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¿Qué esperar de la propuesta presidencial de reforma constitucional en Venezuela? 2j3p55

Fri, 02 May 2025 14:22:36 +0000

¿Qué esperar de la propuesta presidencial de reforma constitucional en Venezuela?

Este mes de mayo se espera que que el proyecto esté listo para su votación en la Asamblea Nacional.

Redacción Lexlatin Fri, 02/05/2025 - 10:22

Autor del artículo de opinión

Carlos García Soto*

En la agenda legislativa de la Asamblea Nacional de Venezuela está incluida la propuesta presidencial de reforma constitucional, que según fue anunciado, se presentó el 15 de febrero.

Al presentar el proyecto, el presidente de la República pidió que estuviese listo para votarlo en la Asamblea Nacional en mayo de 2025, es decir, en 90 días.

“En unos 60 días debe iniciar la fase de redacción definitiva de la propuesta que se genere del debate ampliado, para en 90 días, tener la propuesta definitiva que llevemos con el pueblo de Venezuela, hecho millones en las calles, a la Asamblea Nacional, para que proceda como manda la Constitución a debatir y decidir”, señaló el presidente en una reunión con los integrantes de la Comisión.

El presidente de la República anunció que la reforma alcanza a 80 artículos, que es poco menos de 1/4 parte del articulado de la Constitución.

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El proyecto no ha circulado. El presidente pidió, al presentarlo, que se debatieran cuatro puntos fundamentales:

Ampliación y perfeccionamiento de la democracia participativa protagónica y de la democracia directa.
Construcción de una nueva sociedad; definir los parámetros, valores y principios a establecer para una sociedad más humana.
El Nuevo Modelo Económico diversificado, no dependiente y autosuficiente.
Actualización de la Constitución en los términos jurídico, constitucional y político.

El presidente de la República ordenó la creación de una Comisión Amplia Nacional para la Reforma Constitucional en febrero, presidida por el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, y en la que también participan el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, la presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez y el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso.

La Comisión tendrá un Secretariado Ejecutivo formado por la vicepresidenta Rodríguez, el diputado Escarrá y la diputada Cilia Flores.

Esa Comisión dividirá su trabajo en cuatro comisiones:

La Comisión de Transformación, Modernización y Ampliación Democrática, coordinada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
La Comisión sobre Principios y Valores de la Nueva Sociedad, coordinada por el Fiscal General de la República, Tarek William Saab.
La Comisión para el Nuevo Modelo Económico Diversificado, que dirige la vicepresidenta de la República, Delcy Rodriguez.
La Comisión para la Actualización de la Constitución, encabezada por la diputada Cilia Flores.

En particular, sobre el modelo económico, señaló el presidente de la República en su mensaje anual a la Nación el 15 de febrero al presentar el proyecto de reforma:

“En tercer lugar: echar las bases poderosas, claras y luminosas de la nueva economía autosustentable, no dependiente, diversificada y productora de riquezas, que satisfagan la necesidad del pueblo de Venezuela y que abra sus puertas a una poderosa vocación exportadora. Ahora sí estamos en condiciones, y creo que es una de las grandes tareas”.

La reforma debe revisar parcialmente la Constitución, sin modificar la estructura y principios fundamentales (artículo 342 de la Constitución)

El proyecto de reforma debe tener una primera discusión. Una segunda discusión por Título o Capítulo. Una tercera discusión artículo por artículo. Será aprobado por voto de las 2/3 partes de los Diputados de la AN (artículo 343 de la Constitución). Debe someterse a referendo (artículo 344 de la Constitución).

*Carlos García Soto es socio de LEĜA Abogados.

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¿Qué consecuencias tiene para Venezuela la salida del país de las petroleras extranjeras? 2n3q2

Tue, 01 Apr 2025 17:04:36 +0000

¿Qué consecuencias tiene para Venezuela la salida del país de las petroleras extranjeras?

Analistas estiman que la factura petrolera venezolana podría caer hasta 45 % este año producto de las sanciones de Estados Unidos.

Jesús Hurtado Tue, 01/04/2025 - 13:04

En el corto y mediano plazo, el panorama financiero de Venezuela luce muy comprometido. La revocatoria de las licencias otorgadas por Estados Unidos a varias empresas petroleras para extraer y comercializar crudo venezolano, deja al país sin el soporte que le ha permitido reflotar su decaída industria y, lo que es más importante, obstaculiza las posibilidades de colocar ese petróleo en el mercado internacional.

Adicional a ello, el gobierno de Donal Trump impondrá un arancel adicional a todos los países que adquieran petróleo venezolano, un impuesto de segundo nivel o sanción indirecta dirigida a minar la estabilidad del régimen de Caracas, afectando las posibilidades del país de reflotar una economía que perdió cerca de 80 % del peso que tenía en 2013, cuando inició el primer mandato del actual gobierno.

La situación deja al país sin el más importante motor de la riqueza, pues, aunque el petróleo ha perdido peso en el mix de actividades que sostienen el quehacer económico venezolano, sigue siendo la principal fuente de dinero fresco, lo que proyecta el quiebre del crecimiento que venía experimentando la nación, luego de superada la hiperinflación.

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Golpe de timón

Hasta hace apenas dos meses, la economía venezolana parecía encaminada a una precaria pero sostenida recuperación, especialmente en materia energética, luego de que el gobierno de Nicolás Maduro hiciera un llamado a empresas de todo el mundo a invertir y desarrollar el potencial del subsuelo patrio, donde se encuentran las mayores reservas probadas de petróleo (extrapesado) y la octava existencia natural de recursos gasíferos.

“Hemos visto transacciones de campos de gas y petróleo en algunas áreas de Paria (Caribe venezolano) donde nos ha correspondido ser local counsel, aunque la actividad ha sido poca comparativamente con hace 15 o 20 años”, dice Hans Sydow Guevara, socio de la firma venezolana Travieso Evans Arria & Rengel, entrevistado por LexLatin durante su participación venezolana en el reciente Foro Regional Latinoamericano de la International Bar Association (IBA), celebrado en Lima.

En efecto, con la llegada en 2019 de Donald Trump a la Casa Blanca, la política de Washington hacia Caracas dio un cambio radical, en particular al imponer severas sanciones que profundizaron la crisis de su principal industria.

Trump reanudó su política contra el gobierno venezolano, tras ser investido por segunda vez como presidente de Estados Unidos, dando marcha atrás a las licencias otorgadas por Joe Biden para que varias petroleras, entre ellas la gigante Chevron, reanudaran las inversiones, explotación y comercialización de crudo y gas en el país.

Punto de inflexión fue el 6 de marzo pasado, cuando el Departamento del Tesoro emitió la Licencia General 41A, documento que reemplaza la LG 41 de 2022, la cual rescinde el permiso otorgado hace dos años a Chevron y ordena abandonar Venezuela antes del 3 de abril de 2025, límite que a pedido de la petrolera fue prorrogado hasta el próximo 27 de mayo.

Adicionalmente, el domingo 30 de marzo la istración Trump revocó los permisos para operar que había expedido Biden en favor de la también estadounidense Global Oil Terminals, la española Repsol, la italiana Eni, la sa Maurel&Prom y la india Reliance Industries, únicas petroleras, además de Chevron, autorizadas a producir y comercializar petróleo y gas venezolano sin verse afectadas por las sanciones aplicadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).

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Buscando alternativas

Sydow Guevara acota que, según información extraoficial, una vez que estas empresas abandonen el país, la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) asumirá el control y manejo de los campos operados de manera conjunta con estas operadoras.

“Pdvsa está buscando alternativas para mantener la producción y que no se pierda esa inversión que se ha venido haciendo en esos campos”, comenta.

Sin embargo, algunos analistas, entre ellos el experto Rafael Quiroz Serrano, creen que Pdvsa no cuenta con los recursos, conocimiento y know how para mantener estable la producción de los yacimientos operados conjuntamente, como tampoco está en capacidad de ofrecer las condiciones necesarias a posibles interesados en participar como socios, dadas las estrictas sanciones aplicadas por Washington.

Recuerda, además, que la extracción en Venezuela demanda muchos recursos y tecnología, toda vez que más del 70 % de los campos producen petróleo extrapesado, que debe ser mezclado para crear un combinado más liviano para su aceptación entre los compradores internacionales.

Al respecto, el ingeniero en petróleo Germán Márquez, comentó recientemente que a Estados Unidos le conviene que Chevron permanezca en el país, tomando en cuenta que el petróleo pesado que extrae se necesita para alimentar las refinerías de la costa este, especialmente diseñadas para procesar este tipo de crudo.

En el mismo orden, recuerda que Chevron tiene un contrato con Venezuela que estará vigente hasta 2040.

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Importante aporte

Aquejada por la segunda hiperinflación más larga de la historia, una industria petrolera colapsada por desinversión, además de la aplicación de sanciones económicas como mecanismo de presión política, para mediados de 2020 Venezuela vio desplomarse su producción de crudo al nivel más bajo en casi un siglo: 392.000 barriles/día.

Tras tocar fondo, la extracción comenzó a mejorar, pero no fue hasta finales de 2022 cuando se comienza a evidenciar un real repunte, ello después de que la istración Biden autorizó a las empresas extranjeras reanudar operaciones en el país, lo que permitió que extracción haya alcanzado en enero de este año los 1.031.000 b/d.

“Sin el apoyo de las petroleras extranjeras esto no habría sido posible, porque PDVSA no está en capacidad de hacerlo”, afirma Rafael Quiroz Serrano.

En efecto, los reportes de empresas especializadas señalan que poco más de un tercio de la producción actual (unos 350.000 b/d) corresponde a las corporaciones extranjeras asociadas a Pdvsa, siendo Chevron la responsable de extraer 250.000 b/d. Eso significa que, tras la salida de esas firmas, la producción bruta de la estatal venezolana se reduciría a unos 690.000 b/d.

Quiroz recuerda que a esa cantidad hay que restar el contenido de diluyentes, aditivos que Venezuela importa para mezclar con el petróleo extrapesado de la Faja del Orinoco, su principal reservorio, para poder colocarlo en el mercado internacional. Eso deja la producción neta en unos 600.000 b/d, cifra que —según el especialista— podría incluso ser menor.

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Y hay más

Además de la segura caída de la extracción, Venezuela enfrentará un problema adicional que no estuvo presente en pasados escenarios: las nuevas sanciones indirectas que impondrá Washington a cualquier país que haya comprado petróleo venezolano, cuyos productos deberán pagar un arancel adicional de 25 % para poder ingresar al mercado estadounidense.

“Se trata de un sobrecumplimiento de las sanciones… Es una medida discrecional que permitirá a los departamentos de Comercio y de Estado determinar a qué países y cuál tarifa se aplica”, señaló el economista Pedro Palma, expresidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.

Si bien los analistas ven como poco probable que EE. UU. pueda hacer un seguimiento pormenorizado del crudo que sale del país suramericano, la opinión general ronda en torno a que muchas naciones se abstendrán de comprar petróleo a Venezuela aun con descuento, porque no se arriesgarán a poner en juego sus negocios en y con Estados Unidos. De hecho, se sabe que varias naciones ya han comenzado a frenar sus pedidos al país, entre ellas China.

Ello obligará a Venezuela a desarrollar todo un entramado logístico para poder colocar su petróleo, valiéndose, como en el pasado, de traders que podrían comprar a cargo propio para luego vender a terceros que finalmente colocarían en el país de destino, previos trasvases en altamar y otras complicaciones de rigor.

Ello sin contar con el fuerte descuento que tendrá que dar Venezuela a esos embarques, monto que algunos expertos consideran que podría ascender hasta 45 %, porcentaje bastante más alto al margen de entre 20 % y 30 % que ha tenido que ofrecer Pdvsa a sus clientes bajo el esquema “tradicional” de sanciones, aumentado dado el mayor riesgo que tendrá el comprador por el nuevo arancel impuesto por Trump.

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Escenario complicado

No es difícil pronosticar que se avecinan tiempos borrascosos para la economía venezolana, que ya vio caer a la mitad el aporte del petróleo a la riqueza nacional.

De acuerdo con estimaciones privadas ante la falta de datos oficiales, en 2024 la factura petrolera neta fue de unos USD 22.000 millones, representando alrededor del 28 % del PIB. Pero ante los nuevos escenarios, algunos analistas prevén que este aporte caerá entre 30 % y 40 %.

“Aún no se tiene claro cuánto se dejará de percibir porque no se sabe cuánto será el descuento que se tendrá que ofrecer a los compradores. Tampoco se sabe cuánto se podrá vender, pero, de mantenerse sin alteración los precios actuales del petróleo, solo por la baja de la producción los ingresos podrían caer 30 %, es decir, USD 6.000 millones de dólares menos”, dice el economista José Guerra, exdirector del Banco Central de Venezuela (BCV).

Si a eso se suma el adicional descuento derivado del nuevo arancel impuesto por EE. UU., la factura por crudo podría caer hasta USD 9.000 millones, lo que significa que el país recibirá alrededor de 13.000 millones de dólares, bastante menos que el año pasado y razón para una segura reducción del gasto público y el gasto corriente.

Esa menor entrada de recursos también tendrá incidencias generales en una economía que recibe cerca de 85 % de las divisas de la venta de crudo, con el consecuente aumento de la cotización del dólar, que hasta febrero venía subiendo de forma relativamente pausada gracias a las inyecciones que hacen las petroleras extranjeras para honrar sus compromisos internos.

Las consecuencias ya comienzan a sentirse. Tras conocerse la revocatoria de la licencia a Chevron, la cotización de la divisa estadounidense en el mercado paralelo, real marcador de la dinámica económica, subió en un solo día 9 % y en marzo más de 24 %. En contraparte, la cotización oficial el pasado mes se elevó solo 8 %, creando una brecha superior al 30 % que afecta las operaciones del tejido empresarial privado, que debe buscar alternativas para paliar ese diferencial o trasladarlo al consumidor, lo que afectará el consumo.

Por eso, los analistas prevén una escalada de la inflación, un indicador que después de haber cerrado por primera vez por debajo de los 100 puntos en más de una década (48 % según el gobierno, 85 % según datos privados), podría finalizar el 2025 en cifra de tres dígitos.

“No creo que volvamos los escenarios de 2018 (fuerte escasez de productos básicos) porque no hay control de precios y hay flexibilidad de cambio, y no creo que el gobierno los imponga, pero habrá consecuencias para la economía que nos afectarán a todos”, refirió días atrás Luis Oliveros, decano de la facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Metropolitana.

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Venezuela, Estados Unidos, petróleo, Sanciones, aranceles, finanzas, Licencias de petróleo y gas

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Conflictos que no dan risa 5j16n La batalla por la marca de las Payasitas Nifu Nifa en Venezuela

Wed, 22 Jan 2025 20:42:50 +0000

Conflictos que no dan risa: La batalla por la marca de las Payasitas Nifu Nifa en Venezuela

El Sapi de Venezuela otorgó en 2024 el registro de la marca Nifu Nifa a una exintegrante de la agrupación, a pesar de la oposición legal de su fundadora.

Rosa Ramos Wed, 22/01/2025 - 16:42

Puede que (fuera de Venezuela) el nombre Payasitas Nifu Nifa no suene mucho o esté relacionado con otras cosas, pero dentro del país suramericano (y a riesgo de revelar mi edad), este nombre, que también es una marca registrada, le recuerda a quienes fueron niños en los 80 (y las décadas posteriores) una linda etapa en la que la música de esta agrupación de payasitas acompañó con sus canciones cuanta fiesta, evento o programa televisivo infantil hubo.

Aunque su fama declinó un poco con el siglo XXI, lo cierto es que las Payasitas Nifu Nifa (fundadas en 1984 por la psicopedagoga Gianna Lodi), por cuyas filas han pasado incluso exmisses y presentadoras de TV, siempre han sido una figura constante en el imaginario venezolano. Sin embargo, ahora están en una batalla de marca registrada debido a que el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (Sapi) de Venezuela otorgó en septiembre pasado el registro de la marca Payasitas Nifu Nifa a Dayana Fuentes Jackson, exintegrante de la agrupación, a pesar de las solicitudes que hizo su fundadora en 2006 y 2010, la presentación de un recurso de nulidad absoluta, una demanda ante la Fiscalía General de la República, un escrito de reconsideración y de la oposición al registro presentada por Lodi en 2018.

El registro fue asignado hace varios meses, pero la noticia volvió al ruedo porque Lodi acudió a las redes sociales la semana pasada para denunciar una vez más (ha hecho diversos reclamos en medios de información y social media desde 2022) que la marca registrada de su creación está en manos de una antigua empleada.

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La adjudicación, que Lodi calificó como “irregular” e “indebida”, se hizo bajo las clases 38 de la Clasificación de Niza, correspondiente a los servicios de telecomunicaciones, la difusión y transmisión oral o visual de datos y los servicios de redes sociales en línea, y la 41, que comprende los servicios de educación, formación, entretenimiento y actividades deportivas y culturales, además de la presentación de obras de arte plásticas o literarias.

La decisión del Sapi, en teoría, debía culminar el litigio que sostuvieron Lodi y El Club de las Payasitas (también conocidas como “las payasitas de los guantes blancos” o “las de los guantes blancos”, mientras se decidía el destino de la marca) y que empezó cuando los derechos de propiedad intelectual de Nifu Nifa fueron licenciados a Rodven Records, antigua compañía discográfica venezolana que tuvo en su catálogo a los más grandes artistas nacionales de los 80 y 90 y que luego fue vendida a PolyGram, que más tarde fue vendida a Universal Music Group (lo que significa que el catálogo de Rodven pertenece actualmente a UMG).

Las diversas compraventas en las que se vio envuelta la que fuera la disquera más grande de Venezuela derivó en que, debido a su desaparición, la marca Nifu Nifa quedara “en el aire”, que es la ocasión que aprovecharon las de los guantes blancos para solicitar ante el Sapi el registro de la marca, en 2018. Con la decisión de septiembre, esta agrupación derivada e imitadora pasó a ser la única autorizada para usar esta marca en el país, aunque Lodi sigue siendo la representante oficial de las Payasitas Nifu Nifa a nivel mundial.

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Mientras Lodi asegura que, por ahora, no podrá presentarse en Venezuela bajo el nombre de la agrupación que fundó y aún dirige, y que está tomando todas las medidas legales adecuadas ante varias instancias para volver a tener dominio de la marca “y preservar los valores de esta agrupación”, las ahora oficialmente Payasitas NifuNifa “recuperaron” el derecho a utilizar su nombre, logo y vestimenta en el país, gracias al “trabajo y dedicación de una década por parte del grupo para consolidar nuevamente la marca en el país”, como dijeron en una rueda de prensa.

Entretanto, fuera de nuestras fronteras, el proyecto de Lodi se maneja como un proyecto familiar: su hijo trabaja como su representante en Europa, su nuera es la encargada de la imagen y las coreografías y su nieta es integrante de las payasitas en España. De hecho, el proyecto que aún está en manos de Lodi fue nominado a los premios Grammy Latinos en 2024, en la categoría de mejor álbum de música para niños, con el disco Dun Dun Dara.

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Cronología paso a paso

De acuerdo con Lodi, la marca en realidad nunca estuvo libre. Esto es lo que pasó: siempre estuvo registrada bajo su nombre (desde 1987), hasta que en 1990, cuando firmó con Rodven, acordó hacer una licencia de uso, para que la disquera hiciera uso de su propiedad intelectual dentro y fuera de Venezuela, pero jamás cedió la marca per se.

En 2006, se venció esta licencia; en ese momento Lodi, asistida por sus abogados, pidió la renovación del registro ante Sapi, para que la marca volviera a ser de título personal, por medio de un recurso de reconsideración cuya decisión quedó pendiente, aunque el Sapi aseguró que la prioridad de registro era para ella, pero, como la decisión no se hizo firme, se presentaron diversos recursos a lo largo de los años.

Así pasaron los años hasta que, en 2018, Dayana Fuentes Jackson acudió al Sapi para solicitar el registro de la marca a su nombre, cabe destacar que –para ese entonces– era empleada de Lodi, quien ha sido desde hace cuarenta años la única integrante fija –y creadora y dueña del concepto– de la agrupación. La respuesta de la psicopedagoga fue inmediata: presentó una oposición de registro y procedió a desvincular a Fuentes del equipo quien, en contrapartida, fundó el grupo paralelo (junto con varias exintegrantes de las Payasitas originales) que ahora ostenta la marca.

Como nota al margen, la historia entre Lodi y Fuentes Jackson es digna de una de las famosas telenovelas de Venezuela. Dayana fue integrante del grupo desde 1990 hasta 1997, cuando hizo lo que Lodi calificó como un “boicot” y formó, siendo parte de las Payasitas, un grupo paralelo (con todas las integrantes, también llamadas coordinadoras, de ese momento) que empezó una gira nacional de espectáculos a espaldas de Gianna. “Pero, gracias a Dios, Venezuela me ha enseñado a ser valiente, a ser fuerte, moví todo lo que tenía que mover y al día siguiente salimos con la agrupación adelante”, dijo Lodi a medios venezolanos este martes.

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En 2014, se hizo un reencuentro de las Payasitas Nifu Nifa cuando Gianna (que vive fuera de Venezuela desde hace años) buscó a varias de las excoordinadoras para reiniciar la agrupación en el país; entre estas se incluyó a Dayana, quien se disculpó con la payasita original y le aseguró que había cambiado y no volvería a hacer algo similar en su contra. Así reanudaron la relación laboral que volvió a quebrarse en 2018, cuando Fuentes Jackson supuestamente recibió el tip de que la marca Nifu Nifa estaba “libre” y acudió al Sapi a registrarla a su nombre.

Ante la pregunta de cómo, si la marca no estaba libre, pudo ser asignada a Fuentes, Lodi respondió que fue por diversos “amiguismos” (que no definió) y por ignorar premeditadamente todos los recursos legales que presentó al Sapi que, por cierto, no entregó a ella o sus abogados notificación alguna sobre la asignación de septiembre a nombre de la tercera en pugna.

El único comunicado que le llegó a los abogados fue que la marca fue entregada a Dayana Fuentes Jackson. Yo fui al Sapi personalmente porque soy quien tiene las respuestas a cualquier tipo de pregunta, además de haber introducido toda la documentación necesaria para ellos validar todo esto. (...) Los recursos de amparo se respetan y se analizan, pero en mi caso no se respetaron, no se analizaron, no se vieron, no me llamaron, no me preguntaron, sino que simplemente había que introducir papeles con frecuencia, porque mágicamente se extraviaban, denunció Lodi.

De hecho, la Nifu Nifa original aclaró que, si se revisan los registros de Sapi en este momento, sus solicitudes están en trámite y están 100 % adjudicadas a ella. “Yo he vivido en otros países muchísimo tiempo y nunca he abandonado mi marca, ni la he dejado libre”, recordó a la vez que explicó que, debido a la decisión del Sapi, los proyectos que tenía en Venezuela están paralizados mientras espera que las autoridades adjudiquen la marca a la persona correcta.

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Los criterios del Sapi

De acuerdo con el organismo nacional, una marca puede quedar sin efecto cuando, bajo el artículo 36 de la Ley de la Propiedad Industrial, el titular de la misma decide renunciar a sus derechos sobre esta, cuando vence el plazo al que se refiere el artículo 31 sin haberse pedido la renovación (debido a que se presume la falta de interés de explotar o posicionar la marca dentro del mercado) o cuando caduca por no haberse hecho uso de esta durante dos años consecutivos.

La nulidad de la marca está establecida en el artículo 84 y ocurre cuando se registra una marca que hubiera sido concedida en perjuicio del derecho de un tercero. Para proceder a la nulidad, el afectado debe dirigirse a los tribunales competentes para pedir la nulidad del acto istrativo en el término de dos años, cuya vigencia empieza a partir de la fecha de expedición de la marca impugnada. En Venezuela, por cierto, la duración de las marcas es prorrogable cada 15 años, por tiempo indefinido.

Aunque Gianna Lodi ha sido bastante vocal con lo que ha pasado a lo largo de estos años, al igual que las ahora Payasitas Nifu Nifa, en realidad no ha quedado especificado cuáles son sus próximos planes (aparte de continuar oponiéndose) en materia legal, ¿asistirá de nuevo al Ministerio Público, volverá a presentar una oposición, acudirá a un tribunal?, ni cómo y por qué exactamente el Sapi otorgó un registro de marca a una persona que, a todas luces, no es dueña del mismo. Parodiando a Juego de Tronos, puede que el Sapi no lo recuerde, pero al menos los niños de los 80 recuerdan.

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Gruppo Montenegro avanza en tomar el control de la marca Ron Pampero 6lr1u

Wed, 27 Nov 2024 18:43:53 +0000

Gruppo Montenegro avanza en tomar el control de la marca Ron Pampero

La marca Pampero convive con otras muchas de tradición, e igualmente premiadas, en el mercado venezolano.

Rosa Ramos Wed, 27/11/2024 - 14:43

Según StrategyHelix Group, el mercado de bebidas alcohólicas de Venezuela alcanzará cerca de 3.290,6 millones en 2029, lo que refleja una tasa de crecimiento anual compuesta de 5,3 % entre 2024 y 2029; aún así, el mercado de bebidas alcohólicas de Venezuela enfrenta desafíos propios de la inestabilidad económica de la nación pero esto, según la consultora, no afecta gravemente el consumo de cerveza y licores tradicionales, como el ron, que en este país tiene un sitial de honor y una serie de marcas reconocidas dentro y, sobre todo, fuera de sus fronteras.

Una de estas marcas es Ron Pampero, cuyo “Pampero Aniversario” fue reconocido este mes en el The New York World Spirits Competition como el mejor ron oscuro/dorado y que cuenta, aparte de esta, con varios premios internacionales. Este ron, que la NYWSC describió como con “melaza, chocolate oscuro y un toque de frutas” es una de las más reconocidas marcas de ron venezolano, fundada en 1938 por Alejandro Hernández y Luis Toro y que se ha distinguido por décadas por el nuevo estándar de producción que impuso en la industria local de ron.

La marca Pampero (el primer ron venezolano añejado durante más de dos años) convive con otras muchas de tradición, e igualmente premiadas, dentro del mercado venezolano y, gracias a su internacionalización, se ha hecho relevante en mercados foráneos. Parte de esa internacionalización fue impulsada por Diageo que, a mediados de este año decidió vender la marca a Gruppo Montenegro, de Italia, donde Pampero lidera el mercado.

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Aunque la operación (de valor confidencial) cerró el 17 de julio, la entidad local del Gruppo Montenegro aún trabaja en la tramitación de permisos para garantizar su operación como controlador de la marca en Venezuela. En este proceso está siendo acompañado por DLA Piper (Italia), Araquereyna (Caracas) y el departamento legal de Gruppo Montenegro. A Diageo lo asesoraron Addleshaw Goddard LLP (UK) y Antequera Parilli & Rodríguez (Caracas).

Araquereyna destacó que esta operación representa un hito para la industria de bebidas espirituosas a nivel mundial y que, con esta, Gruppo Montenegro sumó a su portafolio “una joya de la coctelería mundial” mientras refuerza su presencia en el mercado de los licores . María Carolina Cano, socia de la firma, destacó que la empresa italiana se comprometió a “preservar y promover la tradición de este icónico ron venezolano”.

Ron Pampero tiene la Denominación de Origen Controlado Ron de Venezuela, es un ron añejo elaborado mediante tradiciones centenarias; de hecho, es gracias al dueño de Pampero en 1954 (Alejandro Hernández) que se firmó en Venezuela la Ley Orgánica de Rentas de Licores, que obliga a las roneras nacionales a cumplir altos estándares de calidad, lo que le ha dado a estos destilados su fama de ser de los mejores del mundo.

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Para el momento en que esta ley entró en vigencia, no había normas de destilación ni del tiempo que debía durar, así que la normativa impuso un mínimo de dos años de añejamiento para poder denominar al licor ron. En 1954, el mercado estaba dominado por Ron Santa Teresa (otra reconocida marca), seguida por Pampero y Cacique.

Volviendo a la adquisición de Pampero, el presidente de Diageo en Europa, John Kennedy, dijo a medios que la desinversión demuestra un “enfoque disciplinado y estratégico en la asignación de capital” y le permitirá a la multinacional concentrarse en las principales áreas de fortaleza de su cartera de marcas.

Cabe acotar que Ron Pampero está muy bien posicionada en Italia y Europa Continental, por esto Paul Douek, miembro del Consejo de istración de Gruppo Montenegro, señaló que añadir esta marca a su cartera “mejorará significativamente” la trayectoria de crecimiento de la compañía, en Italia e internacionalmente.

Asesores legales de la transacción

Asesores de Gruppo Montenegro:

Abogada in-house: Davina Baratella.

DLA Piper (Italia): Socios Andrea Di Dio, Giovanni Iaselli, Gualtiero Luca Dragotti y Danilo Surdi. Abogado sénior Giacomo Lusardi. Abogado Massimiliano Tiberio.

Araquereyna: Socios María Carolina Cano, Manuel Reyna y Gustavo Reyna. Asociada sénior Loriane Damian. Asociados Samuel Morales y Estefanía Lizardo.

Asesores de Diageo:

Addleshaw Goddard LLP (UK): Socio James Tatro.

Antequera Parilli & Rodríguez: Socio director Ricardo A. Antequera.

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'Overcompliance' 2s3m4l La ley que controla el financiamiento de las ONG en Venezuela

Tue, 29 Oct 2024 22:18:23 +0000

'Overcompliance': La ley que controla el financiamiento de las ONG en Venezuela

La ley aprobada podría afectar la permanencia de más de 600 ONG que atienden a millones de venezolanos.

Redacción Lexlatin Tue, 29/10/2024 - 18:18

Luego de múltiples intentos por regular el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG), la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, una normativa que, de acuerdo con analistas, socavará aún más las bases de la democracia venezolana, al atentar contra derechos humanos amparados por la Constitución.

Según sus objetivos, esta ley se ha elaborado para crear un sistema uniforme que regule el establecimiento, registro, organización y istración de este tipo de instituciones, con especial foco en transparentar sus finanzas y, con ello, a sus fuentes de financiamiento.

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¿El sobrecumplimiento es ilegal?

La norma fue aprobada en tiempo perentorio por la Asamblea unicameral venezolana y, aunque ni la directiva parlamentaria ni la Presidencia de la República han firmado su "ejecútese", se espera que en cualquier momento sea publicada en Gaceta Oficial y entre en vigencia.

Convencido de la inconstitucionalidad de la norma, Marcos Carrillo Perera, socio especialista del área de litigios y soluciones alternativa de conflictos en AraqueReyna, es categórico al señalar que uno de los grandes desaciertos de esta ley es atentar contra la libertad de asociación, un derecho no solo consagrado constitucionalmente en el país, sino avalado por una serie de normativas internacionales que son ley en Venezuela.

"Esta ley afecta un derecho humano fundamental: la libertad de asociación y, eventualmente, la libertad de reunión y otros derechos conexos. El derecho de libertad de asociación está garantizado por una serie de cuerpos normativos y tratados internacionales ratificados por Venezuela y, por lo tanto, por la Constitución", comenta Marcos Carrillo Perera.

Con lo anterior, el especialista ejemplifica que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece como uno de los derechos fundamentales el de asociación; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Declaración Interamericana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana de Derechos Humanos también lo recogen. "En todos estos casos dice que puede haber restricciones, es cierto, pero solo aquellas que sean necesarias en una sociedad democrática. De modo que no es cualquier tipo de restricción, sino que tiene como condicionamiento la potenciación de la democracia. Por ejemplo, cuando se tratan temas de orden público, la salud u otros derechos y libertades".

A nivel constitucional, el abogado refiere que se tiene este derecho reconocido en el artículo 52, que establece que toda persona tiene derecho a asociarse con fines lícitos.

-El argumento del gobierno para su aprobación es luchar contra el blanqueo de capitales y apoyo al terrorismo ¿Tiene la ley relación con el compliance?

Marcos Carrillo Perera: El compliance no puede estar por encima de la Constitución y de los tratados. Una manera de violar estos derechos es el overcompliance, el sobrecumplimiento, al establecer unas normas en tal modo engorrosas y complicadas que hagan difícil ejercer el derecho de libertad de asociación.

En ese caso, el overcompliance es inconstitucional, porque va contra los derechos humanos.

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Estrategia global

Marcos Carrillo dice que el ataque contra las ONG en Venezuela es de vieja data. Asegura que desde el año 2000, apenas un año después de que Hugo Chávez asumiera, el gobierno inició su embestida contra estas organizaciones, primero por vía de jurisprudencia y, desde 2006, con la presentación sistemática de proyectos de ley ese año y en 2011, 2017, 2021 y 2024.

-¿Se relaciona esta ley con otras que se han promulgado o están por aprobarse en la región?

Marcos Carrillo Perera: No es una ley aislada, sino que va en un contexto mundial, con nexos muy particulares con leyes similares que se han promulgado en Rusia, países africanos, en Europa del Este, el sudeste asiático y Latinoamérica. Estas buscan obstaculizar el derecho a la libertad de asociación y, en última instancia, el derecho a la cooperación internacional y a recibir financiamiento para actividades que van desde el desarrollo social hasta la promoción de derechos humanos.

-En una situación tan compleja como la actual para el Estado venezolano por las acusaciones de violación a los derechos humanos, ¿cómo afecta esta ley la imagen del país?

Lo que hace es consolidar una imagen de una Venezuela que está, lamentablemente, atentando contra principios democráticos básicos y elementales, no solamente en lo electoral, en la persecución política, sino en el ejercicio de derechos como el de libre asociación, que ya venían siendo coartados desde hacía tiempo con el de soberanía política. Esto lo que hace es un contexto más amplio, que ya parece ser una política.

Invaluables consecuencias

Si bien Marcos Carrillo dice no tener precisión de los efectos que esta ley pueda tener en el rol del país como actor del comercio internacional, asegura que habrá impactos en la economía interna, tomando en cuenta que las ONG no solo trabajan en la defensa de derechos políticos y civiles, sino que realizan obras de acción social en los sectores de educación, alimentación, salud, entre otras, dada la pérdida de capacidad del Estado ante la crisis económica que atraviesa el país desde hace más de una década.

Al respecto, Sinergia, red de organizaciones de la sociedad civil, un organismo que agrupa a una gran mayoría de las ONG que hacen vida en el país, ha reiterado la importancia de la labor que realizan, advirtiendo que el impacto de que estas organizaciones dejen de operar será muy grande y perjudicará a millones de venezolanos.

Aun cuando esta organización no maneja cifras en cuento a los fondos que reciben las mas de 600 ONG que hay en el país, analistas económicos han señalado que se trata de recursos que mueven una pequeña economía de cooperación con alguna incidencia, máxime en las condiciones actuales de Venezuela, cuyo PIB se redujo a una cuarta parte de lo que fue en 2013.

A modo de ilustrar la situación, en su informe de agosto pasado, la Oficina de Cooperación para Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés), señaló que entre enero y agostos de 2024 esa dependencia de Naciones Unidas ofreció ayuda en alimentación salud y protección a más de 1,8 millones de venezolanos (59 % mujeres), para lo cual había recibido hasta ese momento 126 millones de dólares, apenas 17 % de los 617 millones de dólares que se estimaban serían necesarios este año para atender la emergencia humanitaria venezolana.

Texto relacionado: Delitos ambientales y transición energética, ¿cómo Venezuela desarrolla un marco legal ante el cambio climático?

Perverso empaque

-¿Hay algo que pueda considerarse un avance en esta ley?

Marcos Carrillo Perera: Sin lugar a dudas, es más sofisticada que leyes anteriores. A primera vista, llama a la transparencia, a la rendición de cuentas, que utiliza conceptos aceptados en el área, pero todo ello como mampara, y es ahí donde está el problema. Es una ley en apariencia muy buena, pero con muchas perversidades.

Se limita el derecho a asociación de manera muy discrecional y velada. Se prohíbe la promoción del fascismo, el odio, la discriminación o que se violen normas constitucionales. Eso no se puede permitir, el asunto es que, en el contexto actual, estos conceptos han sido utilizados de manera genérica e interesada para atacar a grupos, desprestigiarlos, perseguirlos. Conceptos que, a primera vista, pueden ser potables, al final son utilizados con otras intenciones.

Un segundo problema es que establece procedimientos muy engorrosos para el registro de las ONG, se están pidiendo 14 requisitos, algunos que no son para nada ordinarios. Por ejemplo, establecer el alcance territorial de la organización, establecer un régimen disciplinario, si el financiamiento es total o parcial, hecho por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. Además, establece normas que pueden llevar a escoger personas no idóneas para dirigir la organización.

-¿Qué ocurre con el principio del doble registro?

Ese es otro de los problemas, que establece varios registros, hasta cuatro:

El registro subalterno, donde generalmente se inscriben las organizaciones civiles.
El registro nacional de ONG y organizaciones sin fines de lucro.
Si se es una ONG internacional, se debe inscribir en el registro de ONG internacionales.
Un cuarto registro antes órganos antiterrorismo.

Esto violenta el principio fundamental de buenas prácticas internacionales en esa materia, que es evitar a toda costa el doble registro.

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Leyes similares

De acuerdo con Amnistía Internacional, al menos 50 países en el mundo cuentan con alguna ley que limita la actuación de las ONG. Por suerte, son pocos los países de América Latina donde existen estar normativa, siendo Cuba el decano y modelo seguido por otros, entre ellos:

Nicaragua: Ley de Regulación de Agentes Extranjeros

Promulgada en octubre de 2020, la norma implementa medidas que obstaculizan las labores de las ONG, impiden recibir financiamiento externo y sometiéndolas a sanciones arbitrarias que, en la mayoría de los casos, ha desembocado en la cancelación de la personalidad jurídica. Bajo este paraguas, desde 2018 el gobierno de Daniel Ortega ha cancelado y expropiado los bienes de al menos 6.000 ONG, la gran mayoría religiosas.

Guatemala: Decreto 4-2020

En 2020, el Congreso guatemalteco reformó la Ley de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo de 2003, imponiendo nuevos controles ejecutivos a las actividades financieras y istrativas de las organizaciones de la sociedad civil, concediéndose la potestad de cancelar el registro e ilegalizarlas. Como consecuencia, cerca del 90 % de las ONG que existían en el país a la entrada en vigencia de la ley no pudieron actualizar su registro. El problema sigue vigente.

Perú: Ley N.º 27692

La reforma a la Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) de julio de 2024, faculta a APCI a controlar, supervisar y fiscalizar los recursos que reciben las ONG del exterior, además de registrar organizaciones que hacen activismo político. Los analistas creen que esto afectará incluso el trabajo de los medios de comunicación y organizaciones que hagan contraloría social al gobierno. Esta ley permanece congelada en el Congreso.

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Delitos ambientales y transición energética 4p5t4 ¿cómo Venezuela desarrolla un marco legal ante el cambio climático?

Thu, 12 Sep 2024 19:20:17 +0000

Delitos ambientales y transición energética, ¿cómo Venezuela desarrolla un marco legal ante el cambio climático?

Araquereyna acaba de abrir una nueva área de práctica con foco en derecho ambiental.

Rocío Mellas Thu, 12/09/2024 - 15:20

Un 88 % de latinoamericanos está a favor de políticas más estrictas contra el cambio climático. Según la Encuesta sobre el Clima del Banco Europeo de Inversiones (BEI), 8 de cada 10 latinoamericanos consideran que los gobiernos y las empresas deben enfocarse en el crecimiento sostenible, en vez de pregonar un crecimiento económico a cualquier precio.

A pesar de los discursos negacionistas de varios gobiernos de la región, la ciencia es clara: el cambio climático es un hecho. Mientras hace décadas las empresas podían darse el lujo de pensar cómo mitigar su impacto socio-ambiental, hoy están obligadas a pensar en regeneración. Ya no basta con compensar el daño, sino que es necesario avanzar con programas regenerativos, con foco en la vida.

El cambio climático no solo tiene consecuencias en el medioambiente, sino también en la economía. En el último Estudio Económico de América Latina y el Caribe, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advierte que la región está en riesgo.

“América Latina tiene una elevada vulnerabilidad frente al cambio climático, debido a su ubicación geográfica y dependencia de sectores sensibles como la agricultura y el turismo. Sin políticas adecuadas de adaptación y mitigación, el cambio climático podría tener efectos adversos importantes en el crecimiento económico y el empleo en la región. Modelos estimados muestran que, en un escenario sin mitigación, el PIB y el empleo podrían sufrir reducciones significativas hacia 2050, lo que deja en evidencia la necesidad urgente de contar con políticas que promuevan un desarrollo sostenible e inclusivo en la región”, señala el organismo.

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El negocio detrás de los delitos ambientales

Si las consecuencias del cambio climático son evidentes, ¿por qué hay países que continúan permitiendo prácticas ilegales?

Los delitos ambientales son la cuarta actividad delictiva más lucrativa del mundo. En la región, la destrucción de la Amazonía y los constantes derrames petroleros sobre los océanos son dos de los principales problemas, al igual que la extracción de recursos naturales y la pesca ilegal.

En Venezuela, los delitos ambientales han aumentado significativamente en los últimos años, impulsados por actividades ilegales como la minería, la deforestación y el tráfico de especies. Estos crímenes no solo dañan el ecosistema, sino que también están estrechamente vinculados a la degradación social y económica del país. Solo por citar un ejemplo, entre el 80 y el 90 % del oro venezolano se produce de manera ilegal.

En este sentido, el derecho ambiental tiene un rol crucial para prevenir, proteger, mitigar, regular y promover una gestión sostenible sobre los recursos naturales.

Loriane Damian

“En la medida en que al mundo se le hace imperativo mitigar y adaptarse a las consecuencias del cambio climático; promover y garantizar el a la energía eléctrica de manera justa, sostenible e inclusiva; conservar la biodiversidad y los recursos naturales; adoptar prácticas sostenibles; pasar de la economía lineal actual a la circular; desarrollar tecnologías verdes y ampliar el financiamiento verde o sostenible, el derecho ambiental y las políticas ambientales toman un papel importante para abordar y regular cómo se enfrentan tales problemas. De hecho, para abordar varios de los problemas mundiales actuales, parte de las leyes, regulaciones, políticas e incluso prácticas que se han implementado en materia ambiental también se adoptan bajo criterios de sostenibilidad y ambiente, sociedad y gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), funcionando así como mecanismos de acción que configuran la forma en la que la sociedad, las empresas, los gobiernos y demás actores responden a esta nueva realidad”, sostiene Loriane Damian, asociada del área de Derecho Ambiental y Sostenibilidad de Araquereyna.

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Venezuela, reina de recursos para la transición energética

La norma venezolana más antigua en materia ambiental data de 1594. “Establecía, entre otros, una multa de diez pesos de oro cuando el agua de las tenerías/curtidurías fuera devuelta a los canales de aguas. Hoy en día, Venezuela no solo cuenta con un marco constitucional y regulatorio que desarrolla el derecho ambiental e incorpora varios de sus principios, sino que además se han sometido a evaluación y discusión de anteproyectos de ley para promover las energías renovables en general, para incorporar el uso del hidrógeno verde y para confrontar el cambio climático”, detalla la especialista.

La transición energética puede transformarse en una experiencia reveladora para el país. De hecho, en abril de este año, la Federación del Colegio de Contadores Públicos de la República Bolivariana de Venezuela aprobó el Acuerdo Marco de Emisión y Aplicación de las Normas de Relevaciones de Información sobre Sostenibilidad.

“Si a este marco regulatorio le sumamos el hecho de que Venezuela cuenta con varios de los recursos naturales necesarios para la transición energética, podemos concluir que el país cuenta con un alto potencial para posicionarse en la región latinoamericana como uno de los mejores encaminados para hacer frente a la nueva realidad ambiental, por un lado; y para lograr la sostenibilidad y descarbonización de parte de sus sectores económicos, por otro”, opina Damian.

Contenido relacionado: El rol de los criterios ESG para potenciar las inversiones de nearshoring en México

Desafíos ambientales de las agendas presidenciales latinoamericanas

Para la experta en Compliance, Energía y Petróleo, los gobiernos regionales deberán centrarse en desarrollar e implementar regulaciones y políticas que se adapten, o continúen adaptándose, a las tendencias actuales en materia ambiental y de sostenibilidad:

Transición energética: leyes para regular e incentivar los proyectos de energías renovables y de captura y almacenamiento de carbono.
Mitigación y adaptación: leyes y regulaciones que incentiven y faciliten la implementación de medidas de mitigación y adaptación ambiental.
Gestión de residuos: leyes y regulaciones que requieran e incentiven la gestión de residuos y la incorporación de la economía circular en los procesos productivos de diferentes sectores de la economía (textil, plástico, construcción, petróleo, electrónico, automotriz, alimentario, agua, entre otros).
Deforestación y degradación forestal: leyes y regulaciones para combatir la pérdida y degradación mundial de los bosques y, a la vez, preservar, o incluso aumentar, la cantidad y calidad de los bosques y para incentivar su rol como contribuyentes de la captura de carbono.
Bonos verdes y mercados de créditos de carbono: leyes y regulaciones que favorezcan y establezcan el funcionamiento de los mercados (de compliance o voluntarios) de diversos instrumentos financieros con objetivos verdes.

“Cualquier actividad económica realizada por los seres humanos tiene el potencial de generar gases de efecto invernadero o daños ambientales. Por supuesto, dentro de tales actividades económicas, las realizadas por diversos sectores de la economía, como electricidad, petróleo, transporte, industria y construcción, generan más impactos ambientales negativos que otras. Si bien estas industrias son las que deberán, en mayor medida, ajustar o instituir nuevos procesos, tecnologías y prácticas, con el fin de reducir el impacto ambiental de sus operaciones, al mismo tiempo tendrán mayor proyección y deberán soportar la mayor carga de las nuevas regulaciones, leyes y políticas ambientales. Desde esta perspectiva, algunos podrían considerar que las industrias de tales sectores serán las menos favorecidas. Sin embargo, desde otra perspectiva, tales industrias tienen ahora una oportunidad histórica para transformar sus procesos productivos y, así, dar respuesta a problemas ambientales de modo responsable con las sociedades donde operan y generan desarrollo económico, lo que les permite alinearse con la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas”, detalla la asociada del área de Derecho Ambiental y Sostenibilidad de Araquereyna.

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El valor agregado de los expertos en derecho ambiental en una firma de abogados

“La incorporación de expertos en materia ambiental en las firmas de abogados permite la identificación, planificación y respuesta de cuestiones medioambientales legales y de requisitos de cumplimiento o compliance en materia ambiental que pudieran estar presentes en las operaciones y transacciones de sus clientes. Los abogados expertos en el área ambiental y de sostenibilidad pueden, por lo tanto, ayudar a sus clientes a prevenir y responder frente a delitos ambientales y a otros daños e impactos ambientales que pudieran estar asociados a sus operaciones y transacciones”, destaca la especialista en sostenibilidad.

Araquereyna acaba de abrir una nueva área de práctica con foco en derecho ambiental para brindar asesoría legal en el desarrollo de actividades y proyectos; analizar la evaluación legal de impacto ambiental o transición energética; asesorar sobre la gestión y tramitación de permisos ambientales, así como también la emisión de bonos verdes; desarrollar el aspecto legal de los planes de gestión ambiental; orientar la implementación de acciones para asegurar el cumplimiento normativo ambiental; monitorear las tendencias de sostenibilidad y ESG; diseñar estrategias de mitigación de riesgos de operaciones y transacciones; e identificar y valorar asuntos jurídico-ambientales en la gestión de residuos y economía circular, suelos, agua y emisiones.

“Cada vez más las transacciones comerciales y los litigios implican cuestiones medioambientales complejas y requisitos de cumplimiento o compliance en materia ambiental. A su vez, la tendencia mundial a la descarbonización de diversas industrias sigue creciendo, llevando a las empresas, inversores, instituciones financieras y demás organizaciones y actores a orientar su estrategia y operaciones de negocio al desarrollo sostenible. Ayudar a nuestros clientes a navegar con éxito en este nuevo entorno es el principal motivo por el cual decidimos crear una nueva área de Derecho Ambiental y Sostenibilidad”, comparte Damian.

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¿Las elecciones en Venezuela abren un nuevo capítulo para el país? t2p4f

Mon, 29 Jul 2024 14:00:00 +0000

¿Las elecciones en Venezuela abren un nuevo capítulo para el país?

El fin de las sanciones, recuperar la producción petrolera y renegociar deuda destacan entre los primeros pasos.

Jesús Hurtado Mon, 29/07/2024 - 10:00

Según los primeros resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela —desconocidos por la oposición y puestos en duda por varios gobiernos—, Nicolás Maduro habría sido reelecto por otros seis años, con un 51 % de los votos. Al margen de que esta nueva etapa de gobierno carezca de legitimidad, ¿se abre un nuevo capítulo para el país?

Tras ocho años de recesión, lograr el impulso necesario para reconstruir el andamiaje productivo del país requerirá, al menos, dos décadas para retomar a los niveles productivos de 2013, de acuerdo con las proyecciones de los expertos consultados.

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La primera labor que debería enfrentar el Ejecutivo Nacional sería diseñar un plan creíble y ejecutable de recuperación, lo suficientemente sólido como para atraer la ingente inversión extranjera, que será preciso inyectar a la economía.

“En 2025, según el gobierno que tengamos, podríamos ver un crecimiento bajo o de dos dígitos. Es en pocas palabras los dos caminos que tenemos”, afirma el economista Asdrúbal Oliveros, socio director de la consultora Ecoanalítica, una de las voces más respetadas del acontecer económico venezolano.

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Sanciones sin sentido

Cual tierra arrasada por un huracán de la máxima categoría, en la economía venezolana la reconstrucción debe ser, básicamente, total. Luego de haber perdido cerca de 80 % del peso que tenía 11 años atrás, contar con menos de 30 % de su capacidad para producir petróleo, acumular una milmillonaria deuda en default y ser considerado uno de los países más riesgosos para invertir en el planeta, entre otros aspectos negativos, todo ello se adereza con más de 900 sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea.

Es por ello que la mayoría de los analistas coinciden en apuntar que entre las prioridades del próximo gobierno debe estar el levantamiento definitivo de las sanciones, principalmente porque traban el manejo del recurso petrolero, la principal fuente generadora de divisas del país.

“No solo no se puede vender el crudo, sino que dificulta todo lo que está alrededor del sector”, dice Oliveros.

Aplicadas desde 2017, las sanciones contra organismos, instituciones, empresas y una larga lista de individualidades ligadas al gobierno fueron una medida de presión para forzar al Ejecutivo a negociar con la oposición una salida a la crisis política del país. Pero las sanciones nunca lograron su objetivo.

“Se tomaron para generar un cambio político, en un momento determinado, y no se dio. Con una victoria sólida y reconocida, no habría razón para que se mantuvieran esas sanciones”, comentó Luis Oliveros, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Metropolitana.

Conocidos ya los resultados electorales, es ahora necesario esperar por los resultados de la contienda en Estados Unidos, pues, como apuntan todos los analistas, será muy distinta una negociación con un gobierno demócrata liderado por Kamala Harris, de resultar electa, que hacerlo con el repitiente republicano Donald Trump.

Para entender la importancia del reconocimiento de resultados electorales y de gobierno, José Guerra, exdirector del Banco Central de Venezuela (BCV), trae a colación este detalle: en septiembre de 2021, el Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgó a Venezuela 5.100 millones de dólares por derechos especiales de giro, monto que no ha podido ser ejecutado pues el FMI no reconoce la legitimidad del gobierno venezolano.

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Apostar por lo seguro

Motor de la economía venezolana desde hace casi 100 años, la abrupta caída de la producción petrolera ha sido la razón de la crisis nacional, tenida como una de las más extensas y profundas en tiempos recientes. No obstante, es preciso aclarar que, si bien las sanciones fueron un impulso, no son la causa del declive petrolero.

La caída de la industria petrolera prácticamente comenzó con el ascenso de Hugo Chávez a la presidencia en 1999, año en el que la producción rondaba los 3,2 millones de barriles diarios. Pero la desinversión, la reestatización de la industria, en 2010, y la crisis pandémica hicieron retroceder la extracción hasta 527.000 b/d en 2020, la cifra más baja en más de cuatro décadas.

Ahora bien, aunque Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de crudo del mundo, elevar la producción a los niveles de principios de siglo, desde los 950.000 que se extraen hoy, es una tarea casi titánica que demanda la intervención de las transnacionales del petróleo, únicas con músculo financiero para inyectar los 250.000 millones de dólares que se necesitan para alcanzar los 3,2 millones de barriles al día, de acuerdo con informes de la propia Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

“Pero es muy difícil que las trasnacionales quieran venir a Venezuela a poner esas cantidades de dinero si no hay un cambio en la gobernanza del petróleo, lo que requiere cambiar la Ley de Hidrocarburos, pues las compañías se negarán a venir para seguir siendo socias minoritarias de Pdvsa”, señala el economista José Guerra, quien además es exdiputado a la Asamblea Nacional.

Igual opinión sostiene su colega Luis Oliveros, quien considera absurdo creer que las grandes trasnacionales del crudo regresen al país si no se garantiza una participación mayor al tope de 49 % que tienen como socias del Estado en las empresas mixtas, única posibilidad de entrar al negocio.

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El pesado fardo de la deuda

Otro espinoso tema que debe ser prioridad para el nuevo gobierno es el manejo de la deuda externa. Contraída en su mayoría durante el período de mayores ingresos históricos, las acreencias del país superan los 150.000 millones de dólares (el Banco Mundial la ubica en más de USD 180.000 millones). Esto, frente a los USD 100.000 millones del PIB actual, significa que Venezuela debe 1,5 dólares por cada dólar que produce, con el agravante de haber entrado en default en noviembre de 2017.

Sin recursos propios y requiriendo grandes sumas para lograr un desarrollo real y sostenido (en 2010, el economista Asdrúbal Baptista calculó que para ello se requerirían 80.000 millones cada año durante 15 años), el financiamiento externo se hace más que necesario.

“Sin al financiamiento externo, no creo que haya una recuperación firme de la economía porque el petróleo no es suficiente”, comenta José Guerra.

Ello implica la necesidad del país de renegociar y reestructurar su enorme deuda como condición sine qua non para acceder a dinero fresco, algo que, además de reconocimiento del gobierno antes mencionado, pasa por:

El establecimiento de una férrea disciplina fiscal.
Acuñar una nueva estructura tributaria.
Privatizar muchas empresas nacionalizadas en los últimos 20 años.
Estabilizar la moneda.
Controlar la inflación.
Revisar las políticas de subsidio.

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Dolar e inflación

Tras haberse convertido en moneda de curso normal, el dólar ha demostrado que sigue teniendo un papel protagónico en la Venezuela de hoy, por lo que de su estabilidad dependerá que se alcance el equilibrio de las cuentas nacionales.

Luego de meses de relativa calma cambiaria, el aumento del precio del dólar tras las elecciones presidenciales es un hecho para la mayoría de los analistas, vista la imposibilidad del gobierno de seguir interviniendo el mercado a fin de evitar alzas abruptas. Sin embargo, el tema es más complejo.

“El problema estructural es la ausencia de confianza en nuestra moneda. Todos los agentes económicos saben que la protección de su patrimonio, el sistema de costos y precios, etc., se basa en el dólar. Es necesario establecer nuevas políticas fiscales y monetarias para lograr restablecer la confianza en el bolívar”, dice Asdrúbal Oliveros.

Tanto el director de Ecoanalítica como su colega de la Universidad Metropolitana prevén una devaluación o deslizamiento del tipo de cambio poselecciones, que pudiera ser controlada para evitar que impacte en la inflación.

“Es un tema complicado que seguirá caliente por los próximos meses”, refuerza Luis Oliveros.

Ligado al tema cambiario está el inflacionario. Más de cuatro años en hiperinflación han dejado una profunda huella en la economía venezolana con secuelas que siguen presentes. De hecho, el país sigue teniendo una de las inflaciones más altas del planeta (51,4 % interanual a junio), por lo que lograr que este indicador se estabilice en un dígito es otra de las tareas que deberá asumir el nuevo residente del Palacio de Miraflores.

Un aumento del consumo es una medida que mucho puede ayudar para vencer este flagelo, solo que en medio de una economía que es hoy 20 % de lo que fue una década atrás, estimular ese consumo es una tarea cuando menos complicada.

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La reforma pendiente

La opinión generalizada de los especialistas es que Venezuela requiere una profunda reforma tributaria, tema que ha sido asomado por el actual gobierno pero que no ha pasado de ser un mero anuncio.

Tema prioritario que debe ser atendido con prontitud dado que los recursos petroleros son insuficientes para hacer funcionar la economía, esta reforma debe sopesar muy bien su alcance para no afectar aún más la precaria imagen de un país donde la voracidad fiscal es la norma.

El especialista en derecho tributario Leonardo Palacios, exdirector ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas, recuerda que este tema debe ser abordado con suma atención, tomando en cuenta las erráticas políticas aplicadas hasta ahora, según las cuales se busca estimular el arribo de capitales, pero en paralelo se crean nuevos impuestos que frenan cualquier intento de inversión.

En este mismo orden, Luis Oliveros recuerda que no es posible atraer inversiones con leyes que obligan a pagar entre 50 % y 60 % de los ingresos en contribuciones fiscales y parafiscales.

Convencido de la necesidad de modernizar un sistema considerado entre los más arcaicos de América Latina, Palacios cree que esta reforma debe involucrar al menos tres aspectos:

Modificación del impuesto sobre la renta.
Reformulación del impuesto al valor agregado.
Eliminación de impuestos intimidatorios, como el impuesto a los grandes patrimonios y el impuesto a las grandes transacciones financieras.

El abogado afirma que esa modernización también pasa por la reestructuración del órgano istrativo (Servicio Nacional Integrado de istración Aduanera y Tributaria, Seniat), ajustar los mecanismos de control de la economía informal e involucrar la tecnología como actor y parte del entramado fiscal, materia en la cual Venezuela está bastante rezagada.

“Esta es la forma de dar respuesta concreta al déficit fiscal, lo que implica un reordenamiento completo del Estado, es decir, del manejo de todas las finanzas de la istración pública, incluyendo estados y municipios y alcanzar una verdadera armonización tributaria nacional y municipal algo que no se podido conseguir con la reciente ley en esta materia”, dice Palacios.

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Misceláneos

Además de los urgentes temas antes descritos y, pese a que son muchos los aspectos que el gobierno que se instalará en enero de 2025 debe tomar en cuenta para movilizar la estancada economía venezolana, la lista de contenidos que deben ser revisados incluye:

Laboral: revisión de la Ley Orgánica del Trabajo, a fin de restablecer las destruidas relaciones contractuales y reedificar los pasivos laborales.
Banca: en especial lo concerniente al encaje legal y los servicios de intermediación financiera.
Mercado de valores: apertura a nuevos formatos de financiamiento alternativo para las empresas, regreso de empresas públicas al mercado, de nuevos actores.
Seguros: diseño de una estructura menos gravosa que permita bajar costos para que el público general pueda acceder a los servicios privados de salud, ante la inoperancia del sistema público.

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Elecciones en Venezuela 51q6r el día después

Mon, 29 Jul 2024 13:43:58 +0000

Elecciones en Venezuela, el día después

El gobierno convocó a elecciones presidenciales para Maduro. Muchos cuestionan los resultados.

Redacción Lexlatin Mon, 29/07/2024 - 09:43

Autor del artículo de opinión

Raúl Stolk

Aproximadamente una hora después de que la oposición dijera que solo tenía al 30 % de los escrutinios oficiales —un documento clave para auditar los resultados electorales— porque la autoridad electoral de Venezuela (CNE) había bloqueado la transmisión de los resultados al centro de totalización, el presidente del CNE, Elvis Amoroso, operador clave de Maduro, anunció estos resultados: con el 80 % de los votos transmitidos y con una participación del 59 %, Nicolás Maduro ganó las elecciones, con 5.150.092 votos (51,20%); colocando a Edmundo González Urrutia en segundo lugar, con 4.445.978 votos (44,2%).

Amoroso se disculpó por el retraso. Aunque el sistema electoral de Venezuela es bastante eficiente, el CNE esperó hasta la medianoche para dar los resultados. Amoroso dijo que el retraso se debió a algún tipo de sabotaje y pidió al fiscal general de Maduro que abriera una investigación.

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Yo iré primero…

Una hora después del mensaje, María Corina Machado y González Urrutia dialogaron con la prensa. “Yo iré primero”, comentó Machado, “Venezuela tiene un nuevo presidente electo en Edmundo González Urrutia. Fue una victoria abrumadora... Ganamos”.

“Fue histórico”, dijo, “cuatro conteos rápidos dieron los mismos resultados que las encuestas a pie de urna, y ahora mismo tenemos más del 40 % de los escrutinios oficiales que lo confirman. Edmundo González Urrutia ganó con el 70 % de los votos frente al 30 % de Maduro. Es la elección presidencial con mayor margen de victoria en la historia de Venezuela”.

Machado continuó diciendo que “toda la comunidad internacional sabe lo que pasó, pero lo más importante lo saben los venezolanos… Los del Plan República, los ciudadanos militares, también lo saben…”

Machado pidió a la población presionar hasta que se impriman todos los conteos oficiales y que se coloquen detrás de los testigos de las mesas electorales.

González Urrutia coincidió y dijo que “su lucha continúa hasta que se respete la voluntad del pueblo venezolano”. Cuando se le preguntó si estaban llamando a la gente a las calles, dijo que no, que se trataba de un movimiento de paz.

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Algunas reacciones internacionales: Anthony Blinken dio un mensaje inmediatamente después de que se hicieran públicos los resultados y pidió un recuento. El chileno Gabriel Boric cuestionó los resultados y el Gobierno de Costa Rica fue muy frontal al decir que lo ocurrido en Venezuela fue un fraude. En el eje; Nicaragua, Cuba y Bolivia felicitaron a Maduro.

Desde el día en que llegué a Caracas, hace dos semanas, el consenso de la gente de la comunidad empresarial y del cuerpo diplomático fue que, independientemente de los resultados de las elecciones, Venezuela no volvería a los días oscuros de 2017-2019. "El país ha cambiado". Y estoy de acuerdo en que el país ha cambiado, así como la disposición de la comunidad internacional hacia él. Pero la única manera en que Venezuela pueda navegar con calma (o incluso seguir navegando con calma), a través de estas relaciones que han permitido una paz relativa y una mejora relativa de la economía, depende de mantener a raya la violencia política, que dependía de una victoria reconocida de González Urrutia, o una improbable victoria legítima de Maduro. Y si bien el chavismo puede contar con la violencia política del pasado para mantener a la gente a raya, la verdad es que los votantes reunidos por Machado y González Urrutia pueden ser más impredecibles de lo que pensaba el gobierno.

El gobierno de Maduro, que en el pasado ha sido disciplinado y asertivo en sus estrategias para mantenerse en el poder, ha sido cada vez más torpe a la hora de abordar la campaña presidencial de la oposición. No sería demasiado descabellado pensar que será lo mismo después.

Desde el comienzo de nuestra cobertura de esta campaña sabíamos que el día de las elecciones presidenciales no sería el final, sino que marcaría el tono para el día siguiente. Bueno, el tono está fijado. Y así comienza.

Manténganse al tanto.

**Raúl Stolk es CEO de Caracas Chronicles y asesor de la junta directiva de LexLatin.

*Este artículo fue publicado originalemente en Caracas Chronicles. Caracas Chronicles tiene un reporte de riesgo político sobre Venezuela.

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El ají margariteño es la octava Indicación Geográfica Protegida de Venezuela 3o1t30

Wed, 22 May 2024 13:23:04 +0000

El ají margariteño es la octava Indicación Geográfica Protegida de Venezuela

Es de origen silvestre y empezó a cultivarse en pequeñas huertas familiares dentro de la isla.

Rosa Ramos Wed, 22/05/2024 - 09:23

Este martes 21, el Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional de Venezuela otorgó a los productores de la Isla de Margarita la octava Indicación Geográfica Protegida del país que, en esta ocasión, le fue cedida al ají margariteño, un chile local que, en vez de ser picante, como los que podrían encontrarse en otros países, es dulce.

En Venezuela es común encontrar tanto el ají dulce como el picante, aunque solo el margariteño es distintivo por tener una fragancia y orígenes particulares, al crecer en una isla cuyo suelo y clima reúne condiciones irrepetibles en otro lugar de nuestra geografía.

Este cultivo es de origen silvestre y empezó a cultivarse en pequeñas huertas familiares dentro de la isla, por lo que pasó a ser parte del inventario alimentario local, “transformándose en un poderoso marcador cultural”, cuenta Miro Popić, periodista, profesor, consultor, conferencista y —lo más importante— “cocinólogo” venezolano.

Así, este humilde pimiento de pequeño tamaño y diferentes colores, pasó al resto de los estados venezolanos con la migración interna que vivimos desde mediados del siglo pasado hacia Caracas, la capital, y otras ciudades de rápido crecimiento urbano.

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El ají margariteño es producto de una cultura ancestral y es tan local que su origen no se comparte en todo el estado insular de Nueva Esparta (compuesto por tres islas) sino solo en la más grande de ellas: Margarita. Su boom se explica por la expansión de su uso que, a pesar de que se ha empleado por siglos en la cocina margariteña, derivó, dice Popić, “en motivo de orgullo y afirmación de genuina identidad”. Sobre todo porque:

"Está debidamente estudiado que solo en el ecosistema insular se puede dar un ají tan particular, tan especial y propio como es el ají margariteño, cuya réplica, más allá de esta frontera marina que lo rodea, es prácticamente imposible de mantener conservando sus propiedades".

Guiándose por esto, los productores margariteños introdujeron, el 22 de agosto de 2023, la solicitud de Declaratoria de Protección de Indicación Geográfica (Inscripción N° 2023-000002), ante el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (Sapi), para designar al ají de los municipios Antolín del Campo, Arismendi, Díaz, García, Gómez, Maneiro, Península de Macanao y Tubores de Margarita.

La intención, claro está, es que la IGP le dé a los productores la posibilidad de comercializar el ají fuera de nuestras fronteras, aparte de que permite garantizar, resalta Zulay Poggi, experta en IGP e investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo (Cendes), de la Universidad Central de Venezuela, la mayor calidad de la cosecha ya que todos los productores bajo el sello deben cumplir con un reglamento de uso que toma en cuenta la calidad, lo que, eventualmente, abre “muchas oportunidades para la exportación y para participar en mercados locales y nacionales”.

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"Obviamente la IGP se convierte en valor agregado para el ají margariteño. Goza de prestigio nacional y obviamente internacional con la diáspora venezolana diseminada por el mundo. Hay allí un mercado potencial ya cautivo que debería incrementarse con su internacionalización", dice Miro Popić.

Esta (la exportación) parece ser también una de las prioridades del Ministerio de Comercio venezolano, como indicó su titular, Luis Villegas, en el acto de entrega de la IGP, ya que es una oportunidad para sacar el mejor provecho de la modernización de técnicas de producción para concretar la diversificación económica y que tiene un fuerte componente de propiedad intelectual.

De hecho, el trabajo del Sapi se ha concentrado, desde 2021, en el establecimiento de mejores protocolos para estudiar las peticiones de IGP, así como su entrega, lo que ha puesto en la lista de espera de su sello de calidad geográfica a los cacaos de Barinas y Río Caribe, al aguacate de Yaracuy, a la miel Kavitepuy y al pan de Táchira, todos con calidad de exportación.

Como dato curioso, en 2021 hubo una prueba piloto de exportación del aguacate hacia Rusia que, lamentablemente, naufragó por la comisión que cobraron las empresas exportadoras y que le dejó muy poco margen de ganancia a los fruticultores.

Otros productos con calidad de exportación - Venezuela

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La ruta

Si bien hay iniciativas privadas como Margarita Gastronómica, que desde hace años han promovido el capsicum local, lo cierto es que la solicitud de la IGP es hija de una mezcla de iniciativas de promoción que ha involucrado a los productores locales, agrupados en la Asociación Cooperativa Ají Margariteño y la Asociación Civil Red de Productores Libres y Asociados Alto Orinoco.

Dentro del reglamento venezolano, solo pueden solicitar la IGP los grupos organizados de productores que se dediquen a la extracción directa, producción, fabricación o elaboración de los productos para los que se pide la IGP; las autoridades nacionales, estatales, municipales, comunales, pueblos indígenas y otras comunidades locales con personalidad jurídica, y las asociaciones de fabricantes o productores que pertenezcan al territorio que se corresponda con las indicaciones geográficas o denominaciones de origen solicitadas, pero no una fundación o colectivo gastronómico.

Para obtener su IGP, los colectivos de productores deben presentar documentos como sus actas constitutivas e informes técnicos, entre los que debe haber estudios del suelo, fisicoquímicos, sobre propiedades organolépticas o de calidad del producto (según las normas Covenin), para las IGP agrícolas; así como estudios de sobre identificación de materia prima para alimentación de la zona, sobre propiedades organolépticas y parámetros de carácter productivo, canal y de carne para las IGP pecuarias, además de un estudio de calidad del producto, también según las normas Covenin.

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La fase para el otorgamiento de la IGP que dirige el Sapi sigue el mismo procedimiento establecido para las marcas comerciales de la ley de Propiedad Industrial que, en Venezuela, no se actualiza desde 1955, el único añadido a la ley es que la autoridad encabeza un proceso de evaluación técnica y jurídica a través de un examen de forma, una inspección técnica para comprobar la calidad y reputación del producto y una evaluación técnica del pliego de condiciones por parte de tres expertos la materia, entre otras evaluaciones.

Dejando de lado el hecho de que la evaluación para otorgar una IGP se basa en una ley de 69 años que, claramente, necesita ser actualizada, la IGP otorgada este martes al ají margariteño se fundamenta en el Acuerdo sobre los Adpic, en vez de en los parámetros establecidos por la Comunidad Andina de Naciones, ya que Venezuela se retiró de esta en 2007, lo que llevó al otorgamiento de las IGP y denominaciones de origen a un limbo normativo que complicó —o retrasó— el reconocimiento de nuevas IG.

Esta ausencia normativa, explica Asdrúbal Gómez, especialista en propiedad intelectual y socio director de Themis, llevó al Sapi a anunciar la aplicación directa de los Adpic en las nuevas solicitudes de signos distintivos, específicamente bajo el procedimiento establecido por el mismo organismo en el Aviso Oficial DRPI-AO-N° 19, de diciembre de 2020.

"Para obtener una Denominación de Origen nuestro sistema normativo se basaba en el de la CAN y su Decisión 486, por eso en Venezuela tenemos tres DO, porque, para el momento en que se reconocieron esas esas tres (el ron venezolano, el cacao de Chuao y el cocuy de pecaya), estábamos bajo el manto de la Decisión 486".

Entonces, desde 2020 nuestros signos distintivos se han apoyado en la aplicación de los acuerdos Adpic, lo que aceleró –desde 2021– el otorgamiento de IG para el cocuy larense; los cacaos de Carenero, de Caripito, de Choroní y de Patanemo; los cafés de Boconó y de Mérida, y el protagonista de hoy: el ají margariteño.

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El impulso

Que el país haya podido reactivar y acelerar la declaratoria de las IG es un hito que podría sumar no sólo al impulso de las tradiciones y orígenes de la gastronomía venezolana, que este miércoles 22 de mayo celebró su Día Nacional, sino también (y como fin último) a la economía, ya que el sello de un IGP sobre productos competitivos abre las puertas para la comercialización fuera de las fronteras. Y, si el ají margariteño pasara por el mismo proceso de promoción y mercadeo que ha tenido, digamos, el ron venezolano, las posibilidades son infinitas.

"Para mí el ejemplo más importante es la DO ron de Venezuela, al menos en impacto mediático e influencia en los mercados internacionales, donde es la de mayor peso en comparación con el resto de las IG y DO que tenemos. Su calidad e influencia se nota en los premios internacionales que ganan los rones de distintas marcas y en el acuerdo implícito entre todas estas de exaltar el sello ron de Venezuela por encima de todo, a pesar de que son competencia entre los autorizados al uso de esta Denominación de Origen", dice Gómez.

La promoción interna ya está hecha, bien sea porque el ají dulce se fue extendiendo paulatinamente por Venezuela, de manos de quienes cocinan, o porque la tradición gastronómica que rige su uso fue pasando de generación en generación, especialmente entre quienes descienden de habitantes del oriente del país.

Asimismo, el trabajo técnico ya está hecho, por eso fue otorgada este martes la IGP. Ahora viene el segundo trabajo: el mercadeo internacional que, a decir de Miro Popić, no debe limitarse solo a este producto.

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"Para eso es preciso un gran trabajo de posicionamiento y de él deben ocuparse las autoridades en conjunto con los productores locales, cocineros, promotores turísticos, etc. Hay un largo camino que recorrer, este es solo el primer paso. Otros productos pueden y deben incorporarse a este esfuerzo, como el cacao venezolano, por ejemplo, ya conocido hace dos siglos como el mejor; algunos destilados como el cocuy, que deben apoyarse en el trabajo adelantado por el ron venezolano, y así, muchos otros, pero dependerá de la seriedad y esfuerzo con que ejecuten esas tareas para no defraudar a los potenciales consumidores".

El ron es el mejor ejemplo del camino que se puede seguir para promover el ají margariteño y nuestros otros signos distintivos. Considerando que, para 2018, 5 de los 10 mejores rones que se vendían en el mundo eran venezolanos, no es cosa menor querer imitar las estrategias de mercadeo de esta bebida. A esto se le suma, precisamente, que el hecho de que muchas de nuestras marcas de este destilado cuenten con sellos de calidad, ha obligado a mejorar sustancialmente los medios de producción y la calidad del licor.

Irónicamente, en el caso del ron dentro del mercado nacional, el aumento en su precio combinado con la crisis económica impulsó la compra de otros destilados, como el cocuy, un licor similar al mezcal extraído de un agave, que usualmente era menospreciado en Venezuela (la obtención de IG mejoró su calidad y percepción entre el público local) y que también es un fuerte contendiente si se decidiera posicionarlo en los mercados internacionales como el ron. Similar historia vivió el ron en el mercado nacional: cuando el whisky importado pasó a tener precios prohibitivos, los gustos locales viraron hacia el destilado nacional.

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Puede que el trabajo también deba concentrarse en educar sobre la importancia de proteger cierto tipo de productos, porque pareciera que en Venezuela aún no hay mucha educación al respecto, ni mayor conciencia sobre nuestras tradiciones milenarias que aún viven entre nosotros (como la arepa y el casabe), ni mucho menos sobre lo mucho que pueden mejorar los sistemas productivos si se cuenta con la formalización a la que obligan las IGP y las DOC.

No obstante, Asdrúbal Gómez cree que estamos en un momento en que se está comenzando a difundir un poco más el conocimiento sobre qué son estos signos distintivos, mientras los agricultores están comenzando a entender que existe la posibilidad de proteger cierto tipo de cultivos a través de estos signos distintivos y se están organizando para mejorar sus procesos de producción, su comercialización y calidad, para solicitar IGP y DO y, si los vientos son favorables y la ley de propiedad intelectual venezolana se actualiza, para solicitar otros tipos de protección.

"Hay algo que no se ha discutido en Venezuela y es sobre las especialidades tradicionales garantizadas, un tipo de protección que existe en la Unión Europea muy interesante, porque con las IGP no puedes proteger la receta de la arepa, pero con una con una especialidad tradicional garantizada sí. Sería interesante que esto se pudiese incluir en una potencial reforma de la Ley de Propiedad Industrial".

Aunque ite que hay un aumento en el conocimiento sobre las IGP y otros signos distintivos y un aumento en las iniciativas de promoción gastronómica o productiva, Miro Popić no cree que exista todavía conciencia en el país, especialmente a nivel de productores, de la importancia comercial y cultural que significa proteger determinados productos banderas, por lo que precisa que ahora hay que lograr entre ellos la misma conciencia y compromiso que se construyó para el ron para incorporar en el futuro nuevos productos, “pero respetando las reglas, ajustándose a los procedimiento estipulados y, más que nada, haciendo cada día mejor lo que ya se hace bien.”

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Entretanto, siguen en pie proyectos como Venezuela Gastronómica, que este 22 de mayo, a propósito del Día Nacional de la Gastronomía Venezolana, encabezó el 1° Festival del Patrimonio Gastronómico; Margarita Gastronómica, Quesos Venezolanos (que hace una loable labor en la difusión de los quesos nacionales), Bienmesabe Magazine, y el trabajo de investigación y promoción que adelantan personas como Popić; Marisela Bravo, investigadora del Laboratorio de Ecofisiología Vegetal del Centro de Ecología del del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, y Rafael Cartay, escritor especializado en historia de la alimentación e historia económica.

Todos ellos tienen una meta común: dar a conocer nuestra despensa originaria, quizá también enseñarle a los venezolanos, algo habituados a menospreciar la gastronomía propia, todo el valor que tiene esta despensa y como dice Popić, recordarles a todos que:

"La cocina es hija de la geografía y es el entorno lo que determina lo que comen los pueblos. Es la costumbre la que establece cómo se come. Es el conocimiento el que fija las maneras de preparar y servir los alimentos. Es la memoria la que los transforma en cultura. Mientras no entendamos esto, no estamos preparados para entender el enorme significado que tiene la protección para un producto tan humilde como puede ser el capsicum de la isla de Margarita".

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Exxon vs. Chevron en Guyana; el arbitraje que marca un hito en la historia de la industria petrolera 6zit

Fri, 10 May 2024 19:51:26 +0000

Exxon vs. Chevron en Guyana; el arbitraje que marca un hito en la historia de la industria petrolera

La adquisición de Hess por parte de Chevron ha devenido en un arbitraje entre dos de las mayores petroleras del mundo.

Jesús Hurtado Fri, 10/05/2024 - 15:51

Lo que a finales de 2023 fue una noticia más de adquisición de una empresa por otra se ha convertido en un litigio que mantiene expectante a la industria petrolera. En esta adquisición tienen participación dos de las mayores empresas privadas del mundo, en un negocio valorado en más de un billón de dólares.

Los actores principales de esta trama son las estadounidenses Chevron Corporation y ExxonMobil, viejas rivales que ya se han enfrentado en otros escenarios. Esta vez su disputa se centra en el control de Hess Corporation, una empresa que dejó de ser una actriz secundaria para adquirir un papel protagónico en la historia, a la que se ha sumado la china CNOOC, posiblemente con la intención de sacar más dividendos políticos que económicos.

El escenario es Guyana, un pequeño país sudamericano que en los últimos años ha adquirido una relevancia capital por sus cuantiosos yacimientos de gas y petróleo, y cuya importancia geopolítica se ha visto fortalecida por guerras que ocurren a miles de kilómetro de sus ricas costas.

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El origen de la disputa

Cuando a finales de octubre de 2023 Chevron anunció un acuerdo para adquirir, por 53.000 millones de dólares más deudas a Hess Corp, una rival “menor”, el monto de la oferta dio una primera pista de que algo grande estaba en juego, y no era para menos.

Sin visos de un fin en la guerra que mantienen Rusia y Ucrania, y con los peligros que encierra el recrudecimiento del asimétrico conflicto entre Israel y Palestina, asegurar el suministro de crudo en este lado del mundo es prioridad para las petroleras norteamericanas.

Esto, seguramente, fue suficiente motivo para que Chevron hiciera la jugosa propuesta, pues lo que tenía para ofrecer Hess son verdaderos manjares: participaciones en el Golfo de México, en el campo de esquisto de Bakken (Estados Unidos) y en Guyana, definitivamente, el premio gordo.

Desde el inicio del proyecto, Hess es socia en el bloque offshore Stabroek, el mayor reservorio de petróleo descubierto hasta ahora en la costa guyanesa y el mayor hallazgo del mundo en la última década, con entre 11.000 y 17.000 millones de barriles probados y un valor que supera los 1.000 millones de dólares. Hess posee el 30 % del proyecto, mientras que Exxon tiene el 45 % y China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) el 25 % restante.

Pero la negociación no sería tan fácil. Apenas se conoció el acuerdo inicial, las alarmas se encendieron en Exxon, líder del proyecto, que sacó a relucir una cláusula firmada por Hess al momento de constituir el t venture, con la que otros socios tendrán derecho preferencial para hacerse con el porcentaje de sus colegas en caso de retiro o venta, con lo cual podría vetar la transacción.

Desde su sede en Irving, Texas, se ha dicho que no se oponen a la compra por parte de Chevron, pero buscan defender sus derechos en un desarrollo que fundaron de cero.

“Sería permitir que un proyecto de talla mundial se entregue a un tercero sin considerar siquiera el ejercicio de nuestros derechos contractuales”, ha dicho la petrolera privada más grande del mundo.

Aunque en Mountain View, California, el heartcore de Chevron, afirman haber escudriñado el acuerdo de Hess con las otras petroleras, lo cierto es que no se percataron de este ‘cabo suelto’. Esta cláusula, aseguran los entendidos, siempre está presente en los contratos entre empresas conjuntas petroleras de alto riesgo. Por ello estuvieron abiertos al diálogo, pero las conversaciones no llegaron a un término consensuado.

“No hay absolutamente ningún escenario posible en el que Exxon y CNOOC se hagan con la participación de Hess como resultado de la transacción”, ha respondido la cuarta compañía privada del sector más grande del planeta.

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Choque de gigantes

El 6 de marzo de este año, Exxon introdujo ante la Corte de la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés) una solicitud de arbitraje comercial contra Chevron para conservar sus derechos preferentes de adquirir el 30 % que posee Hess en el campo Stabroek.

“Solicitamos un arbitraje para proteger estos derechos preferentes. Es muy importante para la empresa y para la industria. La seguridad de los contratos en esta industria es realmente importante. Y asumimos esa responsabilidad”, señaló Neil Chapman, vicepresidente de Exxon, al presentar la solicitud.

Nueve días después, la estatal china CNOOC hizo lo propio y se adhirió a la petición de arbitraje para establecer sus derechos de adquirir el 30 % de Hess en el bloque guyanés.

China busca aumentar sus reservas de petróleo, asegurando sus participaciones en yacimientos de América Latina (también tiene presencia en Brasil y Venezuela). Con ello, el gigante asiático no solo estaría garantizando crudo y gas para satisfacer su creciente demanda, sino que sería una jugada geopolítica de importancia, con la intención de restar presencia a su archirrival Estados Unidos en su propio terreno.

"Tenemos un acuerdo de operación conjunta con socios en relación con el bloque Stabroek. Nos ocuparemos de las cuestiones pertinentes en función de los términos de arbitraje pertinentes", afirmó en ese entonces Xu Yugao, secretario del Consejo de istración de CNOOC.

Para dirimir esta controversia, el tribunal arbitral que se ha constituido bajo ley inglesa debe nombrar un tercer árbitro antes de comenzar un juicio, que desde ya se perfila como histórico por todas sus implicaciones. Además, está de por medio la aprobación de la compra por parte de los accionistas de Hess, que deberán votar en una junta a celebrarse este 28 de mayo.

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La situación Guayana-Venezuela

El conflicto entre los dos gigantes del petróleo se produce en momentos en que Guayana se divide entre la súbita abundancia y un recrudecimiento del conflicto territorial con Venezuela, que justamente reclama el territorio donde se encuentra el rico yacimiento motivo de la disputa.

Con apenas 800.000 habitantes, de ser una de las naciones más pobres de Suramérica, el hallazgo de crudo ha significado que la excolonia británica haya triplicado su Producto Interno Bruto en apenas cuatro años, que pasó de 5.170 millones de dólares en 2019, a más de 14.700 en 2023, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional.

Mientras el país disfruta las mieles de su riqueza súbita, mantiene un conflicto internacional con su vecino por los más de 159.000 kilómetros cuadrados del Esequibo, un territorio que representa cerca del 70 % de la superficie de la actual República Federativa de Guyana, pero que ha estado en disputa por Venezuela desde tiempos coloniales.

En 2018, Guyana pidió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dirimir el diferendo con base en lo establecido en el laudo de París de 1899, algo que Venezuela rechaza al asegurar que esa instancia no tiene jurisdicción para decidir en la materia.

Cedido a Guyana en 1899 por un fallo arbitral radicado en París en el que Venezuela no tuvo representación, Caracas no reconoce la soberanía de Georgetown sobre el territorio, por lo que rechaza que Guyana haya otorgado concesiones de explotación de hidrocarburos en la plataforma continental de un territorio que, legalmente, sigue en disputa.

“Rechazamos enérgicamente la ilegal ronda de licitaciones de bloques petrolíferos que actualmente lleva a cabo el Gobierno de la República Cooperativa de Guyana (...), ya que la misma pretende disponer de áreas marítimas pendientes de delimitación entre ambos países", señaló la Cancillería venezolana en un comunicado en septiembre de 2023, a propósito de una nueva ronda de concesiones que considera, incluso, podrían estar vulnerando la soberanía de su actual territorio.

En respuesta, Guyana ha dicho que “se reserva el derecho de realizar actividades de desarrollo económico en cualquier parte de su territorio soberano o en cualquier territorio marítimo correspondiente”.

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¿Qué sigue para el caso entre las petroleras?

De favorecer a Exxon y CNOOC, la fusión de Chevron y Hess quedaría sin efecto y la primera sin posibilidades de participar en uno de los mayores negocios del sector en estos momentos. De ser favorables a su causa, es de prever que el conflicto interempresarial escalará, pues Exxon no parece estar dispuesta a compartir el tesoro descubierto luego de invertir millones de dólares y más de 15 años de trabajo.

Chevron espera que el juicio se dirima en los próximos cinco o seis meses, pero Exxon cree que se extenderá hasta 2025 debido a la envergadura de las empresas y del objeto de discusión.

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