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Raízen recompra bonos con fondos recaudados en colocación internacional 495rd

Wed, 05 Mar 2025 17:50:01 +0000

Raízen recompra bonos con fondos recaudados en colocación internacional

Su subsidiaria Raízen Fuels Finance emite bonos en dos tramos, incluyendo notas verdes, por USD 1.750 millones.

Redacción Lexlatin Wed, 05/03/2025 - 13:50

Raízen Fuels Finance S.A. colocó bonos en dos tramos en el mercado internacional por un monto total de 1.750 millones de dólares. La operación se desglosa de la siguiente forma:

Bonos por 1.000 millones con vencimiento en 2037 y un cupón de 6,70 %.
Bonos verdes por USD 750 millones con vencimiento en 2054 y un cupón de 6,95 %, adicionales a los emitidos el 5 de marzo de 2024.

Los títulos, que fueron emitidos de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores estadounidense, están garantizados por Raízen S.A. y Raízen Energia S.A.

En paralelo con la oferta de bonos, Raizen Fuels recompró sus bonos en circulación al 5,300 % con vencimiento en 2027, también garantizados por Raízen y Raízen Energia.

Más emisiones: Saavi Energía emite notas preferentes por USD 1.000 millones

En la transacción, que cerró el 25 de febrero, Simpson Thatcher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo) y Stocche Forbes Advogados (São Paulo y Río de Janeiro) apoyaron a Raízen y a sus subsidiarias. Milbank - Brasil (São Paulo) y Estados Unidos (Nueva York) y Pinheiro Neto Advogados (São Paulo y Río de Janeiro) representaron a BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Morgan Stanley & Co. LLC como suscriptores en la emisión y como dealer managers en la oferta de compra en efectivo, que concluyó el 27 de febrero.

Además de financiar la operación de gestión de pasivos con los fondos obtenidos a través de la colocación de los bonos con vencimiento en 2037, Raízen destinará parte de los recursos al giro ordinario de sus negocios. Mientras que los ingresos netos recaudados por la vía de los bonos verdes adicionales los usará para invertir en proyectos y activos seleccionados de acuerdo con su marco de financiamiento verde.

Los valores recibieron calificación “BBB” por parte de Fitch Ratings y S&P, con grado de inversión.

Raízen produce azúcar y etanol. Además, distribuye combustibles, productos y servicios de la marca Shell en Brasil, Argentina y Paraguay.

Asesores legales

Asesores de Raizen Fuels Finance S.A., Raízen S.A. y Raízen Energia S.A.:

Simpson Thacher & Barlett - Brasil (São Paulo): Socios Grenfel Calheiros y Paulo Cardoso. Asociados Raissa Fini y Doug Ogata.
Simpson Thacher & Barlett - Estados Unidos (Nueva York): Socio Jonathan Cantor.
Stocche Forbes (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Henrique Filizzola y Eduardo Pereira. Asociados Ana Flávia Chaves y Vinícius Balmas.

Asesores de BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Morgan Stanley & Co. LLC:

Milbank - Brasil (São Paulo): Socio Tobias Stirnberg. Asociadas Marina Carvalho Rodriguez, Lays Lima Dutra y Stefania Toschi.
Milbank - Estados Unidos (Nueva York): Socio Andrew Walker. Asociadas Michelle Song y Blake Rocks.
Pinheiro Neto Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socio Guilherme Sampaio Monteiro. Consejero Marcos Saldanha Proença. Asociados Elena Carvalho Carraso y Henrique Sampaio H. P. da Costa. Asistente legal Lucas Consentino.

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Empresas involucradas

Raizen Fuels Finance S.A, emisiones, emisor, Simpson Thacher & Bartlett - Global

Bank of America Merrill Lynch Inc. (ahora BofA Securities, Inc.), emisiones, suscriptor, Milbank LLP (antes Milbank, Tweed, Hadley & McCloy) - Global

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Tue, 25/02/2025 - 12:00

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COP29 134a3p el rol de los abogados en la transición climática

Thu, 05 Dec 2024 12:38:29 +0000

COP29: el rol de los abogados en la transición climática

La cumbre redefinió las prioridades legales en América Latina, una de las regiones más castigadas por el cambio climático. ¿Están listos los despachos?

Rocío Mellas Thu, 05/12/2024 - 08:38

Los despachos tienen un reto clave: convertirse en aliados estratégicos en la transición climática. Ahora bien, ¿están preparados de cara a los desafíos asumidos por los países en la COP29? La 29ª edición de la Conferencia de las Partes (COP29) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) se llevó a cabo a fines del mes pasado en Bakú, Azerbaiyán. El objetivo de la cumbre fue fortalecer los compromisos internacionales para limitar el calentamiento global a 1.5°C por encima de los niveles preindustriales, en línea con el Acuerdo de París.

La última edición reunió a representantes de gobiernos, organizaciones internacionales, el sector privado, la academia y la sociedad civil para discutir y tomar decisiones sobre acciones globales frente al cambio climático.

Algunos de los ejes centrales de la COP29 han sido el financiamiento climático, la justicia climática, la transición energética y los mecanismos para implementar soluciones basadas en la naturaleza. En este contexto, de forma indirecta, la cumbre redefinió la agenda legal global. ¿Qué se espera de América Latina?

Puede interesarte este caso: Canje de deuda por la conservación: los aspectos legales de la histórica transacción que busca proteger Galápagos

Compliance, financiamiento verde y resolución de conflictos ambientales

El tiempo es hoy: América Latina necesita avanzar hacia una economía de bajas emisiones de carbono o, mejor aún, hacia una economía regenerativa. Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para cumplir los objetivos de descarbonización pactados en París, la región debe movilizar entre 470.000 millones y 1,3 billones de dólares al año de aquí hasta el 2030.

Si bien la COP29 estableció objetivos ambiciosos para replantear las estrategias económicas y regulatorias de los países que se adhirieron, en el caso puntual de América Latina el reto es aún mayor.

La región, rica en recursos naturales, es una de las más castigadas por los efectos del cambio climático: incendios forestales, inundaciones, crisis energéticas, pérdida de biodiversidad, derretimiento de glaciares, y amenazas constantes a ecosistemas angulares, como la Amazonia y los arrecifes de coral, por solo nombrar algunos. Empero, al mismo tiempo, es una de las zonas con mayor potencial para transformar los modelos de desarrollo de los países.

“América Latina tiene un enorme potencial para desarrollar proyectos sostenibles y ser proveedor de servicios ecosistémicos al mundo”, señala Manuel Frávega, socio del departamento de Derecho Ambiental y Cambio Climático de Beccar Varela.

Con varios cambios de gobierno latentes, altos índices de corrupción y poblaciones por debajo de la línea de la pobreza, para algunos países latinoamericanos poner la agenda ambiental 2025 sobre la mesa puede ser titánico. Por eso, el sector legal tendrá un rol clave.

Alexander Berkemeyer, especialista en Derecho Corporativo y Comercial de Berkemeyer, considera que los acuerdos de la COP29 impulsarán una revisión y actualización de la normativa ambiental.

“Se espera un mayor desarrollo normativo en áreas como la electromovilidad, la gestión de residuos y el control de emisiones industriales. La COP 29 también puede influir en la implementación de la Ley de Créditos de Carbono y el fortalecimiento del sistema de valoración y retribución de servicios ambientales”.

En este sentido, los despachos de abogados de la región deberán prepararse para asumir un rol complejo: asesorar a empresas y gobiernos en el cumplimiento de compromisos internacionales, adaptarse a nuevas normativas y liderar iniciativas innovadoras en áreas como el financiamiento verde, la transición energética y el litigio climático.

Para Loriane Damián, abogada del área de Derecho Ambiental y Sostenibilidad de Araquereyna, el sector público y el sector privado deberán trabajar de forma articulada para mitigar las consecuencias del cambio climático.

Loriane Damián

“Los gobiernos, y especialmente aquellos que no cuentan con un marco institucional y un marco regulatorio específico que regule la emisión de bonos verdes, los mercados de carbono, el desarrollo de proyectos de energías renovables y la movilización de tecnologías verdes, como es el caso de Venezuela, se enfrentarán a dos desafíos puntuales: implementar un marco regulatorio que promuevan mercados de carbono transparentes o funcionales o que, al menos, se emitan comunicados que promuevan y faciliten los mercados voluntarios de carbono para que sea el propio mercado el que defina sus reglas; y fomentar los proyectos de energías renovables que abran oportunidades para inversiones en proyectos de transición energética”, explica.

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Bonos verdes y mercados de carbono

La COP29 identificó al financiamiento climático como la gran piedra angular, pero en la región aún existen complejidades para canalizar estos fondos hacia proyectos sostenibles.

Manuel Frávega

“Si bien muchos países avanzaron en la aprobación de leyes para canalizar fondos, como los casos de las leyes de mercado de carbono sancionadas recientemente por Paraguay y Brasil, existen varios desafíos legales vinculados, por ejemplo, a la conformidad con las metas previstas en las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés), la creación y/o el funcionamiento de los registros, la determinación de la naturaleza jurídica de los instrumentos creados (créditos de carbono, créditos de biodiversidad, etc.), el régimen tributario aplicable y los procedimientos istrativos que le aplican, entre otros. En países federales, como Argentina, se suma el desafío de la coordinación y armonización de los regímenes legales de las provincias con los marcos regulatorios nacionales”, subraya Frávega.

Los mercados de carbono pueden ser de tipo internacional, desarrollado a nivel de los gobiernos, o de tipo local, desarrollado principalmente por las empresas con objetivos de neutralidad cero. A su vez, hay mercados de carbono voluntarios, en los que los operadores del sector privado establecen sus propias reglas para intercambiar los créditos de carbono por un precio, y mercados regulados, en los que los gobiernos deciden cómo se regula la compra y venta de unidades de carbono, así como también las emisiones de gases de efecto invernadero permitidas por sector.

Yolanda Pereira, especialista en Derecho Ambiental y Energía de Berkemeyer, sostiene que establecer los mecanismos para articular el financiamiento de proyectos es un desafío en sí mismo.

Damián coincide y agrega que la falta de regulación específica en muchos países de la región es el principal desafío legal para desarrollar mercados de carbono robustos y confiables.

“A pesar de que en varios países, incluyendo Venezuela, podría establecerse un mercado de carbono voluntario entre privados, la implementación en América Latina está atravesada por la credibilidad y verificación, la metodología de medición y certificación y la regulación del mercado. Esas complejidades podrían ser resueltas con un marco regulatorio que establezca los parámetros para garantizar que las empresas emisoras de bonos verdes cumplan estándares rigurosos de transparencia y que sus proyectos realmente reduzcan las emisiones que pretenden reducir. Así mismo, será necesario establecer criterios claros para calcular y certificar las reducciones de emisiones de carbono”, añade la abogada de AraqueReyna.

No te lo pierdas: Delitos ambientales y transición energética, ¿cómo Venezuela desarrolla un marco legal ante el cambio climático?

Argentina, Paraguay y Venezuela: ¿Cuáles son los desafíos legales en la implementación de las metas acordadas en la cumbre?

Manuel Frávega: En Argentina, la implementación de las metas acordadas en la COP29 representa un desafío reglamentario. En el país ya contamos con un cuerpo normativo climático general vigente, como la Ley 27.520 de presupuestos mínimos de cambio climático, el Plan Nacional de Mitigación y Adaptación (Resolución 146/23), el Plan Nacional de Transición Energética (Resolución 517/23), y otras normas complementarias. El mayor desafío es la reglamentación e inicio de implementación de las medidas comprometidas, tanto para mitigación como para adaptación. En ese sentido, por ejemplo, es un desafío establecer los mecanismos para poder instrumentar la financiación climática del Acuerdo de París, así como la instrumentación del mercado de carbono. Por otra parte, recientemente la COP29 aprobó el Marco de Indicadores para el Objetivo Global de Adaptación, cuyo texto debería ser eventualmente considerado e implementado por la Argentina.

Por otro lado, las provincias están avanzando con diversas normas y políticas públicas climáticas. De hecho, recientemente, Jujuy y La Rioja modificaron sus constituciones e incluyeron derechos de cuarta generación, como el cambio climático y la biodiversidad. También es cierto que las provincias tienen pendiente cumplir con el plazo para presentar sus planes climáticos (“Planes de Respuesta”), que venció en diciembre de 2023. Esto genera un riesgo de litigio climático para las provincias por omisión a la obligación prevista en la Ley 27.520 de presupuestos mínimos de cambio climático.

Por lo tanto, en términos generales, el mayor desafío es el timing y el alcance de la implementación y reglamentación de los compromisos asumidos a nivel nacional y provincial.

Yolanda Pereira: El compromiso del Paraguay en cuanto a la contribución nacionalmente determinada (NDC) aborda los componentes de adaptación y de mitigación. En el marco legal de las convenciones internacionales y de la Ley Nacional de Cambio Climático, se han establecido sendos planes nacionales para su gestión. Además, se ha promulgado la Ley de Créditos de Carbono y se ha fortalecido el sistema establecido por la Ley de Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales.

Yolanda Pereira

Más recientemente, se ha trazado una Estrategia Nacional para Controlar las Emisiones de CCVC (contaminantes climáticos de vida corta), que impulsa iniciativas específicamente en tres sectores: electromovilidad, gestión de residuos y control de fuentes de emisión en la industria, áreas en las que, si bien existe alguna legislación, el desarrollo normativo es escaso. Asimismo, la financiación de los compromisos de mitigación y adaptación se estima requiere -según reportes- al menos 22.900 millones de dólares, de los que el país ha recibido una ínfima parte.

Loriane Damián: La decisión de los gobiernos tendrá una influencia importante en las decisiones de inversión y en las estrategias e iniciativas de sostenibilidad de las empresas.

La clave para el sector privado, y especialmente para las empresas, será mantenerse informadas de todos los cambios legales que puedan surgir; contar con la capacidad y flexibilidad para adaptarse a nuevos cambios regulatorios y aprovechar las oportunidades, especialmente para trabajar en conjunto con el sector público para alcanzar un fin común: la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

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Cómo la COP29 cambiará las prioridades legales en América Latina: aprendizajes y pronósticos

Es un hecho: el cambio climático impactará en la práctica legal. Pues bien, ¿cómo se posicionarán las firmas como agentes estratégicos de esta transformación?

“Es probable que los litigios climáticos crezcan en 2025, siguiendo con las tendencias en la región y a nivel global”, anticipa Manuel Frávega.

Loriane Damián apunta que en un panorama global, impulsado por la emergencia climática, se fortalecerán áreas clave del derecho ambiental y la sostenibilidad.

“A medida que los compromisos internacionales exijan una mayor responsabilidad a gobiernos y empresas, habrá áreas específicas que crecerán de la mano, como financiamiento de proyectos de energías renovables; corporativa, regulatoria y fiscal (finanzas sostenibles, bonos verdes y cumplimiento normativo); sostenibilidad (estrategias de ESG e iniciativas corporativas sostenibles); y litigios ambientales y climáticos”, indica.

Para Alexander Berkemeyer, los despachos deberán estar preparados para acompañar a las empresas en su camino hacia la descarbonización y la creación de valor sostenible.

Alex Berkemeyer

“Paraguay podría fortalecer su participación en el mercado voluntario de carbono, a partir de la ley promulgada recientemente. Así mismo, el mercado regulado nacionalmente de certificados de servicios ambientales también podría verse impulsado por la mayor inversión en infraestructura e industrias de alto impacto ambiental obligadas a adquirir los certificados”, resume.

La COP29 no solo marcó un hito en los compromisos internacionales frente al cambio climático, sino que también redefinió el papel de las normativas legales en América Latina. Con acuerdos dirigidos a mitigar emisiones, preservar la biodiversidad y garantizar la justicia climática, los países de la región se enfrentan al reto de traducir estos objetivos globales en marcos legales efectivos.

Los despachos legales, en consecuencia, deberán adaptarse rápidamente a nuevas normativas ambientales, asesorar en la implementación de mecanismos de cumplimiento y liderar en temas de financiamiento sostenible.

Para tener apuntado, algunas de las prioridades de la región son: la defensa de derechos indígenas frente a megaproyectos, la regulación de tecnologías limpias, la transición hacia economías regenerativas y el apoyo legal para alcanzar la carbono-neutralidad.

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República Dominicana abre espacios para el financiamiento sostenible 6d2g3r ¿qué desafíos enfrenta?

Tue, 24 Sep 2024 12:15:04 +0000

República Dominicana abre espacios para el financiamiento sostenible, ¿qué desafíos enfrenta?

La primera emisión verde del país hizo visible la necesidad de fondos privados y extranjeros para hacer frente al cambio climático.

Redacción Lexlatin Tue, 24/09/2024 - 08:15

Este año, luego de haber publicado el Marco de Referencia de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles, el Ministerio de Hacienda de República Dominicana debutó en el mercado internacional en junio, con la que fue su primera emisión de bonos verdes.

Es de recordar que en 2008 el Banco Mundial realizó la primera emisión de bonos verdes, y con ello inauguró el mercado de ofertas de bonos temáticos. El acontecimiento respondió al interés de fondos de pensiones suecos de invertir en proyectos relacionados con el clima. Esta iniciativa sirvió de modelo para los principios de los bonos verdes que actualmente coordina la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés). La emisión del país caribeño, apoyada por el Banco Mundial, estuvo alineada a los principios de la ICMA.

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La oferta, por 750 millones de dólares, fue sobresuscrita seis veces y esta sobresuscripción, a decir de Ricardo Pellerano Nadal, asesor sénior de Pellerano Nadal, se puede leer como un indicativo de la confianza del mercado en la economía dominicana, pero también como la capacidad del país para cumplir con sus compromisos financieros y con los objetivos climáticos, a través del desarrollo de proyectos sostenibles.

La emisión se enmarcó dentro de la estrategia financiera del país que busca atraer inversión sostenible, diversificar las fuentes de financiamiento del país y promover proyectos que contribuyan a la mitigación y adaptación al cambio climático y se alinea con las metas del país establecidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.

Inversionistas institucionales, como fondos de pensiones, aseguradoras y fondos especializados en inversiones ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) se interesaron en estos títulos.

“Este tipo de emisión responde al creciente interés de los inversionistas por financiar iniciativas que promuevan el desarrollo sostenible y tienen un fuerte enfoque en la transición hacia una economía más verde y resiliente”, comenta Ricardo Pellerano Nadal.

¿Cuáles fueron las condiciones? A una tasa de 6,600 %, a un plazo de 12 años. El costo de financiamiento fue de 15 puntos básicos por debajo de los bonos convencionales, según el análisis del Banco Mundial.

Otras emisiones soberanas: Guatemala emite sus primeros bonos sostenibles en el mercado internacional

Oportunidad a la vista, pero…

Para el especialista, los países de América Latina tienen un potencial significativo para emitir bonos verdes soberanos, dado su alto nivel de vulnerabilidad al cambio climático y la creciente necesidad de financiamiento para proyectos sostenibles.

“La región enfrenta grandes desafíos ambientales, como la deforestación, la degradación de ecosistemas, la escasez de agua y la vulnerabilidad ante desastres naturales”, menciona.

Este contexto, expone, crea una demanda urgente de financiamiento para proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático, como la transición hacia energías renovables, la infraestructura resiliente y la conservación de ecosistemas, y los bonos verdes representan una herramienta clave para canalizar recursos hacia estas áreas.

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Como se ha señalado en comunicaciones del Banco Mundial, esto cobra mayor relevancia frente a las limitaciones presupuestarias de los países, en los que la movilización de financiamiento privado y extranjero es crucial para cumplir con los compromisos y metas en materia de desarrollo sostenible y cambio climático. Pero no se trata de un asunto que competa solo a esta región, pues hay un creciente interés de los inversionistas por instrumentos financieros vinculados a la sostenibilidad y los criterios ESG a escala global, comenta el abogado, y añada que los inversionistas se encuentran en la búsqueda de diversificar sus carteras hacia activos verdes.

"Es allí donde los países de la región pueden aprovechar este creciente apetito para captar fondos en condiciones favorables".

No obstante, advierte que la falta de marcos regulatorios robustos para garantizar la transparencia y verificación de los proyectos financiados, así como la capacidad técnica y istrativa para gestionar estos fondos de manera efectiva son algunos de los desafíos que los países de la región deben superar.

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Necesidades de inversión

Información divulgada por el Banco Mundial indica que el gobierno dominicano ha identificado necesidades de inversión por el orden de 1.600 millones de dólares para el periodo 2022-2025, para un portafolio de proyectos y programas con "alto impacto ambiental".

Tras garantizar que el país cuenta con un marco de referencia robusto, que fue evaluado por Standard & Poor’s Global, el organismo precisa que los proyectos que recibirán los fondos recaudados en la primera emisión de bonos verdes son los siguientes:

Construcción y expansión de infraestructura del Monorriel de Santiago, teleféricos en Santiago y Santo Domingo, y el metro de Santo Domingo, como sistemas de transporte sin emisiones directas;
Incentivos fiscales para el desarrollo e implementación de proyectos de generación de energía renovable, particularmente, energía solar fotovoltaica, eólica e hidroeléctrica;
Construcción y mejora de sistemas de saneamiento, drenaje y riesgo, así como alcantarillado sanitario;
Conservación de áreas marinas protegidas en línea con las disposiciones del “Programa República Dominicana 30x30.

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Mercado en crecimiento

Aunque pareciera que República Dominicana llega tarde con este tipo de emisiones tomando en cuenta que naciones como Chile se han adelantado en el camino, no es así. Brasil, la economía más grande de la región, colocó sus primeros bonos sostenibles en noviembre de 2023 y recaudó 2.000 millones de dólares. A mediados de este año, el gigante del Sur, salió nuevamente al mercado con una segunda emisión de bonos verdes que le permitió obtener otros 2.000 millones de dólares.

Desde 2018, instituciones como la Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD) han dado pasos para llevar a la isla por la ruta de la sostenibilidad con el lanzamiento de la Guía de Bonos Verdes. Dos años después, la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) presentó los Lineamientos para la emisión de valores de oferta pública sostenibles, verdes y sociales, un documento que sirvió de fundamento al marco regulatorio que rige la emisión de este tipo de instrumentos y que estimuló la adopción de prácticas sostenibles por parte de emisores e inversionistas.

Estos avances, destacados por la BVRD en su sitio web, abrieron el camino para que, en 2021, se emitieran los primeros valores fiduciarios en el mercado local a través del Fideicomiso de Oferta Pública Larimar I de EGE Haina y para la colocación del primer Fondo de Inversión de Impacto Social, a cargo de SAFI Pioneer Investment Funds, un año después y a través del mercado nacional de valores.

Otro paso en el camino hacia la sostenibilidad lo dio en mayo de este año el Banco Popular Dominicano al convertirse en la primera institución financiera nacional en emitir un bono verde en la bolsa local.

A estas iniciativas se suma la conformación de una Comisión de Bonos Temáticos, conformada por representantes de varios ministerios para coordinar la adecuada implementación de emisiones como la que hizo el Ministerio de Hacienda en junio pasado.

Rol clave

En la primera emisión verde internacional de República Dominicana, operación que estuvo acompañada de la reapertura de un bono colocado en 2023, esta vez por 500 millones de dólares, al 7,050 % y con vencimiento en 2031; de la emisión de bonos en moneda local por el equivalente de 1.770 millones de dólares, al 10.750% y con vencimiento en 2036, así como de una recompra de 1.010 millones de dólares, en bonos que se encontraban en circulación con vencimiento en 2025, Pellerano Nadal intervino como asesor dominicano de Citigroup Global Markets Inc. y J.P. Morgan Securities LLC, que actuaron como compradores iniciales en la colocación y como dealer managers en la operación de gestión de pasivos que se realizó en paralelo.

¿Cómo lo vivió el despacho? A decir de Ricardo Pellerano Nadal, quien estuvo acompañado por Luis Rafael Pellerano, socio director del despacho; Marielle Garrigó, socia, y Eduardo Pellerano Nadal, asociado sénior, esta transacción representó un hito significativo, pero además reafirmó la capacidad de la firma para asesorar operaciones financieras complejas y de alto impacto.

"Pero, además refleja nuestra visión de apoyar iniciativas que promuevan el desarrollo sostenible y el financiamiento verde en el país”, expresa

El papel que desempeñó la firma, como asesor local, consistió en garantizar que la operación cumpliera con las normativas de República Dominicana, colaborando con los distintos actores involucrados para estructurar una emisión que reflejara tanto los intereses del país como de los inversionistas.

“Esta oportunidad nos permitió consolidar nuestra experiencia en el ámbito de las finanzas sostenibles, posicionando a nuestra firma como un referente en el mercado legal de la República Dominicana para este tipo de operaciones”, agrega.

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Canje de deuda por la conservación 37344k los aspectos legales de la histórica transacción que busca proteger Galápagos

Tue, 30 Jul 2024 18:43:17 +0000

Canje de deuda por la conservación: los aspectos legales de la histórica transacción que busca proteger Galápagos

Ecuador destinará 450 millones de dólares para proteger la flora y la fauna del archipiélago debido a un acuerdo sin precedentes. ¿Cuáles han sido los principales desafíos para reestructurar su deuda?

Rocío Mellas Tue, 30/07/2024 - 14:43

Ecuador protagonizó el canje de deuda por conservación más importante de la historia. El acuerdo le permitirá destinar 450 millones de dólares para proteger la flora y la fauna de las Islas Galápagos y marcó un precedente mundial.

“Nuestra moneda es la biodiversidad”, aseguró el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gustavo Manrique Miranda, al anunciar el intercambio de cerca de USD 1.630 millones de deuda por un nuevo préstamo de USD 656 millones para preservar la biodiversidad del país. Esta compra de deuda, con financiamiento a menor costo, se traduce en un ahorro total de más USD 1.126 millones.

La operación fue respaldada por un seguro del Development Finance Corporation y una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En esta operación, en la que participaron siete firmas, BUSTAMANTE FABARA fue el único despacho de Ecuador, ejerciendo el rol de representar a Credit Suisse, el estructurador del deal.

Diego Ramírez Mesec

“Credit Suisse aportó la estructuración y el asesoramiento técnico para la implementación financiera: colocó los bonos emitidos por el SPV para tal efecto, el denominado GPS Blue Financing Designated Activity, cuyo valor recaudado le financió un préstamo a la República del Ecuador para la recompra de los bonos soberanos del país”, detalló Diego Ramírez Mesec, socio de BUSTAMANTE FABARA.

Los recursos se destinarán a crear el Galápagos Life Fund (GLF), que financiará actividades de conservación en la Reserva Marina de Galápagos y en la Reserva Marina Hermandad, durante los próximos 18 años y medio.

“Este tipo de operación permite a los países mejorar su gestión de la deuda, al tiempo que impulsa la inversión en sostenibilidad ambiental y biodiversidad”, señaló el BID.

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Los aspectos legales de la transacción

La articulación entre el gobierno de Ecuador, el Banco Interamericano de Desarrollo, el banco Credit Suisse, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (DFC), Ocean Finance Company y Pew Bertarelli Ocean Legacy fue clave. De hecho, el Foro Económico Mundial ha calificado esta operación como un modelo innovador.

“En verdad es un acuerdo innovador porque combina un préstamo fondeado con los recursos obtenidos de la emisión de bonos, por un lado; con una operación de manejo de pasivos, es decir, la recompra de bonos soberanos con un descuento importante en el mercado secundario, por otro. A su vez, contempla un componente ESG, ya que destina montos muy importantes a la preservación del capital natural de Galápagos y sus reservas marinas, con un endowment destinado a generar recursos a perpetuidad”, precisó Ramírez Mesec, quien es especialista en relaciones internacionales, finanzas y comercio.

Dado que el compromiso de conservación es a perpetuidad, los actores debieron garantizar la transparencia y sostenibilidad del acuerdo.

“La gestión del fondo es relevante. Desde una etapa inicial, Galapagos Life Fund ha dejado en claro que lo principal era que fluyeran los recursos para los proyectos de preservación del capital natural, lo que requería la adopción de políticas y mecanismos que perduren y fomenten la colaboración entre los diversos stakeholders nacionales e internacionales, públicos y privados. Como el compromiso es de largo aliento, requirió sentar bases sólidas para su funcionamiento”, puntualizó el socio de BUSTAMANTE FABARA.

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Ecuador como puntero en la protección medioambiental

Ecuador marcó un hito al reconocer y garantizar dos derechos constitucionales para la naturaleza: el respeto integral a su existencia y la restauración. En este sentido, el acuerdo concitó interés universal.

Comenta que es claro que -tanto a nivel público como privado- Ecuador tiene una clara conciencia ambiental y un afán innovador que ha fomentado la emisión de bonos azules (conservación marina o acuática), bonos verdes (conservación en general), bonos violetas (apoyo a mujeres) y bonos sociales, entre otros.

"Esta operación histórica, trascendental y esperanzadora se convirtió en inspiración para otras istraciones, dentro y fuera del Ecuador, ya que se trató de una operación impecable en todos los sentidos y donde todos ganaron: el país, con un ahorro significativo en su deuda externa, y la conservación ambiental”, enfatizó Ramírez Mesec.

Aprendizajes y desafíos

Solo en 2020, el 81% del financiamiento climático de fuentes públicas internacionales en América Latina y el Caribe ha sido posible gracias a préstamos.

“Los beneficios financieros de esta transacción en particular son superlativos, sobre todo porque puede asegurar la sustentabilidad de los esfuerzos de preservación de un ecosistema único”, declaró el especialista.

Sin embargo, llegar al acuerdo ha sido desafiante dado que —según el socio de BUSTAMANTE FABARA— tuvo varias particularidades:

El elevado número de participantes.
Los aspectos a negociar en un proceso extendido, durante el cual el Gobierno del Ecuador enfrentó una serie de vicisitudes políticas.
El estructurador de las turbulencias del mercado, como la absorción de Credit Suisse por UBS, que se concretó durante el proceso.

“La negociación fue compleja. Más allá de las sensibilidades particulares legales, financieras y ambientales, se consideró la gobernanza de la entidad creada para canalizar los fondos de cooperación para la conservación”.

La coyuntura ha sido particular, pues Ramírez Mesec apunta que el elevado riesgo país del Ecuador implica una búsqueda continua de mecanismos para mitigar, ya sea legalmente o mediante estructuras financieras. No obstante, existe una dinámica de innovación constante en la práctica financiera global.

"La principal limitante para una mayor actividad en Ecuador es el tamaño de la economía local, pero existe apetito por alternativas de financiamiento y por combinar herramientas financieras con objetivos ESG".

Agrega que la determinación para lograr un mecanismo que asegurara la disponibilidad permanente de recursos suficientes para financiar la protección de Galápagos, pese a las constantes limitaciones del presupuesto del Estado, fueron factores determinantes para perseverar en las negociaciones, incluso en medio de vaivenes políticos internos y cierta turbulencia en los mercados.

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República Dominicana realiza primera emisión de bonos verdes en el mercado internacional 5m4e2l

Tue, 16 Jul 2024 16:54:20 +0000

República Dominicana realiza primera emisión de bonos verdes en el mercado internacional

Recauda USD 750 millones para diversos proyectos sostenibles.

Redacción Lexlatin Tue, 16/07/2024 - 12:54

República Dominicana salió por primera vez al mercado internacional de capitales con una emisión de bonos verdes. El país, a través del Ministerio de Hacienda, colocó deuda por un monto total de 3.020 millones de dólares en tres tramos, el primero de ellos por USD 750 millones. Se trata de un bono con cupón de 6,600 % y vencimiento en 2036, que marcó la emisión inaugural de bonos verdes bajo el Marco de Referencia para Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles, publicado recientemente. El bono registró una demanda que fue sobresuscrita seis veces.

El segundo tramo -por USD 500 millones- fue la reapertura de un bono con cupón de 7,050 % y vencimiento en 2031.

El tercer tramo corresponde a un bono denominado en moneda local por el equivalente de 1.770 millones de dólares, a un plazo de 12 años y a una tasa de 10,750 %.

En paralelo, el país recompró un bono con vencimiento en 2025 por USD 1.009,9 millones.

Más emisiones: Perú retorna a los mercados de deuda con emisión por más de USD 4.000 millones

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo) asesoró al país en la oferta, que se hizo de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de Estados Unidos. Tanto la emisión como la recompra cerraron el 1 de julio.

Citigroup Global Markets Inc. y J.P. Morgan Securities LLC actuaron como compradores iniciales y dealer managers y fueron asistidos por Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York y Houston) y Pellerano Nadal (República Dominicana).

El país destinará una cantidad igual a los ingresos netos de la venta de esos bonos en proyectos que califican como gastos verdes elegibles, incluyendo transporte público urbano limpio, incentivos fiscales para el desarrollo e implementación de proyectos de generación de energía renovable, gestión eficiente y resiliente del agua y las aguas residuales y gestión eficiente y resiliente de los recursos naturales, entre otros. También planea cubrir necesidades presupuestarias.

La oferta de bonos verdes por parte de República Dominicana se inserta en su programa de emisiones sostenibles, que es parte de la estrategia de deuda 2024-2028 y está alineada con la metas del país establecidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.

Asesores legales

Asesores de República Dominicana:

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socio Matthew Brigham. Asociados Ignacio Lagos, Martin Sasson, Samuel Kramer y Abdel Rodríguez.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Brasil (São Paulo): Socio Juan Giráldez.

Asesores de Citigroup Global Markets Inc. y J.P. Morgan Securities LLC:

Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York y Houston): Estados Unidos (Nueva York y Houston): Socio Juan Mendez. Consejera sénior Kirsten Davis. Consejero Michael Mann. Asociados internacionales José Miguel Colin y Matias Allende. Asociate Andrew Mandelbaum.
Pellerano Nadal (República Dominicana): Socio director Luis Rafael Pellerano. Socia Marielle Garrigó. Asesor sénior Ricardo Pellerano Nadal. Asociado sénior Eduardo Pellerano.

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República Dominicana, emisiones, emisor, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Global

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J.P. Morgan Securities LLC, emisiones, comprador-inicial, Simpson Thacher & Bartlett - Global

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Bonos temáticos 4g1p53 Bolivia regula los bonos verdes, sociales y sostenibles

Tue, 24 Jan 2023 15:38:47 +0000

Bonos temáticos: Bolivia regula los bonos verdes, sociales y sostenibles

La norma, de fecha 30 de diciembre, fue publicada en la Gaceta Electrónica de Regulación Financiera (GERF).

Ingrid Rojas Tue, 24/01/2023 - 11:38

Desde el 30 de diciembre pasado rige en Bolivia una regulación de bonos verdes, sociales y sostenibles enmarcada en la Circular N° 749 / 2022 de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). La misma fue publicada en la Gaceta Electrónica de Regulación Financiera (GERF) y contiene modificaciones al Reglamento del Registro del Mercado de Valores y Normativa Conexa en lo que se refiere a los lineamientos para la emisión de bonos verdes, bonos sociales y bonos sostenibles, emitidos por la Asociación Internacional de Mercados Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés).

Con esta norma el país da un nuevo paso en materia regulatoria en relación con los bonos temáticos, en lo que viene trabajando desde hace varios años. En 2020 y como parte de su estrategia de impulsar el desarrollo de las finanzas sostenibles en el mercado local, la Bolsa Boliviana de Valores (BBV) lanzó una Guía de Bonos Temáticos para dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que, a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha venido asistiendo a diversas instituciones del país en esa dirección.

Teddy Mercado

Para Teddy Mercado, socio de Moreno Baldivieso en las áreas de banca, finanzas y bolsa de valores, la guía de la BBV significó un hito importante en el desarrollo de las finanzas sostenibles en la medida en que constituye una fuente de información y socialización sobre los bonos temáticos, sus objetivos, implicancias, así como de los beneficios de su emisión y colocación en el mercado de valores tanto para los emisores, inversores y la sociedad en general.

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Sin embargo, cree que la falta de un marco legal específico que estableciera los parámetros, bases y lineamientos para su impulso definitivo no permitió la implementación de esta iniciativa de forma efectiva, tanto que a la fecha, no ha existido un desarrollo significativo de estas colocaciones, lo que espera cambie con la nueva regulación.

Al menos, hasta el primer cuatrimestre de 2022 Bolivia no figuraba en el mapa regional del mercado de bonos verdes, sociales y sostenibles (VSS) de The Climate Bonds Initiative, encabezado por Chile. La institución anunció un hito de 2 billones de dólares en la emisión de bonos verdes a escala global al cierre del tercer trimestre de 2022, a pesar del difícil entorno económico global, con una proyección de 5 billones de dólares para 2025. Incluyendo bonos verdes, sociales y sostenibles, vinculados a la sostenibilidad y con etiqueta de transacción la cifra en e período julio - septiembre de 2022 fue de 3,5 billones de dólares.

Una de las iniciativas pendientes a la espera de la conceptualización de los bonos temáticos proviene del Banco de Desarrollo Productivo (BDP), de capital mixto, que se prepara desde 2020 para realizar la primera emisión de bonos sostenibles, también retrasada por la pandemia.

Otra iniciativa que pudiera enmarcar en la tendencia de bonos temáticos, a decir de mercado, fue una emisión de bonos municipales del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz para financiar proyectos con impacto social.

Diego Villarroel

Diego Villarroel, socio director de FERRERE – Bolivia y líder de las áreas de arbitraje y litigios, banca y defensa de la competencia, señala que, más que necesaria, la regulación permite tener un marco normativo que conceptualice que es un bono verde, bono social y bono sostenible para que a partir de allí se puedan realizar emisiones.

“Era una necesidad de percepción de que los conceptos estén inmersos en la norma para que los inversionistas y emisores puedan tenerlos en cuenta”, agregó al señalar que Bolivia tiene la Ley del Mercado de Valores, vigente desde 1998 y que prevé la emisión de bonos, con lo cual cualquier inversionista podía haber presentado proyectos que tuviera el fin de financiar proyectos verdes, sociales y sostenibles.

Excelente oportunidad

El socio director de FERRERE – Bolivia, comentó que a nivel institucional la norma ha sido bien recibida.

“Para el país es una gran oportunidad para que comiencen a aparecer proyectos y financiamientos de proyectos relacionados con temas del medioambiente, sustentabilidad y de beneficio a la comunidad”, relató el abogado de FERRERE, despacho que cuenta con una división de ESG regional.

Tomando en cuenta el nivel de conflictividad social de Bolivia, así como su población en situación vulnerable y el alto índice de pobreza, cree que esta es una oportunidad no solo para que las empresas obtengan financiamiento, sino también para ayudar a la comunidad.

A pesar de que la nación tiene muchos parques protegidos y zonas de protección, observa que no se les da mucha importancia y no se ven proyectos que tengan un toque o alguna relevancia con el ámbito de la sustentabilidad y beneficios para el medioambiente.

Carmen Lucía Velasco, especialista en finanzas sostenibles y climáticas, sostiene que la nueva regulación de bonos temáticos, abre la posibilidad de emitir instrumentos de deuda que tengan una intencionalidad de impacto social y ambiental positivo, sin dejar de lado la rentabilidad esperada por las inversionistas.

"Representa para todo el país una enorme oportunidad, una nueva fuente de financiamiento para aportar y visibilizar los avances para alcanzar las metas dispuestas en la la agenda local y global de desarrollo, en términos de la Agenda 2030 y la lucha contra el cambio climático", dijo en entrevista Velasco, quien trabajó en la elaboración del primer marco de emisión de bonos sostenibles de BDP.

José Rivero

José Rivero, asociado de banca y finanzas de FERRERE - Bolivia, un aspecto importante de esta norma para el país es el relativo a los bonos sociales y sostenibles y su impacto en el a vivienda digna. De hecho, está previsto que los fondos recaudados en la emisión de BDP se destinen a financiar proyectos de vivienda asequible.

De acuerdo con Velasco, en Bolivia no ha habido emisiones temáticas a la fecha. Comenta que una de las barreras que lo impedía era el marco regulatorio no habilitado.

Aunque considera que resulta clave la publicación de la normativa, cree que persisten las brechas por cubrir como el desconocimiento generalizado de lo que implica una emisión de títulos de deuda de este tipo para todos los actores del sistema financiero, en términos de la necesidad de contar con una cartera de proyectos privados y públicos (o también blend) “bancables” con potencial de atracción de inversionistas no tradicionales, como la banca multilateral o inversionistas corporativos con apetito por un alto impacto social y ambiental (ventaja comparativa boliviana), la necesaria trazabilidad y transparencia del uso de fondos y la incorporación de la sostenibilidad como parte de los modelos de negocios.

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Si bien Villarroel no cree que habrá una masificación de emisiones temáticas como en mercados como el mexicano, que -considera- está mucho más avanzado, vislumbra más emisiones para proyectos sostenibles.

“El beneficio más importante es el impulso para el desarrollo del mercado financiero de los bonos verdes”, dijo en entrevista.

Trabajo por delante

Mercado comentó que el nuevo marco legal establece parámetros concretos para que, a través de la emisión de deuda, entidades públicas y privadas puedan recaudar fondos destinados a proyectos relacionados con la lucha contra el cambio climático, infraestructura sostenible, salud o educación.

“En este sentido, la nueva regulación representa un avance importante para las finanzas sostenibles en Bolivia al establecer los criterios y requisitos legales para clasificar estos bonos y garantizar, bajo estándares internacionales y con terceros imparciales, que los fondos recaudados se utilicen de manera correcta para estos fines”, manifestó.

Para el abogado, al emitir estos bonos, las empresas, que suelen estar comprometidas con reducir su huella de carbono y mejorar su responsabilidad social empresarial en su estrategia de negocio, pueden demostrar su compromiso con estos fines y como resultado, mejorar su reputación y atraer a inversores comprometidos con las inversiones sostenibles.

Señala que, tomando en cuenta que este tipo de bonos está respaldado por organismos financieros multilaterales, son más seguros y estables para los inversionistas, lo que se convierte en una ventaja para entidades públicas y privadas.

No obstante, cree que los diferentes stakeholders deberán llevar adelante un trabajo importante de socialización y educación sobre este tipo de instrumentos y sus beneficios, para que tanto el sector público como privado puedan beneficiarse de esta alternativa de financiamiento. Caso contrario, este marco legal quedará simplemente como una buena intención.

Mercado incipiente

El socio de Moreno Baldivieso señala que, a pesar de que la Ley del Mercado de Valores de Bolivia data de 1998, en relación con otras jurisdicciones el mercado bursátil local no ha tenido un desarrollo importante. En la Bolsa Boliviana de Valores se emiten primordialmente títulos representativos de deuda de renta fija (e.g. bonos, pagarés), mientras que la emisión de títulos de participación de renta variable, como acciones de empresas, es marginal, de acuerdo con el abogado. Desde 2021 las ganancias de capital generadas por la compraventa de acciones a través de la BBV están gravadas por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y por el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE).

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Villarroel no duda de que el mercado de valores boliviano es incipiente en comparación con casi cualquier país de la región.

“Quizás podríamos estar compitiendo con Uruguay y Paraguay, que son países mucho más pequeños que Bolivia”, comentó, seguro de que, en comparación con Chile, Brasil y Perú, el mercado de capitales boliviano tiene mucho potencial para desarrollarse.

Según información de la bolsa boliviana en su memoria correspondiente a 2021, este es un mercado pequeño si se compara con los de Perú, Colombia y Chile e, incluso, Argentina.

“No estamos ni cerca de ser un mercado de capitales que genere financiamiento de gran envergadura como otros, este mercado es pequeño, está en desarrollo y con oportunidades”, resaltó seguro de que la banca, que ha crecido de forma importante, ha limitado el desarrollo del mercado de capitales al convertirse en el actor más relevante en materia de financiamiento.

En Bolivia, las compañías con necesidades muy grandes, que la banca no puede cubrir, son las que acuden a las emisiones de bonos. En contraposición están las pequeñas, medianas e, incluso, grandes, cubiertas por la banca privada con créditos productivos, con tipos de interés con techo fijado, que no tienen necesidad de participar en el mercado de capitales o que tienen limitaciones para acceder a este. En general, el socio de Moreno Baldivieso observa limitaciones en cuanto a costos para el registro de emisiones por las exigencias regulatorias.

Del sector financiero buscan financiamiento en la bolsa local bancos, sociedades as de fondos de inversión Safis, entidades de intermediación financiera, empresas de servicios financieros complementarios y otras entidades recurren al mercado bursátil local. Les siguen los sectores industrial, eléctrico, minero, agroindustrial y petrolero y, en menor medida, compañías aseguradoras, de telecomunicaciones y de retail.

El mercado de valores resulta atractivo en cuanto a condiciones financieras en relación con la banca local, de acuerdo con Mercado. Se da el caso de que algunas empresas, especialmente grandes, refinancian constantemente créditos de la banca tradicional con emisiones de renta fija.

Desafíos

Villarroel no cree que dinamizar mercado de capitales boliviano sea un tema de regulación.

“Tenemos sectores que sufren muchas trabas regulatorias en su propio ámbito y entrar en otro ámbito regulatorio o en el paraguas del regulador bancario es como un peso operativo-istrativo adicional”, expresó.

En su opinión, el mercado bursátil local será más dinámico en la medida en que la economía boliviana se desarrolle. No obstante, esto pasa por liberar un poco más la economía de ciertas trabas regulatorias, fiscales, para que se desenvuelva de forma más libre y más flexible.

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“Con un Fisco muy proactivo en contra del único porcentaje de la población comercial formal (en Bolivia 85 % de la economía y del mercado de trabajo es informal), tenemos 15 % que es el que puede acudir al mercado de capitales”, advirtió.

La excesiva carga laboral combinada con la existencia de muchos reguladores activos y una gran fiscalización -en su criterio- impide que la economía formal crezca.

“En la medida en que el porcentaje de formalidad pase de 15 % al 30 %, 40 % o 50 %, el mercado de capitales tendrá más clientes”, aseveró convencido de que el gran desafío que tiene el país es utilizar estrategias de política pública para dinamizar la economía formal y reducir “ese número escandaloso de 85 % de economía informal”.

Para Mercado, la normativa del mercado de valores boliviano estaba diseñada para un mercado emergente y después de 25 años se ha vuelto anticuada y amerita ser renovada.

Agregó que actualmente existen nuevos instrumentos de financiamiento como el crowfunding y se han creado nuevas modalidades de emisión de acciones que deben ser utilizadas para dinamizar el mercado, lo que -considera- debe ir de la mano de una reforma total al Código de Comercio, que data del año 1977.

En opinión de Velasco, la norma relativa a los bonos temáticos representa una evolución del enfoque de responsabilidad social empresarial tradicional que aún maneja la regulación del sistema financiero boliviano hacia un concepto de creación de valor compartido, poco difundido, visibilizado y menos incorporado actualmente en los modelos de negocios de Bolivia.

Señala que se trata de un reto latente que atender por aquellos hacedores de política pública y actores claves de las finanzas bolivianas, para que al fin el sector financiero ejerza su rol preponderante en el alcance de las metas locales y globales de desarrollo sostenible, incluyente y resiliente al cambio climático, más cuando Bolivia es uno de los países más afectados por el cambio climático en la región y el mundo.

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BBVA México 3z1o22 primer banco privado en emitir bono sostenible

Mon, 11 Jul 2022 19:15:50 +0000

BBVA México, primer banco privado en emitir bono sostenible

El valor de la colocación supera los 483 millones de dólares.

Anarelys Aguirre Mon, 11/07/2022 - 15:15

BBVA México realizó una nueva emisión, esta vez un bono sostenible con un valor de 483,8 millones de dólares (10.000 millones de pesos mexicanos al 6 de julio de 2022), con vencimiento en 2026.

La colocación se realizó en el marco del Programa Revolvente de Certificados Bursátiles Bancarios, Certificados de Depósito Bancario de Dinero a Plazo y Pagarés con Rendimiento Liquidable al vencimiento por hasta 3.858 millones de dólares (8.000 millones de pesos mexicanos a la fecha).

Este sería el primer bono de este tipo emitido por un banco privado en México, tomando la referencia de la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) de fondeo.

Galicia Abogados (Ciudad de México) participó como lead counsel de la operación.

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En un comunicado, el banco señaló que la oferta tuvo una demanda de 1,3 veces y contó con la participación de 35 inversionistas. Agregó que los recursos obtenidos serán utilizados para financiar proyectos verdes y sociales, apegados a los "Green and Social Bond Principles". Las notas recibieron clasificación "AAA" de Fitch Ratings, Moody’s Local México y S&P Global Ratings.

Los principales mercados de BBVA son Argentina, Colombia, España, Venezuela, México, Perú, Uruguay y Turquía, países en los que ofrece productos y servicios bancarios. Grupo Financiero BBVA Bancomer nace de la fusión de BBVA-Probursa y Bancomer en el año 2000. Actualmente, cuenta con sucursales en todo el país.

Recientemente, el banco otorgó a Fibra EXI el primer crédito vinculado a la sostenibilidad por 24,7 millones de dólares.

Asesores legales

Asesores de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA:

Abogados in - house: Eugenio Bernal Caso, Hugo Martín Cervantes Raab, María Teresa Vargas, Jorge Francisco González Pérez y Eduardo Gómez Vidal.
Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México): Socio Guillermo Pérez Santiago. Asociados María de los Ángeles Padilla Zubiría y Emiliano Flores Juárez.

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BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, emisiones, emisor, Galicia Abogados, S.C.

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Thu, 30/06/2022 - 12:00

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Luz de Tres Picos obtiene fondos para construir dos parques eólicos en Argentina 46z4c

Thu, 12 May 2022 15:31:43 +0000

Luz de Tres Picos obtiene fondos para construir dos parques eólicos en Argentina

Coloca segundo bono verde en el mercado local a plazos de 36 meses y 120 meses.

Ingrid Rojas Thu, 12/05/2022 - 11:31

Después de ocho meses de haber realizado su primera emisión de bonos verdes, Luz de Tres Picos, subsidiaria indirecta de Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR), salió al mercado local con una nueva oferta de estos bonos temáticos. Esta vez colocó obligaciones negociables clases 2 y 3, que califican como bonos verdes, por un monto total de 77,5 millones de dólares.

Los valores están denominados en dólares estadounidenses y son pagaderos en pesos al tipo de cambio aplicable (dollar-linked).

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asistió a la emisora en esta nueva transacción, con cargo a su Programa global de emisión de obligaciones negociables por hasta 150 millones de dólares o su equivalente en otras monedas o unidades de valor.

Los colocadores —Banco Itaú Argentina, Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco BBVA Argentina, Banco Santander Argentina, Itaú Valores, Industrial and Commercial Bank of China, y Nación Bursátil— se apoyaron en Tanoira Cassagne Abogados.

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Abogados internos también intervinieron en la transacción por parte de la emisora y de los colocadores. La oferta pública fue liquidada el 5 de mayo.

Las obligaciones Clase 2, por 15 millones de dólares, fueron colocadas a un plazo de 36 meses y las Clase 3, por 62,5 millones de dólares, a un plazo de 120 meses. Las de la primera serie devengan 0 % de interés y las de la segunda serie son remuneradas con una tasa de 5,05 %.

La emisión se alineó a los cuatro componentes principales de los Principios de Bonos Verdes de la Asociación Internacional de mercado de Capitales (IMCA, por sus siglas en inglés) y siguió los Lineamientos para la Emisión de Valores Negobles Sociales, Verdes y Sustentables en Argentina' y los dispuesto en la Guía de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables del de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA).

Los bonos recibieron calificación “BV1(arg)” de FIX SCR y cotizan en el Verde de BYMA y se negocian en el Mercado Abierto Electronico S.A. (MAE).

La primera emisión de bonos verdes de Luz de Tres Picos se realizó en octubre por 30 millones de dólares y plazo de tres años.

La compañía opera el parque San Jorge y El Mataco, ubicado en la provincia de Buenos Aires, y construirá los parques eólicos Mataco III y Vivoratá en la Patagonia, con una capacidad total de 85 megavatios (MW), proyectos que financiará con lo recaudado en esta nueva colocación. Las instalaciones se sumarán al parque San Luis, en construcción desde marzo.

Asesores legales

Asesores de Luz de Tres Picos S.A.:

Abogados in-house: Mariano Juárez Goñi, Florencia Fridman y Anabela Mengoni.
Bruchou, Fernández, Madero & Lombardi: Socio José María Bazán. Asociados Manuel Etchevehere y Delfina Calderale.

Asesores de Banco Itaú Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Banco Santander Río S.A., Itaú Valores S.A., Industrial and Commercial Bank of China S.A.U. y Nación Bursátil S.A.:

Abogados in-house de Banco Itaú Argentina S.A. e Itaú Valores S.A.: María Cecilia Victoria y Luisina Rossi.
Abogados in-house de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen, Fernan Pereyra De Olazabal y Patricia Araujo.
Abogados in-house de Banco BBVA Argentina S.A.: María Gabriela Mancuso y María Dolores Distefano.
Abogados in-house de Banco Santander Río S.A.: Eduardo Ramos, Ignacio García Deibe, Clarisa Prado y Paula Balbi.
Abogados in-house de Banco Industrial y Comercial de China S.A.U.: Matías Filippo y Luciana Vásquez.
Abogados in-house de Nación Bursátil S.A.: María Valeria Bossi.
Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga y Rocío Carrica. Asociados Pilar María Domínguez Pose, Rodrigo Córdoba y Carolina Mercero.

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Luz de Tres Picos, S.A., emisiones, emisor, Bruchou & Funes de Rioja

Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. (PCR), emisiones, emisor

Banco BMA S.A.U (Anteriormente Banco Itaú Argentina), emisiones, colocador-estructurador, Tanoira Cassagne Abogados

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. , emisiones, colocador-estructurador, Tanoira Cassagne Abogados

Banco BBVA Argentina S.A. (antes BBVA Banco Francés), emisiones, colocador-estructurador, Tanoira Cassagne Abogados

Banco Santander Río S.A., emisiones, colocador-estructurador, Tanoira Cassagne Abogados

Itaú Valores S.A., emisiones, colocador-estructurador, Tanoira Cassagne Abogados

Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., emisiones, colocador-estructurador, Tanoira Cassagne Abogados

Nación Bursátil S.A., emisiones, colocador-estructurador, Tanoira Cassagne Abogados

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Thu, 05/05/2022 - 12:00

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Bonos verdes 6i4t28 la regulación que impulsa al mercado argentino

Fri, 04 Mar 2022 19:29:32 +0000

Bonos verdes: la regulación que impulsa al mercado argentino

Al menos 13 empresas locales colocaron bonos temáticos en 2021.

Ingrid Rojas Fri, 04/03/2022 - 15:29

En 2017, Plaza Logística hizo historia al convertirse en el primer emisor argentino en colocar un bono verde en ese país. Este tipo de bonos, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), institución que abandera el impulso de estos instrumentos financieros, cumple objetivos ambientales. El lanzamiento de Plaza Logística fue un hito al abrir el mercado verde local que, desde entonces, no ha dejado de crecer.

Otras empresas que han seguido esta tendencia en los últimos años son Banco Galicia, Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), AES Argentina, Los Olivos y Manque, Genneia y Luz de Tres Picos.

En lo que va de este año destaca la colocación de YPF Luz y Pampa Energía con emisiones inaugurales de este tipo de bonos. La primera con compromisos vinculados a su proyecto de parque solar ubicado en la provincia de San Juan, en el centro occidente del país, considerado el punto de mayor radiación del mundo; la segunda sobre su obra de ampliación del 'Parque Eólico de la Bahía'.

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Si bien emisores de diversos sectores económicos e incluso entidades públicas han realizado ofertas de bonos verdes dentro y fuera de la Argentina en los últimos años, la mayoría de las colocaciones hechas entre 2017 y 2022 corresponden a empresas del sector energético.

Entre las emisiones de bonos vinculados a la sostenibilidad hechas por corporaciones y que recoge Ágora, la herramienta de transacciones corporativas en Latinoamérica, destacan las del productor de cítricos San Miguel en septiembre pasado y en febrero de este año.

En este tema Argentina es relevante: el país figura entre 11 países de América Latina y organismos supranacionales que fueron seleccionados para ser parte de la Plataforma de Transparencia de Bonos Verdes (GBTB, por sus siglas en inglés), promovida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y su brazo financiero BID Invest. Su objetivo es armonizar y estandarizar la información sobre este tipo de valores y aumentar la confianza en los inversionistas sobre el uso de los fondos recaudados en estos proyectos, cuyo impacto es medido bajo ciertos indicadores.

La iniciativa, que fue lanzada en septiembre pasado, también incluye a Brasil, México, Chile, Costa Rica, Barbados, Colombia, Ecuador, México, Perú, Panamá y Paraguay.

Impulso local

Pablo J. Gayol

Pablo J. Gayol, socio de Marval O’Farrell Mairal, con experiencia en comercio internacional, fusiones y adquisiciones, derivados financieros y contratos financieros complejos, asegura que en los últimos meses e, incluso, en el último año, hubo un aumento en colocaciones de los llamados bonos temáticos: verdes (ambientales), sociales (proyectos destinados a mejorar el bienestar social) y sustentables o bonos SVS (combinan objetivos sociales y ambientales).

Gayol calcula que en 2021 se emitieron 13 bonos temáticos.

Se trata —a su juicio— de una clara tendencia internacional que tuvo eco en la regulación local, con impulso. Recuerda que, en julio del año pasado, la Comisión Nacional de Valores (CNV) sancionó la Resolución General 896/2021, que listó tres guías que dieron marco a estas emisiones: la Guía para la Inversión Socialmente Responsable en el Mercado de Capitales Argentino; la Guía para la Emisión de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables y la Guía para Evaluadores Externos de Bonos Sociales, Verdes, y Sustentables.

José María Bazán

Para José María Bazán, socio de Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, quien es parte del equipo de banca y finanzas, el crecimiento de las emisiones de bonos verdes en el país es una gran noticia. Cree que obedece a una cuestión de base como fue el lanzamiento del programa RenovAr por parte del Gobierno argentino en 2016, dirigido entonces por Mauricio Macri.

De acuerdo con Bazán, dicha iniciativa incentivó la creación de parques de energías renovables, siguiendo el objetivo de modificar la matriz energética. Entonces también fueron aprobadas la Ley 27.191 (Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía destinada a la Producción de Energía Eléctrica), que establece que la contribución de las fuentes de energías renovables representaría 8 % del consumo de energía eléctrica en el país en 2017 y 20 % hacia 2025, y la Resolución 72/2016 (Procedimiento para la Obtención del Certificado de Inclusión en el Régimen de Fomento de las Energías Renovables).

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Tendencia global

Respecto al auge de este tipo de transacciones, Gayol señala que a nivel internacional la tendencia es muchísimo más marcada, pues los inversores aplican cada vez más los factores no financieros de Ambiente, Sustentabilidad y Gobernanza (ASG o ESG) como parte de sus procesos de análisis. Cree que la pandemia trajo un aumento en la preocupación sobre los asuntos ambientales y sociales entre inversores de todo el mundo.

Para ilustrar su señalamiento, menciona que a noviembre de 2021 se había alcanzado un récord de 649.000 millones de dólares vertidos en fondos centrados en ESG (Environmental, Social and Governance) en todo el mundo, con la expectativa de que seguirá creciendo.

Datos de Climate Bonds Market Intelligence divulgados en enero indican que las emisiones verdes se aceleraron en 2021 al punto de impulsar el mercado de bonos verdes hasta 500.417 millones de dólares, con Estados Unidos, Alemania y China como emisores líderes. Señala que se trata de la cifra más alta desde que se inició este mercado y sigue una tendencia de expansión que se ha mantenido en la última década y que se espera llegue a 5.000 millones de dólares para 2025, impulsada por políticas climáticas, integración del mercado y el apetito de los inversionistas.

En Latinoamérica, de acuerdo con Ágora, la emisión de bonos verdes ha incrementado en un 31 %.

Sobre los bonos sociales, de sostenibilidad y vinculados a la sostenibilidad, el informe señala que el año pasado se hicieron emisiones por 646.500 millones de dólares, lo que representa un aumento de 50 % en relación con 2020. Entre los soberanos, la lista de los emisores la encabezan Francia, Alemania y Reino Unido.

Beneficios para la industria energética

Luciano Ojea Quintana

Tomando en cuenta que, a diferencia de los bonos convencionales, los bonos SVS deben destinar su capital exclusivamente para financiar actividades o proyectos sociales, verdes o sustentables, Luciano Ojea Quintana, también socio de Marval O’Farrell Mairal y con especialización en fusiones y adquisiciones y derecho financiero, incluyendo transacciones en mercados de capitales locales e internacionales, estima que este tipo de colocaciones permiten a las empresas capturar fondos que de otra manera no obtendrían, atraen capital a mayor plazo y también mejoran la diversificación de los inversores.

“Creemos que, además, estarán mejor posicionadas ante las nuevas regulaciones y con lo que la sociedad demanda actualmente, por lo que tendrán beneficios reputacionales”, expresa en entrevista concedida a LexLatin.

La acumulación de operaciones en el sector energético podría explicarse debido a que, en Argentina, las empresas de ese sector pueden obtener beneficios impositivos en ciertos proyectos, de conformidad con la Ley de Energía Eléctrica N° 26.190.

En cuanto al seguimiento en la utilización de los fondos, Ojea señala que según la normativa de la CNV, los fondos deben asignarse a cuentas específicas junto con otros mecanismos confiables que garanticen la trazabilidad y la transparencia.

“Es necesario cumplir con uno de los componentes para que los bonos sean destinados a proyectos verdes, que haya una especie de segunda opinión o calificación. Por regulación, el emisor debe decir cómo usarlos y asegurar el cumplimiento, mediante aportes o creaciones de estructuras. Es necesario cumplir eso y darle trazabilidad a los fondos”, complementa Bazán.

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Normativa legal adecuada a los criterios ESG

En Argentina, la regulación de los bonos temáticos sigue los lineamientos de la International Capital Markets Association (ICMA). Gayol considera que la norma relativa a ESG ha crecido a gran escala en los últimos dos años en el país y seguirá esa tendencia. Advierte que, aunque todavía no es vinculante, ya llegará. Por ahora no es diferente para la emisión de bonos verdes y de bonos sustentables, que se rigen por la Resolución General 788/2019 y la Resolución General 896/2021 de la CNV.

A su juicio, la normativa legal vigente, que responde a la tendencia mundial en inversión financiera sustentable, se adapta a la profundidad actual del mercado local. Aunque no ve que haya una regulación abiertamente en caminos opuestos, considera que siempre se puede y se debe avanzar.

“El desafío constante será no quedarse atrás para no perder oportunidades de capturar inversión mundial que estará disponible solo para este tipo de emisiones. Cuanto más confiable sea la normativa, más chances de capturar inversión”, comenta el especialista, seguro de que en seguimiento y supervisión todavía se puede progresar siguiendo la directriz de la comunidad financiera en la COP26, celebrada en 2021 en Glasgow, de crear normas uniformes y transparentes para la medición de los ESG.

Beneficios para el país

Ojea Quintana asegura que con este tipo de transacciones se consigue un aumento en la inversión y se contribuye a desarrollar proyectos que reducen el impacto en el medio ambiente.

“Esto es bueno para el mundo y para la visibilidad de la contribución del país a este gran problema social. Entonces, las finanzas verdes representan una oportunidad para la transición de los países hacia una economía inclusiva y con bajas emisiones de carbono y se abordan los riesgos y daños climáticos físicos que son bien reales y conocidos por todos”, manifiesta.

Los abogados consultados no dudan de que este tipo de operaciones seguirá en crecimiento en el mercado argentino y el papel de las autoridades es clave, tal y como se ha hecho patente en la declaración conjunta desde el Ministerio de Economía, del Banco Central de la República Argentina (BCRA), de la Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de Seguros de la Nación, de septiembre pasado, para impulsar el desarrollo de las finanzas sostenibles en Argentina. De acuerdo con Gayol “esto demuestra que la Argentina, como el mundo, está tomando compromisos a largo plazo. Creemos que todas las inversiones tendrán en cuenta -y cada vez lo harán más- los elementos ESG y de impacto. Y, por extensión, los mercados de capitales mundiales”.

Para Bazán, el principal desafío es continuar fomentando que los emisores se animen a ir por este tipo de emisiones, continuar alentando a los participantes.

“El gran tema va a ser lograr que haya más fondos para destinar a este tipo de inversión, como redirigir el ahorro público. Sería muy bueno que las autoridades puedan fomentar que las aseguradoras, los fondos tengan que invertir un porcentaje de ahorro en este tipo de bonos, hacer que haya mucho más apetito por emitir”, explica.

Estima que, si mejora el contexto económico argentino, habrá muchas más transacciones no solo a nivel local, sino internacional.

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YPF Luz debuta con bonos verdes en el mercado verde argentino 6p162t

Tue, 15 Feb 2022 15:07:58 +0000

YPF Luz debuta con bonos verdes en el mercado verde argentino

Con los fondos financia la construcción de su primer parque solar.

Ingrid Rojas Tue, 15/02/2022 - 11:07

La generadora argentina YPF Energía Eléctrica (YPF Luz) debutó en el mercado local con un bono verde.

La empresa colocó obligaciones negociables clases IX y X denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses (dollar linked) por un monto total de 74,7 millones de dólares, con asistencia de Estudio O’Farrell.

Los colocadores -Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Santander Río y Nación Bursátil- se apoyaron en Tanoira Cassagne Abogados.

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En la emisión, Banco Santander Río y Nación Bursátil recibieron, adicionalmente, asesoría legal interna. La operación fue liquidada el 3 de febrero.

La oferta pública se distribuye así:

° Obligaciones negociables Clase IX por un valor nominal de 10,8 millones de dólares, a una tasa de -0,26 % y vencimiento el 30 de agosto de 2024, adicionales a las emitidas en agosto del año pasado.

° Obligaciones negociables Clase X por 63,9 millones de dólares, a una tasa de 5 % y plazo de 120 meses (con vencimiento el 3 de febrero de 2032) y alineadas a los cuatro componentes principales de los Principios de Bonos Verdes de la International Capital Market Association, Lineamientos para la Emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sustentables en Argentina y la Guía de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables del de Bolsas y Mercados Argentinos (Byma).

Con los fondos provenientes de la emisión de los bonos verdes, la empresa financiará la primera etapa de su primer parque solar, denominado Zonda y ubicado en la provincia de San Juan, en el centro occidente del país, considerado el punto de mayor radiación del mundo. La inversión total en la instalación de 300 megavatos se calcula en 93 millones de dólares. La obra comenzó a ser construida el 7 de febrero.

Los valores fueron emitidos bajo el Programa global de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por un monto máximo en circulación de hasta 1.500 millones de dólares (o su equivalente en otras monedas) en circulación en cualquier momento.

Las obligaciones negociables adicionales Clase IX listan en el Mercado Abierto Electrónico (MAE).

Con esta colocación, YPF Luz se suma a otras empresas argentinas que han realizado emisiones similares como Pampa Energía, que emitió el 18 de enero sus primeros bonos verdes, y Luz de Tres Picos, que hizo lo propio en octubre del año pasado, a AES Argentina Generación, que realizó su primera emisión de bonos verdes en ese país en febrero de 2020. También sigue a Genneia, que se convirtió en la primera compañía local en emitir un bono verde en el mercado internacional como parte del primer canje de títulos estándar por temáticos que se realiza en el país.

Desde 2013 YPF Luz genera y comercializa energía térmica y renovable. Sus accionistas son YPF, con una participación de 75,01 %) y GE EFS Power Investments, con el restante 24,99 %.

Asesores legales

Asesores de YPF Energía Eléctrica S.A.:

Abogados in-house: Carlos Dionisio Ariosa y Mariela Aguilar.
Estudio O’Farrell: Socios Uriel F. O’Farrell y Sebastián Luegmayer. Asociado Gastón Toncovich.

Asesores de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., y Nación Bursátil S.A.:

Abogada in-house de Banco Santander Río S.A.: Paula Balbi.
Abogada in-house de Nación Bursátil S.A.: María Valeria Bossi.
Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga. Asociados Ignacio Criado Díaz y Francisco Rojas Andri.

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YPF Energía Eléctrica S.A., emisiones, emisor, Estudio O'Farrell

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. , emisiones, colocador-estructurador, Tanoira Cassagne Abogados

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Transacción

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Cerrado (Closed)

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Fecha de cierre (de la emisión o caso)

Thu, 03/02/2022 - 12:00

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