridad que empiezan desde la carrera de Derecho y que deben continuar a lo largo de toda la carrera profesional de un abogado.

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Decreto Nº 1168/2024 6g6g5p ¿Cómo plantea Paraguay desarrollar la industria de las energías renovables?

Fri, 26 Apr 2024 19:30:53 +0000

Decreto Nº 1168/2024: ¿Cómo plantea Paraguay desarrollar la industria de las energías renovables?

Poco después de la aprobación del reglamento de la Ley Energías Renovables, se produce la tercera reforma de la Ley de APP, desde la que podrían articularse proyectos estratégicos.

Gabriela Quevedo Fri, 26/04/2024 - 15:30

Autor del artículo de opinión

Redacción LexLatin

Con la regulación de la Ley de Energías Renovables, mediante el Decreto Nº 1168/2024, Paraguay define su aprovechamiento de energías renovables no convencionales —la normativa excluye la energía hidráulica—, apuntando a la diversificación de la matriz energética nacional.

La iniciativa establece un marco legal que fomenta la inversión en el sector, con incentivos fiscales para importación de tecnología necesaria y beneficios para el desarrollo económico local. Además, se enfoca en la protección ambiental al promover tecnologías limpias y sustentables, y en la creación de empleo.

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Alexander Berkemeyer

La aprobación del reglamento que pone en vigor la Ley 6977/2023 llega en un momento crucial para Paraguay, como señala Alexander Berkemeyer, abogado en Berkemeyer.

El especialista en contratos comerciales y servicios financieros destaca que el país se beneficia por las condiciones climáticas favorables para la generación de energía solar, como las registradas en el Chaco paraguayo, por ejemplo.

Este marco regulatorio establece condiciones propicias para atraer inversores extranjeros y desarrollar proyectos concretos en el sector energético, lo que se ve respaldado por un cambio político que promueve la inversión y la estabilidad jurídica.

"Esta ley busca establecer condiciones para que venga justamente el inversor. Esto no solo crea un mercado para la producción de energía renovable, sino que también impulsa la creación de una nueva industria relacionada con el desarrollo de servicios de ingeniería, consultoría y asesoramiento en proyectos de energías renovables, generando así oportunidades económicas adicionales”, explica Berkemeyer.

Yolanda Pereira

Por su parte, María Yolanda Pereira, socia del área de energías de Berkemeyer, subraya la importancia de esta ley en el contexto de una crisis energética inminente, destacando la necesidad urgente de diversificar las fuentes de energía.

Además, señala que la normativa está consensuada con la empresa estatal ANDE, encargada de la generación y distribución de energía, lo que facilita la adaptación del sector a esta nueva industria.

“La eliminación de la obligación de compra de excedentes por parte de la empresa estatal refleja un ajuste a las preocupaciones técnicas y financieras, asegurando un desarrollo más equilibrado del mercado energético”, asegura.

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En este escenario, Alexander Berkemeyer, también especialista en inversiones, destaca como uno de los principales desafíos en el ámbito energético nacional el déficit de infraestructura.

De acuerdo con el abogado, “a pesar de contar con dos hidroeléctricas, el país se enfrenta a cortes de luz y problemas energéticos debido a la mala distribución y la falta de infraestructura adecuada”. Además, resalta las deficiencias en la gestión de la energía por parte de la ANDE, el ente público encargado de su manejo.

“Esta situación evidencia la necesidad de mejorar la infraestructura de transmisión de energía en el país. La nueva ley de energías renovables busca abordar este problema al fomentar fuentes de energía que requieren menos infraestructura o que estén más próximas a las zonas de abastecimiento, así se podría contribuir a solucionar los desafíos logísticos y de distribución energética”.

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El interés del país hacia industrias que estimulan la captación del capital extranjero e impulsan el desarrollo de bienes de capital —como es el caso de las energías renovables— se remonta a los noventas, con legislaciones que brindan incentivos fiscales vigentes hasta la actualidad.

Este marco se hace preciso en un contexto regulatorio que incluye la tercera reforma de la Ley de PPP o Alianzas Públicas Privadas (APP), y desde la que se podrían articular proyectos estratégicos para concretar la expansión de la industria de energía que tanto desea el país.

A pesar de los desafíos y limitaciones infraestructurales mencionadas, ambos especialistas coinciden en que la aprobación del reglamento de la Ley de Energías Renovables representa un impulso significativo para la economía paraguaya y la expansión de su industria energética.

Yolanda Pereira enfatiza en que este avance “dinamizará la economía regional al permitir el desarrollo de tecnologías más localizadas y accesibles en áreas donde la transmisión de energía es costosa, lo que fomentará el crecimiento del conocimiento técnico y beneficiará a sectores como la agricultura y la ganadería, así como la industria en general”.

Berkemeyer, por su parte, complementa este punto al destacar que “la seguridad jurídica y política que ofrece Paraguay, junto con su estabilidad financiera, hacen del país un destino atractivo para la inversión”.

Asegura el abogado que la Ley de energías renovables es un síntoma del cambio de paradigma y subraya el potencial de abrir un nuevo mercado y capacidades técnicas, así como de promover el crecimiento de empresas locales interesadas en incursionar en el sector de energías renovables.

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Hay expectativas sí, pero al mismo tiempo hay cautela. "La Ley -como cualquier ley nueva- es un marco regulatorio en desarrollo", afirma Alex Berkemeyer, destacando la necesidad de “considerar aspectos como la protección ante riesgos financieros y la capacitación técnica para su implementación efectiva”.

Por el momento, y a la luz de esta aprobación y la reforma de la Ley APP, que incluye la creación del Ministerio de Economía y Finanzas –en reemplazo del Ministerio de Hacienda—, el contrapeso hacia el optimismo es mayor.

"La idea es que a corto plazo haya un aumento de inversión en este tipo de proyectos y generación de empleos verdes", asegura Yolanda Pereira, experta en corporativo y diversas ramas del derecho energético.

Además, resalta el objetivo de “posicionar a Paraguay como líder en autonomía energética y desarrollo sostenible, destacando la importancia de ver cómo estas acciones promovidas por los líderes políticos se traducen en cambios en la región”.

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Del offline al online 1e4c4c los discursos de misoginia y discriminación contra las mujeres en Internet

Mon, 22 Apr 2024 10:45:09 +0000

Del offline al online: los discursos de misoginia y discriminación contra las mujeres en Internet

Las redes sociales reproducen la realidad social, por ende, la discriminación e injusticias estructurales a las que están sujetas las mujeres.

Redacción Lexlatin Mon, 22/04/2024 - 06:45

Autor del artículo de opinión

María Teresa Paillés *

Conforme la tecnología digital y las redes sociales forman cada vez más parte de nuestra vida, es posible notar cómo estos medios reproducen las violencias estructurales, por motivos de género, que imperan en las dinámicas sociales. La violencia contra mujeres y niñas ha escalado rápido en el ciberespacio, generando amenazas en contra de su seguridad e integridad, tanto online como fuera del espacio digital.

La violencia de género a través de la tecnología se define como cualquier acto que ocurre o que se dispersa usando herramientas digitales o tecnológicas que repercuten en mujeres y niñas (por razones de género), ya sea en su salud física, sexual, psicológica, en una participación plena en la dimensión social, política o económica.

ONU Mujeres reporta que cerca del 40 % de las mujeres ha sido víctima de violencia de género en ecosistemas digitales que operan en Internet.

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Las formas más comunes de este tipo de violencia son: difamación, acoso cibernético, expresiones de odio, suplantación de personalidad y/o “astrosurfing” (un esfuerzo colectivo para compartir contenido que genera daño, imágenes y videos de abuso), amenazas violentas, y la distribución de imágenes sexuales sin autorización.

El internet y las redes sociales están llenas de violencia, especialmente contra mujeres y niñas.

En 2014 se llevó a cabo uno de los hackeos más visibles, cuando se filtraron más de 500 fotos de mujeres y niñas en internet y se hicieron virales. Estos ataques cibernéticos implicaron la distribución sin autorización de fotos y videos con contenido sexual, conocido como “venganza pornográfica” (“porno shaming”).

No dejes de leer: Misoginia en línea, los avances en la regulación de algoritmos

Desde esa fecha hasta ahora se reconoce la existencia de crímenes sexuales o de género que ocurren en el espacio digital —en internet, en la nube— o cuya comisión se facilita a través del uso de tecnología. Esto incluye delitos como el acoso, la explotación, la distribución de pornografía infantil y el uso de espacios cibernéticos en contra de las mujeres, donde se les margina y ocurren actos de misoginia.

Según Kara Alaimo, especialista en comunicación y autora de Why Social Media is Toxic for Women and Girls – And How We Can Take It Back, la misoginia extrema estaba segregada en su mayoría en lo que se conoce como la “dark web”, sin embargo, desde hace aproximadamente seis años a la fecha, cada vez vemos más contenido violento en contra de mujeres y niñas en diversas plataformas, sobre todo en redes sociales. Esta situación pone en peligro a las mujeres fuera del ciberespacio, en el ámbito físico, porque enfatiza el eco en discursos de misoginia y discriminación sobre nuestros cuerpos y existencias.

Cada vez es más común que se exhiban y amplifiquen videos con contenido de violencia sexual contra mujeres en redes sociales, lo que lleva a una “normalización” de la violencia, al punto de ser validados por una mirada que encuentra “cómico”, de entretenimiento o espectacularización actos de humillación y odio.

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En otro de sus libros, Over the Influence, Alaimo describe cómo las redes sociales afectan cada vez más las vidas de todos, pero en particular las vidas de las mujeres.

Las redes sociales son un espacio para empoderar a las personas, crear ecosistemas para la generación de os, relaciones laborales e intereses relacionados con la profesión y las carreras. Sin embargo, la autora señala que las redes sociales reflejan la realidad social a la que están sujetas las mujeres y replican las injusticias, las discriminaciones y la inequidad de género.

Por ejemplo, recientemente se ha estudiado cómo los posts de las mujeres, por lo general reciben menos hits que los de los hombres, porque perdura la concepción patriarcal de los hombres como figuras más expertas, destacadas, profesionales; al punto de ser vistos como mejores líderes que las mujeres.

En lugar de que las redes sociales sean un medio para impulsar y afianzar las capacidades ganadas por las mujeres, están operando en una dirección que apunta a su control y dominio.

Para no olvidar: A puño y letra: los desafíos legales para erradicar la violencia contra las mujeres

Como sociedad tenemos que cambiar nuestra manera de actuar. Debemos reconstruirnos para entender que la discriminación, la violencia y el acoso en contra de las mujeres es ilegal y debemos hacer todo lo que está en nuestras manos, en lo individual y como organizaciones, para educarnos, capacitarnos y compartir las herramientas que se necesitan para eliminar los actos que violentan a las mujeres, en cualquier ámbito o espacio, físico o cibernético.

En mi opinión, como sociedad, es hora de evaluar a los buscadores, las plataformas, las redes sociales e invocarlos como entidades con ability, que deberían hacer algo frente a los delitos y actos de violencia que están siendo cometidos, con especial ensañamiento en contra de mujeres.

Existen formas de detener o contener esta cultura de la violencia que sucede en el ciberespacio, en la que el anonimato puede resultar en que no haya responsables de estos actos ni forma de detenerlos.

Te recomendamos leer: ¿Cómo regular las tecnologías y el espacio digital? Anotaciones de Xavier Careaga, de Meta

En este sentido, también debemos identificar si los legisladores a nivel mundial están haciendo algo para evitar que el espacio digital sea un lugar en el que se continúe victimizando a mujeres y niñas y, desde la configuración legal de delitos que se comenten, se sancione a quienes los cometen, hasta hacer del ciberespacio un lugar seguro para todas y todos, sin violar el derecho a la libre expresión de las ideas.

En un mundo globalizado debemos apuntar a una definición consensuada de aquello que conforma “violencia digital por razones de género”, para entonces definir a los responsables y acciones viables.

*María Teresa Paillés es socia de SMPS Legal. Se especializa en inversiones inmobiliarias, fusiones y adquisiciones, operaciones de financiamiento, licitaciones públicas y derecho corporativo general. Es socia fundadora y presidenta de Abogadas MX, una ONG que promueve el desarrollo profesional de mujeres abogadas, y columnista en temas de género en el sector legal para LexLatin.

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Auge del turismo en Costa Rica 3y4l5b ¿Cómo aprovecharlo a través de las industrias hotelera e inmobiliaria?

Thu, 11 Apr 2024 12:40:45 +0000

Auge del turismo en Costa Rica: ¿Cómo aprovecharlo a través de las industrias hotelera e inmobiliaria?

Actualmente, hay 15 proyectos hoteleros con una inversión de USD 540 millones, incluyendo desarrollos de Hilton en Guanacaste y cerca del aeropuerto internacional Juan Santamaría.

Gabriela Quevedo Thu, 11/04/2024 - 08:40

Autor del artículo de opinión

Redacción LexLatin

La Organización Mundial del Turismo (OMT) estima que el turismo en Centroamérica experimentará una recuperación significativa durante el presente año, alcanzando niveles similares o, incluso, superiores a los registrados antes del impacto de la pandemia. En ese sentido, 2023 trajo para la región un incremento en 5 % del flujo de turistas internacionales registrado prepandemia (en 2019). Este panorama está siendo aprovechado por el sector, que ha anunciado la inauguración de nuevos hoteles de lujo y boutique en países como Costa Rica, Panamá y República Dominicana, así como en otras naciones de la región.

¿Qué aspectos incluiría un plan estratégico para las empresas o desarrolladores para un mejor aprovechamiento de este impulso? ¿Qué consideraciones deberían tener para una gestión eficiente de los riesgos legales asociados a la inversión en el sector inmobiliario para el turismo, incluyendo aspectos tributarios, laborales y ambientales?

Conversamos al respecto con el equipo de especialistas en inmobiliario, derecho ambiental, ESG y corporativo de Arias - Costa Rica, los socios Carlos Ubico, Carlos Camacho y Roberto Cordero.

No dejes de leer: Alianzas Público-Privadas en Panamá, la garantía y los procedimientos detrás de la adjudicación de proyectos

El impulso en Costa Rica

El impulso del sector inmobiliario para el turismo en Costa Rica es evidente y prometedor, a decir de Carlos Camacho. Su potencial se plasma en el desarrollo de proyectos inmobiliarios vinculados al turismo.

De acuerdo con el abogado, quien además de liderar la práctica inmobiliario está al frente de las áreas de comercio internacional & IED, asuntos de gobierno y telecomunicaciones en la firma, actualmente hay "15 proyectos hoteleros con una inversión de USD 540 millones", incluyendo desarrollos de Hilton en Guanacaste y cerca del aeropuerto internacional Juan Santamaría.

Carlos Ubico, quien no solo dirige medio ambiente, sino también los departamentos de derecho istrativo y contratación istrativa en Arias - Costa Rica, destaca la importancia de mejorar la infraestructura pública, especialmente a través de las Asociaciones Público-Privadas (APP).

El especialista asegura que "todo este desarrollo implica la necesidad de crear una infraestructura pública apta y eficiente, para que facilite la atracción del turismo, ante lo cual las APP son fundamentales", por lo que recomienda que el marco normativo actual sea revisado para captar más inversión.

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Plan estratégico: claves para aprovechar el impulso

Para articular un plan estratégico que aproveche el impulso del turismo y el desarrollo del sector inmobiliario en Costa Rica, es crucial considerar varios aspectos estratégicos y enfrentar desafíos legales y regulatorios.

Según Roberto Cordero, quien lidera las prácticas de derecho ambiental, salud, seguridad ocupacional y seguridad alimentaria en la firma centroamericana, son dos los frentes claves a tener en cuenta:

La inversión en turismo requiere una debida diligencia exhaustiva para determinar la aptitud de la propiedad y su correspondencia con el zonaje correspondiente.

Es importante, además, considerar aspectos tributarios, como optar por la declaración turística que permita acceder a tratamientos fiscales favorables.

En cuanto a los principales desafíos legales y regulatorios que enfrentan los desarrolladores de proyectos inmobiliarios y de infraestructura turística en Costa Rica, Cordero identifica varios puntos críticos.

Por un lado, existen dificultades para agilizar los procesos de obtención de concesiones de zonas marítimo-terrestres, lo que puede retrasar significativamente el desarrollo de proyectos turísticos. Además, la accesibilidad a servicios públicos como agua y electricidad es indispensable para obtener permisos de construcción, pero en áreas como Guanacaste, la baja disponibilidad de estos recursos ha frenado -e incluso- disminuido el desarrollo e inversión en la zona.

Es así que para aprovechar el impulso del turismo y el desarrollo del sector inmobiliario en Costa Rica, es fundamental abordar estos aspectos estratégicos y superar los desafíos legales y regulatorios identificados, asegurando así un crecimiento sostenible y exitoso en la industria turística y el sector inmobiliario del país.

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Considerando el impacto ambiental de los proyectos inmobiliarios, ¿qué regulaciones deben observarse para garantizar la sostenibilidad y protección del entorno natural?

Carlos Ubico: Dentro del extenso marco regulatorio ambiental de Costa Rica, las zonas costeras enfrentan grandes requerimientos y requisitos, entre los que, para garantizar la sostenibilidad y el entorno natural, están los siguientes:

En primera instancia, la disponibilidad de agua, que no solo es el al recurso hídrico, sino la capacidad del acuífero o acueducto rural o fuentes subterráneas (pozos o nacientes) o superficiales (ríos o quebradas), que tengan la cantidad necesaria para el proyecto sin impactar en forma negativa a los vecinos aguas arriba o aguas abajo. Con ello es necesario tener la solicitud de permiso-concesión, de acuerdo con el Manual de Dotación establecido por la Dirección de Aguas, y con las proyecciones y proporciones de uso, de crecimiento y de manejo responsable en todas las actividades turísticas a desarrollar (habitaciones, cocina, piscinas, etc.)

El permiso o concesión de agua —que se mide en litros por segundo y en un régimen de bombeo específico— debe ser acorde con el desarrollo, para alcanzar la sostenibilidad, por lo que se debe cumplir con los Reglamentos de Calidad de Agua Potable, Reglamentos de Exploración y Concesión de Aguas, Reglamento de Impacto Ambiental, Manual de Dotación de Actividades de la Dirección de Aguas, la Ley de Aguas, la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley Forestal.

El tratamiento de las aguas residuales ordinarias o industriales, para que su vertido a un río o quebrada o al mar sea acorde con los parámetros del Reglamento de Vertido y Reúso; si es por el segundo objetivo, que es reúso (y que es obligatorio en la Península de Papagayo), ese debe ser con parámetros más exigentes, por cuanto la mayoría de las zonas de riego son de recreación —como campos de golf o jardines con senderos para huéspedes—, y deben tener un proceso de desinfección aún más responsable. Aquí están la Ley Orgánica del Ambiental, la Ley de Conservación de Vida Silvestre, y el Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales.

Roberto Cordero: De otro lado, el consumo de energía debe hacerse en una forma proporcional al consumo de la zona, a las capacidades de la infraestructura actual de la comunidad o con un impacto responsable, en el que se promueva el desarrollo de estructuras o puntos de conexión que apoyen el desarrollo comunitario y no generen un impacto negativo adicional. Las normas relacionadas son la Ley Orgánica del Ambiente, La Ley de Uso Racional de la Energía y su Reglamento.

Adicionalmente, la protección y conservación de las zonas costeras, forestales y las fuentes de agua son obligatorias, no solo por el estudio de impacto ambiental, sus medidas de compensación y mitigación, sino que además existen zonas de retiro o protección adicional que obligan al distanciamiento o respeto de estas.

Por ejemplo, 15 a 50 metros de los cuerpos de agua (Ley Forestal), 50 y 150 metros de la línea costera (Ley de Zona Marítimo Terrestre), 100 y 200 metros de radio de las nacientes captadas y las de acueductos rurales-respectivamente (Ley de Aguas), zonas de influencia de manglar-humedales-50 metros (Ley de Aguas y pronunciamiento de la Procuraduría General de la República/PGR).

Además, puede haber o existir o inclusive declararse zonas de amortiguamiento o zonas de uso restringido, en las que se presenten restricciones adicionales.

Imperdible: Migrar la empresa a Guatemala o Costa Rica, ¿cuáles son los beneficios regulatorios para la movilidad laboral?

¿Cómo pueden los desarrolladores extranjeros y locales garantizar el cumplimiento de las regulaciones locales al invertir en proyectos turísticos en Costa Rica?

Carlos Camacho: Para garantizar el cumplimiento de las regulaciones locales al invertir en proyectos turísticos en Costa Rica, tanto los desarrolladores extranjeros como los locales deben tomar varias medidas y consideraciones, entre las que destacan:

Investigación y comprensión de las regulaciones: Antes de comenzar cualquier proyecto, es crucial comprender las regulaciones locales relacionadas con el proyecto a desarrollar. Esto incluye planes reguladores, permisos de construcción, regulaciones ambientales, leyes laborales y cualquier otro requisito específico para el sector turístico.
Asesoramiento legal y consultoría: Contratar a abogados y consultores locales con experiencia en el sector turístico y en las regulaciones locales puede ser invaluable. Estos pueden guiar al desarrollador o inversionista sobre cómo cumplir con las regulaciones locales y realizar los trámites legales que sean necesarios.
Evaluación de impacto ambiental y social: Costa Rica es conocida por su enfoque en la sostenibilidad y la conservación ambiental. Los desarrolladores e inversionistas deben realizar evaluaciones exhaustivas del impacto ambiental y social que generará su proyecto y asegurarse de cumplir con todas las regulaciones ambientales.
Educación y capacitación del personal: Asegurarse de que el personal esté capacitado y consciente de las regulaciones locales es vital para garantizar el cumplimiento. Esto puede incluir capacitación en temas como protección ambiental, salud y seguridad laboral y cumplimiento de regulaciones específicas del sector turístico.

Dentro del marco legal actual, ¿cuáles son las mejores prácticas para maximizar el uso de Asociaciones Público-Privadas (APP) en la construcción de infraestructura turística?

Carlos Camacho: Dentro del marco legal actual, las mejores prácticas para maximizar el uso de las APP en desarrollo de infraestructura turística se sitúan en el desarrollo de una adecuada y equilibrada distribución de riesgos, un modelo que financieramente sea respaldado por el sector bancario y el involucramiento social de las comunidades en el proyecto.

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¿Qué reformas o ajustes legislativos serán necesarios para fomentar una mayor participación privada en la construcción de infraestructura, como acueductos y alcantarillados, bajo el modelo de APP en Costa Rica?

Carlos Ubico: El ajuste legislativo más importante para fomentar una mayor participación es la una distribución de riesgos más equilibrada. Esto se debe a que, en la normativa actual, la mayoría de los riesgos recaen sobre la parte privada de la asociación, lo que desincentiva el desarrollo de APP.

Por otro lado, se necesita reformar el marco legislativo actual para que estos proyectos sean más ‘banqueables’, y existan más oportunidades de financiamiento para estos proyectos.

¿Cuáles son las consideraciones legales clave para los compradores extranjeros que buscan adquirir propiedades inmobiliarias en Costa Rica, especialmente en zonas turísticas?

Roberto Cordero: Consideramos que las principales consideraciones legales para los compradores extranjeros interesados en adquirir propiedades en zonas turísticas son las siguientes:

Regulaciones y requisitos para la obtención de concesiones en Zona Marítimo Terrestre: Esto incluye entender las estructuras y a quiénes pueden aplicar y obtener este tipo de concesiones.
Permisos de construcción: Requisitos generales y específicos para obtener los permisos de construcción. Estos son fundamentales para el desarrollo de cualquier proyecto inmobiliario.
Atención a los planes reguladores y lineamientos de construcción: Es de vital importancia diseñar proyectos que vayan de acuerdo con el plan regulador que emita el gobierno local (municipalidad) de cada cantón. Adicional a este plan regulador, emitirán lineamientos de construcción que deberán ser respetados en cualquier desarrollo o proyecto.
Accesibilidad a recursos públicos: En Costa Rica es indispensable contar con a electricidad y agua para obtener permisos de construcción. En el caso del agua, cuando la empresa local encargada de proveer estos servicios no tenga disponibilidad de agua en el área, el interesado podrá verificar la posibilidad y viabilidad de contar con un pozo dentro del desarrollo para abastecer de agua el proyecto. La autorización para la construcción y utilización del pozo se otorgará mediante una concesión, que será dada por la Dirección de Aguas o la Asociación a de Acueductos y Alcantarillados (Asada) de la zona donde se pretende desarrollar el proyecto.
Viabilidad Ambiental del Proyecto: Todo proyecto o desarrollo previo a su puesta en marcha e inicio deberá contar con el visto bueno y viabilidad ambiental, que deberá ser emitida por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.

Mantente al día en el análisis: El segundo mandato de Bukele a través de los números

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Reglamento de la Ley N° 31014 1o5a1l Nuevas autorizaciones y lista de productos permitidos en el mercado de la belleza

Thu, 04 Apr 2024 10:49:36 +0000

Reglamento de la Ley N° 31014: Nuevas autorizaciones y lista de productos permitidos en el mercado de la belleza

Se busca reglamentar la Ley N° 31014 sobre el uso de sustancias en tratamientos corporales con fines estéticos y la definición de dicho procedimiento como acto médico.

Redacción Lexlatin Thu, 04/04/2024 - 06:49

Autor del artículo de opinión

Brenda Sarrín Camas *

El sector de la belleza viene demostrando su habilidad para adaptarse a los requerimientos que la sociedad exige en su constante búsqueda de mejorar la apariencia humana.

Este sector se encuentra explotando el desarrollo de la industria farmacéutica para ofrecer soluciones que pueden entenderse como intervenciones menores, poco dolorosas y más económicas frente a las prácticas quirúrgicas que, por mucho tiempo, han sido las protagonistas de este mercado. Una propuesta que resulta interesante considerando la demanda social permanente.

Sin embargo, durante los últimos años, a través de información que ha sido difundida en televisión nacional y redes sociales, se han expuesto diversas denuncias de mala praxis médica en procedimientos corporales con fines estéticos. Actualmente, es sorprendente la magnitud de las alternativas no autorizadas que buscan satisfacer una demanda en alza de intervenciones estéticas no quirúrgicas.

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Esta contingente situación es la que motiva la necesidad de aprobar un reglamento que permita ejecutar el alcance de la Ley N° 31014, vigente desde el 2020, que regula el uso de sustancias modelantes en tratamientos corporales con fines estéticos y define dicho procedimiento como acto médico. Así, el proyecto del reglamento de este marco regulatorio ha sido publicado recientemente para su revisión y presentación sugerencias.

Si bien se trata de un proyecto normativo breve que básicamente ratifica las prohibiciones y usos autorizados contemplados en la Ley N° 31014, vale la pena resaltar que se trata de una norma transversal en cada aspecto vinculado en el tratamiento corporal practicado.

Este proyecto de norma tiene como fin proteger la vida y la integridad física y psicológica de la ciudadanía y se extiende desde la definición del acto en sí mismo, hasta las condiciones aplicables a:

Los productos utilizados.
Los establecimientos de salud involucrados.
Los profesionales autorizados.

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Precisamente, la norma parte del concepto básico de sustancias modelantes, incluyendo a los rellenos inyectables o biopolímeros, polímeros y afines, utilizados con fines estéticos. Este, dispone la aprobación y actualización de un listado de sustancias permitidas. Asimismo, prohíbe de manera expresa el uso de sustancia modelantes cuya condición sea de permanencia, no biodegradables ni absorbibles.

Las prohibiciones contempladas también alcanzan a otras condiciones de orden regulatorio como la necesidad de que el producto cuente como un registro sanitario de dispositivo médico y que, únicamente, se utilice para los fines autorizados por este registro.

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Por su parte, con el fin de alcanzar cualquier acto que vincule a estos productos con intervenciones en el cuerpo humano y determinar la responsabilidad del profesional de la salud, se ha detallado de manera extensa la definición del acto médico como diversos sistemas de aplicación de sustancias modelantes (infiltración, inyección, colocación, entre otros) en la anatomía con fines estéticos o plásticos (corregir o aumentar zonas corporales, etc.).

De acuerdo a lo indicado, los límites del acto médico permiten identificar no solo al profesional responsable del tratamiento —especialmente en situaciones de uso inadecuado o mala praxis— sino también, el establecimiento de salud en el que este se desarrolla.

Por tanto, la norma detalla ciertas condiciones señaladas en la Ley N° 31014 precisando que la intervención estética que califique como acto médico debe ser practicada por:

Un médico cirujano especialista en cirugía plástica o dermatología colegiado y con registro de especialidad.
En las instalaciones de un establecimiento de salud autorizado, esto es, que cuente con registro en RENIPRESS, categorización, médico responsable y cartera de servicios aprobada.

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Aun cuando el proyecto de norma cuenta con los requisitos mínimos indispensable para ser exigible y contiene un artículo que menciona la supletoriedad de los decretos supremos N° 016-2011-SA y N° 014-2011-SA, podría haberse considerado un apartado especial para tipificar infracciones específicas relacionadas a estas prohibiciones y otro sobre reglas aplicables a la publicidad de servicios vinculados a sustancias modelantes.

Este último punto resulta esencial ya que, a diferencia de otros productos farmacéuticos o dispositivos médicos, la mayoría de las sustancias modelantes son promocionadas como parte de servicios de belleza en redes sociales que, como sabemos, cuentan con alcances incalculables. Si bien el proyecto de norma contempla acciones de prevención e información que le corresponden al Ministerio de Salud, es importante asignar responsabilidades especiales a quienes ofrecen dichos servicios.

Cabe señalar que el comentario referido a la tipificación de infracciones no apunta a endurecer la reglas, sino más bien a dar cumplimiento del principio de tipicidad que debe ser observado en los procedimientos istrativos sancionadores. Ello con el fin de evitar la vulneración de los derechos de los establecimientos de salud, los profesionales involucrados y los mismos pacientes.

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Finalmente, una vez que la versión final del reglamento sea aprobada quedará pendiente la aprobación de la Guía Técnica para la atención de pacientes que desarrollen reacciones adversas a la aplicación de rellenos inyectables en los tratamientos mencionados (alogenosis iatrogénica).

*Brenda Sarrín Camas es asociada de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados. Se especializa en Derecho Farmacéutico, Derecho istrativo, Contratación Pública y Gestión de Proyectos en Infraestructura. Es integrante del equipo especialista en ejecución de proyectos bajo el mecanismo de Obras por Impuestos.

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Cambio climático y combustibles lws Chile adopta nuevos estándares de control de emisiones de maquinarias móviles

Fri, 22 Mar 2024 13:00:57 +0000

Cambio climático y combustibles: Chile adopta nuevos estándares de control de emisiones de maquinarias móviles

Además de las maquinarias móviles, a partir del 21 de octubre de 2024, esta restricción se extenderá también a los tractores.

Gabriela Quevedo Fri, 22/03/2024 - 09:00

Autor del artículo de opinión

Redacción LexLatin

La entrada en vigencia de la Ley de Emisiones de Gases para maquinarias móviles en Chile ha generado un impacto significativo en el mercado, marcando un cambio en la importación y uso de este tipo de equipos.

Manuel José Barros

Manuel José Barros, socio de Carey y uno de los a cargo del grupo de medio ambiente, precisa que si bien esta nueva normativa, reflejada en el Decreto Supremo N° 39 de 2020 del Ministerio del Medio Ambiente, entró en vigor para la maquinaria móvil importada desde el 21 de octubre de 2023, a partir del 21 de octubre de 2024, esta restricción se extenderá también a los tractores.

Barros destaca que el principal efecto observado en el mercado radica en la reducción del espectro de maquinarias móviles que pueden ser importadas a Chile.

Desde octubre a la fecha, “aquellas que cumplan con los límites de emisión establecidos por la normativa pueden ser importadas, especialmente las que poseen una potencia neta instalada igual o superior a 19 kW e inferior o igual a 560 kW”, asegura.

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Julio Recordon

Por su parte, Julio Recordon, socio de Carey, abogado también miembro del grupo de medio ambiente de la firma, destaca los estándares que ahora deben cumplir las importaciones de maquinarias móviles en Chile, según la nueva ley.

“La norma establece límites máximos de emisión provenientes del sistema de escape en gramos por kilowatt hora (g/kWh) y en gramos por caballos de fuerza al freno hora (g/bhp-h), equivalentes a las fases IV o V de la normativa de la Unión Europea”, detalla.

En lo referente a los principales contaminantes generados por las maquinarias móviles que utilizan diésel como combustible, estos son óxidos de nitrógeno y material particulado fino, ambos perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente, por lo que “la nueva normativa apunta a reducir estos compuestos contaminantes”, detalla Recordon.

En cuanto a las proyecciones de reducción de emisiones para el año 2030, se espera una disminución del 50 % en las emisiones de material particulado y óxidos de nitrógeno, según estimaciones del Ministerio del Medio Ambiente, si se cumplen las medidas establecidas por la ley. La implementación efectiva de estas medidas representa podría resultar en avance significativo hacia la protección del medio ambiente y la salud pública en Chile.

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¿Qué relación existe entre la decisión regulatoria, los avances tecnológicos y los esfuerzos de la industria en la lucha contra el cambio climático?

Julio Recordon: Esta nueva regulación busca incorporar la mejor tecnología disponible para reducir las emisiones de los contaminantes regulados (la maquinaria), como normalmente sucede con las distintas normas de emisiones para la regulación de contaminantes.

Se trata de una relación compleja: se deben compatibilizar los objetivos del regulador, las capacidades de los regulados de dar cumplimiento a los nuevos requerimientos y la gestión ambiental.

Las mejores tecnologías disponibles no siempre están inmediatamente al alcance de los regulados, por lo que esta norma considera cierta gradualidad, de modo de que los regulados puedan adaptarse o desarrollar nuevas tecnologías que le permitan cumplir estos estándares más exigentes.

¿Cómo se relaciona la nueva normativa con los compromisos internacionales de Chile en la reducción de carbono negro?

Manuel José Barros: En 2020, Chile se comprometió con la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático una Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), que contempla un objetivo de reducción de emisiones de carbono negro, considerado un contaminante climático de vida corta, de al menos un 25 %, al año 2030, respecto del año 2016.

En ese marco, precisamente, se reconoce como una de las medidas para la consecución de dicho objetivo, la nueva normativa sobre emisiones de maquinaria fuera de ruta, entre otras.

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¿Cuáles son las principales acciones que ha tomado la industria frente a las nuevas regulaciones para priorizar el uso de maquinaria pesada más amigable con el medio ambiente?

Julio Recordon: La industria ha debido hacer un esfuerzo importante para adaptarse a las regulaciones hoy vigentes para maquinarias nuevas. A pesar de haber existido un período de dos años entre la publicación de la norma (en 2021) y su entrada en vigencia (en octubre de 2023), no es un tiempo demasiado holgado considerando que para muchas empresas esto ha implicado adaptar maquinaria, contratos con proveedores y ajustar costos que varían a partir de las nuevas exigencias.

¿Cuál es el papel de los proveedores de equipos pesados en el contexto de las nuevas regulaciones?

Manuel José Barros: Los proveedores de maquinaria juegan un rol importante, considerando que las nuevas exigencias aplican directamente a la maquinaria importada a Chile y que luego es distribuida por estos proveedores al consumidor final.

De manera que son estos proveedores quienes en la mayoría de los casos deberán declarar el cumplimiento de los límites de emisión de la maquinaria en la plataforma SISAT de la Superintendencia del Medio Ambiente y presentar el respectivo certificado ante el Servicio Nacional de Aduanas.

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¿Cuáles son las características principales de la tecnología Tier 4 Final para la reducción de emisiones?

Julio Recordon: Las normas Tier 4 Final se refieren a un estándar aplicado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos, y que se traduce en una tecnología que, fundamentalmente, permite tratar los gases de escape de un motor, reduciendo de manera considerable la emisión de compuestos atmosféricos como el monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno, en la línea de las nuevas exigencias establecidas para maquinaria móvil fuera de ruta.

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Traslado de ONP a AFP 4u6f4t los efectos del Bono de Reconocimiento y el alcance de la Ley 31729

Wed, 21 Feb 2024 11:26:24 +0000

Traslado de ONP a AFP: los efectos del Bono de Reconocimiento y el alcance de la Ley 31729

¿Las nuevas disposiciones sobre el BdR cumplirán el objetivo de mejorar la cobertura previsional de aquellos afiliados que decidan trasladarse del SNP al SPP?

Gabriela Quevedo Wed, 21/02/2024 - 07:26

Autor del artículo de opinión

Shirley Quino *

Las normas del sistema previsional peruano permiten que los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) —gestionado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP)— migren al Sistema Privado de Pensiones (SPP) —a través de las as de Fondos de Pensiones (AFP)—. Sin embargo, debido a que el SNP está basado en un sistema de reparto, los aportes ya realizados no solo no pueden ser individualizados, sino que no se pueden trasladar en su integridad a la AFP de elección del afiliado.

Para cubrir las consecuencias derivadas de dichos traspasos se estableció el otorgamiento de tres Bonos de Reconocimiento (BdR), cuyo goce ha estado sujeto a las disposiciones emitidas por el MEF (BdR 1992, 1996 y 2001) hasta el 27 de abril de 2023.

El último BdR emitido consistió en una suma de dinero que se otorgó a los afiliados y exaportantes del SNP, siempre que contaran con un mínimo de 48 meses de aportes contabilizados al 1 de enero de 2002. Este BdR buscó que los trabajadores que se afiliaron al SNP cuando solo existía este esquema de reparto tuvieran la oportunidad de trasladarse al SPP durante los primeros años de coexistencia del SNP y del SPP.

En ese sentido, el otorgamiento del BdR nació con vocación de temporalidad, para reconocer los aportes de los afiliados al SNP que migraran al SPP en un contexto específico, para que puedan seguir acumulando un fondo de cara a cubrir las contingencias derivadas de la vejez.

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Sin embargo, con la entrada en vigencia de la Ley 31729, a fines de abril de 2023, los aportantes que se trasladaron del SNP al SPP desde el 2002 tendrán derecho al BdR, encontrándose la Oficina de Normalización Previsional (ONP) obligada a emitir de manera semestral el listado de aportantes que tiene derecho al BdR.

El Ejecutivo tiene hasta el mes de abril de 2024 para iniciar la entrega de los bonos a los afiliados que les corresponda. Sin embargo, ha presentado una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31729 comentada, pues la Ley 31729 debilitará al SNP debido al alto costo presupuestal que implica, poniendo en riesgo el incremento de las pensiones.

Ahora bien, toda disposición que busque ampliar la cobertura previsional sobre la base del reconocimiento de aportes al SNP a los afiliados que se incorporaron posteriormente al SPP es favorable en tanto beneficia a los objetivos de tener un sistema previsional que permita de mayor manera hacer frente a los riesgos de la vejez, invalidez y fallecimiento.

No obstante, el contexto normativo en el que se dispuso inicialmente el otorgamiento de los BdR es muy distinto del que tenemos hoy en día. En efecto, actualmente el traspaso de un afiliado del SNP al SPP, más el consecuente otorgamiento de un BdR, no necesariamente se materializará en una mayor recaudación para la vejez de los afiliados que se traspasen ni al aseguramiento de su pensión futura, especialmente si consideramos que en el SPP existe la posibilidad de retiros parciales de la cuenta individual de capitalización (CIC) y el retiro del 95,5 % de la CIC bajo determinados supuestos.

Incluso hoy en día existen diferentes proyectos de ley en el Congreso que buscan autorizar un séptimo retiro extraordinario del fondo pensionario de los afiliados al SPP, lo que afectará a futuro incluso a los propios afiliados.

Para los aportantes al SNP que busquen trasladarse al SPP para obtener efectivamente una pensión, en el futuro deberán informarse adecuadamente antes de tomar una decisión, pues en estos casos el traspaso al SPP de afiliados que puedan estar próximos a jubilarse podría ocasionar que se vea afectada la pensión por recibir en el SPP. Esto es así debido al poco tiempo de aporte que realizarían, así como las dificultades legales y operativas que puede ocasionar que el BdR recibido no cubra las expectativas de los afiliados traspasados.

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Los desafíos del modelo de la SNP

Si bien se está a la espera de la emisión del Reglamento de la Ley 31729, hay algo que se puede esperar, pues el SNP se caracteriza por las dificultades operativas que tiene, con las que un afiliado próximo a jubilarse se puede encontrar al momento de solicitar su pensión de jubilación, dificultades que persistirán cuando la ONP tenga que emitir los BdR respectivos.

Partamos de la premisa de que en el SNP ningún aportante cuenta con un fondo individualizado y que la identificación de aportes realizados cuando los afiliados solicitan una pensión en el SNP tiene como única finalidad facilitar el cálculo de la pensión, sin que ello implique que la pensión otorgada esté relacionada directamente al monto efectivamente aportado. Recordemos, además, que en el SNP se otorga una pensión con la sola condición de acreditar el vínculo laboral, sin que se exija que el aporte haya sido efectivamente pagado.

Desde un punto de vista práctico, esto afecta evidentemente la disposición de pago del nuevo BdR, más aún si no se puede confirmar el pago real de los aportes. A ello se agrega que no existe realmente una base de datos en el SNP que sea plenamente confiable y que contenga información certera sobre los aportes históricos de todos los afiliados, de ahí que, incluso, son los mismos aportantes quienes tienen que demostrar su tiempo de aportes para poder obtener una pensión.

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Entonces, si trasladamos dichas dificultades al escenario de pago semestral del BdR dispuesto por la Ley 31729, luego de realizados los traspasos, no cabe duda de que se generarán situaciones en las que:

El BdR otorgado no se acerque siquiera al monto que podría haber estimado el afiliado que se traspasó al SPP.
Que el afiliado pueda no contar con documentación para acreditar la totalidad de sus aportes previos al SNP y que el BdR no se acerque a lo que hubiera correspondido.
Que, por ende, el afiliado vea afectada su pensión en el SPP, precisamente por el menor BdR recibido.

Además, cabe cuestionarse si las nuevas disposiciones sobre el BdR cumplirán el objetivo de mejorar la cobertura previsional de aquellos afiliados que decidan trasladarse del SNP al SPP.

Recordemos que las distintas normas que han venido habilitando el retiro de los fondos de las CIC han desviado el objetivo principal del SPP —que es obtener una pensión de jubilación que cubra la vejez sobre la base de un sistema de capitalización individual— y ello puede terminar resultando en un incentivo perverso, en virtud del cual los afiliados del SNP realicen su traspaso al SPP, buscando liquidez a través el retiro de fondos y que esto sea solventado por el Estado, a través de los BdR, afectándose así el derecho a una pensión futura de dichos afiliados.

Otro aspecto importante del nuevo BdR es que el SNP viene arrastrando un problema estructural, vinculado a su propia sostenibilidad, lo que no es nada nuevo.

Para efectos ilustrativos, revisemos que a diciembre 2022 se registraron 1.441.674 afiliados que aportaron al SNP. Esto no solo evidencia una caída en comparación al año 2019, cuando se registraron 1.654.962 afiliados con aportes, sino que ello implicó una recaudación neta de S/ 3 millones 907.000 (lo que asciende a USD 1’030.002,41), mientras que el costo de la planilla fue considerablemente superior, ascendiendo a S/ 5 millones 794.000 (equivale a USD 1’527.472,22).

Es evidente que los aportes recaudados no logran cubrir la planilla de pago de pensiones, lo que ocasiona que sea el Tesoro Público el que termine cubriendo el déficit. De ahí que uno de los principales argumentos del Ejecutivo para observar la iniciativa legislativa en la demanda de inconstitucionalidad se enfoca en la estabilidad presupuestaria del sistema.

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La demanda de inconstitucionalidad

Habiéndose presentado la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31729 por parte del Ejecutivo, corresponderá al Tribunal Constitucional realizar el análisis respectivo sobre la base de (i) la intangibilidad de los fondos y las reservas de la seguridad social, (ii) la istración de la hacienda pública como competencia del Ejecutivo y la prohibición de iniciativa de gasto público que alcanza al Legislativo; y (iii) el principio de equilibrio y estabilidad presupuestaria.

Finalmente, sería importante que las reformas al sistema previsional puedan ser abordadas sobre la base de una evaluación técnica que realicen conjuntamente el Ejecutivo, el Legislativo, así como las entidades constitucionales con competencia para tratar temas pensionarios.

Dicha reforma debe estar enfocada en lograr un sistema previsional integrado —no altamente fragmentado, como lo tenemos hoy en día— y flexible, que se adecúe a las modalidades de trabajo que existen en Perú, abarcando a quienes laboran en la informalidad. Además, debe ser sostenible financieramente en el tiempo y debe priorizar el objetivo de ampliación de la cobertura, garantizando una pensión mínima a todos los afiliados. Es decir, generar un piso de protección sobre el que cada afiliado pueda acumular recursos previsionales.

*Shirley Quino es asociada principal de Payet Rey Cauvi Pérez, especialista en derecho laboral y de la seguridad social.

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La próxima frontera legal 532l37 Apuntes para la regulación del machine learning en Latinoamérica

Mon, 29 Jan 2024 18:02:18 +0000

La próxima frontera legal: Apuntes para la regulación del machine learning en Latinoamérica

La creciente presencia de IA en la sociedad moderna plantea un dilema fundamental para los abogados de Latinoamérica: ¿es realmente conveniente regular la IA? y en su caso ¿cómo hacerlo?

Cecilia Diaz Mon, 29/01/2024 - 14:02

Autor del artículo de opinión

Xavier Careaga

El dilema: ¿Regular o no regular la IA?

Antes de entrar de lleno en el tema, recordemos que el dilema no trata sobre todo tipo de inteligencia artificial (IA), sino principalmente sobre los modelos de lenguaje profundo o large language model (LLM), como el famoso ChatGPT o Bard, Stable Difussion, DALL-E, Midjourney, Gemini, CoPilot, Azure, MetaAI y Llama2, entre otros.

La IA del tipo LLM ha demostrado su capacidad para realizar tareas complejas, desde generar texto hasta asistir a los s en la toma de decisiones. Sin embargo, esta sofisticación plantea preocupaciones éticas y legales que no pueden pasarse por alto.

En cuanto al input, surgen preocupaciones sobre la propiedad intelectual, los datos personales, secretos industriales y la confidencialidad, entre otros aspectos. Respecto al output, puede dar lugar a abusos, sesgos y riesgos no deseados, incluyendo la discriminación. Asimismo, puede ser utilizada por criminales y grupos organizados para llevar a cabo actividades ilícitas, incluyendo ciberdelitos de toda clase.

Por otro lado, una regulación excesiva podría frenar la innovación y obstaculizar el desarrollo e implementación de tecnologías beneficiosas. Lo último que deseamos es sofocar, en su etapa inicial, una tecnología tan prometedora.

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A pesar de todos los riesgos y problemas que tiene, existe un consenso general en que sus beneficios superan los riesgos. Pero surge la pregunta: ¿cómo mitigar sus efectos negativos mediante una regulación efectiva?

Un primer punto de partida suele ser la guía generada por la UNESCO. Otros gobiernos, como el de Estados Unidos, han emitido lineamientos. Se espera que la Unión Europea emita una regulación pronto. Muchas otras naciones ya están en alguna etapa del proceso, ya sea implementando regulación blanda, rígida o híbrida, cada una con diferentes ángulos y objetivos.

En general, las normativas vigentes se han enfocado en regular los efectos más nocivos y adversos, ya que los aspectos claramente beneficiosos o perjudiciales están empezando a distinguirse. Sin embargo, el amplio espectro de áreas grises requiere un mayor entendimiento, diálogos y análisis. La inteligencia artificial es una tecnología que necesita un cuidado meticuloso en su regulación, además de una actualización constante, ya que todavía está en sus primeras etapas y queda mucho por descubrir sobre todas sus implicaciones.

En México, la Alianza Nacional de IA (ANIA) es un ejemplo de parlamento abierto que busca escuchar e implementar las mejores prácticas globales.

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Desafíos de Latinoamérica: el enforcement de IA offshore

La situación en Latinoamérica presenta desafíos adicionales que van más allá del dilema general de regular la IA. Se espera que al menos el 90 % de toda la IA se desarrolle en Estados Unidos y China, lo que podría generar una dependencia de servicios de IA offshore. Esta realidad plantea interrogantes sobre la capacidad de los países latinoamericanos para regularla efectivamente, especialmente en lo que respecta al cumplimiento de dichas regulaciones.

En general, establecer responsabilidades para los LLM es complejo, ya que estamos hablando de modelos que utilizan aprendizaje automático (machine learning) y, en particular, aprendizaje profundo (deep learning). Esto significa que el proceso es una 'caja negra': no comprendemos lo que sucede en su interior; solo conocemos input, output y el hecho de que funciona. Sin embargo, no entendemos completamente por qué o cómo funciona. Contamos con algunas aproximaciones que resultan insuficientes para los regímenes legales actuales.

Ahora, en un escenario en el que la IA genere efectos jurídicos adversos, afectando los derechos de alguna persona, aunque no necesariamente constituya un delito, lo primero que se haría sería llevar a cabo una investigación y lo lógico sería solicitar información al proveedor del servicio por vía judicial.

Este tema es mucho más complejo de lo que se piensa, ya que en ausencia de tratados de cooperación internacional, como los Acuerdos de Asistencia Legal Mutua (MLAT, por sus siglas en inglés), que generalmente solo aplican en casos criminales, la única opción disponible suelen ser las cartas rogatorias. Sin embargo, estas no son idóneas para el ecosistema digital y suelen tomar mucho tiempo.

Si esto sucede al intentar obtener información, ¿cuán complicado sería imponer y hacer efectivas las sanciones? Al tratarse de 'cajas negras', a veces, incluso solicitando la información, no es tecnológicamente posible obtenerla. Son desafíos cuya magnitud aún no logramos comprender totalmente y las opciones son limitadas. Es necesario encontrar formas de hacer cumplir la ley en estos contextos.

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Importancia de una regulación contextualizada

La implementación de regulaciones específicas para los LLM en Latinoamérica es esencial. La naturaleza autónoma de estos modelos, como ChatGPT, implica que las reglas deben ser adaptadas para abordar su capacidad de generar contenido textual de manera autónoma, conocida como 'la caja negra', y sus efectos y consecuencias jurídicas

Más que enfocarnos en su desarrollo, que es poco probable que ocurra significativamente en la región, debemos prestar especial atención a su implementación local, incluyendo los servicios de última milla, así como el uso que hacen los consumidores locales. Además, la regulación debe ser suficientemente flexible para adaptarse a futuros avances tecnológicos.

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Estrategias para una regulación efectiva

Se podrá desarrollar más adelante, pero algunos temas relevantes a considerar son:

Se requieren alianzas de coordinación y colaboración entre países latinoamericanos para compartir buenas prácticas, enfoques e información.
Colaboración regional: es crucial fomentar la colaboración entre las autoridades de distintos países latinoamericanos para facilitar la aplicación efectiva de las regulaciones, particularmente en relación con Estados Unidos y la Unión Europea.
Aunque presenta su nivel de complejidad, son necesarios estándares globales de transparencia y responsabilidad para LLM. Estamos ante una tecnología transfronteriza que, incluso más que Internet, enfrenta desafíos de efectividad en leyes de jurisdicción estricta.
La regulación y los estándares deben exigir a los desarrolladores que transparenten ciertos aspectos mínimos sobre su arquitectura y entrenamiento. Esto debe hacerse sin infringir los secretos industriales, la información confidencial o los datos personales, pero siendo suficiente para certificar que cumplen con un estándar mínimo.
Es necesario implementar programas de educación y formación jurídica especializada para abogados centrados en los efectos legales específicos de la IA, especialmente en los LLM.

En conclusión, la regulación de la IA, especialmente de los LLM, es un imperativo ético y legal en Latinoamérica, con sus desafíos particulares. La participación activa en foros internacionales y la adopción de estándares comunes son pasos cruciales para superar estos retos y permitir el desarrollo sostenible de la inteligencia artificial en la región.

*Xavier Careaga es abogado especialista en tecnología, redes sociales y mercados digitales. También es consejero del área de tecnología, medios y telecomunicaciones de Galicia Abogados, en México.

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Decreto Supremo No. 028 a2wh 2023-EM reduce plazos en la tramitación de permisos de exploración minera

Thu, 21 Dec 2023 20:00:00 +0000

Decreto Supremo No. 028-2023-EM reduce plazos en la tramitación de permisos de exploración minera

Pese a concentrarse en aspectos hidráulicos, las modificaciones importan medidas favorables para los titulares de proyectos mineros.

Ingrid Rojas Thu, 21/12/2023 - 16:00

Autor del artículo de opinión

Liliana Pautrat*

La exploración minera, actividad de cuyo éxito dependen las actividades de explotación y procesamiento, resulta muchas veces la más postergada, pues implica el inicio del relacionamiento con la población, el inicio del conocimiento del área, el desarrollo de esfuerzos para socializar el proyecto con las autoridades, entre otras actividades clave. Aún así, las demoras en los trámites y los pocos incentivos que recibe con frecuencia desalientan a las empresas para continuar su desarrollo.

Los empresarios advierten que antes de acercarse al campo deben acompañar su título de concesión minera con permisos previos que el Estado otorga —lentamente— pero sin dejar de exigirle las obligaciones pecuniarias a su cargo.

En este contexto, las recientes modificaciones al reglamento ambiental para las actividades de exploración minera, aprobado por Decreto Supremo No. 042-2017-EM, producida mediante el Decreto Supremo No. 028-2023-EM, pese a concentrarse en aspectos hidráulicos, importan medidas favorables para los titulares de este tipo de proyectos.

Las nuevas disposiciones permitirán reducir los plazos en la tramitación de los permisos requeridos de manera previa al desarrollo de las actividades de exploración minera.

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Los cambios

Lo legalmente establecido era que un titular minero primero obtuviera la certificación ambiental y, luego, los títulos habilitantes en materia de recursos hídricos, ocupando varios meses adicionales en la obtención de la autorización para el inicio de actividades.

Las modificaciones planteadas, al consolidar en una misma oportunidad el trámite de la evaluación del instrumento de gestión ambiental, con títulos habilitantes en materia de recursos hídricos, hace más ágil el proceso y articula el trabajo de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros y la Autoridad Nacional del Agua.

Así, la aprobación del instrumento de gestión ambiental (o sus modificaciones), contando con la previa opinión favorable de la Autoridad Nacional del Agua, puede agilizar la obtención, de manera simultánea, hasta seis tipos de derechos de uso de agua, reduciendo a los casos de opinión previa favorable, la necesidad del titular minero de tramitar procedimientos separados para conseguir los títulos habilitantes en materia de recursos hídricos que requiere.

No dejes de leer: Tribunal del Perú da la razón a Macusani Yellowcake en disputa con el Ministerio de Energía y Minas

Es de verse que, con la aprobación de los instrumentos de gestión ambiental para exploración, o sus modificaciones, además se puede lograr:

La autorización de uso de agua.
La acreditación de disponibilidad hídrica para autorización de uso de agua.
La autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico para autorización de uso de agua.
La autorización de ejecución de obras en los bienes naturales asociados al agua
La autorización de vertimientos de aguas residuales tratadas a los cuerpos naturales de agua.
La autorización de reúso de aguas residuales tratadas.

Esta propuesta es muy parecida al procedimiento denominado IntegrAmbiente. Antes, a través de este se obtenía la denominada Certificación Ambiental Global, involucrando a más sectores y un mayor número de autorizaciones y títulos habilitantes.

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Brindar facilidades como esta mejora la posición corporativa de los titulares mineros, porque pueden exhibir más rápido la seriedad de su propuesta y voluntad de cumplir las normas ambientales desde un inicio, brindando tranquilidad al entorno y generando más confianza en su accionar.

Adicionalmente, la norma recientemente publicada plantea que, en caso de retraso en la emisión de opiniones técnicas vinculantes, los titulares mineros vayan conociendo las observaciones de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros. Esto es sin iniciar el cómputo de los plazos para absolver las observaciones a los instrumentos de gestión ambiental y, a la vez, sin necesidad de esperar la consolidación de las observaciones de todos los sectores opinantes en una única comunicación.

Esta facilidad permite al titular adelantar en la absolución de las observaciones disponibles.

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La legislación previa exigía que la Dirección General de Asuntos Ambientales Minero espere la opinión de todas las autoridades para poder notificar las observaciones que podría haber al instrumento de gestión ambiental en casos de retrasos de las entidades opinantes. Con ello se busca aprovechar esos espacios de tiempo que se generan por las demoras en la emisión de las opiniones técnicas, en donde el titular puede ir avanzando con el levantamiento de las mismas y no esperar a recibirlas consolidadas.

Se pudo aprovechar la oportunidad para abarcar más sectores, utilizando la experiencia de SENACE respecto del procedimiento de IntegrAmbiente, en todo caso, es un buen ensayo, esperando se refuercen los recursos destinados a una correcta implementación. De lo contrario, dará lo mismo iniciar varios procedimientos o esperar uno que no se desarrolle con fluidez.

Como se puede apreciar con estas medidas se está buscando generar mayor dinamismo y celeridad a los procesos de tramitación de los permisos para el desarrollo de las actividades de exploración, sin que las mismas representen una flexibilización a los requerimientos ambientales o legales exigidos a los titulares mineros. Más bien este tipo de medidas deben ser impulsadas desde el Estado para mejorar la eficiencia de este tipo de gestiones.

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De hecho, la medida de la notificación de las observaciones conforme se vayan emitiendo debería poder ser replicada por otras autoridades para los procesos de evaluación de impacto ambiental en otros sectores y, con ello, hacer más eficientes estos procedimientos. Por el momento, es y ha sido usual que los istrados no conozcan de las mismas hasta que les envían el documento consolidado de observaciones, haciendo necesario que los titulares tengan que solicitar ampliaciones de plazos ya que todas las observaciones llegan juntas y se puede tornar complicado levantar todas ellas en el plazo que les otorgan.

Ante esta iniciativa, es de reconocer que el esfuerzo y deseos de cooperación, tanto del Ministerio de Energía y Minas como de la Autoridad Nacional del Agua son positivos y se asemejan a lo sucedido tiempo atrás con la expedición del Decreto Supremo No. 014-2011-EM, lo que genera expectativa para que estas mejoras procedimentales se multipliquen.

*Liliana Pautrat, es counsel de Payet Rey Cauvi Pérez. Liliana cuenta con amplia experiencia en el diagnóstico y desarrollo de importantes proyectos mineros de empresas locales e internacionales en derecho ambiental, minero y regulatorio.

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Decreto 22 de 2023 que crea ProPanamá 6l34s Los sectores que Panamá fortalece para ser receptores de inversión

Thu, 30 Nov 2023 15:39:50 +0000

Decreto 22 de 2023 que crea ProPanamá: Los sectores que Panamá fortalece para ser receptores de inversión

Abrir un canal de comunicación con la Autoridad con miras a identificar la información que puede recabar respecto del sector de interés, es un primer paso.

Gabriela Quevedo Thu, 30/11/2023 - 11:39

Autor del artículo de opinión

Redacción LexLatin

La reciente declaración de inconstitucionalidad del contrato de concesión de la mina de cobre más grande de Centroamérica ha sacudido los cimientos legales y económicos de Panamá. La Corte Suprema, liderada por la presidenta María Eugenia López, emitió un fallo unánime declarando inconstitucional la Ley 406, que regía el contrato entre el Estado panameño y la empresa canadiense First Quantum Minerals (FQM). Este revés legal ha desencadenado un cambio fundamental en la percepción y regulación de las inversiones en el país.

Como parte del contexto y con la visión de fortalecer el atractivo para inversores nacionales y extranjeros, el presidente panameño, Laurentino Cortizo, promulgó el reglamento de la Ley 207.

Esta legislación creó la Autoridad para la Atracción de Inversiones y la Promoción de Exportaciones, conocida como ProPanamá, siendo reglamentada por el Decreto 22 de 2023. La creación de esta autoridad marca un hito estratégico al asignarle la tarea prioritaria de atraer inversión extranjera y promover las exportaciones, actividades de interés nacional prioritario.

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En medio de estos cambios estructurales, cabe revisar las tendencias emergentes y otros sucesos clave en el panorama de inversiones de esta importante jurisdicción para la región centroamericana.

Francisco Arias G.

A decir de Francisco Arias, socio de Morgan & Morgan, es crucial sopesar el importante avance de Panamá al salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El especialista destaca que esta salida "debe facilitar y agilizar las operaciones financieras realizadas desde Panamá".

En este panorama, entidades como las sedes de empresas multinacionales pueden maximizar sus oportunidades de desarrollo a partir del nuevo decreto y la creación de ProPanamá, que -en palabras de Arias- “se concibe como la puerta para facilitar la entrada del inversor extranjero y encauzar a los exportadores hacia nuevos mercados en el exterior."

"Las sedes de empresas multinacionales tienen su 'portal de entrada' en el mismo Ministerio de Comercio e Industrias al que está adscrita ProPanamá, por lo que esta última debe servir de complemento para su establecimiento y operación, al amparo de la normativa aplicable", detalla.

A continuación, Francisco Arias, líder de las prácticas de fusiones y adquisiciones, valores y mercado de capitales y propiedad intelectual, en Morgan & Morgan evalúa el contrapeso favorable que crea la nueva autoridad para la inversión y da recomendaciones para tomar el contexto con una perspectiva estratégica.

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¿Cuál es la esencia del Decreto N° 22 y de la creación de ProPanamá?

Francisco Arias: La Ley 207 de 2021 crea la Autoridad para la Atracción de Inversiones y la Promoción de Exportaciones (ProPanamá) y el Decreto 22 de 2023 reglamenta dicha ley.

El objeto de la ley, al crear ProPanamá, fue atraer inversión extranjera y promover las exportaciones, como una actividad de interés nacional prioritaria. Se trata de instrumentos legales que atribuyen funciones a la autoridad con miras a lograr dicho objeto.

ProPanamá se concibe como la puerta para facilitar la entrada del inversor extranjero y encauzar a los exportadores hacia nuevos mercados en el exterior. Por ejemplo, en el contexto de fusiones y adquisiciones de empresas panameñas por empresas extranjeras, esta autoridad puede servir de fuente de información y facilitador en las interacciones con otras entidades estatales.

¿Qué sectores o industrias tendrán oportunidades de desarrollo en una etapa inicial?

Los sectores que ofrecen oportunidades son logística, tecnología y alimentos. La primera gira alrededor del Canal de Panamá y demás infraestructura alrededor del mismo, incluyendo puertos, ferrocarril y zonas francas.

Por otro lado, Panamá es un lugar óptimo para el desarrollo de tecnología, en parte por los seis cables submarinos de comunicaciones que aterrizan en sus costas.

¿Cuál es su perspectiva sobre el papel de Panamá como centro logístico y cómo este aspecto se ve mejorado por las disposiciones del Decreto Ejecutivo N° 22?

Aprobada la Ley 207 y adoptado su reglamento, ahora el equipo que conforma a ProPanamá cuenta con una estructura jurídica para cumplir con sus funciones.

Panamá, desde sus días como colonia española, ha servido como centro logístico de las Américas. La infraestructura existente ha demostrado capacidad para atender requerimientos regionales y transoceánicos.

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En relación con las transacciones inmobiliarias vinculadas a fusiones y adquisiciones, ¿cómo afectan las nuevas regulaciones del decreto a este aspecto en particular?

Al dotar a ProPanamá de su régimen jurídico y estatus en el engranaje gubernamental como una entidad autónoma con su propio presupuesto e independencia en el ejercicio de sus funciones, los inversionistas extranjeros y los interesados en exportaciones contarán con apoyo especializado.

En el sector inmobiliario, en el que hubo gran crecimiento en el sector residencial de lujo y comercial, sufriendo reciente merma, todavía existen oportunidades. En los sectores de residencias para el mercado masivo y de galerías, sigue habiendo demanda.

En términos de relaciones internacionales y acuerdos bilaterales, ¿cómo puede influir el Decreto N° 22 en la posición de Panamá como destino atractivo para la inversión extranjera?

ProPanamá no ha sido concebida como un ente para interactuar en nombre de la República con autoridades extranjeras, aunque sí se le encomienda la tarea de organizar eventos de promoción con estas, entre otros.

El cumplimiento de acuerdos bilaterales con países de origen de inversionistas debe ser fortalecido a través de ProPanamá, ya que esta garantizará que las contrapartes locales cumplan los compromisos internacionales de nuestro país.

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¿Cuáles serían las recomendaciones legales clave que ofrecería a las empresas que están considerando una fusión o adquisición en el contexto normativo actual, para aprovechar mejor lo que dispone el decreto?

A los inversores extranjeros que estén considerando realizar una adquisición en Panamá les recomendaría:

Abrir un canal de comunicación con ProPanamá con miras a identificar la información con que cuenta o puede recabar respecto del sector de interés.
Conocer el régimen jurídico aplicable al sector, ya que algunos están altamente regulados, como la banca, energía, etc.
Validar la información recabada con fuentes independientes.
Documentar en forma adecuada y debida, a través de contratos y demás documentos propios, según el tipo de transacción.

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