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Asociaciones público o3069 privadas en Paraguay, ¿cuáles son los esquemas que marcarán la nueva etapa de inversión?

Fri, 16 May 2025 14:24:08 +0000

Asociaciones público-privadas en Paraguay, ¿cuáles son los esquemas que marcarán la nueva etapa de inversión?

A una década de la primera ley de participación público-privada, Paraguay reforma su régimen de APP con una normativa que apunta a corregir errores del pasado, destrabar proyectos y atraer inversión en sectores estratégicos como infraestructura vial, transporte, salud y educación.

Rocío Mellas Fri, 16/05/2025 - 10:24

Cuando Paraguay sancionó la Ley 5102, que dio origen al régimen de Participación Público-Privada (APP) en 2013, el sector privado celebró la apertura de un nuevo camino para el desarrollo de infraestructura nacional. Pero el entusiasmo inicial pronto se topó con la realidad: una institucionalidad fragmentada, procesos burocráticos extensos y contratos rígidos que pusieron a prueba la capacidad del modelo para escalar.

Una década después, y con apenas un gran proyecto adjudicado bajo el paraguas de la ley original —la duplicación de la Ruta 2 y 7, una obra vial de más de USD 550 millones de CAPEX—, el país apuesta por relanzar el modelo con la flamante Ley 7452/2025.

“Si bien la Ley 5102 generó avances importantes y aprendizajes valiosos, también trajo aparejados algunos desafíos que explican, en parte, por qué fue necesario actualizar el marco normativo con la reciente Ley 7452/2025, que derogó el régimen anterior y lo reemplazó incorporando mecanismos de simplificación, incremento del espacio fiscal para PPP y mejoras en el régimen de iniciativas privadas”, señala Martín Carlevaro, socio de Berkemeyer.

Para el experto en Infraestructura, el régimen de APP fue un punto de partida fundamental, pero dejó al descubierto varios cuellos de botella: procesos istrativos extensos, institucionalidad débil y dificultades para armonizar criterios entre las distintas entidades públicas involucradas.

“A pesar de que Paraguay es un país fértil para las APP, en más de 10 años solo se adjudicó un proyecto”, indica.

En este sentido, el socio del despacho paraguayo considera que la nueva norma introduce mejoras clave que podrían marcar el inicio de una etapa más dinámica y atractiva para inversores.

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Una nueva generación de proyectos

Para Carlevaro las lecciones de los últimos diez años son claras: los proyectos APP que funcionaron han sido aquellos capaces de garantizar ingresos estables, predecibles y sostenibles para repagar la inversión privada, con un diseño técnico robusto y una alta visibilidad social.

“Las experiencias más sólidas han venido del sector vial, donde la rentabilidad social es tangible: menos accidentes, tiempos de traslado más cortos y mayor conexión entre centros productivos. A su vez, a través de mecanismos como peajes o pagos por disponibilidad, permiten estructurar fuentes de repago”, explica.

El modelo APP, junto con esquemas como el llave en mano, ha mostrado su utilidad en obras donde el contratista asume el diseño, construcción y financiamiento, y el Estado paga en plazos diferidos.

Hoy, la nueva ley busca ampliar ese universo de posibilidades, incorporando mecanismos como el diálogo competitivo, mejoras en los incentivos a las iniciativas privadas, y un aumento en el límite fiscal para compromisos de largo plazo, que pasa del 2 % al 4 % del PIB.

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Marco más claro, relación más madura

“Si bien la naturaleza jurídica de una APP es la concesión de obras y servicios públicos, en Paraguay, como en otros países, están en vigencia leyes de concesión (ley 1618) y de APP (ley 7452) con algunas características y matices diferentes”, contextualiza el socio de Berkemeyer.

Uno de los principales desafíos jurídicos del régimen anterior fue la confusión normativa: coexistían leyes con criterios distintos, entidades con atribuciones solapadas y procedimientos poco claros que dificultaban el avance de los proyectos.

"En muchos casos, se discutía si una APP era o no una concesión según la Constitución, lo que abría la puerta a cuestionamientos parlamentarios. Bajo la ley anterior existían demasiados organismos dictaminantes con algunos solapamientos entre las funciones del ex Ministerio de Hacienda y la Unidad de PPP dependiente de la ex Secretaría Técnica de Planificación (STP). A", señala Carlevaro.

La reforma busca dar coherencia institucional, consolidando competencias en el Ministerio de Economía y Finanzas, que asume el rol de la antigua Unidad PPP. Además, el nuevo régimen contempla ajustes contractuales más ágiles para renegociaciones ante casos fortuitos o fuerza mayor, cambios unilaterales de la contratante, cambios macroeconómicos e incluso condiciones no previstas, como ocurrió durante la pandemia de COVID-19 en toda la región.

Todo esto responde a una necesidad crítica: blindar jurídicamente las inversiones de largo plazo frente a eventos de fuerza mayor o decisiones unilaterales del Estado.

“La relación entre el sector público y el sector privado ha evolucionado positivamente. Al principio, había desconfianza mutua: el sector público temía dejar en manos de privados la operación de activos públicos por largo plazo, y el sector privado dudaba de la capacidad del Estado para cumplir compromisos de largo plazo. Hoy, esa percepción ha cambiado. Hay más conocimiento, más diálogo técnico, y una mayor comprensión de que las APP no son privatizaciones, sino alianzas estratégicas donde cada parte asume riesgos y responsabilidades según su mejor capacidad”, describe el experto en Infraestructura.

Para el abogado, la experiencia del proyecto vial PY02 mostró que el Estado puede fiscalizar de forma efectiva el cumplimiento de obras y servicios, mientras que el privado puede financiar, diseñar y construir de manera eficiente.

“Lo que faltaría es una mayor profesionalización de la relación contractual: formación de equipos técnicos estables, continuidad institucional y plataformas de coordinación público-privada”, opina.

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¿Qué ajustes de la nueva Ley de APP podrían impulsar una nueva ola de proyectos en Paraguay?

Martín Carlevaro cree que La Ley 5102/13 fue un gran avance para su época, pero que con el tiempo mostró limitaciones que la nueva Ley 7452/2025 busca subsanar. Entre los cambios más relevantes, el socio de Berkemeyer destaca:

Ampliación del espacio fiscal. “El límite para compromisos de largo plazo (firmes y contingentes) en proyectos PPP se incrementa del 2% al 4% del PIB, permitiendo un mayor compromiso de recursos estatales en la ejecución de nuevos proyectos.”
Mayor tope en las iniciativas privadas. “La ampliación del tope de participación estatal en proyectos originados por iniciativa privada pasa del 10% al 25% del costo total del proyecto. Esta modificación busca incentivar a los inversores privados a participar en proyectos de infraestructura que podrían no ser autofinanciables, abriendo así nuevas oportunidades para mejorar la infraestructura nacional.”
Derecho de tanteo para los proponentes de iniciativas privadas. “Ahora podrán igualar la mejor oferta durante la evaluación de ofertas en la licitación del proyecto.”
Mayor claridad en los plazos y procedimientos. “Esto no solo simplifica pasos, sino que además mejora los criterios de evaluación, priorizando el valor por dinero.”
Introducción de la etapa de Diálogo Competitivo. “Los precalificados podrán realizar consultas y propuestas de mejoras, respecto de borradores de Pliego de Bases y Condiciones y del Contrato PPP, atendiendo a las mejores prácticas de los Proyectos PPP.”

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Paraguay, la perla del Sur

¿Por qué Paraguay ofrece condiciones competitivas frente a otros países de la región? Martín Carlevaro destaca seis ventajas:

Estabilidad política, macroeconómica y monetaria, con una inflación controlada y una moneda fuerte, sin grandes vaivenes cuando cambia el gobierno de turno.
Seguridad jurídica: se respetan los compromisos asumidos.
Carga tributaria baja, en comparación con otros países de la región.
Alto déficit en infraestructura con un insuficiente espacio fiscal, lo que genera un mercado natural insatisfecho con espacio para inversión privada.
Marco legal específico, ahora actualizado con la Ley 7452/2025, que ofrece reglas del juego modernas y probadas en la región.
Grado de inversión, otorgado en el año 2024 por la calificadora Moodys.

“El gran desafío de Paraguay es invertir más y mejor en la etapa de pre-inversión, a fin de licitar proyectos serios con estudios de factibilidad sólidos y, en lo posible, que generen suficientes ingresos predecibles para el repago total o parcial de la inversión, sin necesidad de aportes fijos o subsidios al CAPEX”, analiza.

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Sectores listos para despegar, la gran apuesta del país como vehículo de desarrollo

Si bien el foco natural del régimen de las APPs sigue siendo la red vial -el país cuenta con más de 2.000 km de rutas pendientes de modernización-, hay otras áreas que de a poco empiezan a ganar protagonismo en la agenda:

Aeropuertos, con potencial de autofinanciamiento.
Transporte ferroviario de pasajeros o de carga, como el tren de cercanías que unirá Ypacarai – Luque – Asunción y la modernización del aeropuerto de Asunción, que se trataría de un proyecto autofinanciable a través de los ingresos que se generen por la operatoria del propio aeropuerto y sin necesidad de aportes o subsidios Estatales.
Educación técnica y salud pública, con colegios técnicos y hospitales regionales bajo esquemas de pagos por disponibilidad con incentivos por resultados (cumplimiento de KPIs).
Gestión de residuos, plantas de tratamiento, rellenos sanitarios y logística de reciclaje, con soluciones integradas y trazabilidad ambiental.
Agua y saneamiento, con alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales y plantas potabilizadoras.
Transporte público urbano e interurbano, con buses eléctricos, sistemas de pago inteligente y carriles exclusivos.

“El desafío, en este sentido, será la priorización de proyectos buscando licitar primero los que mayor rentabilidad (VAN) social tengan atento a que los recursos del fisco son limitados y la gran mayoría de estos proyectos precisarán aportes estatales ya sea para auxiliar la inversión inicial (CAPEZ) o bien para remunerar la operación (OPEX)”, subraya Carlevaro.

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El rol del sector legal para que las APPs funcionen mejor y generen mayor impacto

En el ecosistema de las asociaciones público-privadas, el rol de los abogados no se limita a redactar contratos: se trata de un engranaje clave en la estructuración jurídica del proyecto, en la asignación de riesgos, en el cierre financiero y en la relación entre las partes.

"Los contratos PPP o de concesión no son un mero documento, sino una modalidad de contratación y colaboración entre el sector público y el sector privado para el desarrollo de infraestructura y la prestación de servicios públicos, estructuradas como una red compleja de relaciones jurídicas que vinculan a diversos stakeholders —incluidos organismos públicos, inversores, financiadores, contratistas, s y reguladores—, en torno a un proyecto común, con una distribución equilibrada de riesgos, obligaciones y beneficios. En esta relación a largo plazo, que requiere confianza, reglas claras y visión compartida, el derecho tiene un rol fundamental y se convierte en una herramienta que facilita esa ingeniería contractual”, concluye Carlevaro.

Según el socio de Berkemeyer, para que las APPs en Paraguay despeguen, no solo hará falta inversión y voluntad política, sino también confianza, equipos técnicos estables y una narrativa clara: no se trata de privatizar, sino de construir un país más conectado, competitivo y resiliente.

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Reformas para el sector de la infraestructura pública argentina 51314q un nuevo enfoque del financiamiento

Wed, 05 Mar 2025 18:33:44 +0000

Reformas para el sector de la infraestructura pública argentina, un nuevo enfoque del financiamiento

Una serie de reformas reconfiguran el papel del sector privado en el futuro de la obra pública.

Redacción Lexlatin Wed, 05/03/2025 - 14:33

Autor del artículo de opinión

Ignacio Gonzalez Zambón*

Lamentablemente, la República Argentina enfrenta un déficit en materia de desarrollo de infraestructura pública. El nivel de inversión en esta materia ha sido muy bajo en las últimas décadas, comparado con otros países de América Latina.

Para el desarrollo de infraestructura pública, históricamente, se ha acudido a las figuras de la obra pública, la concesión de obra pública y la concesión de servicio público, que son esquemas que requieren de un enorme costo de capital hundido, resultando el financiamiento una cuestión central en esta clase de proyectos que solía provenir del Tesoro Público, mediante el aporte de los ciudadanos, al hacerse cargo de sus obligaciones tributarias o a través de la toma de deuda pública a entidades bancarias y financieras internacionales.

Esta situación, además de ser ineficiente y gravosa para el Estado Nacional, en atención a la baja rentabilidad económica de la inversión (a pesar de su alta rentabilidad social), genera una inequidad “intergeneracional”, toda vez que el costo es sufragado por la actual generación, pero será utilizado por futuras generaciones, como así también una inequidad “interregional”, pues, al extraer recursos con base exclusiva en la capacidad contributiva de los aportantes (y no en función de su domicilio), permite redistribuirlos en infraestructura que será utilizada en otras zonas diferentes del asiento del conjunto de contribuyentes.

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Sumado a ello, los regímenes normativos antes mencionados, contenían una serie de prerrogativas a favor del Estado Nacional que acrecentaban los riesgos y costos de contratar con este.

Es en este contexto, a raíz del cambio de gobierno que tuvo lugar en el año 2023, en la República Argentina se comenzó un proceso de reformas que incluyó una serie de medidas en materia de infraestructura pública que persiguen superar el déficit en la materia, apuntando para ello a que sean los privados (desarrolladores e inversionistas) nacionales e internacionales quienes se encarguen de esta tarea.

Así, las reformas que se analizarán a continuación, que se canalizaron mediante la sanción de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N° 27.742 y sus normas reglamentarias, persiguen atenuar las clásicas prerrogativas estatales y fortalecer los derechos de los contratistas.

En primer lugar, esta ley, en su Título II (titulado “Reforma del Estado”), Capítulo II, declara (i) sujeto a privatización a Energía Argentina S.A., Intercargo SAU, Nucleoeléctrica Argentina S.A. y a Yacimientos Carboníferos Río Turbio; (ii) sujeto a privatización o concesión a Agua y Saneamientos Argentinos S.A., Belgrano Cargas y Logística S.A., Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. y Corredores Viales S.A. debiéndose llevar adelante un procedimiento de selección del contratista competitivo que, en el caso de que Belgrano Cargas y Logística S.A. y Corredores Viales S.A, se espera que se concrete en los próximos meses.

En segundo lugar, los cambios de relevancia en materia de infraestructura pública se dan en el Capítulo II, en el que se introducen modificaciones significativas a la Ley Nacional de Concesión de Obras Públicas N° 17.520.

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De esta manera se busca morigerar las clásicas prerrogativas estatales en materia contractual y fomentar la intervención de particulares privados nacionales e internacionales, no solo en la ejecución de las obras sino también (y más importante aún) en la propuesta y en su financiamiento. Ello en línea con lo dispuesto oportunamente en el año 2016, bajo la gestión del gobierno de Mauricio Macri, mediante la creación del régimen de Participación Público Privada (en adelante, PPP) a través de la Ley N° 27.328.

Con lo anterior, se pone el foco en:

El derecho al mantenimiento de la ecuación económico financiera del contratista.
Reforzar la vigencia e importancia del régimen de iniciativa privada.
La eliminación de prerrogativas estatales y el fortalecimiento de derechos del contratista.
La inclusión expresa de mecanismos alternativos al fuero judicial para la resolución de disputas (intervención de un técnico y la cláusula arbitral).
La flexibilización en las contrataciones públicas.

Respecto de la atenuación de prerrogativas estatales, se contempla:

La facultad estatal de aplicar el ius variandi con un límite máximo, en más o en menos del 20 %, únicamente respecto de la ejecución del proyecto.
La indemnización plena (daño emergente y lucro cesante) en casos de extinción anticipada por razones de interés público no siendo aplicable ninguna norma que establezca una limitación de responsabilidad
Que la suspensión o nulidad del contrato por razones de ilegitimidad deberá ser solicitada y declarada por un tribunal judicial.
La posibilidad de que en casos de extinción del contrato por razones de interés público se utilice como parámetro objetivo de ponderación las inversiones no amortizadas para determinar la indemnización.
Que el pago de la indemnización en casos de extinción del contrato por razones de interés público deberá concretarse con anterioridad a la ejecución de los actos que materialicen la extinción o la toma de posesión de la obra o infraestructura del contratista en retirada.
La facultad de ceder total o parcialmente el contrato a un tercero siempre que haya transcurrido al menos un 20 % del plazo original del contrato de la inversión comprometida.

Asimismo, es necesario destacar que la Ley contiene ciertas flexibilizaciones en materia de contrataciones públicas toda vez que se hace alusión al concepto de oferta más conveniente, prohíbe la aplicación de normas que no permiten la indexación y establece que el pago del contrato y/o remuneraciones estipuladas en moneda extranjera debe ser cancelado en dicha moneda.

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Por otra parte, mediante el Decreto reglamentario N° 713/2024 se derogó el régimen de iniciativa privada (aprobado en su momento mediante el Decreto N° 966/05), creándose uno nuevo que respecto del anterior introduce ciertas mejoras como:

El aumento de puntos porcentuales de la ventaja competitiva del proponente ante la futura licitación.
Contemplar una compensación por gastos, honorarios y otros conceptos en caso de desestimarse la propuesta a otorgar tanto por el Estado Nacional como así también por quien resulte adjudicado dependiendo el caso.
Incluir ciertas pautas objetivas que la istración Pública deba analizar al momento de determinar si una iniciativa privada persigue una finalidad pública o no y si eventualmente resulta isible y procedente.
Estipular la posibilidad de cesión del proyecto.
La creación de una plataforma que registre los proyectos.

Por último, la Ley en el Título VII contempla la creación de un ambicioso Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que es la principal herramienta con la que se canalizarán eventuales inversiones tanto nacionales como extranjeras en materia de infraestructura tratándose así de un régimen de fomento para grandes inversiones.

El RIGI abarca a proyectos de los sectores de forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas, siendo por ende sumamente amplio.

Pueden participar todo tipo de inversores, pero deben canalizar su inversión a través de un vehículo de proyecto único (VPU), titular de una o más fases de un proyecto que califique como “gran inversión”, que son los proyectos que involucren la adquisición, producción, construcción y/o desarrollo de activos que serán afectados a actividades que generen un monto de inversión por proyecto en activos computables igual o superior a USD 200.000.000 y que prevean para el primer y segundo año, contado desde la fecha de aprobación del plan de inversión y de la solicitud de adhesión, el cumplimiento de una inversión mínima en activos computables igual o superior a la determinada por el Poder Ejecutivo.

Los beneficios que se generan por la adhesión al RIGI son múltiples en tanto abarcan incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios.

De esta manera, en virtud de las reformas aquí analizadas, podemos asegurar que en la República Argentina está teniendo lugar un cambio de paradigma respecto del desarrollo de infraestructura pública que persigue la intervención activa —ya desde una faz inicial de diseño del proyecto como así también para su inversión y desarrollo— de los sujetos privados que estén interesados en ello, contando a tal fin con un régimen jurídico más amigable que tiende a atenuar las clásicas prerrogativas estatales y a fortalecer los derechos del contratista.

*Ignacio González Zambón es abogado especialista en derecho istrativo y regulación económica y socio de TCA Tanoira Cassagne.

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Michelle Aramburú 38n8 la apuesta de Payet, Rey, Cauvi, Pérez para robustecer su oferta en materia de regulación energética

Fri, 14 Feb 2025 08:06:30 +0000

Michelle Aramburú, la apuesta de Payet, Rey, Cauvi, Pérez para robustecer su oferta en materia de regulación energética

Con el nombramiento de la flamante socia, especialista en energía, infraestructura y asociaciones público-privadas, el despacho peruano busca atraer clientes de sectores clave para el desarrollo del país.

Rocío Mellas Fri, 14/02/2025 - 04:06

Firmas y corporaciones comienzan a alinearse con Donald Trump y adelantaron, públicamente, que darán marcha atrás con sus políticas de género, equidad, diversidad y sostenibilidad, sin embargo, otras como Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados redobla su apuesta y, por primera vez en su historia, nombra a una mujer como socia del área regulatoria: Michelle Aramburú.

La abogada, especialista en derecho regulatorio y istrativo, forma parte del despacho peruano desde hace más de 15 años: ingresó como asociada sénior, luego ascendió a asociada principal y recientemente ha sido nombrada como socia.

“Para mí es un hito muy importante, tanto en lo personal como en lo profesional. En PR estamos orgullosos de que la participación de socias mujeres es cada vez mayor, y ser la primera socia del área regulatoria de PR, en ese contexto, es muy gratificante. Por eso, tomo mi nombramiento como lo que es: un nuevo reto que asumo con responsabilidad, para seguir creciendo profesionalmente, y manteniendo también un equilibrio con mi otra profesión, ser madre de dos niñas”, comparte.

La especialización de Aramburú en áreas clave, como energía, infraestructura y asociaciones público-privadas, revela la estrategia de crecimiento de PR: “Para 2025, tenemos los objetivos trazados. Principalmente apuntamos a mantenernos como referentes en el sector legal en el Perú. Creemos que hay áreas, como derecho istrativo, proyectos de infraestructura y regulación de servicios públicos, que tienen un enorme potencial de crecimiento, ya que el gobierno se ha comprometido con fomentar las inversiones. Como firma, esperamos que ese compromiso se materialice en una mejor institucionalidad y un marco normativo más transparente y confiable, desarrollando proyectos que contribuyan en el cierre de brechas”.

Desde que asumió su nuevo rol, la socia de PR lidera un equipo de diez abogados y dos consultores, expertos en derecho istrativo, infraestructura y regulación de servicios públicos.

“La intención de la firma es aprovechar la especialización de cada uno para ampliar nuestra oferta de servicios en áreas más específicas, desde contrataciones con el Estado hasta derecho municipal y farmacéutico, de modo tal que la base de clientes continúe incrementándose en consonancia con el número de abogados”, adelanta.

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Derecho istrativo y regulatorio: oportunidades, desafíos y tendencias en el Perú

“Si bien durante los últimos años las continuas crisis políticas y económicas han afectado las perspectivas de crecimiento, nuestro país mantiene una posición sólida por la estabilidad de su macroeconomía. Y esa es una buena base para promover la inversión y crear oportunidades. La mejora de la infraestructura en materia de transporte y telecomunicaciones, por ejemplo, es un gran paso previo para materializar proyectos vinculados a la expansión de nuevas tecnologías, desde el 5G hasta la inteligencia artificial”, analiza Aramburú.

Por haber participado durante más de una década en proyectos de inversión y concesiones en sectores como energía, transporte y comunicaciones, la socia de PR reconoce que su fuerte es anticipar los retos que enfrentan los inversionistas y las empresas concesionarias del país.

“Procuro identificar los desafíos, que van más allá de lo que enuncian las normas, para ofrecer un valor agregado que diferencie a nuestro equipo y nos permita concretar relaciones más sólidas con cada cliente”, explica.

Ahora bien, Aramburú reconoce que el contexto-país es complejo en materia de derecho regulatorio, sobre todo en sectores como los que lidera: energía e infraestructura.

“Perú tiene una brecha de infraestructura que aún está lejos de ser cubierta, incluso considerando las inversiones anunciadas. Existe una agenda pendiente en materia de reforma del Estado que debe ser abordada para permitir una aceleración de los proyectos; a su vez, se necesita avanzar para disminuir las barreras burocráticas, presentes en todos los niveles de gobierno. Como asesores legales, nuestro desafío es darles a nuestros clientes la mayor seguridad legal posible para que sus inversiones se realicen en óptimas condiciones, con toda la información disponible. En ocasiones, la inestabilidad política hace que ese esfuerzo sea mucho más arduo”, señala.

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Sostenibilidad, la piedra de toque de energía e infraestructura

En respuesta a estándares regulatorios cada vez más exigentes, la sostenibilidad viene desempeñando un papel cada vez más relevante en el desarrollo de proyectos de infraestructura y energía en el Perú.

La incorporación de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), por un lado, y la creciente presión de inversionistas y financiadores, por otro, están redefiniendo el ejercicio legal. Desde la estructuración y financiamiento de proyectos hasta el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos, el panorama actual requiere un enfoque integral que combine conocimiento técnico, regulación ambiental y estrategias de mitigación.

“La sostenibilidad es un factor que ahora forma parte de los criterios ordinarios en el diseño y evaluación de proyectos de infraestructura y energía. No estamos ante una tendencia pasajera, sino ante un deber, dados los grandes retos asociados con el cambio climático, el potencial agotamiento de recursos primarios y la necesidad de superar los índices actuales de pobreza. Hoy en día, tanto las industrias de infraestructura y energía, como los financistas e inversionistas, ya consideran el impacto positivo de criterios ESG en el valor y la rentabilidad de los proyectos. Por lo tanto, es cada vez menos viable un proyecto que no haya considerado estos elementos en su diseño”, opina Aramburú.

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¿Cómo se prepara Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados para acompañar a sus clientes en la transición energética?

“Somos conscientes de que la electrificación y la ampliación de la matriz energética son fenómenos que están presentes en el Perú. De hecho, en los últimos años, nuestra área ha asesorado a varios inversionistas interesados en concretar proyectos de energía limpia y estamos constantemente atentos a las nuevas iniciativas regulatorias y propuestas en el sector. Recientemente hemos ampliado el nivel de especialización de nuestro equipo para poder incorporar a todos los en nuestra oferta de servicios en materia de regulación de energía”, responde la socia de derecho regulatorio del despacho.

Y amplía: “Mi objetivo es continuar aportando soluciones estratégicas que permitan a nuestros clientes operar en un entorno regulatorio complejo con seguridad y eficiencia. Desde nuestra firma, seguiremos trabajando para fortalecer la inversión en sectores clave como infraestructura y energía, contribuyendo al desarrollo del país con asesoría de alto nivel”.

Más información: ¿Cómo la modificación a las leyes 28832 y 32217 impactan a la transición energética en Perú?

Liderazgo femenino en derecho regulatorio: particularidades de ayer y hoy

Más allá de las complejidades de la profesión, Michelle Aramburú elegiría una y otra vez su especialización. “Este tipo de áreas del derecho te obligan a ser curiosa y buscar activamente más información. Para ser una buena abogada de regulación, es casi un requisito interesarse por aprender continuamente cosas nuevas, que no necesariamente son siempre jurídicas. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a innovar en la asesoría que brindamos. No podemos mantenernos estáticas en un mundo cada vez más desafiante. Los temas actuales, como el uso de inteligencia artificial, están revolucionando las industrias, y las abogadas tenemos que ser parte de esa innovación”, comparte.

Al mismo tiempo, reconoce que el sector ha avanzado en términos de igualdad desde que se graduó. “Hoy en día, las políticas de equidad e igualdad tienen más protagonismo, pero esto solo se consigue cuando la organización entiende la problemática y trabaja en las soluciones adecuadas. En PR contamos con políticas impulsadas por nuestro Comité de Diversidad e Inclusión, que tienen como finalidad alcanzar un entorno equitativo entre todos los colaboradores, permitiéndonos equilibrar la vida laboral con la vida personal. En mi caso, la política de maternidad y paternidad de la firma me permitieron seguir desarrollándome plenamente como abogada y madre a la vez, sin tener que escoger entre ellas. Este tipo de prácticas, de las que nos sentimos orgullosos y en las que somos pioneros en el sector, deben replicarse. Casualmente, el 100% de nuestras practicantes y asistentes son mujeres”, reflexiona.

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BNDES recibe fondos de AFD para infraestructura 3k5n2a saneamiento y energías renovables

Tue, 03 Dec 2024 12:04:08 +0000

BNDES recibe fondos de AFD para infraestructura, saneamiento y energías renovables

La agencia sa de desarrollo le presta 206 millones de dólares como parte de un acuerdo firmado en marzo de este año.

Redacción Lexlatin Tue, 03/12/2024 - 08:04

La Agencia sa de Desarrollo (AFD) otorgó al banco estatal brasileño BNDES (Banco Brasileño de Desarrollo Económico y Social) un crédito por 206 millones de dólares, a un plazo de 12 años y con un período de gracia de tres años.

El acuerdo fue suscrito el 19 de noviembre con la participación de TozziniFreire Advogados por parte del prestamista. BNDES se apoyo en su equipo legal interno.

La entidad financiera utilizará los fondos para financiar proyectos de saneamiento, desarrollo urbano y energía renovable (energía eólica y solar, pequeñas centrales hidroeléctricas y cogeneración de biomasa) y eficiencia energética, especialmente en la Amazonia y las regiones norte y noreste de Brasil, a fin de fomentar el desarrollo sostenible y la emisión de gases de efecto invernadero, así como mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

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Esta transacción está en línea con la Declaración de Alto Nivel Brasil-Francia sobre el Cambio Climático y con los compromisos establecidos en la hoja de ruta franco-brasileña sobre bioeconomía y bosques tropicales, en vista de la COP 30 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que se celebrará en 2025 en la ciudad brasileña de Belém y con la agenda de cooperación bilateral aprobada durante la visita de Estado del presidente Emmanuel Macron a Brasil en marzo de 2024. Este es el primer acuerdo celebrado entre BNDES y la AFD, que está presente en Brasil desde 2007.

BNDES nació hace 72 años como instrumento financiero del Gobierno Federal brasileño, su único accionista. El organismo está adscrito al Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios.

Asesores legales

Asesores de la Agencia sa de Desarrollo (AFD):

TozziniFreire Abogados: Socios Alexei Bonamin y Marcus Fonseca. Asociado Daiane Nunes.

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Filial brasileña de American Tower compra torres de telecomunicaciones a Oi 6k6013

Fri, 01 Nov 2024 23:13:14 +0000

Filial brasileña de American Tower compra torres de telecomunicaciones a Oi

La negociación es resultado de un acuerdo que permite a Oi saldar deudas con American Tower.

Redacción Lexlatin Fri, 01/11/2024 - 19:13

American Tower Corporation, a través de su filial American Tower do Brasil - Cessão de Infraestrutura S.A. (ATC), adquirió la totalidad de las acciones de un vehículo de propósito especial formado con inmuebles y torres seleccionadas de la compañía local de telecomunicaciones Oi S.A., en proceso de reorganización judicial por segunda vez. El monto de la transacción no fue divulgado.

Demarest Advogados asesoró a la compradora en la firma del contrato de compraventa de torres e inmuebles seleccionados, el 18 de octubre.

La negociación es resultado de un acuerdo que permite a Oi saldar deudas con American Tower, según lo dispuesto en el Plan de Recuperación Judicial de Oi, aprobado en abril de este año.

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Además, fue autorizada por el Consejo istrativo de Defensa Económica (Cade) un mes antes, aunque sigue sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones, según un hecho relevante consignado por Oi ante la Comisión de Valores Mobiliarios. Esto incluye la adaptación de la concesión de Oi por parte de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel).

Oi se sometió a reorganización judicial por primera vez en 2016 y salió del proceso a finales de 2022. Un año antes de esta reciente transacción, vendió 8.000 torres de telecomunicaciones a Highline, una empresa de Digital Bridge, por más de 279,8 millones de dólares (BRL 1.600 millones al cambio de hoy). Actualmente y luego de vender algunos de sus negocios, ofrece servicios de internet residencial por fibra óptica, TV HD y telefonía fija.

Mientras esta operación permite a Oi reducir su pesada deuda, que se calcula en USD 4.200 millones, a ATC le facilita su expansión en el que es su principal mercado en Latinoamérica.

Asesores legales

Asesores de Oi S.A. - Em Recuperação Judicial:

BMA Advogados: Socios Rodrigo Mariani, Christopher Zibordi y Guilherme Ayala. Asociados Renata Medina, Julia Carniel Rosa, João de Mello y Souza y Karina de Oliveira Silva.

Asesores de American Tower do Brasil - Cessão de Infraestrutura S.A. (ATC):

Demarest Advogados: Socios Carol Audi, Guilherme Fontes Bechara, Tomas Paiva y Daniel O. Andreoli. Asociados Arthur Lourenco Gaspar, Bianca Paleckis, Janaina Vaz, Julia de Biase Deo, Marcelo Peloso, Nicole Souza, Raphael Póvoas y Vitor Amorim.

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O’Farrell 4tf3x Paul Hastings y Eversheds Sutherland anuncian incorporaciones

Mon, 21 Oct 2024 18:33:23 +0000

O’Farrell, Paul Hastings y Eversheds Sutherland anuncian incorporaciones

O’Farrell recibió a experto en litigios y contratos como socio y líder de su recién inaugurada área de infraestructura.

Redacción Lexlatin Mon, 21/10/2024 - 14:33

Fichaje en O’Farrell

La firma bonaerense incorporó a un nuevo socio y líder de su área de infraestructura, de reciente apertura, se trata de Jorge Luis Ariza, experto en megaproyectos internacionales de construcción y remodelación de facilidades hidrocarburíferas, mineras, de energías renovables e instalaciones industriales como el del Oleoducto de Crudos Pesados (Ecuador), el Gasoducto Ballena-Barrancabermeja (Colombia), la Refinería de Campana (Argentina) y el Salar del Hombre Muerto (Argentina), para empresas como Techint, Ecopetrol, Foster Wheeler, Wood, Sumitomo y Pan American Energy, entre varias.

También se ha especializado en negociación y istración de contratos EPC y EPCM, gestión de riesgos de entorno de los proyectos (marcos regulatorios, permisos y licencias, a la información, externalidades sociales y ambientales, servidumbres y relación con comunidades y pueblos originarios, entre otros), litigio y arbitraje.

Es egresado de la Universidad Nacional de La Plata, cursó una maestría interdisciplinaria en energía y una especialización en estructura jurídico-económica de la Regulación Energética, en el Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (Ceare), de la Universidad de Buenos Aires. Además, se especializó en Operadores Internacionales, en la Fondazione di Richerche e Studi Internazionali di Firenze (Italia), y en comercio exterior, en la Fundación Bank Boston.

Otros nombramientos: Jaime Carey asumirá presidencia de la IBA; Berninzon & Benavides se integra a Ecija y Bichara nombra socio

Paul Hastings, LLP anuncia incorporación

En el distrito de Washington, la firma recibió a Ronald K. Anguas, Jr., como socio de la práctica de litigios. El profesional se ha especializado en litigios de primera instancia y de apelación, disputas comerciales complejas y demandas colectivas de consumidores, responsabilidad por productos, agravios colectivos y apelaciones relacionadas, ante tribunales federales y estatales de primera instancia y de apelación.

Anguas es ex Kirkland & Ellis LLP y ex Secretario del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Cuarto Circuito, ha trabajado con clientes de los sectores de la hostelería, la industria aeroespacial, los productos químicos, la industria, los servicios financieros, los productos farmacéuticos, la educación superior y la tecnología. Egresó como abogado de Harvard, donde también cursó un MBA.

Eversheds Sutherland se fortalece con nombramiento

La sede madrileña de esta firma internacional incorporó a Carlos Pérez Infante como counsel del departamento de derecho istrativo, dedicada, especialmente, a asuntos relacionados con las industrias de infraestructura, transporte y contratación pública y los sectores público y privado.

Infante es experto en procedimientos istrativos y contencioso-istrativos, todas las áreas del derecho público (especialmente en áreas como infraestructura, patrimonio, sanciones, subvenciones, transportes y contrataciones). Es abogado por la Universidad Pablo de Olavide, desde donde también egresó como licenciado en istración de empresas y estudió una maestría en derecho de la Energía, en el Club Español de la Energía.

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Cruceros de la marca Silversea llegarán a Puerto Williams gracias a acuerdo con Royal Caribbean 2b5l3f

Wed, 16 Oct 2024 12:17:58 +0000

Cruceros de la marca Silversea llegarán a Puerto Williams gracias a acuerdo con Royal Caribbean

La t venture reformará el Hotel Lakutaia, en asociación con un consorcio de inversores chilenos.

Rosa Ramos Wed, 16/10/2024 - 08:17

Con la intención de diversificar su portafolio de experiencias en todas las marcas que maneja, Royal Caribbean Cruises Ltd. (RRCL), a través de su marca Silversea™, adquirió 50% de Turismo y Hoteles Navarino SpA, sociedad dueña del hotel Lakutaia (Isla Navarino, Puerto Williams, Chile), puerta de entrada a la Antártica y el turismo en esa zona.

Aunque de monto confidencial, esta es la inversión más grande de la historia de Puerto Williams y contó con la asistencia legal de PPU Chile, por RRCL, y DLA Piper Chile, por Turismo y Hoteles Navarino.

Puerto Williams es la ciudad más austral de la Tierra, por lo que el Hotel Lakutaia Lodge es un punto estratégico para RCCL y sus rutas de cruceros hacia la Antártica. La operación, cuyo cierre ocurrió el 17 de septiembre, formó una t venture mediante la cual se reformará este hotel, en asociación con un consorcio de inversores chilenos, para abrir un establecimiento con 150 habitaciones, cuya apertura está prevista para finales de 2025.

Otras noticias: Softys compra marcas y negocio de Ontex en Brasil

Silversea™ es la única marca de cruceros que tiene base en Puerto Williams, en la Patagonia chilena. Como parte del acuerdo de asociación se comprometió a crear oportunidades económicas y llevar a cabo un proyecto que no dañe el patrimonio cultural y minimice el impacto ambiental (Puerto Williams es definido por la Unesco como reserva de la biosfera), por esto el plan se sometió a la aprobación de impacto ambiental de las autoridades.

“Vamos a privilegiar en lo posible a proveedores locales y buscamos construir en conjunto una cadena logística y de abastecimiento que se fortalezca a largo plazo”, dijo Andrea Pivcevic, directora ejecutiva de Lakutaia SpA.

Silversea™ es reconocido en la industria de cruceros de lujo experiencial, que operan bajo las marcas Silver Ray℠, Silver Nova®, Silver Dawn℠, Silver Shadow®, Silver Whisper®, Silver Spirit®, Silver Muse® y Silver Moon℠ y los barcos de expedición Silver Endeavour℠, Silver Origin®, Silver Wind® y Silver Cloud®. Silversea es una de las cinco marcas de cruceros propiedad de Royal Caribbean, con una flota global de 68 barcos y cinco marcas para cerca de 1000 destinos.

Asesores legales de la transacción

Asesores de Royal Caribbean Cruises Ltd.:

Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría Chile: Socio Alberto Pulido. Asociados Cristóbal Uriarte y Simón Valenzuela.

Asesores de Turismo y Hoteles Navarino SpA:

DLA Piper Chile: Socios Felipe Bahamondez y Jorge Timmermann. Asociados Claudio Sepúlveda, Jacinta Irrarázabal, Cristóbal de la Maza y Francisca Larraín.

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Sheinbaum toma protesta 1p3y33 ¿qué dijo sobre la inversión extranjera, la transición energética y las obras públicas?

Tue, 01 Oct 2024 22:39:59 +0000

Sheinbaum toma protesta, ¿qué dijo sobre la inversión extranjera, la transición energética y las obras públicas?

Proximamente su Gobierno presentará el Plan Nacional de Energía, que incluye nuevos proyectos de transmisión y generación eléctrica, así como un programa de transición hacia fuentes renovables.

Redacción Lexlatin Tue, 01/10/2024 - 18:39

Este 1 de octubre Claudia Sheinbaum tomó protesta como la primera presidenta de México. En su discurso, además de rendir un homenaje a su antecesor y fundador del partido político que fungió como su plataforma, Andrés Manuel López Obrador, la presidenta comunicó las directrices de su gestión al frente del Poder Ejecutivo.

“Nuestra política exterior seguirá los principios constitucionales de autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de controversias. En materia económica, se mantendrá la autonomía del Banco de México, una política fiscal responsable, una proporción razonable entre deuda y producto interno bruto (PIB), promoveremos la inversión pública y la inversión privada, lo digo con toda claridad: tengan la certeza de que las inversiones de accionistas nacionales y extranjeros estarán seguras en nuestro país”, declaró.

Añadió que su Gobierno, en las próximas semanas, convocará a empresarios para que no haya aumentos en los precios de la canasta básica y, respecto a esta, dijo que su istración impulsará un nuevo aumento al salario mínimo para que este alcance para 2,5 canastas básicas.

Sheinbaum hizo mención de algunas políticas de inversión, así como anunció algunos proyectos de infraestructura que espera concretar durante su istración.

Te sugerimos leer: Reformas pendientes de AMLO: ¿Cuál es la agenda legislativa que se espera en la istración de Claudia Sheinbaum?

Tratado de Libre Comercio de América del Norte

“Aprovecharemos la relación del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para seguir impulsando la relocalización de las empresas, mientras se promueve el desarrollo regional con bienestar y cuidado al medio ambiente”, dijo.

Agregó que buscará la cooperación económica entre las tres naciones, así como generar las condiciones para una mayor consolidación de la economía de todo el continente.

Recientemente, entre el gobierno mexicano, Estados Unidos y Canadá se evidenció un conflicto diplomático al respecto de la aprobación de la reforma constitucional al Poder Judicial, y sobre esta, Claudia Sheinbaum refirió que está enmarcada en el Estado de derecho, rechazando los calificativos de autoritarismo.

En defensa a la reforma al Poder Judicial, explicó que la elección de jueces y magistrados no podría confirmar la tesis del autoritarismo, pues tenía un fondo democrático. Sin embargo, lo que los analistas han cuestionado con mayor ahínco es la merma al sistema de control constitucional y convencional de las leyes, al impedir que las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tengan efectos generales o que, a través de sus resoluciones se suspendan leyes que atenten contra los derechos garantizados por los tratados o la misma Carta Magna.

No dejes de leer: La Reforma Judicial en México presiona a las inversiones, ¿qué escenarios se abren?

Programa de digitalización en la mira

La presidenta anunció que su istración lanzará un programa de digitalización ―“el más ambicioso de la historia”―, para facilitar pago de impuestos y otros trámites, así como incentivar la inversión.

Programas del bienestar

Sheinbaum se comprometió a mantener todos los programas creados en la istración de López Obrador y refirió que estos tendrán los ajustes que correspondan, de acuerdo con la inflación, planeando una reforma constitucional para garantizar su cumplimiento en istraciones venideras.

Además, manifestó que habrá nuevos programas, por ejemplo un apoyo económico bimestral para mujeres mayores de 60 años y otro apoyo para la infancia.

Infraestructura

En esta istración el Tren Maya será ampliado hacia Puerto Progreso, en Yucatán, con más de 1.000 kilómetros, y se trabajará en la Línea K del tren interoceánico que va de Ixtepec a Ciudad Hidalgo, en Chiapas, frontera con Guatemala.

Detalló que se ha puesto como objetivo, además, expandir, al doble, los kilómetros de trenes de pasajeros; los proyectos mencionados fueron:

De Ciudad de México a Pachuca.
De Ciudad de México a Nuevo Laredo.
De Ciudad de México a Nogales.

Adicionalmente, dijo que el tren de pasajeros que va a Veracruz se recuperará (aludiendo a su privatización), y se construirán más puertos, aeropuertos y carreteras.

Puede interesarte: La transición energética en México se estanca mientras avanza la reforma constitucional

Política energética

La presidenta adelantó que en cuestión de días presentará el Plan Nacional de Energía, que contendrá nuevos proyectos de transmisión y generación eléctrica, así como un programa de transición hacia fuentes renovables, “que contribuyan a disminuir los gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático”.

Con ello, aclaró que se mantendrá la política de generación pública y privada de electricidad de 54 % y 46 % respectivamente.

A detalle, la inversión privada, para cubrir ese 46 % de generación, se regirá bajo reglas claras, en el marco de la ley y garantizando la estabilidad del sistema eléctrico. Dejó claro que la gran apuesta de su istración está en la inversión para fortalecer a las empresas de energía públicas.

El objetivo de Pemex seguirá siendo el consumo nacional, con un límite de 1,8 millones de barriles diarios.

“Vamos a promover la eficiencia energética y la transición hacia las fuentes renovables de energía para absorber el crecimiento de la demanda. Recordemos que la reforma energética proponía una producción de 3 millones de barriles diarios, eso es ambientalmente imposible, es mejor promover la eficiencia y las fuentes renovables”.

Lee también: El rol de los criterios ESG para potenciar las inversiones de nearshoring en México

Otras apuestas medioambientales

Como candidata, Claudia Sheinbaum ya había anunciado que una de sus prioridades serían los proyectos medioambientales. Y, en este rubro reafirmó la prohibición de siembra de maíz transgénico, y como prometió en su campaña, confirmó el lanzamiento de un proyecto en Tula Hidalgo sobre economía circular. Se trata de la construcción de un complejo ambiental para aprovechar los residuos, en el que también habrá tratamiento de agua y generación de energías renovables, además de reciclaje de productos.

“La ciudad más contaminada se convertirá en la ciudad más limpia”, expresó

Comentó que habrá, además, un cambio estructural sobre los derechos de agua, bajo la premisa de la sustentabilidad hídrica. Anunció que prepara reformas a las leyes para garantizar el agua como recurso de la nación.

¿Qué es el “humanismo mexicano”?

Mencionado en distintas ocasiones, la presidenta dijo que, en su istración “vamos a continuar con el humanismo mexicano”, que, en otras palabras es como el Ejecutivo saliente y el entrante denominan al modelo económico que proponen y “se aleja del modelo neoliberal”.

Las últimas reformas de Obrador

Este lunes 30 de septiembre, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dos reformas constitucionales, la primera de ellas, por la que se reforman y adicionan los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Carta Magna para fortalecer el ámbito de competencia de la Guardia Nacional, que ahora podrá investigar delitos, así como hacerla dependiente de la Secretaría de Defensa Nacional, incluyendo fuerzas militares en sus filas.

También se reformó el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como parte de la composición pluricultural de la nación.

Andrés Manuel López Obrador, además, emitió un acuerdo para dar las instrucciones inmediatas para la conclusión del Tren Maya y reformar el Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo.

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Google invierte más de USD 850 millones para construir data center en Uruguay 1hs36

Fri, 27 Sep 2024 17:46:19 +0000

Google invierte más de USD 850 millones para construir data center en Uruguay

Se trata de la segunda instalación de la empresa en América Latina.

Redacción Lexlatin Fri, 27/09/2024 - 13:46

Google, a través de Google Cloud Latin America, anunció una inversión superior a 850 millones de dólares en Uruguay para construir el que será su segundo data center en la región. El primero está ubicado en Chile y está operativo desde 2015. Esta nueva instalación se desarrolla en la ciudad de Canelones, al norte de Montevideo.

El anuncio fue hecho el 29 de agosto, fecha en la que se inició la construcción. La tecnológica fue asistida por un equipo de FERRERE - Uruguay y Bolivia en asuntos legales y regulatorios. El despacho la sigue representando en materia de inversiones, energía y regulatorios, inmobiliarios, permisos, preparación de contratos y otros asuntos relacionados con el proyecto.

Se calcula que la construcción se desarrollará en un plazo de 26 meses y empleará a unas 800 personas en momentos de mayor actividad.

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De acuerdo con FERRERE, esta inversión refleja el compromiso de Google con el crecimiento de la infraestructura digital, además de consolidar a Uruguay como un hub estratégico de innovación y conectividad en la región. Para Google, que actualmente tiene 28 centros de datos en 11 países, la nueva instalación mejorará la conectividad en la región, el rendimiento de los servicios que ofrece la compañía y del a la Inteligencia Artificial.

Asesores legales

Asesores de Google Cloud Latin America

FERRERE – Uruguay: Socios Gonzalo Secco, Isabel Laventure y Verónica Raffo. Consejera sénior Cristina Vázquez. Consejero Diego Durán. Asociados sénior Enrique Slekis, Laura Caffera, Agustina Pérez Lete, Alexandra Rovere y Mathías Rojas.
FERRERE - Bolivia: Asociado sénior Santiago Rodríguez.

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Eletrobras lanza emisión de 750 millones de dólares en bonos con incentivos fiscales 12915

Tue, 24 Sep 2024 17:53:42 +0000

Eletrobras lanza emisión de 750 millones de dólares en bonos con incentivos fiscales

Este es el primer bono emitido bajo la Ley 14.801/24 de Brasil, que estimula la inversión extranjera en proyectos de infraestructura.

Redacción Lexlatin Tue, 24/09/2024 - 13:53

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) emitió notas por 750 millones de dólares con un interés de 6,500 % y vencimiento en 2035. La emisión fue liderada por Citigroup Global Markets Inc., Banco Bradesco BBI S.A., Itaú BBA USA Securities, Inc., Santander US Capital Markets LLC, UBS Securities LLC, BBVA Securities Inc., BNP Paribas Securities Corp., Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch y Scotia Capital (USA) Inc., que actuaron como coordinadores conjuntos de la transacción.

Este es el primer bono emitido bajo la Ley 14.801/24 de Brasil, promulgada a principios de 2024. La norma ofrece ciertos beneficios fiscales con el fin de incentivar la inversión extranjera en proyectos de infraestructura en el país y forma parte de una serie de iniciativas del gobierno brasileño para atraer capital internacional y fomentar el desarrollo de infraestructura clave, como la energética.

Más noticias: Codelco adquiere 10 % de Quebrada Blanca por 520 millones de dólares en acuerdo con Enami

En esta operación, Clifford Chance - Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo) y Stocche Forbes Advogados (Río de Janeiro y São Paulo) representaron a Eletrobras. Los coordinadores de la oferta contaron con la asesoría de Lefosse (São Paulo) y White & Case - Brasil (São Paulo), Estados Unidos (Houston) y Reino Unido (Londres).

La compañia informó que los bonos fueron liquidados el 11 de septiembre. Los recursos obtenidos mediante esta emisión se destinarán al refinanciamiento de las deudas de la empresa.

Eletrobras es una de las principales empresas del sector eléctrico en América Latina y desempeña un papel clave en el desarrollo del sistema energético de Brasil. La compañía gestiona una parte significativa de la generación y transmisión de electricidad en ese país.

Asesores legales

Asesores de Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras):

Clifford Chance - Estados Unidos (Nueva York): Socio Jonathan Zonis.
Clifford Chance - Brasil (São Paulo): Consejera Anja Pfleger Andrade. Asociada Natalie Tsang. Abogado Guilherme Laudisio. Pasante Beatriz Bonamico.
Stocche Forbes Advogados (Río de Janeiro y São Paulo): Socios Frederico Moura, Mariana Saragoça, Laercio Munechika y Renato Stanley. Asociados Yves Dutra, Lucas Mascarenhas y Gabriela Muradas.

Asesores de Citigroup Global Markets Inc., Banco Bradesco BBI S.A., Itaú BBA USA Securities, Inc., Santander US Capital Markets LLC, UBS Securities LLC, BBVA Securities Inc., BNP Paribas Securities Corp., Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch y Scotia Capital (USA) Inc.:

Lefosse Advogados (São Paulo): Socio Ricardo Prado. Consejero Pedro Cruciol. Abogados Luis Bruno y João Augusto.
White & Case - Brasil (São Paulo): Socios John Guzman y Abraham Paul. Asociada Fabiana Fadel.
White & Case - Estados Unidos (Houston): Socio Chad McCormick. Asociado Thor Fielland.
White & Case - Reino Unido (Londres): Socio Stuart Matty. Consejero James Clarke.

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Citigroup Global Markets Inc., emisiones, suscriptor, Lefosse Advogados

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Itaú BBA USA Securities, Inc , emisiones, suscriptor, Lefosse Advogados

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Wed, 11/09/2024 - 12:00

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