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Reformas pendientes de AMLO 1d6r3i ¿Cuál es la agenda legislativa que se espera en la istración de Claudia Sheinbaum?

Fri, 14 Jun 2024 20:04:32 +0000

Reformas pendientes de AMLO: ¿Cuál es la agenda legislativa que se espera en la istración de Claudia Sheinbaum?

Abogados de diversas áreas de práctica hablan sobre las reformas constitucionales pendientes frente a un Congreso afín al oficialismo.

Redacción Lexlatin Fri, 14/06/2024 - 16:04

A través de las urnas, además de elegir a Claudia Sheinbaum como la primera presidenta en la historia del país, México votó por la conformación de una Cámara de Diputados y Senadores de mayoría oficialista: Morena, el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador —a reserva del cómputo de los escaños plurinominales, prevista en agosto, y la resolución de impugnaciones— ha alcanzado 248 curules en la Cámara Baja (más de la mitad de los disponibles en elección popular), y en la Cámara Alta 82, según datos dados a conocer la semana pasada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

El panorama impulsa la especulación de la inversión y la volatilidad, pues las prioridades legislativas se concentran en una serie de reformas, incluso constitucionales, planteadas desde el llamado 'Plan C' del todavía presidente de México y que chocaron contra una fuerza opositora conformada en el Congreso. Entre ellas la reforma al Poder Judicial y a organismos autónomos, como el Instituto de a la Información Pública y el INE.

"Morena pueda enmendar la constitución por sí sola, esto puede resultar en menos controles y equilibrios. Pueden lograrlo tomando el control de la Corte Suprema (dos magistrados terminarán sus mandatos en los próximos meses) y eliminando o reduciendo sustancialmente la autonomía de organismos y reguladores independientes como el INE, el INAI y la comisión antimonopolio [la Comisión Federal de Competencia Económica, Cofece], por mencionar algunos. Por lo tanto, uno de los mayores riesgos es una mayor erosión de las instituciones democráticas y del Estado de derecho, junto con el poder abrumador del partido político en el poder", apunta Pablo Jiménez, socio de Von Wobeser, en comentario.

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Para Eduardo Pizarro Suárez, socio del despacho de abogados mexicano SMPS Legal, la preocupación por el resultado electoral viene dada por el fortalecimiento del presidencialismo, la incertidumbre sobre las nuevas reglas del juego y la eliminación de controles institucionales que pueden resultar en la aprobación de reformas constitucionales al Poder Judicial y en la desaparición de órganos autónomos. Advierte que esto podría comprometer dos elementos fundamentales para la inversión y el desarrollo de los negocios: el Estado de derecho y la certeza jurídica.

La reforma al Poder Judicial sería la primera en ser considerada, pues —de acuerdo con Sheinbaum— no solo fue parte de su programa de Gobierno sino también un mandato popular. Aunque el plan de la presidenta electa fue someter la iniciativa a consulta popular y abrir foros de discusión, el miércoles se espera una votación preliminar en la Cámara de Diputados para que Morena lleve a cabo una 'encuesta ciudadana', de tal manera que es probable que incluso se concrete antes de la asunción de Sheinbaum.

Esta reforma consiste en cambiar a jueces, magistrados y ministros para hacerlos elegibles mediante voto popular, además de eliminar a las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

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Competencia económica

Otro de los aspectos que genera inquietud en la iniciativa privada, como señala Iván Pérez Correa, socio de la práctica bancaria y financiera de SMPS, es el potencial debilitamiento no solo del Poder Judicial, sino también de ciertos organismos autónomos, en los que se inserta la Cofece.

Para Fernanda Garza, socia del mismo bufete, experta en el área de competencia económica, en cambio, aun cuando la posición de la nueva istración fuera idéntica y, asumiendo que se integrará el voto de la mayoría calificada del Congreso, necesario para realizar una reforma constitucional en materia de competencia económica, continuará habiendo un régimen de competencia sólido, operativo, técnico y profesional como el que se ha desarrollado en las últimas tres décadas.

“Esto implica que no solo los mecanismos para combatir las prácticas monopólicas continuarían siendo ejes rectores del sistema de competencia, sino también el régimen de control de concentraciones que aplica en el caso de fusiones y adquisiciones que requieran ser notificadas a la autoridad de competencia”, agrega.

Partiendo de esa premisa, resalta que una modificación a la estructura orgánica no debería afectar las operaciones de fusiones y adquisiciones que se sigan llevando a cabo, ni la manera de escrutinarlas desde la perspectiva de competencia económica.

Garza advierte que compromisos internacionales asumidos por México, como el T-MEC, exigen contar con un sistema de competencia económica sólido y que brinde certeza jurídica y, al igual que la cooperación internacional entre agencias de competencia, deben ser considerados por la nueva istración.

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Nearshoring, servicios y seguridad

En los últimos años, el nearshoring y la integración de México a las cadenas de suministro mundiales se ha convertido en una oportunidad de negocios para el país, pero invertir en esta tendencia exige sortear una serie de desafíos en materia de infraestructura, electricidad, gas y agua, de acuerdo con María Teresa Paillés, también socia de la firma, quien advierte que, de continuar el modelo de la actual istración, será más complejo y costoso para los inversionistas establecer operaciones en el país.

“En la medida en que el nuevo gobierno permita la construcción de infraestructura, así como la generación de electricidad (y esta sea sostenible), así como se enfoque en resolver el problema del agua y gas, ya sea directamente o través de proyectos de participación pública-privada, los inversionistas seguirán llegando por las oportunidades que el TMEC presenta para México y para dichas empresas”, comenta, al sumar el costo que tiene el problema de inseguridad que se vive en muchos lugares y que podría desincentivar esas inversiones.

Reforma laboral

Algunos de los puntos de la reforma laboral planteada por el gobierno de López Obrador quedaron pendientes en el Congreso. Abogados de esta práctica ven muy probable que en el próximo periodo ordinario se aprueben algunas propuestas, sobre todo aquellas que lograron avanzar y que fueron discutidas en una de las dos cámaras, como la conocida como Ley Silla, Violencia y Acoso en el Trabajo e Igualdad Salarial.

Leslie Palma, socia de la práctica laboral de Greenberg Traurig, no duda que todas las reformas sean necesarias, tomando en cuenta que son parte de una evolución en materia laboral, de una preocupación por la salud del ser humano y de una oportunidad de mejorar sustancialmente la calidad de vida, lo que implica mejorar e incrementar las condiciones laborales.

Sin embargo, señala que la preocupación de las empresas se centra en las reformas que tienen un impacto económico, en primer lugar, la reducción de la jornada, que implica reestructuras en la gestión y istración de empleados; el aumento en la prestación de aguinaldo y los cambios en el sistema de pensiones que, como se ha planteado hasta ahora, implican únicamente un aumento en la contribución del sector empresarial.

Mira también: Incentivos jurídicos y tributarios: La competencia por la inversión extranjera en México, Chile y Perú

Luis Fernando Serrallonga, socio de Chávez Vargas Minutti, comenta que si bien quedó pendiente una reforma mayor al sistema de pensiones, durante el sexenio se dieron modificaciones que resultan en beneficio de los trabajadores mexicanos, como la reducción a semanas cotizadas, opciones de elegir entre rentas vitalicias o retiros programados y, principalmente, el aumento de las aportaciones patronales y la modificación al monto de pensión garantizada, que se aumentó a 8.241 pesos en 2021.

El abogado no visualiza, al menos en el futuro inmediato, una reforma integral al sistema de pensiones, toda vez que la actual istración así como la presidenta electa están dando prioridad a otras reformas, como la del Instituto Nacional Electoral (INE) y la del Poder Judicial, esta última pudiendo ser relevante para la propuesta que más adelante se pretenda llevar a cabo al sistema de pensiones.

Más sobre el tema: La transición energética en México se estanca mientras avanza la reforma constitucional

Infraestructura y energía

Para Juan José López de Silanes, socio del área corporativa y de M&A de Basham, Ringe y Correa, no hay duda de que Sheinbaum dará continuidad a muchos proyectos de infraestructura y directrices que se plantearon en la istración saliente.

Destaca la continuación y conclusión de proyectos insignia como el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles, la Refinería de Dos Bocas (Veracruz) y el Tren Interoceánico, así como impulsar el desarrollo de parques industriales y zonas económicas alrededor del Aeropuerto Felipe Ángeles, del Tren Interoceánico, la infraestructura del puerto de Salina Cruz y Coatzacoalcos y de infraestructura carretera.

Además, se propone la modernización de las seis refinerías con las que cuenta México, así como de las plantas hidroeléctricas y generar una transición para lograr la autosuficiencia eléctrica sustentable (fotovoltaica, eólica, microhidráulica, geotérmica, entre otras), a través de la construcción de nuevas plantas generadoras.

En materia de movilidad, se pretende impulsar a las principales ciudades de México con dotación de redes de transporte público más robustas, a través de transportes eléctricos como trolebús, metrobús y cablebús.

El mayor reto que observa Diego Ramiro, asociado del despacho en materia corporativa, es la determinación de los medios de selección de prestadores de servicios para la construcción de obra pública, toda vez que la actual istración ha delegado dicha tarea a la Secretaría de la Defensa Nacional, que principalmente ha asignado obras y contratos a través de adjudicación directa y por invitación a cuando menos tres personas.

"Lo anterior ha generado que las empresas que no han sido invitadas o no han obtenido la asignación de obra pública por adjudicación directa solo puedan participar a través de la realización de ciertas obras especializadas a dichas empresas que sí obtuvieron la asignación de dicha obra pública”, añade López de Silanes.

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Litigios y arbitrajes

Pablo Enrique Reyes Reyes, socio de Ibarra, Del Paso y Gallego, señala que en cuanto al arbitraje comercial internacional, la istración de Sheinbaum deberá ser respetuosa del marco jurídico que regula la inversión extranjera para evitar incurrir en violaciones a tratados internacionales en la materia, como sucedió a lo largo del sexenio que termina.

Una muestra son las 18 controversias sometidas a arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por empresas del sector energético, en algunas de ellas se demanda al Estado mexicano por actos realizados por el gobierno de Claudia Sheinbaum en Ciudad de México (Espiritu Santo Holdings y L1bre Holding v México - ICSID Case No. ARB/20/13) por cancelación de concesión de movilidad del sector de autotransporte (taxímetros) y la aplicación móvil en Ciudad de México, y Doups Holdings LLC v. United Mexican States (ICSID Case No. ARB/22/24) por la cancelación de dos concesiones para colocar parquímetros en vía pública otorgadas en 2018 a Soluciones Pagomet.

“Así que no es una buena carta de presentación de la próxima presidenta ante la comunidad internacional de negocios que quiere invertir en México”, destaca.

En cuanto al arbitraje comercial local, señala que es previsible que se considere una alternativa más viable ante la incertidumbre que genera la reforma al Poder Judicial que proponen López Obrador y Sheinbaum.

En su opinión, algunos de los problemas que plantea esta iniciativa de reforma constitucional son, por un lado, la sumisión del poder judicial federal al poder político, así como la falta de certidumbre sobre el perfil de las personas que resulten electas para ocupar un cargo en la judicatura.

“El voto popular no provee aptitud profesional a las personas candidatas. De ahí que las empresas podrían recurrir de forma más frecuente al arbitraje comercial doméstico para resolver sus disputas”, comenta.

De los sectores en los que habrá mayor presión de litigios/arbitrajes, Reyes Reyes menciona energía (petróleo, renovables, minas y electricidad, esta última por el rol protagónico que se pretende dar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)), telecomunicaciones (por el temor a que se convierta al Instituto Federal de Telecomunicaciones en una agencia de gobierno, que se guíe por criterios políticos o de oportunidad y no por razones técnicas) y aquellos en donde se ha dado participación al Ejército para intervenir como (puertos, obras de infraestructura, la construcción y operación de ferrocarriles y aeropuertos y la aviación, que —asegura— podrán representar afectaciones a la libre competencia y, por tanto, a los tratados de inversión.

Lee también: Los nuevos métodos de recaudación: ¿Qué temas impulsan las autoridades fiscales de Brasil, Chile y México?

Reformas en el área fiscal

Aunque la presidenta electa descarta una reforma en lo tributario en los primeros años de gobierno, hay algunos factores como el déficit fiscal que siguen preocupando a los inversionistas. La agenda, por ahora, se centrará en la tecnificación de las aduanas para minimizar la evasión fiscal, según ha adelantado Sheinbaum.

Alejandro Torres, socio y líder del área tributaria de Von Wobeser y Sierra, considera necesaria la supervisión por parte de las autoridades para evitar la entrada ilegal de mercancías y de productos subvaluados, pues se afecta a la industria nacional.

Otro punto que menciona son las demoras de hasta un año en la acreditación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en los regímenes preferenciales, por lo que recomienda hacer más eficiente el proceso -con sistemas de control tecnológico- y a las empresas les sugiere poner más atención al cumplimiento de los requisitos para conservar sus beneficios.

Advierte que habrá una fiscalización importante, ante lo que piensa que se presenta un área de oportunidad en torno al nearshoring, en el que los incentivos fiscales servirán como una captación importante de inversión. Pero, al igual que la socia de SMPS, refiere la duda que existe de si se tiene la infraestructura necesaria, tanto en electricidad como en agua, para favorecer esas inversiones y fortalecer la balanza comercial para aminorar el déficit fiscal.

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Golpe de Estado en Perú 3j6454 una Constitución que permite la remoción del Ejecutivo y el Legislativo

Thu, 08 Dec 2022 17:46:37 +0000

Golpe de Estado en Perú: una Constitución que permite la remoción del Ejecutivo y el Legislativo

El Congreso intentó vacar a Castillo desde que el exmandatario cumplió 4 meses en el cargo.

Redacción Lexlatin Thu, 08/12/2022 - 13:46

Por la tarde de este 7 de diciembre, Dina Boluarte juró como presidenta del Perú. Esto sucedió luego de que el Pleno del Congreso de la República votara, en mayoría, aplicar el artículo 113 constitucional, fundamento con el que declararon la incapacidad moral permanente de Pedro Castillo, quien, por cierto, asumió el mandato el año pasado, el 28 de julio de 2021.

Con Pedro Castillo suman 3 los presidentes vacados por el Congreso bajo esta misma figura, los otros fueron Alberto Fujimori y Martín Vizcarra.

Desde 2017, esta es la séptima vez que el Legislativo usa este argumento contra un presidente.

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Específicamente sobre Castillo, el Congreso intentó vacarlo desde que el exmandatario cumplió 4 meses en el cargo. La moción de este 7 de diciembre sería el tercer intento. Todo parecía indicar que, para esta ocasión, los votos sí serían los suficientes.

El fundamento de la remoción

El artículo 113 de la Constitución Política peruana establece que el titular de la Presidencia de la República puede ser vacado por su muerte, su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso, su renuncia ante el Congreso, por salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o luego de recibir acusaciones de traición a la patria, impedimento de elecciones o disolver el Congreso sin causa justificada.

Si bien esta figura, vigente desde 1839, cuenta con un procedimiento reglamentado, su interpretación no ha sido aún delimitada. Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su preocupación por la “falta de definición objetiva” (Comunicado 335/21).

Ante la crisis política prolongada en el país, que data desde la remoción de Kuczynski, seguida de varios intentos de vacancia para Vizcarra y la culminación con la destitución de Castillo el día de ayer, el Tribunal Constitucional aún no se pronuncia sobre el alcance de la figura.

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Una figura complementaria: disolución del Congreso

La Constitución peruana además permite que el titular de la Presidencia de la República disuelva al Congreso siempre que este niegue o censure su confianza a dos Consejos de Ministros.

Desde el 2017, sin embargo, solo en una ocasión se ha disuelto el Congreso conforme a lo establecido en la norma, esa vez fue promovida por Martín Vizcarra. La pretensión del expresidente Castillo no cumplía con los elementos de fondo, por lo que su anuncio fue categorizado como intento de Golpe de Estado.

El Ministerio Público detuvo a Pedro Castillo el mismo 7 de diciembre. La Fiscalía ya ha confirmado su arresto por la presunta comisión de los delitos de rebelión y conspiración.

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Todo lo que tienes que saber para este superdomingo de elecciones en América Latina y6s2o

Thu, 08 Apr 2021 14:08:33 +0000

Todo lo que tienes que saber para este superdomingo de elecciones en América Latina

Ecuador y Perú votarán por un nuevo presidente y Bolivia elige a gobernadores para cuatro provincias

Adelina Miguel Thu, 08/04/2021 - 10:08

La pandemia del COVID-19 no ha impedido que los procesos electorales continúen, o al menos no en el caso de Bolivia, Perú y Ecuador, que celebran este domingo jornadas electorales. Lo mismo debía ocurrir en Chile, pero el Ejecutivo aplazó la elección del constituyente, de cargos regionales y en municipalidades por la tercera ola de coronavirus.

Para este “superdomingo” electoral, la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha preparado el envío de Misiones de Observación Electoral (MOE) que, como en ocasiones anteriores, vigilan el desempeño de la jornada electoral.

Ecuador, entre la izquierda y la derecha

El pasado 7 de febrero los ecuatorianos acudieron a las urnas para elegir a un nuevo presidente y vicepresidente. De los 16 binomios que se postularon al cargo, dos ganaron la mayoría necesaria para la segunda vuelta, aunque el segundo lugar fue muy reñido.

El primer lugar estuvo formado por Andrés Arauz y su vicepresidente, Carlos Rabascall, quienes obtuvieron un 32,72 % de los votos, un porcentaje que no fue suficiente para evitar una segunda vuelta. El segundo lugar fue disputado entre Yaku Pérez, un activista y abogado indígena, y el banquero Guillermo Lasso.

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Después de algunos días de conteo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró la victoria de Guillermo Lasso para el segundo lugar, con una diferencia de apenas 0,35 %. El candidato indígena interpuso un recurso de impugnación ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para lograr un recuento del 50 % de las actas, pero el recurso fue negado. Hasta la fecha, Pérez asegura que la decisión del tribunal atentó contra la democracia y que se trata de un fraude electoral.

Este próximo fin de semana los ecuatorianos definirán a su nuevo presidente y vicepresidente para el periodo 2021-2025. Los finalistas son el candidato Andrés Arauz y el banquero Guillermo Lasso.

Los ciudadanos deberán acudir al mismo recinto electoral que les fue asignado para las votaciones de la primera vuelta. En caso de duda, podrán consultar en el sitio web del CNE.

Si algún ciudadano tuviera síntomas o contagio de COVID-19 deberá acreditarlo con un certificado médico del sistema público de salud, solo así podrá evitar pagar la multa que se impone a los ciudadanos que no ejerzan su derecho al voto. La multa es equivalente al 10 % del Salario Básico Unificado (40 dólares) que deberán pagar en la Delegación Provincial Electoral.

Si bien los resultados de la primera vuelta muestran una clara ventaja para Arauz, lo cierto es que hay un porcentaje importante de votantes de Yaku Pérez que marcaran la diferencia en las urnas.

Hasta ahora Pérez no ha expresado su apoyo por ninguno de los dos candidatos finalistas y, a pesar de que su ideología es de izquierda igual que la de Arauz, nunca apoyó sus políticas públicas ni sus propuestas y rechaza tajantemente la relación que mantiene Arauz con el expresidente Rafael Correa.

De ser elegido para la presidencia, Arauz ha expresado que contará con el asesoramiento de Correa, quien actualmente está prófugo de la justicia. Además, ha prometido revisar las sentencias por las que se ha condenado al expresidente y a ex de su gabinete. Por lo tanto, podríamos esperar un fenómeno parecido al ocurrido en Bolivia con el regreso de Evo Morales al país, después de que un candidato de su partido fue elegido para el cargo de presidente en las pasadas elecciones.

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Guillermo Lasso, quien se postula a la presidencia por tercera vez consecutiva, sostiene una política más de derecha, aunque coincide con Peréz en el regreso de Correa al país. Promete generar mejores condiciones de trabajo y seguridad social para los ciudadanos.

Perú busca presidente para 2021-2026

Los peruanos acudirán a las urnas este fin de semana para elegir a su próximo presidente, luego de que en el último quinquenio cuatro personas ocuparan el cargo sin ser elegidas por voto popular.

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Hay 18 candidatos aunque según las encuestas más recientes solo cinco se mantienen al frente, con porcentajes de intención de voto de entre 8 % y 10 %. Se espera que el titular al cargo de la presidencia se defina en una segunda vuelta programada para el 6 de junio de 2021.

En primer lugar está Yonhy Lescano, excongresista y abogado peruano que se postula por el partido Acción Popular. Uno de sus principales ejes en el plan de gobierno es invertir en la educación hasta el 10 % del Producto Interno Bruto (PIB). Además, busca emparejar los estándares de calidad de la educación en el Perú con los de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entre otras propuestas.

Seguido de Lescano, por un margen de apenas un punto, está Hernando de Soto, economista y quien se postula por el partido Avanza País. Una de sus propuestas más ambiciosas es que ha prometido acabar con los problemas derivados del abastecimiento de vacunas contra el COVID-19. Dice tener un plan para regular la compra de vacunas durante los primeros 60 días de gobierno.

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En la lista también figuran nombres como el de Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, quien según las encuestas está empatada en cuarto lugar con el exfutbolista George Forsyth, además de Rafael López Arriaga, el izquierdista Pedro Castillo y la psicóloga Verónika Mendoza. Todos mantienen un porcentaje que oscila entre el 6 % y 8 % de la intención de voto. Keiko, de derecha, asegura que de llegar al cargo indultará a su padre, quien actualmente cumple una condena por casos de corrupción.

Para que el voto emitido sea valido deberá marcarse con pluma o lapicero de cualquier tinta. En caso de hacerse con lápiz el voto será inválido.

El MAS busca recuperar simpatizantes en Bolivia

Las elecciones a nivel regional para nuevos gobernadores de departamentos iniciaron el pasado 7 de marzo. Sin embargo, en los departamentos de Chuquisaca, La Paz, Tarija y Pando ninguno de los candidatos obtuvo mayoría de 10 puntos. Este 11 de abril se llevará a cabo la segunda vuelta para elegir a los próximos gobernadores de los cuatro departamentos.

Durante la jornada electoral se prohibieron los vuelos nacionales y viajes interdepartamentales e interprovinciales, además de la circulación de vehículos particulares, oficiales o públicos, exceptuando los que cuenten con autorización del Tribunal Supremo Electoral (TSE) o de los Tribunales Electorales Departamentales (TED).

Ahora bien, el pasado 18 de octubre el partido Movimiento por el Socialismo (MAS) -del que es líder el expresidente Evo Morales- ganó las elecciones a la presidencia, pero el triunfo en las presidenciales no se reflejó en las elecciones para gobernadores y alcaldes. La oposición obtuvo mayoría de votos en 8 de las 10 alcaldías y dos gobernaciones. El MAS obtuvo tres gubernaturas y tan solo dos alcaldías.

Las próximas elecciones representan una oportunidad para el MAS de recuperar el terreno perdido, ya que todos sus candidatos pasaron a segunda vuelta con diferencias mínimas.

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En Chuquisaca la contienda será entre Damián Condori, del partido Chuquisaca Somos Todos (CST) y quien obtuvo el 51, 37 % de los votos en primera vuelta, y Juan Carlos León, del MAS y quien obtuvo el 31, 87% de los votos. En el pasado, ambos candidatos formaron parte del MAS, ambos han sido acusados de corrupción y, nuevamente, ambos indicaron ‘ser víctimas de persecución política’.

En La Paz el abogado Franklin Flores se postula por el MAS, con 39,7 % de votos obtenidos en primera vuelta. Su contrincante es Santos Quispe, médico y político, y quien obtuvo 25,18 % de votos.

En Tarija la diferencia entre candidatos es de tan solo 0,12%. El candidato del MAS, Álvaro Ruiz, obtuvo 38,17 % de los votos, mientras que Óscar Montes, de Unidos por Tarija, logró un 38,05 %.

Por último, en Pando la ventaja del candidato por el MAS es notoria con un 2% de votos más que su contrincante. Miguel Becerra, del MAS, logró un 40.98% en marzo pasado y Regis Richter, del Movimiento Tercer Sistema (MTS), alcanzó el 38.98%.

Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral, anunció que el plazo máximo para terminar el cómputo de votos será de una semana, pero se comprometió a entregar resultados “lo más pronto posible”.

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COVID-19, presidencia, elecciones

¿Qué esperar de la segunda vuelta presidencial en Ecuador? 2v3ul

Wed, 10 Feb 2021 14:43:48 +0000

¿Qué esperar de la segunda vuelta presidencial en Ecuador?

La incertidumbre continúa: Yaku Pérez, un activista indígena, y Guillermo Lasso, un banquero, disputan el segundo lugar

Adelina Miguel Wed, 10/02/2021 - 10:43

Ecuador acudió a las urnas el domingo 7 de febrero y todavía el Consejo Nacional Electoral (CNE) continúa contando los votos. De acuerdo con la ley de la materia, el CNE cuenta con 10 días para dar a conocer los resultados finales. De momento se ha reconocido que el candidato Andrés Arauz, del partido oficialista, pasará a la segunda vuelta, pero aún no se sabe quién será su contendor. Arauz obtuvo más del 30 % de los votos en la primera jornada electoral.

De acuerdo con los resultados más actualizados, en el segundo lugar se encontraría Yaku Pérez, candidato de izquierda y activista indígena, seguido muy de cerca por Guillermo Lasso, banquero y candidato de derecha, quien se postula por tercera ocasión a la presidencia. El porcentaje que separa de votos que separa a Arauz de Pérez es de apenas 12.000 votos.

En los últimos días Pérez ha instado a sus votantes a que se manifiesten mediante plantones y marchas para exigir la transparencia en el conteo de votos. Por su parte, Lasso asegura que las actas que faltan por computar son de regiones en las que tiene clara ventaja.

Freddy Suquilanda, socio fundador del estudio Suquilanda Law Firm, en entrevista para LexLatin, comentó que los resultados de la primera vuelta fueron un tanto inesperados. El candidato Andrés Arauz alcanzó la mayoría de votos en la zona costera, una región representada por el candidato Guillermo Lasso. Por otro lado, Lasso obtuvo la mayoría de sus votos de la Sierra, una región de la que es representante Yaku Pérez.

Andrés Arauz y Yaku Pérez pertenecen a partidos políticos de izquierda, además, ambos se postulan por primera vez como candidatos a la presidencia.

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Andrés Arauz, el protegido de Correa

Andrés Arauz fue parte del gabinete del expresidente Rafael Correa, quien actualmente enfrenta al menos dos sentencias por corrupción, reside en Bélgica y se encuentra prófugo de la justicia ecuatoriana desde 2017. Arauz es licenciado en Ciencias por la Universidad de Michigan y cuenta con un doctorado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El CNE de Ecuador prohíbe la inscripción de candidatos que tengan una sentencia penal en su contra. De ahí que Correa no pudiera postularse de nuevo a la presidencia en estas elecciones. Por esta misma razón el CNE solicitó que se retirara de la publicidad electoral el rostro del expresidente.

El legado de Correa está en diversas obras de infraestructura y políticas populistas que impulsó durante su Gobierno. Algunas de esas obras fueron cuestionadas y auditadas por la Contraloría General del Estado debido a sobreprecios. Sin embargo, Arauz ha comentado que su principal asesor económico será Rafael Correa. Además, durante su campaña ha dicho que revisará los procesos judiciales por los que se condenaron al expresidente y a otros de su gabinete.

Freddy Suquilanda comenta: “Quizá, leyendo entre líneas el efecto de esta revisión será que todos los del exgabinete sentenciados o en prisión recuperen su libertad y se dejen sin efectos los procesos”.

Por otro lado, Arauz ha propuesto la desdolarización del Ecuador e implementar en cambio, quizá el sucre ecuatoriano, que fue la moneda oficial antes del dólar americano.

Otra de sus políticas bandera es la entrega de 1.000 dólares a un millón de familias durante la primera semana como presidente. Cabe resaltar que Ecuador está sumido en una crisis económica que se inició mucho antes de la pandemia, por la baja en el precio del petróleo y el sobreendeudamiento con China. De acuerdo con datos oficiales, el Producto Interno Bruto (PIB) cayó un 9,5 % en 2020.

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Otro tema controversial es la posición de Arauz frente al financiamiento otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a Ecuador a finales de 2020. Dicho financiamiento fue otorgado para combatir la crisis económica y de salud que enfrenta el país. El último préstamo negociado por el presidente en salida, Lenín Moreno, fue de 6.500 millones de dólares de los cuales se calcula ya se han entregado 4.000 millones. Arauz asegura que no cumplirá con el pago de la deuda que se ha pactado con el FMI.

De acuerdo con Suquilanda, desconocer la deuda externa o considerarla ilegítima es un fenómeno que ya había ocurrido en el gobierno de Correa. “A diferencia de los demás candidatos, Arauz se muestra menos abierto a mantener cercanía con el FMI y, definitivamente, buscar otras formas de financiamiento. No sabemos si será en Asia o Medio Oriente”.

El abogado y dirigente indígena Yaku Pérez

Yaku Pérez es candidato por el partido Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, definido a sí mismo como un partido de izquierda. Es doctor en jurisprudencia por la Universidad Católica de Cuenca, cuenta una maestría por la Universidad de los Andes en Derecho Penal y Criminología y una especialidad en Derecho Ambiental.

Durante el Gobierno de Correa participó en diversas manifestaciones en contra de los proyectos mineros al norte de Ecuador. De acuerdo con Suquilanda, en elecciones pasadas ya se habían postulado candidatos indígenas, pero siempre obtenían porcentajes muy bajos.

Suquilanda atribuye la victoria del candidato al protagonismo que ha tenido el indigenado en el país durante los últimos años. Cita como ejemplo el levantamiento indigena de octubre de 2019, en el que se inconformaron con la medida del Gobierno sobre quitar los subsidios a la gasolina. “La ciudad de Quito y el país entero se paralizaron durante casi diez días”.

Dentro de su plan de gobierno ha propuesto la eliminación de algunos ministerios para simplificar el aparato estatal. Además ha propuesto crear nuevas fuentes de empleo usando el agua, cuidando al medio ambiente.

Al contrario de Arauz, propone mantener la dolarización para el Ecuador y reconocer la deuda contraída con el FMI. Al respecto se ha manifestado por la refinanciación. En temas fiscales ha propuesto disminuir el impuesto al valor agregado (IVA), que en la actualidad es del 12 % o -en su defecto- mantenerlo, pero jamás aumentarlo.

De ganar las elecciones en segunda vuelta, Yaku Pérez será el primer presidente indígena de Ecuador.

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El banquero Guillermo Lasso

El candidato Guillermo Lasso ha ocupado distintos cargos públicos en sus 65 años. Por ejemplo, fue gobernador de la provincia del Guayas, también fue secretario de Economía durante la época en la que se decidió dolarizar la economía ecuatoriana. Es reconocido por su cargo como presidente del Banco de Guayaquil, uno de los bancos más grandes a nivel nacional, comenta Suquilanda. Esta es la tercera ocasión en la que se postula al cargo de presidente.

La propuesta de Lasso es un modelo neoliberal. Sin embargo, coincide con Yaku Pérez en la eliminación de algunos ministerios que se han creado en los últimos años y resultan ineficientes.

En materia fiscal propone eliminar el impuesto de salida de divisas gradualmente. Suquilanda detalla que este impuesto fue creado hace casi 20 años y grava cualquier divisa saliente de Ecuador arriba de 1.000 dólares.

En lo relativo al IVA, coincide con sus contrincantes en mantener el 12 % y no aumentarlo.

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Evo Morales 3l1o52 Luis Arce y el futuro de Bolivia

Tue, 20 Oct 2020 19:49:50 +0000

Evo Morales, Luis Arce y el futuro de Bolivia

Los cambios que se esperan en el país tras la elección de un nuevo presidente

Adelina Miguel Tue, 20/10/2020 - 15:49

Evo Morales fue presidente de Bolivia durante 14 años y aunque está fuera del país, el resultado de las elecciones celebradas el pasado 18 de octubre le favorece. El conteo que realiza el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) refleja que Luis Arce y su vicepresidente, David Choquehuanca, candidatos del Partido Movimiento al Socialismo (MAS), fundado por Morales, ganaron la contienda. Hasta el momento se ha contado el 95,49 % de los votos, de estos el 67,95 % favorece a MAS.

En octubre de 2019, el Tribunal Electoral anunció que, una vez más y por cuarta ocasión consecutiva, Evo Morales resultaba ganador de las elecciones, con un 47,8 % de preferencia frente al 36,51 % de su contrincante, Carlos Mesa, el segundo favorito. En Bolivia la ley indica que solo se realizará una segunda vuelta electoral si ninguno de los candidatos alcanza el 50 % de los votos o si uno de ellos alcanza más del 40 % y la diferencia con el candidato más cercano es de menos de 10 puntos porcentuales. Por lo tanto, la diferencia de 11,29 puntos entre ambos candidatos determinó que no era necesaria una segunda vuelta electoral.

El ajustado margen y el clima de protestas a nivel nacional se sumó a una resolución emitida por la Organización de los Estados Americanos (OEA) basada en una serie de informes que demostraron la “manipulación del resultado de la elección”. Antes de que Morales renunciara el 10 de noviembre de 2019, el ejército nacional emitió un mensaje sugiriendo que se retirara del mandato.

Aunque se esperaba que las nuevas elecciones se celebraran el 15 de diciembre de 2019, se realizaron casi un año después. ¿Cómo se lee el triunfo del MAS? ¿Esta victoria representa el regreso de Morales a Bolivia? El presidente virtual Luis Arce subrayó: “si quiere ayudarnos, será muy bienvenido, pero no significa que estará en el Gobierno. Será mi gobierno”.

El futuro de Bolivia

Con 57 años, el nuevo presidente de Bolivia ha tenido diversos cargos públicos. En 2006, durante la istración de Evo Morales, fue ministro de Hacienda y, posteriormente, en 2009, fue ministro de Economía y Finanzas Públicas. Se le atribuyen logros como el incremento del Producto Interno Bruto (PIB), que llegó a 40.000 millones dólares, y reducir la pobreza de un 60 % a un 37 %.

Arce cuenta con estudios en economía y contabilidad. Es egresado de la Universidad Mayor de San Andrés. Cuenta con una maestría en Ciencias Económicas por la Universidad de Warwick en Coventry, Inglaterra.

Pero esos logros se ven lejanos. Después de la crisis económica y de salud que enfrenta el país a consecuencia de la pandemia, el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia reveló que la actividad económica bajó en 7,9 % entre enero y julio de 2020. El mismo Gobierno ha proyectado que la economía boliviana caerá 6,2 % en 2020, lo que representaría la mayor contracción en las últimas dos décadas. En cuanto al déficit fiscal, en 2020 se proyecta que aumente de 7,2 % del PIB hasta 12,1%.

En este contexto, el pasado 17 de abril el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la solicitud de asistencia financiera de emergencia de Bolivia por aproximadamente 327 millones de dólares bajo el Instrumento de Financiamiento Rápido para combatir la crisis. Además, el Gobierno implementó un bono contra el hambre que ayuda a las familias de bajos recursos y autorizó a las universidades públicas a utilizar sus saldos e ingresos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos para el pago de sueldos y salarios del personal, entre otras medidas.

La ley tiene por objeto resguardar primero la vida de los bolivianos, con un bono para ayudar a las familias.

Luis Arce ha señalado que la crisis que afronta Bolivia solo puede ser solucionada con “una intervención urgente de buenas políticas públicas”, para lo que ha presentado seis propuestas, entre ellas: fortalecer la actividad agropecuaria, gestionar la deuda externa de manera responsable e invertir en combustible ecológico y en la industrialización del litio con soberanía. Este último punto resulta crítico, ya que Bolivia posee las mayores reservas del metal y, a diferencia de otros países, como Argentina y Chile, el Estado controla las reservas.

Diversos mandatarios del mundo han mostrado su apoyo a este nuevo Gobierno. El propio Arce menciona que esta victoria representa una reposición de los derechos de los pueblos indígenas y la recuperación de la democracia en Bolivia.

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Bolivia, presidencia, evo morales

El TC deja en manos del Congreso la permanencia de Vizcarra 59676b

Thu, 17 Sep 2020 18:31:41 +0000

El TC deja en manos del Congreso la permanencia de Vizcarra

El Legislativo peruano está dividido: los votos por definir igualan a los votos en contra de la remoción del presidente

Adelina Miguel Thu, 17/09/2020 - 14:31

A pocos días de que se cumpla un año de la disolución del Congreso, Martín Vizcarra, titular del Ejecutivo en Perú, enfrenta el punto más crudo de la crisis política: este viernes 18, el Congreso votará su vacancia. En otras palabras, está en manos del Legislativo la remoción o permanencia del presidente peruano.

Martín Vizcarra no tiene bancada en el Congreso y este no puede volver a ser disuelto. En su último año de mandato, los recursos legales para equilibrar los Poderes son limitados. El presidente pidió, mediante demanda, la intervención del Tribunal Constitucional (TC) para que determinara la invasión de competencias, agregando una medida cautelar para suspender el procedimiento de su remoción. La vigencia de esta cautelar correspondería a la emisión del criterio del TC sobre qué debía entenderse por incapacidad moral permanente, la causal que alega el Congreso para vacarlo.

El TC itió la demanda pero desechó la cautelar. De acuerdo con Marianella Ledesma Narváez, magistrada presidenta del TC, no se encontró motivo de urgencia ni para suspender el procedimiento ni para elevar el número de votos requeridos en el Congreso, de 87 a 104 de un total de 130, para la vacancia. “La urgencia no se advierte ahora”, aseguró para medios locales, explicando que su indicador de medición fueron las declaraciones de los voceros de las distintas bancadas en el Congreso, quienes se muestran en contra de que el Ejecutivo cambie de titular.

Origen del conflicto

Luego de la contratación irregular del cantante Richard Javier Cisneros Carballido, conocido como Richard Swing, por el Ministerio de Cultura y por un monto de casi 44.000 dólares para dar pláticas motivacionales además de organizar eventos, se publicó un audio incriminatorio para el presidente. En dicho audio se escucha cómo Vizcarra acuerda una versión común con la secretaria y la asistente de despacho para declarar ante la Fiscalía. La Fiscalía ha estado recogiendo información sobre los ingresos del cantante a distintas dependencias gubernamentales, incluido el despacho presidencial.

Cuando los audios se hicieron públicos, el Congreso abrió a votación la isión de un proceso de vacancia por incapacidad moral permanente del presidente. Esta se aprobó con 65 votos a favor. Inmediatamente el Gobierno respondió con la interposición de la demanda por invasión de competencias ante el Tribunal Constitucional.

Presidente @MartinVizcarraC: Por mi investidura, debería corresponder procesarme después de concluido mi mandato. Como ya lo he dicho, estoy dispuesto a dar todas las declaraciones que requiera la Fiscalía, desde ahora, y no solo cuando culmine mi mandato. pic.twitter.com/QfKzxv0cXk
— Presidencia Perú (@presidenciaperu) September 14, 2020

Con un revés dramático, la situación de Martín Vizcarra cambió cuando el medio de investigación local IDL-Reporteros publicó que el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, intentó llamar -cuando aún no se habían dado a conocer los audios ni había iniciado el proceso de vacancia- a César Astudillo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y logró sostener una conversación telefónica con Fernando Cerdán, comandante general de la Marina. En la llamada le dijo a Cerdán que el presidente sería vacado y que él lo reemplazaría.

"Rechazo enfáticamente sobre las temerarias afirmaciones que me vinculan con un supuesto complot, que pretendería atentar contra el orden constitucional", Merino De Lama, presidente del Congreso. #PlenoVirtual pic.twitter.com/OjbB73JRQK
— Congreso del Perú (@congresoperu) September 14, 2020

La opinión pública señaló a Merino por conspiración y sedición. Incluso se interpuso una denuncia penal en su contra, promovida por un grupo de ciudadanos. Merino rechazó las afirmaciones y reiteró la obligación de Vizcarra de comparecer ante el Congreso, pues debía “limpiar su honor”.

Presidente del Consejo de Ministros: Anuncio que hemos decidido adoptar las herramientas legales que nos faculta la Constitución y las leyes para hacer frente a este intento de alterar el orden constitucional. pic.twitter.com/gussOVBTfJ
— Consejo de Ministros (@pcmperu) September 12, 2020

Aún no se sabe si Martín Vizcarra acudirá a comparecer ante el Congreso, pero Roberto Pereira Chumbe, abogado de la firma Benites, Vargas & Ugaz, quien es su representante, sí lo hará.

Cabe mencionar que al haber desechado la medida cautelar del Ejecutivo, el Tribunal Constitucional permite la continuidad del proceso de vacancia, por lo que su interpretación de la causal de incapacidad moral permanente aplicará para procesos futuros, sin efectos retroactivos. Es decir que si el Congreso vota por la vacancia, Vizcarra tendrá que despedirse del mandato.

Hasta ahora son 13 los congresistas que han asegurado que votarán por su salida, 57 han declarado que votarán en contra y el resto está indeciso. Hasta el momento, los votos contra el presidente no alcanzan para su remoción.

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derecho constitucional, presidencia, Martín Vizcarra, Perú, crisis política

¿Cómo resolver la crisis peruana? El dilema entre elecciones y el Tribunal Constitucional 2a656n

Fri, 04 Oct 2019 18:57:50 +0000

¿Cómo resolver la crisis peruana? El dilema entre elecciones y el Tribunal Constitucional

Con la disolución del Congreso, el país ha tenido que improvisar para llenar los vacíos legales

Ana Karen de l… Fri, 04/10/2019 - 14:57

Luego de que el presidente del Perú, Martín Vizcarra, decidiera disolver el Congreso, el panorama en el país es de incertidumbre. Si bien la cuestión de confianza y la disolución del parlamento están contempladas en la Constitución, lo cierto es que alrededor de ellas hay vacíos que el país tendrá que resolver en las próximas semanas. De cara a las elecciones de un nuevo Congreso se vaticina la presentación de una demanda de acción competencial de la Comisión Permanente. A simple vista no tiene legitimación, pero de itirse la gran interrogante entre los juristas es ¿quién debería decidir sobre la crisis política: el pueblo mediante el voto o el Tribunal Constitucional (TC) con sus criterios?

Los especialistas han emitido opiniones polarizadas sobre cómo los poderes han estado interpretando las normas. La primera interpretación vino por parte del Ejecutivo cuando presentó la cuestión de confianza, un mecanismo por el que pide el respaldo del Parlamento sobre temas que considera urgentes. En este caso el Legislativo no sometió a votación la confianza, es decir, formalmente no la aceptó ni la negó, pero, al continuar con la discusión del tema en cuestión, el Ejecutivo entendió que había sido censurado.

La segunda interpretación está en marcha. El miércoles pasado la Comisión Permanente del Parlamento disuelto aprobó presentar una demanda de acción competencial ante el TC, cuando el único órgano legitimado para hacerlo es el Pleno (que está disuelto). Y después de presentada la demanda, el TC tendrá a su cargo una tercera interpretación: itirla o no.

En entrevista para LexLatin, Elena Alvites Alvites, Daniel Soria Luján y Jorge Luis León Vásquez, especialistas en Derecho Constitucional peruano y académicos en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PU), explicaron que el reto del TC de itir la demanda de acción competencial se podría centrar en calificar la constitucionalidad de la disolución del Congreso y en resolver la procedencia de las elecciones ya convocadas. Además, el Tribunal tendría que emitir criterios que sienten precedentes.

¿Urnas o criterios del TC?

El martes pasado, en un comunicado de prensa, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) consideró que el TC debía pronunciarse respecto de la legalidad y legitimidad de la disolución del Parlamento, pero también consideró conveniente el llamado a próximas elecciones.

Para Jorge Luis León Vásquez, el mensaje refleja desconocimiento de las normas locales pues el TC en realidad no tendría cabida en este asunto “el comunicado ha abierto el interés y se ha convertido en una herramienta permanente para ir al Tribunal Constitucional”.

León Vásquez expuso que la Comisión Permanente dentro del interregno parlamentario tiene funciones acotadas que se limitan a hacer un control de los decretos de urgencia por los que va a legislar el Ejecutivo, entonces no tendría legitimidad para presentar esa demanda; aunque, explicó, al tratarse de un caso atípico vale la pena que lo intente porque no habría otra forma de pedirle intervención al TC.

Por su parte, Elena Alvites Alvites comentó que "el Tribunal Constitucional, frente a una demanda, debe cumplir con una función de pacificación” y considera que “lo más conveniente frente a una convocatoria de elecciones, donde la población tiene expectativas de elegir a un nuevo Congreso, es que el Tribunal vaya dando reglas de criterios de interpretación que se apliquen en el futuro”.

Daniel Soria Luján, jurista de Derecho Constitucional, planteó una interrogante más: "¿Y qué pasa si el Tribunal Constitucional ite la demanda de la Comisión Permanente y falla una sentencia en el mes de diciembre y dice que el presidente ha utilizado mal la facultad de disolución, por lo tanto el Congreso tiene que ser restituido? ¿Ya no hay elecciones?”

¿Fue constitucional la disolución?

El tema de la disolución del Congreso, desde el punto de vista de Elena Alvites Alvites, está sujeto al principio de equilibrio y balance de poder. La especialista comentó que el problema ha surgido sobre la forma, algo que puede resolverse al regresar a los orígenes del constitucionalismo “que contiene el enunciado de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano: en un Estado que no se respeten derechos fundamentales, o la separación de poderes, no existe constitución. Si eventualmente las formas impiden este ejercicio equilibrado, entonces no se está cumpliendo con la máxima de tener una constitución, que para eso existe”.

Es de observar que el pasado lunes, el Pleno del Congreso decidió dar la confianza, con votación, pero una vez que el presidente Martín Vizcarra había comenzado su mensaje a la Nación para disolverlo. Además, para ese momento el Parlamento ya había elegido a un magistrado del TC. En ese sentido, la catedrática de la PU refiere que en los hechos se pudo ver en el extinto Congreso una actitud de rehusar el pedido del Ejecutivo, aunque después haya decidido dar la confianza formalmente.

"La pregunta jurídica es la siguiente ¿podemos calificar estos actos materiales y otorgarles un sentido?” apuntó Daniel Soria Luján. Además dijo: “¿Esos actos materiales expresan la voluntad del Congreso de rechazar la cuestión de confianza?”

Respondiendo a las anteriores interrogantes, el docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú considera importante hacer un repaso en la creación de la figura de la disolución del Congreso a nivel local "en los años 1945 a 1948 y 1963 a 1968 hubo dos Gobiernos democráticos donde el presidente se enfrentó a una mayoría parlamentaria opuesta a él, esos conflictos se solucionaron con intervenciones militares; golpes de Estado”. A propósito de esas experiencias, la Asamblea Constituyente decidió crear la disolución del Congreso como un mecanismo para equilibrar los excesos del Parlamento cuando este fuera opuesto y en este caso así fue.

Como una cuestión imprescindible de revisar en el contexto actual, Daniel Soria Luján explicó que la disolución del Congreso es un mecanismo por el que el Ejecutivo apela a que el pueblo decida a través de las urnas a quién le da el respaldo, “esto es importante porque en una democracia contemporánea el poder político es el pueblo y el poder emana del pueblo”.

En las próximas semanas se definirá sobre la marcha un proceso no explícito en la constitución local, que para los especialistas consultados se puede extraer de su interpretación como unidad, considerando sus principios.

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derecho constitucional, Perú, presidencia

Venezuela 4o5t42 usurpación o vacío de poder: ¿un debate inútil?

Wed, 09 Jan 2019 04:34:19 +0000

Venezuela, usurpación o vacío de poder: ¿un debate inútil?

Constitucionalistas venezolanos opinan sobre lo que sucederá a partir de mañana, cuando Nicolás Maduro se juramente en la presidencia de Venezuela

Karla schi Wed, 09/01/2019 - 00:34

Mañana se juramenta Nicolás Maduro como presidente de Venezuela para un segundo período, lo que ha generado controversia en medios venezolanos y en redes sociales al plantearse un debate jurídico: ¿a partir del 10 de enero la presidencia de la República será usurpada o habrá un vacío de poder?

La discusión se ha acentuado desde el sábado 5 de enero, cuando el diputado por Voluntad Popular (partido opositor liderado por el preso político Leopoldo López) Juan Guaidó fue juramentado como presidente de la Asamblea Nacional. En su discurso usó seis veces la palabra usurpación y añadió:

“La presidencia a partir del 10 de enero no se encuentra vacante. Está siendo usurpada. Estamos en una dictadura. No compete solo a este Parlamento nombrar a alguien. Depende de todos los venezolanos, de la Fuerza Armada, de la base política del gobierno”.

Para muchos, esto contradice directamente la posición del Parlamento venezolano, que ha declarado abandono del cargo en acuerdos anteriores como el del 9 de enero de 2017 (por incumplimiento de funciones constitucionales) y su posterior ratificación del 21 de agosto de 2018. El debate, además, ha sido atizado por varios sectores de la dividida oposición nacional, basándose en la última declaración del Grupo de Lima.

El 4 de enero, la organización -integrada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía- emitió un comunicado en el que “instan a Nicolás Maduro a no asumir la presidencia el 10 de enero de 2019 y a que respete las atribuciones de la Asamblea Nacional y le transfiera, en forma provisional, el poder ejecutivo hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas”.

En medio de la discusión, los constitucionalistas venezolanos salieron al paso. Unos aseguran que hay vacío de poder mientras que otros aseveran que lo que pasará a partir del jueves en Venezuela no es más que usurpación.

Para José Ignacio Hernández, profesor de Derecho istrativo y Constitucional de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Católica Andrés Bello, lo que va a suceder en la nación andina es usurpación y no vacío de poder.

“Hay vacío de poder cuando no hay nadie que pueda ejercer determinado cargo, en este caso la presidencia de la República. A partir del 10 de enero entendemos que Maduro seguirá en la silla de Miraflores, no va a haber vacío. El concepto que corresponde desde la perspectiva del derecho constitucional, de conformidad con el artículo 138 de la Constitución, es el de la usurpación”, explica.

Entretanto, José Vicente Haro, profesor de la Universidad Central de Venezuela, señala que es importante fijarse en los antecedentes de la declaración de vacante del cargo presidencial, como los ya mencionados.

“Desde el 9 de enero de 2017 se ha sostenido que Nicolás Maduro detenta la presidencia haciendo un ejercicio ilegítimo de la misma, por lo tanto no debe considerarse presidente de acuerdo con el artículo 233 de la Carta Magna. De esta manera existe una vacante. Por otra parte, más de 40 países han desconocido los resultados de los comicios del 20 de mayo y habiendo desconocido entonces esas elecciones, lo que ha concluido la comunidad internacional es que si Maduro no ha sido reelecto para un nuevo período presidencial, él no puede seguir ejerciendo el cargo”, apunta.

Una discusión estéril y altamente política

Usurpación y vacío de poder no necesariamente son conceptos excluyentes. Hernández señala que “en la práctica no es importante distinguir si hay vacío de poder o usurpación. Lo importante es que Maduro seguirá ejerciendo la presidencia de la República sin ser presidente electo. Si usted sostiene que es usurpación, técnicamente tiene la razón. Si cree que hay vacío de poder, políticamente tiene la razón”, añade.

Con él coincide Haro, que subraya que la vacante existe porque no hay nadie que haya accedido al cargo de manera legítima, de acuerdo con los parámetros constitucionales. “Eso es lo técnico, lo jurídico. Ahora bien, cuando una persona permanece ilegítimamente en el puesto, sin título jurídico válido alguno, existe usurpación. Que exista usurpación no significa que no haya vacío de poder”, asegura.

Aunque ambos juristas tienen interpretaciones diferentes con respecto a lo que sucederá con la presidencia de Venezuela a partir de mañana, apuntan a que el debate que ha ocupado a los venezolanos es innecesario. “Es un debate redudante. El problema de fondo es político”, sentencia Haro. “Esta es una discusión que nunca ha debido darse (…) en definitiva nos distrae de la situación”, dice Hernández.

El 10 de enero promete comenzar una nueva escalada en la ya grave crisis venezolana y Hernández define el panorama:

“El 10 de enero coinciden varias crisis: la primera es que la presidencia está siendo ocupada por una persona que no es presidente electo. La segunda es que la Constitución no está siendo cumplida en la práctica, desde que la Asamblea Nacional Constituyente se instaló por la vía de los hechos y bajo el resguardo de la Fuerza Armada Nacional y las fuerzas policiales, la Constitución fue derogada de facto, no se aplica en la práctica. La tercera crisis, la más complicada, es que esto está sucediendo en un momento en el que el Estado es frágil y ni siquiera el régimen de Maduro tiene el monopolio legítimo de la fuerza”.

Por ello, Hernández es enfático al afirmar que no es posible solucionar la crisis política por falta de presidente electo aplicando un texto que perdió vigencia en la práctica. “Es complejo porque la Constitución no está vigente en la práctica, así que no tiene sentido solucionar la crisis aplicándola; la Asamblea Nacional no va a poder ejecutar por la fuerza la decisión de nombrar a su presidente como presidente de la República. En esta situación, creo que es contrario al espíritu de la Constitución pretender dar una solución puramente jurídica. La verdadera norma de que debemos entender de la Carta Magna es el artículo 333”.

Mientras se discute si hay usurpación o vacío de poder y las posibles soluciones jurídicas a la crisis derivadas de ambos conceptos, Nicolás Maduro se prepara para asumir su nuevo mandato ante el Tribunal Supremo de Justicia y promete anunciar nuevas medidas económicas. Además, la Asamblea Nacional Constituyente amenaza con disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones parlamentarias en diciembre de este año.